(Johannesburgo) - El Gobierno de Angola debe poner fin de inmediato al uso innecesario de la fuerza sobre los manifestantes pacíficos, activistas de derechos humanos, periodistas y políticos de la oposición que protestan contra el Gobierno, Human Rights Watch señaló hoy. Asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, y perseguir a quienes violan esos derechos, es fundamental para crear un ambiente de paz para las elecciones parlamentarias previstas para más adelante en 2012, dijo Human Rights Watch. El 4 de abril, Angola celebrará 10 años de paz desde el fin de una guerra civil de décadas de duración.
Desde enero de 2012, las autoridades angoleñas han prohibido y reprimido cinco mítines contra el Gobierno y arrestado al menos a 46 manifestantes, 11 de los cuales fueron sentenciados a penas de prisión de hasta 90 días. Esto parece ser un intento del Gobierno por frenar un incipiente movimiento de protesta promovido por los grupos de jóvenes y otras personas desde marzo de 2011, Human Rights Watch señaló. Human Rights Watch también expresó su preocupación por el hecho de que los medios de comunicación estatales parecen estar promoviendo grupos anónimos que incitan a la violencia contra los manifestantes anti-gubernamentales.
"El aumento de la violencia contra los manifestantes, los observadores y los políticos de la oposición señala un entorno de deterioro de los derechos de cara a las próximas elecciones parlamentarias", dijo Leslie Lefkow, subdirectora de África de Human Rights Watch. "El Gobierno de Angola debe tomar medidas urgentes para poner fin a esta represión de la protesta pacífica y el activismo".
Miembros uniformados de la policía, en aparente coordinación con policías armados vestidos de civil y otros agentes de seguridad, atacaron violentamente a manifestantes anti-gubernamentales en la capital, Luanda, el 27 de enero, el 3 de febrero y el 10 de marzo. En Benguela, el 10 de marzo la policía detuvo arbitrariamente a un líder de manifestantes, un activista de derechos humanos y un transeúnte, y el 17 de marzo la policía impidió que se llevara a cabo otra protesta. En Cabinda, el 4 de febrero, la policía atacó violentamente a los trabajadores del sector salud que se encontraban en huelga.
Policías uniformados y de civil, así como personas que se consideran aliadas del Gobierno, han actuado con creciente violencia e impunidad total durante las protestas pacíficas, señaló Human Rights Watch. La policía no ha intervenido para proteger a los manifestantes pacíficos y políticos de la oposición que estaban siendo violentamente atacados por individuos armados, al parecer actuando en coordinación y bajo la protección de la policía.
El ministro del Interior, Sebastião Martins, recientemente negó cualquier participación de la policía en la violencia. La noche posterior a la represión del 10 de marzo, la televisión estatal transmitió amenazas por parte de grupos anónimos que aseguraban defender la paz en contra de los manifestantes anti-gubernamentales.
Las investigaciones anunciadas por las autoridades sobre los hechos de violencia no se han traducido en el procesamiento de los atacantes identificados por los manifestantes y testigos presenciales. Asimismo, ha habido informes de nuevos ataques por motivos políticos, amenazas y hostigamiento contra manifestantes y observadores.
