Mientras los candidatos presidenciales están reunidos en Florida para la primera ronda de debates para las primarias demócratas, varios de ellos han aprovechado la ocasión para visitar el centro de detención migratoria para menores en Homestead, Florida.
Estas visitas se producen después de la noticia publicada la semana pasada de que los niños y las niñas migrantes afrontan una grave situación de negligencia y peligro en una instalación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, a las afueras de El Paso. Esa historia se hizo pública cuando un grupo de médicos y abogados –dos de mis colegas de Human Rights Watch y yo estábamos entre ellos— se enteró por medio de entrevistas a niños y niñas en detención que cientos de menores llevaban días e incluso semanas hacinados en celdas en el centro de Clint, en Texas, y que muchos de ellos dormían en el frío piso de cemento.
En Clint, las adolescentes cuidaban a los niños y las niñas más pequeños. Algunos no se habían bañado en el tiempo que llevaban allí encerrados. Todos llevaban la misma ropa con la que habían entrado. Llegamos en medio de un brote de gripe y, una vez allí, nos dijeron que los piojos se habían propagado por algunas de las celdas.
En respuesta, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dijo el lunes que habían trasladado a cientos de niños y niñas migrantes fuera de las instalaciones de Clint, aunque el martes la agencia devolvió a 100 niños. También el martes, en medio del caos, el comisionado interino de la CBP dimitió.
Niños y niñas migrantes sin nadie que les defienda
Para la mayoría de los menores migrantes que están solos, así como para los niños y niñas separados por la fuerza de sus padres u otros parientes, instalaciones como las de Homestead, Florida, son su próxima parada después de salir de las celdas de detención como las de Clint.
Mis colegas y yo visitamos el centro de detención de Homestead en marzo. Lo que vimos allí es casi tan preocupante como lo que escuchamos en Clint.
Para empezar, es enorme: entonces ya albergaba a más de 1.500 niños y niñas y ahora parece que hay el doble, un número demasiado grande para poder brindar la atención individualizada que cualquier niño necesita. Además, es totalmente inadecuado para cualquier menor que haya sufrido un trauma significativo, como violencia y persecución en su país de origen, peligros en el viaje y condiciones abusivas en las celdas de detención de inmigrantes una vez ha llegado.
A menudo separan a los hermanos y hermanas. En marzo hablé con un adolescente guatemalteco de 16 años que dijo que su hermano de 14 años estaba recluido en una celda diferente y que solo lo podía ver cuando hacen llamadas telefónicas y dos o tres veces a la semana durante el almuerzo.
Los niños y niñas detenidos en Homestead también dijeron que el personal repetidamente les dice que incumplir cualquier norma, incluso algo tan leve como no caminar en fila o tocar accidentalmente a otro niño, incluso a un hermano, hará que pasen más tiempo encerrados o que sean deportados.
Eso es mentira, pero los niños no lo saben. Muchos ya llevan tres meses o más en el centro de detención de Homestead, superando con creces el límite de 20 días que generalmente se aplica a instalaciones sin licencia o seguras, y estaban comprensiblemente nerviosos por no hacer nada que pueda prolongar su detención.
Es posible que muchos de los niños y niñas que vi en Clint no lleguen a Homestead u otras instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) por un tiempo. La CBP ya se está echando atrás en su promesa de sacar a los niños y niñas de Clint. El martes, devolvió a 100 niños y niñas a la estación fronteriza después de que el HHS dijera que se había quedado sin camas.
Estos niños y niñas no deberían estar encerrados; desde luego no durante semanas en celdas de detención de inmigrantes como Clint y meses en lugares como Homestead. Muchos tienen familiares en EE.UU. que están dispuestos y son capaces de cuidarlos mientras sus casos de inmigración son evaluados.
La Patrulla Fronteriza y el HHS deben poner en libertad a los menores no acompañados y entregarlos a sus familiares lo antes posible. Y mientras los niños y las niñas estén bajo custodia de estos organismos, deberían, como mínimo, estar en condiciones cálidas, limpias, saludables y seguras.
Es imperativo que el Congreso tome medidas para asegurarse de que eso suceda. El proyecto de ley de apropiaciones que se encuentra ahora ante los legisladores es una forma de hacerlo, al condicionar su financiamiento al cumplimiento de estándares estrictos. Las audiencias públicas son otra. Los legisladores también pueden insistir en que ambos organismos operen con mayor transparencia, incluso mediante la divulgación pública de información detallada sobre los menores bajo su custodia.
No deberíamos tolerar un regreso a lo de siempre como si nada hubiese ocurrido, ya que ambos organismos incumplen continuamente estándares básicos de un trato decente y humano.
