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(Túnez) – La tolerancia a las voces disidentes en Marruecos y Sáhara Occidental disminuyó durante 2015, dijo hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2016.

Las autoridades bloquearon eventos organizados por la activa Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), presentaron cargos contra cinco activistas por “dañar la seguridad interna” después de que organizaran un taller financiado con capital extranjero sobre periodismo ciudadano, y prohibieron sistemáticamente manifestaciones de activistas independentistas en el Sáhara Occidental. Los indultos reales a lo largo del año no incluyeron ninguno de los muchos activistas condenados en juicios injustos durante los últimos años.

Moroccan Justice Minister Mustapha Ramid unveils a government plan to reform the country's justice system during a news conference in Rabat, Morocco on September 12, 2013. © 2013 AP


“Puede que Marruecos no esté sacudido por disturbios ni derramamientos de sangre como en muchos países de Oriente Medio, pero tampoco es el modelo de reforma que dice ser”, señaló Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio y Norte de África para Human Rights Watch.

En el Informe Mundial 2016 de 659 páginas, su 26ª edición, Human Rights Watch examina prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En el ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth escribe que la propagación de los ataques terroristas más allá de Oriente Medio y los enormes flujos de refugiados provocados por la represión y el conflicto llevaron a muchos gobiernos a restringir los derechos, lo se tradujo en esfuerzos erróneos por proteger su seguridad. Al mismo tiempo, los gobiernos autoritarios en todo el mundo, temerosos de la disidencia pacífica que a menudo se ve magnificada por las redes sociales, emprendieron su ofensiva más intensa en los últimos tiempos contra los grupos independientes.

Hubo algunos avances positivos en Marruecos durante el año, incluyendo el reconocimiento legal, por primera vez, de una organización saharaui de derechos humanos muy crítica con el gobierno marroquí, y la residencia legal temporal de extranjeros que el ACNUR, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, había reconocido como refugiados. También entró en vigor una nueva ley que acaba con los juicios militares de civiles, aunque no benefició a los presos ya condenados por tribunales militares.

Sin embargo, los acusados ante tribunales civiles no tuvieron garantías de un juicio justo. Los tribunales emitieron sentencias en juicios que parecían tener una motivación política sobre la base de declaraciones elaboradas por la policía, sin investigar las reclamaciones de los acusados de que la policía había obtenido estas declaraciones por la fuerza o que las había falsificado. Varias personas fueron a prisión bajo leyes que criminalizan la homosexualidad y el adulterio.

A lo largo del año, el gobierno y el parlamento deliberaron varios proyectos de ley con importantes consecuencias para los derechos humanos, incluidas las leyes sobre la protección de los trabajadores domésticos, la violencia doméstica, el asilo, los derechos de las personas con discapacidad y los nuevos códigos penales y de prensa. En 2016, el resultado legislativo pesará mucho en el balance general de los derechos humanos, en función de qué protecciones de derechos se convierten en leyes y qué disposiciones de leyes que socavan los derechos son eliminadas o modificadas.

El próximo año también revelará si Marruecos tiene la intención de mantener la prohibición que impuso a las visitas de investigadores de Amnistía Internacional y Human Rights Watch en 2015, o si reanuda una política de apertura general hacia las organizaciones internacionales de derechos humanos.
 

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