El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado la emergencia de salud pública ante la crisis de opiáceos que padece el país. Aún está por verse lo que eso significa en la práctica: las posibilidades incluyen un aumento de la financiación federal, una mayor coordinación interinstitucional y la mejora de los servicios de salud rurales. Pero un requisito previo para lograr un progreso real en impedir las 142 muertes que ocurren todos los días en EE.UU. por sobredosis de drogas, así como la pérdida económica relacionada con niveles de adicción tan altos, es poner fin a la guerra de la Casa Blanca y el Partido Republicano contra la Ley para la Atención de la Salud Asequible (Affordable Care Act o ACA) y Medicaid.
La Ley de Paridad en la Salud Mental e Igualdad en la Adicción requiere que las compañías de seguros, tanto públicas como privadas, aseguren la mayoría de los servicios de salud mental y del comportamiento en las mismas condiciones que otras afecciones médicas. La ACA refuerza ese mandato de muchas maneras, tales como hacer que la atención de salud mental sea un “beneficio de salud esencial” que debe incluirse en los planes de seguros privados en el mercado. Junto con la expansión del programa de seguro Medicaid en 32 estados bajo la ACA, estas disposiciones forman una base que es absolutamente esencial para abordar la epidemia de opiáceos simplemente al aumentar el acceso al tratamiento para la dependencia de drogas.
En la actualidad, más de 20 millones de adultos sufren de abuso de sustancias. Sin embargo, menos del 12 por ciento están recibiendo tratamiento. Solo con la expansión de Medicaid, 1,2 millones de personas que anteriormente no tenían seguro han tenido acceso al tratamiento para la dependencia de drogas. Si los estados restantes también ampliaran Medicaid, se estima que otro 1,1 millones de personas adictas a las drogas obtendrían acceso al tratamiento de la drogodependencia.
La Casa Blanca y algunos líderes del Congreso, sin embargo, siguen socavando la ACA y están proponiendo recortes devastadores al programa de Medicaid. La reciente orden ejecutiva de Trump permite que los planes alternativos de atención médica no estén sujetos a las regulaciones de la ACA, como el mandato de la paridad de salud mental. La resolución presupuestaria del Senado propone recortes masivos a la atención médica, incluido un recorte de 1,3 billones de dólares en Medicaid para el año 2027. Trump dijo: “Esta puede ser la generación que termine con la epidemia de opiáceos”. Sin embargo, sin acceso a servicios de salud, incluido el tratamiento contra la drogodependencia, esta meta nunca se logrará.
