Human Rights Watch distribuyó el siguiente mensaje dirigido a los Estados miembros de la Unión Europea en vísperas de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE el 17 de octubre.
Les escribimos para compartir con ustedes la última investigación de Human Rights Watch sobre la República Democrática del Congo y para instarles a que apoyen la toma de fuertes medidas, incluyendo la aplicación de sanciones específicas, en las conclusiones sobre el Congo del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, cuya adopción está programada para el 17 de octubre. Actuar ahora podría ayudar a prevenir que la situación en el Congo caiga en las próximas semanas en una espiral fuera de control, con repercusiones potencialmente violentas y generalizadas en toda la región.
Cuando faltan menos de 10 semanas para que se cumpla el plazo del 19 de diciembre en el que el presidente Joseph Kabila debe dejar su puesto, tras completar el máximo de dos mandatos permitido por la Constitución, las autoridades congoleñas han estancado deliberadamente los planes para la organización de elecciones, el presidente Kabila se ha negado reiteradamente a declarar si planea renunciar y sus seguidores han tratado sistemáticamente de silenciar, reprimir e intimidar a la creciente coalición de voces que piden que la Constitución sea respetada.
La crisis alcanzó nuevas dimensiones durante la semana del 19 de septiembre, cuando congoleños de todo el país salieron nuevamente a las calles a protestar por el hecho de que la comisión electoral todavía no hubiese convocado elecciones presidenciales cuando apenas faltan tres meses para que concluya el mandato de Kabila, tal como establece la Constitución. Las fuerzas de seguridad respondieron a las protestas con una fuerza letal excesiva e innecesaria, acabando con la vida de al menos 56 personas en la capital, Kinshasa. (Véanse más abajo detalles acerca de la violencia de septiembre).
Los acontecimientos del mes pasado podrían ser un presagio de lo que se avecinaría en las próximas semanas – a una escala posiblemente mucho mayor – si el presidente Kabila no envía una señal clara de que dejará el cargo al final de su mandato y permitirá que se celebren elecciones creíbles.
A pesar del sombrío panorama, queda todavía una oportunidad para evitar los escenarios más desfavorables.
La imposición de sanciones específicas por parte de la UE contra altos agentes de las fuerzas de seguridad y de inteligencia, así como autoridades gubernamentales responsables de la violenta represión, enviaría una fuerte señal de que las acciones represivas tienen consecuencias y que las declaraciones de la UE y sus Estados miembro no son amenazas vacías. Estas medidas también podrían ayudar a impedir el recrudecimiento de la violencia, frenar a las unidades y los comandantes más abusivos y aumentar la presión sobre el presidente Kabila para que renuncie pacíficamente al final de su mandato y, de esta manera, evitar una crisis aún mayor. En los últimos meses, el Parlamento Europeo también ha pedido reiteradamente a la UE que aplique sanciones específicas contra el país.
El momento de actuar es ahora, antes de que haya más cadáveres en las calles y sea potencialmente demasiado tarde para convencer al presidente Kabila a cambiar de rumbo.
Véase a continuación un resumen de nuestra investigación sobre la violencia en Kinshasa durante la semana del 19 de septiembre. Próximamente publicaremos un informe sobre estos hallazgos.
Para más información sobre los antecedentes de la crisis en la República Democrática del Congo, consulte (en inglés): https://www.hrw.org/news/2016/09/18/democratic-republic-congo-precipice-ending-repression-and-promoting-democratic-rule
Represión durante la semana del 19 de septiembre
Durante las protestas en Kinshasa el 19, 20 y 21 de septiembre, las fuerzas de seguridad congoleñas mataron al menos a 56 personas, según una investigación de Human Rights Watch. El número real de víctimas podría ser mucho mayor. Human Rights Watch ha recibido informes creíbles de más de 30 otras víctimas asesinadas por las fuerzas de seguridad en cuya verificación estamos trabajando.
