(Jerusalén, 25 de noviembre de 2019) – Human Rights Watch continuará documentando los abusos pese a la expulsión del director de Human Rights Watch para Israel y Palestina por el gobierno israelí el 25 de noviembre de 2019. Esta deportación da cuenta de que las autoridades están intensificando su embestida a los derechos humanos. El director, Omar Shakir, partió luego de que la Corte Suprema de Israel confirmara la orden de deportación gubernamental del 5 de noviembre y fijara plazo hasta el 25 de noviembre para que abandonara el país.
Human Rights Watch seguirá llevando adelante su trabajo en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel, la Autoridad Palestina y Hamás, bajo la coordinación de Shakir. Shakir trabajará desde otra sede de Human Rights Watch en la región.
“Hoy, Israel se suma a Venezuela, Irán y Egipto en su decisión de bloquear la presencia de investigadores de Human Rights Watch. No obstante, tal como ocurre en esos países, esto no implicará que pueda ocultar las violaciones de derechos humanos que comete”, señaló Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, quien acompañará a Shakir cuando abandone Israel. “Esta decisión muestra por qué la comunidad internacional debe reformular su enfoque respecto de la situación de los derechos humanos en Israel, que está atravesando un franco deterioro. Es improbable que un gobierno que expulsa a un importante investigador de derechos humanos ponga fin a la opresión sistemática que ejerce sobre los palestinos afectados por la ocupación, a menos que haya una fuerte presión internacional”.
Israel revocó la visa de trabajo que se había otorgado a Shakir, ciudadano estadounidense, en mayo de 2018, aduciendo que su trabajo de incidencia violaba una ley sancionada en 2017 que prohíbe el ingreso de personas que apoyen el boicot a Israel o a sus asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania.
Ni Human Rights Watch ni Shakir como su representante han instado jamás a que se haga un boicot contra Israel. Human Rights Watch ha instado a las empresas a dejar de operar en asentamientos ilegales como parte de su obligación global de evitar la complicidad en violaciones de derechos humanos, del mismo modo que insta a las empresas a que cumplan con este deber en muchos otros países. Un tribunal de distrito en abril, y más tarde la Corte Suprema de Israel, determinaron que esta postura constituye una causal de deportación, efectuando una interpretación amplia de la ley de 2017.
La Corte Suprema no abordó la objeción que Human Rights Watch planteó respecto de la constitucionalidad de esa ley, ni tampoco su posible efecto amedrentador de las expresiones de quienes no estén de acuerdo con políticas del gobierno.
Recientemente, las autoridades israelíes han intentado menoscabar el trabajo de activistas de derechos humanos; por ejemplo, negando el ingreso de otros defensores de derechos internacionales, calumniando a defensores de derechos de Israel, imponiéndoles engorrosos requisitos de comunicación financiera, y deteniendo a defensores de derechos palestinos y allanando sus oficinas. En octubre, las autoridades israelíes impidieron que un miembro del personal de Amnistía Internacional saliera del territorio ocupado de Cisjordania por “motivos de seguridad” que no se aclararon.
Es la primera vez que el gobierno ha utilizado la ley de 2017 para intentar deportar a una persona que se encuentra legalmente en Israel, y la primera vez que este país ordena que un miembro de Human Rights Watch se vaya de Israel en los 30 años que la organización lleva trabajando en el país.
“Hoy, Israel deporta a Shakir porque Human Rights Watch insta a las empresas a no desarrollar sus actividades en asentamientos ilegales”, señaló Roth. “¿Quién será el próximo? ¿Alguien que proponga que la Corte Penal Internacional examine posibles delitos cometidos en Israel y Palestina, o que utilice los términos correctos y se refiera a Cisjordania como un territorio ‘ocupado’ en vez de ‘disputado’?”.
