(Nueva York, 11 de diciembre de 2013) – Las leyes y las prácticas del estado de Luisiana que prohíben el acceso a jeringas estériles y criminalizan el trabajo sexual contribuyen a una epidemia incontrolada de VIH y una tasa de mortalidad muy alta por Sida, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La tasa de mortalidad por Sida en Luisiana es más del doble que el promedio de Estados Unidos. La policía de Nueva Orleans interfiere regularmente con las trabajadoras sexuales que llevan preservativos, poniéndolas a ellas y a sus clientes en riesgo de contraer el virus.
El informe de 57 páginas, “In Harm’s Way: State Response to Sex Workers, Drug Users, and HIV in New Orleans”(“Situación de peligro: La respuesta del Estado a las trabajadoras sexuales, los drogadictos y al VIH en Nueva Orleans”), documenta cómo el gobierno violó el derecho a la salud y cometió otros abusos contra personas en riesgo en Nueva Orleans. El documento hace un llamado para que se implementen cambios a las leyes y políticas que estigmatizan, discriminan y facilitan el abuso policial hacia las trabajadoras sexuales y drogadictos, e interfieren con los servicios de salud para las personas en alto riesgo de contraer el VIH. El informe fue publicado con motivo de la tercera Conferencia de Reducción de Daños y Política de Drogas anual, que empieza en Nueva Orleans el 12 de diciembre de 2013.
“La epidemia de VIH en Nueva Orleans es una de las más graves en EE.UU., y las estrategias que han demostrado su eficacia para combatirla están siendo ignoradas”, asegura Megan McLemore, investigadora principal sobre salud de Human Rights Watch y autora del informe. “Las personas que consumen drogas no pueden obtener jeringas limpias, y la policía está confiscando preservativos de trabajadoras sexuales y cualquier persona que sea sospechosa de participar en el trabajo sexual, como las mujeres transgénero”.
El sur de EE.UU. cuenta con la tasa de más rápido crecimiento de la epidemia de VIH y presenta el mayor número de pacientes que mueren de Sida de todas las regiones del país. Las dos ciudades más grandes de Luisiana, Baton Rouge y Nueva Orleans, tienen la segunda y tercera tasas más alta de nuevas infecciones por el VIH en el país. En Nueva Orleans , 40 por ciento de las personas con el virus no recibe tratamiento.
Luisiana tiene un estimado de 45.000 personas que se inyectan drogas y una cuarta parte de ellas se encuentran en Nueva Orleans. Sin embargo, la ciudad cuenta con pocos servicios, tales como los puestos de reparto de jeringas, los cuales han demostrado reducir el VIH y las infecciones de hepatitis entre los usuarios de drogas inyectables. El único puesto público de entrega de jeringas de la ciudad no recibe fondos estatales y está abierto sólo dos horas a la semana. Debido a que la ley penal del estado prohíbe la posesión de jeringuillas para uso no médico, el puesto de reparto opera bajo una nube de incertidumbre jurídica. Los voluntarios de pequeños puestos de entrega “clandestinos” se arriesgan a ser arrestados por repartir jeringas limpias a las personas que las necesitan, a veces incluso en bicicleta.
El informe de Human Rights Watch se basa en entrevistas llevadas a cabo en 2013 con 170 residentes de Nueva Orleans, quienes reconocieron intercambiar sexo por dinero, drogas o necesidades básicas. Un tercio de los entrevistados eran mujeres transgénero y tres cuartas partes eran afroamericanas. Los investigadores también entrevistaron a policías, defensores públicos, funcionarios estatales y locales del gobierno, proveedores de salud pública y defensores de las personas que padecen el VIH.
“Nueva Orleans y el estado de Luisiana deberían liderar la lucha contra el VIH, financiando programas que han demostrado prevenir el VIH”, señaló Deon Haywood, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro con sede en Nueva Orleans, Women With A Vision, un co- patrocinador de la conferencia de la reducción de daños. “Pero cuando se trata de salvar la vida de las personas que consumen drogas, la labor del Departamento de Salud de Nueva Orleans se deja en manos de defensores de los derechos”.
Trabajadoras sexuales entrevistadas por Human Rights Watch describieron una conducta policial abusiva e ilegal. Además de acosar a las trabajadoras del sexo por llevar “demasiados preservativos”, la policía frecuentemente estigmatiza a las mujeres transgénero como profesionales del sexo y las someten a insultos vulgares y degradantes, así como a la extorsión de favores sexuales. “La policía registró mi bolso y me llamó ‘cosa’ y me preguntó para qué necesitaba todos esos preservativos”, le contó una mujer transgénero a Human Rights Watch.
La ley de Luisiana prohíbe “los crímenes contra la naturaleza”, definidos como la solicitación de sexo oral o anal. La ley, que se refiere a dichas prácticas sexuales como “actos contra natura”, hasta hace poco requería que los condenados en virtud de estos estatutos se registrasen como delincuentes sexuales. En algunos casos, estas leyes imponen penas más severas que las leyes contra la prostitución.
Las personas de raza negra y los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, de transgénero e intersexuales (LGBTI, por sus siglas en inglés) también denunciaron situaciones de estigmatización y discriminación en la aplicación de estas leyes, lo que a su vez dificulta los esfuerzos de prevención del VIH.
“Las leyes de ‘crímenes contra la naturaleza’ no son otra cosa que la homofobia patrocinada por el Estado”, dijo McLemore. “Deberían ser derogadas sin demora”.
El arresto y la detención frecuente de trabajadoras sexuales, mujeres transgénero y usuarios de drogas inyectables interfieren con su capacidad de acceder y mantener al día sus tratamientos médicos para el VIH, señaló Human Rights Watch. Las personas LGBTI en particular también reportaron frecuentes asaltos por otros reclusos y otras condiciones inseguras en la prisión Orleans Parish.
Una mujer transgénero le contó a su asistente social que fue detenida por prostitución 10 veces en tres años, y que cada detención le impidió acudir a su cita con una clínica de VIH. En la cárcel, no recibió medicamento para el VIH.
La mayoría de las personas entrevistadas por Human Rights Watch carecía de acceso a servicios básicos de vivienda y atención médica. A nivel estatal, los usuarios de drogas inyectables se destacan entre las personas más propensas a desarrollar el Sida en un plazo de seis meses después de haber sido diagnosticados con el virus, una indicativo de la demora en las pruebas de detección del VIH y la alienación de estos pacientes del sistema de atención de salud.
La decisión tomada por el gobernador Bobby Jindal de no ampliar el programa federal Medicaid en Luisiana es una oportunidad perdida para mejorar el acceso a los cuidados por VIH, señaló Human Rights Watch. Además, el fideicomiso de vivienda del estado, creado para respaldar la vivienda para personas de bajos ingresos con la inversión estatal, está desesperado por recibir fondos.
Luisiana debería despenalizar el trabajo sexual consensual entre adultos, en interés de la salud pública y los derechos humanos, recomendó Human Rights Watch.
“El gobierno de Luisiana debería elegir una mejor salud pública antes que el castigo para las trabajadoras del sexo, los drogadictos o cualquier otra personas en alto riesgo de contraer el VIH”, recomendó McLemore. “Por mucho tiempo, el Estado ha descuidado la inversión en el cuidado de la salud y otras necesidades humanas básicas”.
