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Lena Simet
Senior Researcher on Poverty and Inequality
New York City, USA

Workers in low-wage and precarious jobs, particularly women, are among the most vulnerable to the economic fallout of COVID-19, and economic rescue plans should make them a priority. In the US, despite large relief packages, millions of low-wage workers will remain without social protection.

Carlos Rios-Espinosa
Senior Researcher and Advocate, Disability Rights
Mexico City, Mexico

Some people’s disabilities may place them at higher risk of serious illness or death from COVID-19. For those who are locked away in institutions, the risks are even higher. Governments can protect the rights of people with disabilities by consulting with us people with disabilities regularly to make sure policies do not discriminate and meet our needs.

Tara Sepehri Far
Iran Researcher
Middle East and North Africa Division
Washington, D.C.

Infectious diseases can spread quickly in places of detention, like prisons.  
Authorities should consider reducing prison populations by supervised or early release of some prisoners. Some countries have begun to do this. Authorities should also ensure prisoners are screened for COVID-19 and have access to health care.

Carine Dikiefu Banona
Junior Researcher, Africa Division
Kinshasa, Democratic Republic of Congo

In the Democratic Republic of Congo, we had nearly two years of a rather chaotic response to a deadly Ebola outbreak. Distrust and suspicion were so high within communities that violence broke out against those who were deployed to help: the health workers. Authorities should use effective communication and community engagement in their plan to contain COVID-19. 

Nicole Austin-Hillery 
Executive Director, US Program
Washington, D.C.

The US government response to the COVID-19 crisis reveals severe problems in the immigration system. Under the “Remain in Mexico” program, asylum seekers are in Mexican border towns, staying in unhygienic camps  where they are at heightened risk of contracting COVID-19. Government officials can ill afford to continue down this destructive path.
 
Tamara Taraciuk Broner
Deputy Director, Americas Division
Buenos Aires, Argentina

Governments have an obligation to protect health workers who are working tirelessly on the frontlines. In Venezuela, where the health system collapsed before COVID-19, doctors don’t have access to water to wash their hands. Instead of protecting them, authorities are harassing and detaining those who speak up.

Human Rights Watch está comprometida a informar sobre las dimensiones de derechos humanos de la pandemia COVID-19. Nuestra investigación ha identificado 40 preguntas para guiar una respuesta a esta crisis que sea respetuosa con los derechos y que aborde las necesidades de los grupos en mayor riesgo, incluidas las personas que viven en la pobreza, las minorías étnicas y religiosas, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores, el colectivo LGBT, los migrantes, los refugiados y los niños. También hemos identificado una gran variedad de respuestas a la crisis, algunas de las cuales son positivas y otras cuestionables. Los ejemplos positivos no pretenden ser guías para que los gobiernos las adopten, sino más bien evidencia de opciones de políticas al alcance de los gobiernos que busquen tener en cuenta sus obligaciones de derechos humanos. La inclusión de un ejemplo no debe tomarse como una aprobación o crítica del enfoque completo de ese gobierno para abordar la crisis, ni su historial de derechos humanos en general.

Prevención y cuidado

Mantener al público informado

  • ¿Está su gobierno brindando al público la información oportuna, precisa y accesible sobre la propagación de la pandemia?
  • ¿Ha adoptado su gobierno una postura negacionista del COVID-19 y se opone activamente al cuestionamiento de periodistas, denunciantes y otros que planteen preocupaciones objetivas y legítimas sobre el COVID-19?

Funcionarios gubernamentales en Belarús, Brasil, Burundi, China, México, Myanmar, Turkmenistán, Estados Unidos y Zimbabue han exhibido un inquietante negacionismo de la emergencia del COVID-19, privando a sus públicos de información precisa sobre la pandemia. En India, las autoridades no han tomado medidas para frenar la propagación de desinformación viral que afirma que la comunidad musulmana minoritaria está propagando deliberadamente el coronavirus. En contraste, hay informes de que las fuerzas policiales del Reino Unido han iniciado investigaciones sobre intentos similares de difamar a los musulmanes en ese país. En Bangladesh, Camboya, China, Egipto, Etiopía, Turquía y Venezuela, periodistas y otros han sido arrestados y detenidos por informar o expresar opiniones sobre el COVID-19 en las redes sociales. Egipto y China han expulsado a periodistas. En Bolivia, las autoridades han utilizado el coronavirus como justificación para amenazar a opositores políticos con hasta 10 años de prisión por difundir “información falsa”. En China, la indignación pública por la reprimenda de un denunciante llevó a que la policía local emitiera una disculpa, un hecho completamente insólito.

  • ¿Ha suprimido su gobierno todos los bloqueos y amplias restricciones al acceso a Internet y a la información en línea?

