(Kampala) - El Gobierno de Uganda debe dejar de enjuiciar a civiles en tribunales militares injustos, de manera inmediata, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Los fiscales militares y civiles deben trabajar juntos para resolver los casos pendientes a través de la liberación o un nuevo juicio en los tribunales civiles, y la Policía debe dejar de poner a civiles bajo custodia militar, dijo Human Rights Watch.
El informe de 27 páginas, “Righting Military Injustice: Addressing Uganda’s Unlawful Prosecutions of Civilians in Military Courts” ("Corrigiendo la injusticia militar: Abordando los enjuiciamientos ilegales de civiles en tribunales militares en Uganda"), documenta el patrón de juicios de civiles ante tribunales militares, las formas en que estos violan los principios jurídicos internacionales, así como las medidas que Uganda debería tomar para hacer frente a estas violaciones a un juicio justo. Desde 2002, los tribunales militares de Uganda han procesado a más de 1,000 civiles de acuerdo a cargos bajo el código penal, como el asesinato y el robo a mano armada. Un fallo de 2006 del Tribunal Constitucional de Uganda, que fue confirmado en apelación en 2009 ante la Corte Suprema de Justicia y respaldado por el derecho internacional, estableció que los tribunales militares no son competentes para juzgar a civiles acusados de delitos comunes, sin embargo, dicha sentencia no ha sido aplicada.
"Enjuiciar a civiles en tribunales militares pudo haber sido una cuestión de comodidad y conveniencia para el gobierno del presidente Yoweri Museveni", dijo Maria Burnett, investigadora principal de África de Human Rights Watch. "Pero es injusto e ilegal tanto de acuerdo a la Constitución de Uganda como bajo el derecho internacional y la legislación de derechos humanos africana".
Al menos 341 casos de civiles se encuentran en espera de juicio ante tribunales militares. Con los años, Museveni ha defendido repetidamente el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Las autoridades militares de Uganda han indicado que están contemplando modificar la forma de enjuiciar a los civiles, pero no se ha tomado ninguna decisión sobre cómo hacer frente a este sistema profundamente arraigado de violaciones a los derechos. No hay ningún mecanismo para remediar la situación de los cientos de civiles que ya cumplen penas de prisión como resultado de juicios militares injustos.
El enjuiciamiento de civiles por tribunales militares viola las normas de derechos humanos de muchas maneras. Los tribunales militares no cumplen con los requisitos de competencia, independencia e imparcialidad de acuerdo al derecho internacional para juzgar a civiles. Los casos ante los tribunales militares no respetan los derechos fundamentales del juicio justo, como el derecho a la defensa, el derecho contra la autoincriminación, y la prohibición del uso de evidencia obtenida mediante tortura. Estas violaciones de los derechos se amplían en los casos en que se impone la pena de muerte.
"Si el Ejército ugandés está a la altura de su tan proclamado profesionalismo, debe dejar de someter a civiles a la jurisdicción militar, que es una flagrante violación de la profesionalidad y el derecho internacional", dijo Burnett. "El Ejército tiene que tomar medidas claras y concretas para remediar la última década de la enjuiciamientos y convicciones ilegales de civiles".
Los tribunales militares de Uganda han sentenciado a civiles a condenas severas, incluyendo la pena de muerte. Por ejemplo, en septiembre de 2010, Judith Koryang, de 20 años de edad, fue condenada a muerte por matar a su esposo, un miembro del Ejército de Uganda. Ella afirmó que su marido la maltrataba y que la había amenazado con correrla de su casa después de haber resultado positiva en una prueba de VIH.
Ella se declaró culpable y fue representada por un abogado de la defensa militar, quien no planteó objeción legal alguna sobre el hecho de que los tribunales militares no fuesen competentes para llevar el caso. El tribunal militar dijo que la pena de muerte "debe servir de ejemplo a todas las mujeres casadas con soldados para que se abstengan de conspirar para matar a sus esposos por cuestiones menores".
Además de detener todos los casos pendientes, Uganda debería cumplir con sus obligaciones legales para remediar la situación de los civiles que cumplen penas de prisión dictadas por los tribunales militares, señaló Human Rights Watch. Para llevar a cabo estos pasos de manera eficiente y efectiva, los fiscales militares y civiles deben trabajar juntos para identificar todos los procesos judiciales militares que involucren a civiles, y proveer un remedio para cada acusado.
"Uganda tiene que establecer un proceso de revisión de todos los casos de detención y enjuiciamiento ilegales de civiles ante tribunales militares y asegurarse de que cada acusado tenga acceso a un recurso efectivo", dijo Burnett. "Este problema no va a desaparecer solo. El Gobierno debe liberar a los civiles o someterlos a un nuevo juicio de acuerdo a las normas internacionales del juicio justo".