La mayoría de las víctimas murieron cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra la multitud de manifestantes. Otras murieron cuando las fuerzas de seguridad incendiaron al menos tres sedes de los partidos de la oposición. Muchos de los cuerpos de los fallecidos fueron retirados por las fuerzas de seguridad, en un aparente esfuerzo por ocultar las evidencias y evitar que las familias organizaran funerales. Algunos de los cuerpos fueron posteriormente arrojados al río Congo, y varios fueron encontrados después en la ribera del río en el barrio Kinsuka de Kinshasa.
Algunos de los manifestantes en Kinshasa también recurrieron a la violencia, golpeando o calcinando hasta la muerte al menos a tres policías y un civil. También quemaron y saquearon comisarías de policía, un palacio de justicia, cámaras de vigilancia pública, establecimientos de chinos, edificios asociados a los funcionarios del partido mayoritario y otros lugares considerados como cercanos o representativos del presidente Kabila y de su gobierno.
Nuestra investigación descubrió que agentes de policía y miembros de ligas juveniles, movilizados por funcionarios del partido gobernante, así como agentes de las fuerzas de seguridad, también estuvieron involucrados en los saqueos y los actos de violencia. Un miembro de la liga juvenil del partido gobernante dijo a Human Rights Watch que él y otros jóvenes fueron reclutados por funcionarios del partido, que estos les pagaron US$35 a cada uno y les dieron instrucciones para “perturbar la manifestación de la oposición y causar problemas para que pareciese que la violencia era provocada por la oposición”. Un miembro de la liga juvenil asociada con Vita Club, un equipo de fútbol cuyo presidente es el comandante del ejército Gral. Gabriel Amisi, dijo a Human Rights Watch que también fue convocado a una reunión antes de las manifestaciones.
Dos agentes de seguridad y de inteligencia congoleños dijeron a Human Rights Watch que funcionarios del partido gobernante y agentes de las fuerzas de seguridad habían reclutado a miembros de las ligas juveniles y habían desmovilizado a combatientes para interrumpir las manifestaciones. “Estaban allí para infiltrarse y hacer que las manifestaciones estallaran [en violencia] desde el interior”, dijo uno de ellos. “Ellos provocaban los problemas, entonces los manifestantes respondían y eso, a su vez, justificaba la respuesta de la policía”.
En un aparente intento por impedir que los observadores independientes documentaran la represión del gobierno, las fuerzas de seguridad detuvieron a ocho periodistas internacionales y congoleños, al líder juvenil para Kinshasa del movimiento civil a favor de la democracia Filimbi y a un activista de derechos humanos congoleño, poco después de que comenzaran las protestas el 19 de septiembre. La sede de una destacada organización de derechos humanos y una plataforma de la sociedad civil también fueron objeto de vandalismo. El líder de la oposición Martin Fayulu fue gravemente herido por un bote de gas lacrimógeno que lo golpeó en la cabeza, por lo que tuvo que ser hospitalizado durante varios días. Otro líder de la oposición, Moise Moni Della, presidente del partido político Conservateurs de la Nature et Démocrates (CONADE), fue detenido sobre las 10 de la mañana del 19 de septiembre cuando se dirigía a las manifestaciones. Soldados le golpearon severamente y lo detuvieron. A continuación, fue acusado de saqueo y actualmente sigue detenido.
En los días siguientes a las protestas, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo registros de puerta en puerta sin órdenes judiciales en partes de Kinshasa, supuestamente en busca de bienes saqueados y armas robadas de las comisarías de policía. Decenas de jóvenes fueron detenidos, muchos de los cuales parecen haber sido escogidos al azar.
El 9 de octubre, agentes de inmigración detuvieron a Bruno Tshibala, secretario general adjunto de la Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), uno de los principales partidos de la oposición, y portavoz de la coalición de la oposición conocida como Rassemblement, cuando se encontraba en el aeropuerto internacional de Kinshasa para volar a Bruselas. Tshibala permanece detenido y ha sido acusado de conspiración para llevar a cabo una matanza, saqueo y devastación, cargos que parecen estar políticamente motivados.