Etiopía levantó una prohibición general del servicio telefónico e Internet en la región occidental de Oromia, poniendo fin a un bloqueo de tres meses, luego de las críticas de que las restricciones impedirían una respuesta adecuada al COVID-19. Sin embargo, en los campamentos de refugiados rohingya en Bangladesh y partes de Myanmar afectadas por el conflicto, las personas aún no pueden acceder a información vital debido a los bloqueos al acceso a Internet ordenados por el gobierno. En Cachemira, el gobierno indio ha ordenado la ralentización de las velocidades de conexión a 2G, impidiendo el funcionamiento de Internet y reduciendo la accesibilidad a los protocolos de tratamiento que ayudarían a los médicos a abordar el coronavirus. En respuesta a la crisis, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán han relajado algunas de sus antiguas restricciones a las plataformas de voz sobre protocolo de Internet (VoIP) para permitir el aprendizaje a distancia, autorizando el uso de Zoom y Microsoft Teams. Sin embargo, tanto EAU como Omán, así como Qatar, mantuvieron la prohibición de otras aplicaciones que permiten a las personas realizar llamadas de voz y video, como WhatsApp, Skype y FaceTime.

  • ¿Está su gobierno tomando medidas para abordar la brecha digital incrementando la accesibilidad y asequibilidad del acceso a Internet, especialmente en lugares en cuarentena donde la educación, el trabajo y la información pública sobre el COVID-19 se han traslado a las plataformas en línea?

En Perú, el gobierno emitió una orden que garantiza los servicios de Internet incluso si los usuarios no pueden pagar la tarifa de conexión durante la crisis del COVID-19. El gobierno de Delhi en India está reembolsando paquetes de datos para niños en edad escolar. Algunos operadores de telecomunicaciones africanos están excluyendo sitios web “esenciales” de los límites de uso de datos para permitir un acceso a Internet más asequible durante la pandemia.

Proveer pruebas y tratamientos

  • ¿Ofrecen una atención médica de calidad asequible y accesible para todos en su país como un derecho sin discriminación?

En Portugal, el gobierno ha anunciado que hasta el 30 de junio ofrecerá tratamiento médico a las personas con solicitudes de residencia y asilo pendientes como si fueran residentes permanentes, otorgándoles un acceso igualitario a la atención médica bajo el sistema nacional. El gobierno italiano ha ampliado hasta mediados de junio todos los permisos de residencia existentes a punto de vencer, brindando a esas personas acceso a la atención médica nacional. Si bien EE.UU. lleva a cabo las pruebas de diagnóstico del COVID-19 de manera gratuita, millones de personas en el país carecen de seguro médico y no pueden obtener atención médica financiada por el Estado. Por otra parte, el tratamiento para el virus cuesta más de lo que muchas personas, incluso aquellas con seguro, pueden pagar, lo que los obliga a elegir entre buscar atención o arriesgarse a la bancarrota.

  • Si su gobierno ha impuesto medidas de cuarentena o aislamiento por el COVID-19, ¿está brindando adecuadamente atención médica, protección contra el contagio del virus, alimentos y agua?

En China, 10 personas murieron cuando el edificio donde estaban obligatoriamente confinados se derrumbó. En Nigeria, la administración de un estado no mejoró sus instalaciones de cuarentena hasta que una mujer que no tenía coronavirus murió bajo su cuidado. En Burundi, las abarrotadas e insalubres instalaciones de confinamiento han generado críticas. En Uganda, el gobierno cobraba a las personas tarifas exorbitantes por su propio aislamiento obligatorio. En Grecia y Bosnia y Herzegovina, las autoridades dicen que están poniendo en cuarentena a los inmigrantes en campamentos debido a los riesgos de contagio del COVID-19, pero la ausencia de precauciones de salud significa que el virus podría propagarse fácilmente. El gobierno de Qatar ha puesto en cuarentena una zona industrial donde viven muchos trabajadores inmigrantes, pero ha prometido realizar pruebas y controles regulares y que se pagarán los salarios.

  • ¿Está su gobierno tratando de eliminar los obstáculos a la atención médica para las personas que viven en la pobreza y otros grupos históricamente marginados como el colectivo de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT), las personas con discapacidad y los pueblos indígenas?
  • ¿Está su gobierno tomando medidas para facilitar que las personas que evitan el tratamiento médico por miedo a la aplicación de las leyes de inmigración puedan acceder de manera segura a la atención médica?

Para eliminar las barreras a la atención, un funcionario del gobierno en Pakistán se comprometió públicamente a ayudar a las personas transgénero. El gobierno de EE.UU. aclaró que una nueva regla problemática, que prohíbe a los inmigrantes que hayan utilizado ayudas públicas puedan obtener la residencia permanente, no se aplicaría a la atención por el COVID-19. En Maldivas, el gobierno estableció una nueva clínica COVID-19 para trabajadores inmigrantes que no requiere mostrar permisos de trabajo. En Malasia, las autoridades prometieron no arrestar a los inmigrantes indocumentados y a los refugiados que podrían haber estado expuestos al virus en una reunión religiosa si se presentaban para someterse a pruebas de diagnóstico. Por el contrario, en el Líbano, se han implementado toques de queda y restricciones de circulación para los refugiados sirios, mientras que en Nigeria, las personas con problemas de salud mental permanecen encadenadas en instalaciones hacinadas.

