(Washington, DC) – Estados Unidos protagonizó un retroceso en materia de derechos humanos en el país y en el extranjero durante el segundo año de gobierno del presidente Donald Trump, dijo hoy Human Rights Watch en su . Con el partido republicano de Trump controlando el poder legislativo, su administración y el Congreso pudieron aprobar leyes, emitir órdenes ejecutivas, revisar regulaciones y aplicar políticas que socavan los derechos fundamentales.
“Por segundo año consecutivo, el gobierno de Trump fue contra derechos humanos en EE.UU. y en el extranjero con una serie de políticas que perjudicaron a refugiados, inmigrantes, mujeres y muchos otros”, dijo Nicole Austin-Hillery, directora del programa de EE.UU. para Human Rights Watch. “La realidad de los abusos en EE.UU. es que con frecuencia tienen un impacto que va más allá de las fronteras del país.”
En la 29.a edición del Informe Mundial 2019, de 674 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth destaca la resistencia que se está gestando ante al odio y la intolerancia que profesan los populistas en muchos países. Los excesos autocráticos están encontrando freno en las nuevas alianzas forjadas por gobiernos que respetan los derechos, a menudo, con el apoyo y a instancias de organizaciones cívicas y del público. Sus logros ponen de manifiesto la posibilidad —y, por cierto, la responsabilidad— de defender los derechos humanos incluso en épocas más sombrías.
A fines de año, Trump demostró un mínimo apoyo a la reforma de la justicia penal, en un país que tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo. Sin embargo, a lo largo de 2018, su gobierno hizo retroceder iniciativas destinadas a disminuir el impacto desproporcionado que tienen las sentencias excesivas y el sesgo policial en las personas afroamericanas y con menos recursos.
Trump puso en práctica una serie de políticas fronterizas y de inmigración que han llevado a separar a los padres de sus hijos después de que las familias cruzan la frontera hacia EE.UU. Esa política destrozó a miles de familias y cientos de padres han sido deportados a su país de origen sin sus hijos.
El destino de casi 800.000 jóvenes inmigrantes con permisos de trabajo y protección contra la deportación en virtud de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) siguió siendo incierto. Siguen pendientes las impugnaciones ante los tribunales sobre la decisión del gobierno de 2017 de revocar el programa. La Corte Suprema de EE.UU. confirmó la orden ejecutiva de Trump que prohibía viajar a EE.UU. desde siete países predominantemente musulmanes, una orden que según Human Rights Watch y otros grupos es discriminatoria.
El gobierno de Trump también trató deliberadamente de impedir la aplicación de la Ley para la Atención de la Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), una ley clave que ayuda a brindar un seguro de salud a millones de estadounidenses. También adoptó políticas que sirven para restringir el acceso a la atención de salud reproductiva para mujeres, tanto en EE.UU. como en el extranjero.
La política exterior del gobierno continuó ofreciendo apoyo militar, financiero y diplomático a gobiernos abusivos, sin incluir consideraciones de derechos humanos. Trump promovió personalmente la credibilidad de líderes autocráticos a través de sus reuniones y su retórica. Aunque la administración de Trump expresó su apoyo a algunas políticas internacionales dirigidas a sancionar a individuos y gobiernos que cometen violaciones graves de los derechos humanos, en general, el enfoque del gobierno fue limitado y ad hoc. En términos generales, la política exterior de EE.UU. trató principalmente de distanciarse de las instituciones e iniciativas multilaterales de derechos humanos, así como de órganos judiciales internacionales.
“La administración de Trump ha llevado a EE.UU. a dar marcha atrás en la protección de derechos, pero el nuevo Congreso, con muchos miembros nuevos votados durante las elecciones de medio término, tiene una oportunidad de revertir el rumbo”, señaló Austin-Hillery. “El Congreso debería aprovechar esta oportunidad y utilizar sus poderes de supervisión para promover el respeto por los derechos humanos en el país y en el extranjero”.
