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El uso de armas incendiarias en Guta Oriental, Siria, en marzo de 2018, causó más de 260 muertes civiles. © 2018 Defensa Civil Siria

(Ginebra) – Ante la evidencia de 30 nuevos ataques con armas incendiarias en Siria, los países que participen próximamente en la conferencia sobre desarme de Naciones Unidas deberían ponerse de acuerdo para fortalecer el derecho internacional que rige su uso, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. 

 

El informe de 13 páginas “Mitos y realidades sobre las armas incendiarias” responde a las ideas erróneas más comunes sobre este tipo de armas que están frenando el progreso internacional en esta área. Las armas incendiarias producen calor y fuego a través de la reacción química de una sustancia inflamable. Aunque a menudo están diseñadas para marcar y señalizar o provocar cortinas de humo, las armas incendiarias pueden quemar la carne humana hasta el hueso, dejar grandes cicatrices y causar daños respiratorios así como traumas psicológicos. También originan incendios que destruyen construcciones y bienes civiles. 

 

“Las terribles quemaduras y discapacidades permanentes que causan las armas incendiarias exigen una respuesta global”, dijo Bonnie Docherty, investigadora sénior sobre armas de Human Rights Watch y autora principal del informe. “Unas simples modificaciones al derecho internacional podrían ayudar a salvar vidas civiles durante la guerra”.   

 

El informe detalla el daño excepcionalmente cruel causado por las armas incendiarias, explica las deficiencias de la legislación existente y establece los pasos que los países deberían dar como respuesta. El informe, diseñado como una visión general accesible del problema de las armas incendiarias, fue publicado conjuntamente por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard.

 

Los países que son parte de la Convención sobre ciertas Armas Convencionales (CCW, por sus siglas en inglés) tienen previsto abordar las armas incendiarias en la ONU en Ginebra del 19 al 23 de noviembre. El Protocolo III de este tratado impone algunas restricciones sobre el uso de las armas incendiarias, pero no establece protecciones suficientes para los civiles.

 

En 2018, la alianza militar sirio-rusa usó armas incendiarias en al menos 30 ataques en seis gobernaciones de Siria, según investigaciones de Human Rights Watch. La mayoría de estos ataques involucraron cohetes lanzados desde tierra, pero las armas lanzadas desde el aire también causaron daños. Por ejemplo, un ataque aéreo con armas incendiarias el 16 de marzo en Guta Oriental acabó con la vida de al menos 61 personas e hirió a más de 200.

 

Human Rights Watch documentó otros 90 ataques con armas incendiarias en Siria desde noviembre de 2012 hasta 2017. Es probable que el número total sea más alto. Siria no se ha sumado al Protocolo III, pero Rusia sí.

 

Los países que participen en la reunión de la ONU deberían abordar las debilidades del Protocolo III, así como articular sus políticas y prácticas. También deberían establecer un foro dedicado a revisar el protocolo de manera más formal en 2019 con la intención de reforzar sus salvaguardias para los civiles. 

 

El apoyo gubernamental para la acción contra las armas incendiarias ha aumentado significativamente en los últimos años, aunque un pequeño número de países que consideran que la ley existente es suficiente se han opuesto a las propuestas para enmendar el protocolo. 

 

El Protocolo III tiene dos lagunas importantes que han debilitado su impacto. Primero, su definición excluye las armas multipropósito, como las de fósforo blanco, que pueden estar diseñadas principalmente para provocar cortinas de humo o iluminación, pero que pueden causar las mismas terribles heridas que otras armas incendiarias. El fósforo blanco, por ejemplo, puede continuar ardiendo en heridas vendadas y reavivarse días después del tratamiento si la herida se ve expuesta al oxígeno. En 2017, la coalición liderada por EE.UU. usó fósforo blanco en las batallas con el Estado Islámico por recuperar Raqqa en Siria y Mosul en Irak. EE.UU. sí es parte del Protocolo III.

 

Segundo, mientras que el protocolo prohíbe el uso de armas incendiarias lanzadas desde el aire en áreas pobladas, permite en ciertas circunstancias el uso de modelos lanzados desde tierra. Debido a que todas las armas incendiarias causan los mismos efectos, esta distinción arbitraria debe ser eliminada. Una prohibición completa de las armas incendiarias tendría los mayores beneficios para la humanidad.

 

“Los Estados deberían hacer del fortalecimiento del derecho internacional sobre estas armas una prioridad para la agenda de desarme”, dijo Docherty, quien también es director asociado de conflictos armados y protección civil en la clínica de Harvard. “Unas obligaciones más estrictas limitarían la conducta de los países del tratado y, al aumentar la estigmatización de las armas incendiarias, influirían en el comportamiento de otros países y grupos armados no estatales”.

 

Docherty presentará los resultados del informe en un evento paralelo en Naciones Unidas en Ginebra a las 13:15 del 20 de noviembre en la Sala  de Conferencias XXII.

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