(Washington, D.C., 25 de agosto de 2016) – El acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciado el 24 de agosto de 2016 para concluir sus 52 años de conflicto armado es una oportunidad sin precedentes de reducir las violaciones de derechos humanos en el país, señaló hoy Human Rights Watch. Sin embargo, el acuerdo contiene graves defectos que pueden frustrar ese propósito: el cuestionado acuerdo de víctimas, alcanzado en diciembre de 2015, que podría garantizar la impunidad de los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.
Las conversaciones de paz con la guerrilla, iniciadas en octubre de 2012, incluyeron acuerdos parciales sobre seis puntos de una agenda, incluidos la participación política, los derechos de las víctimas, la política sobre drogas y el fin del conflicto. En las próximas semanas, el gobierno celebrará un plebiscito nacional para refrendar el acuerdo.
“El compromiso de las FARC a desmovilizarse y desarmarse debería concluir un capítulo trágico y sangriento de la historia colombiana y ayudar a proteger a víctimas de años de violencia y desgarradores abusos”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, el gobierno y las FARC frustraron seriamente esta oportunidad de alcanzar una paz genuina con un así llamado acuerdo de víctimas que no respeta los derechos de quienes sufrieron las peores atrocidades cometidas durante el conflicto armado colombiano”.
En su versión actual, el acuerdo de víctimas garantiza que los máximos responsables de estas atrocidades eludan cualquier medida genuina de justicia, al permitir que quienes confiesen sus crímenes se libren de cualquier castigo siquiera remotamente serio.
El acuerdo de víctimas establece que los miembros de las FARC que confiesen sus crímenes oportunamente podrán evitar penas de prisión o “cualquier medida de aseguramiento equivalente”. En cambio, estarán sujetos a breves y modestas “restricciones de libertades y derechos”, mientras participan en proyectos de servicio a la comunidad. Las numerosas ambigüedades y vacíos que contiene el acuerdo podrían permitir que quienes han confesado sus delitos queden exentos de cualquiera de estas restricciones si concluyen sus proyectos de servicio a la comunidad antes de que transcurra el plazo de la condena. También permitiría que eviten cualquier consecuencia si incumplen las sanciones impuestas.
Los miembros de las fuerzas armadas recibirían sanciones similares. Estos beneficios probablemente favorezcan a muchos de los responsables de la ejecución sistemática de miles de civiles cometida entre 2002 y 2008 por brigadas del ejército colombiano, en lo que se conocen como casos de “falsos positivos”.
“‘Castigar’ a criminales de guerra confesos y condenados con penas de servicio a la comunidad es grotescamente desproporcionado”, sostuvo Vivanco. “La comunidad internacional no debería hacer la vista gorda ante esta fachada de justicia en nombre de la paz”.
Otra característica preocupante del acuerdo de justicia es su definición del principio de “responsabilidad de mando” que podría interpretarse de manera inconsistente con el derecho internacional, de modo de permitir que generales de las fuerzas armadas colombianas y comandantes de las FARC eviten cualquier responsabilidad por los delitos que cometieron sus subordinados. A diferencia de la definición establecida en el derecho internacional, el acuerdo podría exigir que las autoridades prueben que los comandantes conocían los delitos cometidos por sus subordinados, y no que, dadas las circunstancias, debían conocer esos abusos.
“Si el gobierno colombiano tiene intenciones serias de lograr una paz genuina y respetar el derecho de las víctimas a la justicia, debería recurrir a las leyes de implementación para corregir los graves defectos del acuerdo de víctimas”, observó Vivanco. “Para empezar, el gobierno debería reformar el acuerdo para garantizar que los comandantes respondan por los delitos cometidos por sus subordinados, y debería además corregir las numerosas ambigüedades que permitirían que se apliquen sanciones nominales a criminales confesos”.