De acuerdo con cuatro agentes congoleños de las fuerzas de seguridad y de inteligencia entrevistados por Human Rights Watch, miembros del cuerpo de seguridad del presidente la Guardia Republicana – incluyendo algunas unidades de la Guardia Republicana desplegadas con uniformes de la policía – fueron responsables de gran parte de la represión durante las manifestaciones, al disparar contra los manifestantes con munición real y atacar las sedes de los partidos de la oposición.
“Se dio la orden de reprimir a los manifestantes para que no tuvieran éxito en su misión”, afirmó un agente. “Se dio la orden para evitar por todos los medios que entraran en Gombe [la parte de la capital donde se encuentran la mayoría de los edificios del gobierno, la presidencia y las embajadas]”. Otro dijo que las órdenes eran “aplastar” las manifestaciones. Soldados de la Guardia Republicana, soldados del ejército y agentes de la policía desplegados en Kinshasa la semana del 19 de septiembre recibieron bonificaciones el 16 de septiembre para motivarlos a dar una fuerte respuesta a las manifestaciones, dijo un agente de seguridad.
Varios agentes informaron a Human Rights Watch que el Gral. Amisi, comandante del ejército de la primera zona de defensa que incluye Kinshasa y otras provincias del oeste, y el Gral. Ilunga Kampete, comandante general de la Guardia Republicana, dirigieron un centro de mando de las operaciones en Kinshasa durante la semana del 19 de septiembre y dieron órdenes a las unidades de las fuerzas de seguridad sobre el terreno que llevaron a cabo la represión. El Gral. Amisi tiene un largo historial de participación en graves abusos contra los derechos humanos y hace poco fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos.
Al menos 12 funcionarios del gobierno, miembros de la coalición mayoritaria de Kabila y agentes de las fuerzas de seguridad dijeron a Human Rights Watch que el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR), Kalev Mutond, ha jugado un papel destacado en la estrategia general de represión del gobierno, incluida la represión durante la semana del 19 de septiembre, así como en otros abusos cometidos contra los derechos humanos y activistas juveniles a favor de la democracia, líderes y partidarios de la oposición y otros que han participado en manifestaciones y reuniones pacíficas o que se han opuesto a los intentos por prolongar la presidencia de Kabila.
La agencia de inteligencia de Mutond ha arrestado arbitrariamente a decenas de activistas juveniles de derechos humanos y en defensa de la democracia y a líderes de la oposición, muchos de los cuales permanecieron detenidos en régimen de incomunicación durante semanas o meses, sin cargos y sin acceso a sus familiares o abogados. Algunos fueron llevados a juicio bajo cargos falsos, situaciones en las que Mutond también habría desempeñado un papel intimidando a jueces y dictando sentencias. Algunos de los detenidos por la ANR como parte de la operación de represión del gobierno fueron severamente maltratados o torturados, incluso mediante la aplicación de descargas eléctricas en el cuerpo y una forma de casi ahogamiento que equivale a tortura. Otro prisionero fue obligado a tumbarse en el suelo y mirar directamente al sol y se le ordenó hacer 100 flexiones en el barro y la gravilla, mientras que un agente de la ANR le pisaba los talones y le golpeaba con ramas cuando no podía completar las flexiones. En repetidas ocasiones, los agentes de la ANR también han intimidado, amenazado y acosado a activistas, periodistas y líderes o partidarios de la oposición, al parecer como parte de una campaña más amplia para propagar el miedo y socavar su trabajo.
Muchos funcionarios aseguraron que el viceprimer ministro y el ministro del Interior y Seguridad Evariste Boshab también ha jugado un importante papel de mando en la represión en los últimos dos años. Como ministro del Interior y Seguridad, es oficialmente responsable de la policía y los servicios de seguridad y está encargado de coordinar el trabajo de los gobernadores provinciales. Estas entidades han prohibido o reprimido repetidamente las manifestaciones de la oposición, encarcelado a activistas y detractores, cerrado medios de comunicación y bloqueado la libertad de movimiento de los líderes de la oposición.
Los hallazgos de Human Rights Watch están basados en entrevistas a más de 50 víctimas, testigos y agentes de las fuerzas de seguridad, entre otros.
