(Moscú, 3 de septiembre de 2013) – Los líderes de los países del G-20 deberían adoptar medidas concretas para demostrar su apoyo a los derechos humanos y la sociedad civil durante la cumbre en San Petersburgo, señaló hoy Human Rights Watch. Por ejemplo, deberían reunirse con organizaciones no gubernamentales.
Rusia definió como sus prioridades para la presidencia del G-20 en 2013 al crecimiento mediante el empleo y la inversión, el crecimiento a través de la transparencia y la confianza, y el crecimiento mediante la reglamentación efectiva. El país será sede de la cumbre de líderes programada para el 5 y 6 de septiembre en San Petersburgo.
“Una sociedad sólida y abierta es una condición fundamental para la transparencia”, observó Tanya Lokshina, directora de programas sobre Rusia de Human Rights Watch. “Los líderes de Rusia deben ser alertados por sus pares del G20 acerca de que su ofensiva no beneficia sino que perjudica a una sociedad abierta”.
En cartas enviadas a líderes de varios estados del G-20, incluidos Argentina, Australia y Brasil, Human Rights Watch los instó a que condenaran las medidas restrictivas de los derechos humanos implementadas durante los últimos 16 meses. Human Rights Watch les pidió que se reunieran con organizaciones no gubernamentales de Rusia para recibir su testimonio directo sobre el impacto que tales medidas han tenido para la labor que desarrollan.
El Parlamento de Rusia ha sancionado leyes que establecen nuevas restricciones al derecho público de reunión, tipifican el delito de injurias y endurecen la regulación de Internet. También ha aprobado leyes destinadas a frenar la supuesta injerencia “extranjera” en Rusia, adoptando para ello una nueva definición jurídica de traición a la patria y una ley que obliga a las organizaciones que reciban financiamiento del exterior y participen en “actividades políticas” (definidas de manera sumamente amplia) a inscribirse como “agentes extranjeros”. En Rusia, este concepto tiene la connotación de “espía” o “traidor”. La campaña nacional de inspección de organizaciones no gubernamentales impulsada por el gobierno para identificar a aquellas que fueran “agentes extranjeros” pareció tener como propósito intimidar y marginar a organizaciones de la sociedad civil.
“Durante los últimos 16 meses, se llevó a cabo la más grave ofensiva contra los derechos humanos de la Rusia postsoviética”, aseveró Lokshina. “La represión de organizaciones independientes procura debilitar a la sociedad civil, que, por el contrario, debería ser respetada y apoyada”.
El gobierno también ha sancionado una ley que prohíbe difundir entre menores de edad información que promueva las “relaciones sexuales no tradicionales” y ofrezca una “visión distorsionada sobre la equivalencia social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales”. En Rusia, el concepto de “relaciones sexuales no tradicionales” se interpreta en sentido general como relaciones entre lesbianas, gais, bisexuales o personas transgénero (LGBT).
“Esto significa que se prohíbe cualquier información o mensaje positivo sobre aspectos vinculados con derechos de LGBT”, aseveró Lokshina. “Se trata de una postura discriminatoria y lesiva, y los líderes del G-20 deberían repudiar esta situación de manera inequívoca”.
