Norma* (*nombre ficticio) tenía 12 años cuando su padre la violó por primera vez. Poco después quedó embarazada. Aunque el aborto es legal en Ecuador para los casos en que la vida o la salud de la embarazada corre peligro, nadie se lo dijo. Ella dio a luz a pesar de no querer el bebé.
Fátima* también tenía 12 años cuando quedó embarazada después de ser violada por un miembro de su comunidad en Guatemala. El aborto solo es legal en Guatemala en caso de que la vida de la embarazada corra peligro. A pesar de que el embarazo era de alto riesgo debido a la temprana edad de Fátima, los médicos nunca le ofrecieron un aborto legal, así que lo llevó a término y dio a luz.
Otras dos menores, Lucía* y Susana*, se quedaron embarazadas tras ser violadas a los 13 años. El embarazo de Lucía ocurrió después de sufrir durante más de un año los abusos sexuales del sacerdote de su comunidad. En el caso de Susana, años de abusos sexuales por parte de su abuelo desembocaron en un embarazo no deseado. Ambas son de Nicaragua, donde el aborto está completamente prohibido. Ambas dieron a luz a sus bebés.
Las cuatro jóvenes quedaron embarazadas como resultado de una violación antes de cumplir los 14 años. Después siguieron siendo victimizadas debido a que las leyes y las políticas tratan el aborto como un delito en la mayoría o todas las circunstancias.
Hoy, Norma, Fátima, Lucía y Susana –actualmente ya mujeres jóvenes— presentaron su causa ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, con el respaldo de activistas y abogados de organizaciones latinoamericanas e internacionales que luchan por los derechos de la mujer. Piden justicia y urgen al comité a exigir que sus países miembro garanticen un acceso seguro y legal al aborto.
La violencia sexual que sufren las niñas en América Latina y el Caribe constituye un grave problema de derechos humanos y salud pública, existen miles de sobrevivientes de violación de menos de 14 años que dan a luz cada año. Además, Ecuador, Guatemala y Nicaragua figuran entre los numerosos países de la región con más restricciones entorno al aborto o lo prohíben totalmente, una política devastadora para las víctimas de violación.
Las niñas se encuentran especialmente desfavorecidas, ya que a menudo tienen menos acceso a información sobre el aborto seguro y es posible que no reconozcan las primeras señales de un embarazo. Estos problemas se ven agravados por una educación sexual inadecuada o prácticamente inexistente en las escuelas.
Ninguna sobreviviente de violación debería ser obligada a ser madre sin la posibilidad de considerar un aborto seguro y legal. Después de que Norma, Fátima, Lucía y Susana llevaran su causa al comité en Ginebra, personas de todo el mundo inundaron las redes sociales con muestras de solidaridad, publicando fotos de sí mismas con carteles que decían “Son #NiñasNoMadres”. Y es que son niñas, no madres.
