(Nueva York)— La decisión del gobierno del presidente Jimmy Morales de expulsar a investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un fuerte ataque a los esfuerzos orientados a llevar ante la justicia a funcionarios corruptos, señaló hoy Human Rights Watch.
El 18 de diciembre de 2018, el gobierno anunció que revocaría las credenciales diplomáticas a 11 investigadores extranjeros que integran la comisión. Los 11 tienen a su cargo casos vinculados con el presidente y otras personas poderosas acusadas de corrupción. El gobierno les ha dado plazo hasta el 21 de diciembre para irse del país.
“El presidente Morales primero quiso librarse del comisionado Velásquez y ahora quiere librarse de los funcionarios de CICIG”, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Todos aquellos que creyeron el cuento de que su problema era únicamente con el comisionado, espero que hayan entendido que el presidente Morales hará lo que sea necesario para detener las investigaciones por corrupción en Guatemala”.
La CICIG es uno de los mecanismos contra la corrupción más eficaces de América Latina, explicó Human Rights Watch. Desde que empezó a funcionar en 2007, Guatemala ha conseguido avances sin precedentes en la búsqueda de justicia por hechos de corrupción y abuso de poder.
En septiembre, Morales anunció que no permitiría que volviera a entrar al país el comisionado de la CICIG Iván Velásquez, que entonces se encontraba en el exterior por motivos laborales. La Corte de Constitucionalidad determinó que el gobierno debía permitir que Velásquez regrese al país, pero ello aún no ha ocurrido. Por ese motivo, Velásquez ha estado dirigiendo el trabajo de la comisión desde el exterior.
Entre los casos que llevan adelante los 11 funcionarios alcanzados por la medida se incluye una investigación sobre presuntos aportes ilícitos a la campaña electoral de Morales, y los procesos penales sobre presunto fraude cometidos por el hermano y el hijo de Morales. También se incluye el proceso contra el expresidente Otto Pérez Molina por presunta corrupción en la autoridad aduanera.
La CICIG y los líderes de diversas organizaciones no gubernamentales en Guatemala han interpuesto recursos judiciales para frenar la expulsión de los funcionarios.
