Un tribunal ecuatoriano determinó ayer que el líder indígena Shuar Agustín Wachapá no es culpable de haber incitado a la violencia. El líder es un reconocido opositor de los proyectos mineros en la Amazonía ecuatoriana. La decisión pone fin a un proceso judicial de 17 meses al cual Wachapá nunca debió haber sido sometido.
Wachapá fue acusado de incitar a la violencia tras un enfrentamiento ocurrido en diciembre de 2016 entre policías y detractores de una mina en la provincia de Morona Santiago. Cuando Wachapá fue detenido, presidía una asociación indígena Shuar que se oponía al proyecto minero, pero negó haber participado en los hechos violentos, y el fiscal no contaba con pruebas que demostraran lo contrario. Después del enfrentamiento, el entonces Presidente Rafael Correa denunció por televisión nacional a varios líderes indígenas que se oponían al proyecto minero, y señaló a Wachapá por ser supuestamente violento.
Pocos días después de la transmisión de Correa, el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal contra Wachapá en 2016, y esto motivó que un fiscal lo acusara de “incitación a la violencia”. Wachapá fue detenido y pasó cuatro meses en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, a 300 kilómetros de su familia. Se le concedió la libertad condicional tras pagar una fianza de USD 6.000 en abril de 2017.
Human Rights Watch analizó el expediente y concluyó que el único elemento que podría pretender tener alguna fuerza probatoria era una declaración que Wachapá publicó en Facebook después del enfrentamiento. Aunque la redacción de Wachapá en la publicación es ambigua, no es aceptable que la fiscalía haya presentado serias acusaciones penales únicamente basadas en una sola evidencia que resulta débil y dudosa.
Wachapá no es el único en esta situación. Un informe preparado recientemente por Human Rights Watch muestra que en tres casos prominentes en Ecuador —incluido el de Wachapá— los fiscales no presentaron pruebas suficientes que dieran sustento a graves imputaciones o justificaran que una investigación penal contra líderes indígenas y ambientalistas se prolongara durante varios años.
Asimismo, identificamos evidencias que indican que altos funcionarios del gobierno de Correa han interferido en la resolución de casos de interés político para el gobierno. Fue el entonces viceministro del Interior quien presentó la denuncia penal contra Wachapá. Los abogados de Wachapá manifestaron que el viceministro estuvo presente en la sala en todas las audiencias del juicio, salvo en la última.
La decisión de ayer pone fin al hostigamiento judicial contra este líder indígena, algo que nunca debería haber ocurrido. La Fiscalía General del Estado debería investigar el manejo de esta causa y adoptar medidas para asegurar que nadie sea objeto de detención o encarcelamiento arbitrario. Asimismo, debería garantizar que ninguna persona sea procesada penalmente cuando no hay pruebas creíbles que la vinculen con la comisión de un delito.