  • ¿Se están repartiendo de manera equitativa las pruebas de diagnóstico y los respiradores?

La Unión Europea anunció a mediados de marzo que configuraría una nueva “reserva” regional de equipos médicos, incluidos respiradores y vacunas. La Unión Africana se ha comprometido a distribuir kits de diagnóstico y demás equipos médicos donados de manera equitativa a todos los países a pesar de sus diferentes necesidades. Las pruebas de diagnóstico proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al gobierno sirio no se distribuyeron equitativamente a las áreas controladas por la oposición. Algunas poblaciones indígenas que viven en reservas en EE.UU. reciben atención a través de un sistema de salud paralelo que tiene una capacidad limitada de diagnóstico del COVID-19. Para los dos millones de palestinos que viven bajo el cerco israelí de Gaza, las restricciones a las importaciones médicas y la denegación de permisos de desplazamiento están impidiendo la respuesta a la crisis. En Myanmar, los rohingya desplazados internos que viven en campamentos con servicios de salud limitados requieren el permiso de las autoridades para obtener tratamiento urgente fuera de los campamentos. Los protocolos de clasificación que ponen a las personas con discapacidad al final de la lista de espera por ventiladores han llevado al gobierno de EE.UU. a advertir que esta clase de “utilitarismo despiadado” es inaceptable.

  • ¿Ha dejado su gobierno de aplicar sanciones comerciales internacionales que limitan el acceso a la atención médica?

La ONU ha pedido el levantamiento de las sanciones sectoriales, señalando que “obstaculizar los esfuerzos médicos en un país aumenta el riesgo para todos”, como es evidente en Irán, donde las sanciones han socavado la capacidad del país para responder al COVID-19.

Proteger a los médicos y trabajadores de primera línea

  • ¿Se les provee a los trabajadores sanitarios equipos médicos protectores?
  • ¿Está tomando medidas el gobierno para proteger a los trabajadores sanitarios de las represalias por estar potencialmente expuestos al virus?

Los trabajadores sanitarios de primera línea, el 70 por ciento de los cuales son mujeres, están trabajando turnos agotadores, lo que aumenta su riesgo de infección y agotamiento. La Cruz Roja italiana dirige una línea directa para los trabajadores sanitarios que buscan asesoramiento. Los médicos del Reino Unido se quejan de la presión sobre los trabajadores sanitarios para que no alcen la voz, mientras que médicos en Pakistán fueron arrestados por protestar por la falta de equipos de protección. En Italia, Sudáfrica, España, EE.UU. y muchos más países, los trabajadores sanitarios se han enfrentado a una grave escasez de equipos de protección. En muchos lugares, grupos comunitarios están confeccionando máscaras y delantales improvisados. En India, Myanmar y el Reino Unido, los propietarios han desalojado a médicos y enfermeras por ser potenciales portadores del virus; a su vez, el gobierno indio amenazó con presentar cargos contra estos propietarios.

  • ¿Se están asegurando las empresas y los gobiernos de que los empleados que trabajan en puestos esenciales como el transporte público, los supermercados, los almacenes y las entregas a domicilio, las cárceles y la atención domiciliaria tengan una protección adecuada contra el COVID-19 y acceso a las pruebas de diagnóstico?

En EE.UU., los empleados de Whole Foods, Instacart y Amazon se declararon en huelga para reclamar equipos de protección y el pago de complementos de peligrosidad. Los empleados de las prisiones y cárceles y los sindicatos en EE.UU., Canadá y el Reino Unido también han exigido más material médico y pruebas de diagnóstico.

Reducir los riesgos en los centros de detención y penitenciarios

  • ¿Está su gobierno reduciendo su población de detenidos en prisión, cárceles y centros de detención migratoria para aliviar el hacinamiento y permitir el “distanciamiento social”?

El Comité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura instó a los gobiernos a “reducir las poblaciones carcelarias ... siempre que sea posible mediante la implementación de planes de liberación temprana, provisional o temporal”. En Argentina, Brasil, Colombia, Irán, Italia, Perú, Tailandia y Venezuela, los reclusos han protestado por el hacinamiento y las malas condiciones higiénicas y sanitarias que los ponen en mayor riesgo de contraer el coronavirus. La OMS publicó pautas para las cárceles y centros de detención para prepararse y evitar la propagación del COVID-19, pero pocos centros de detención de inmigrantes las cumplen, como ha podido verse en Australia, Canadá, Europa, el Golfo y EE.UU., donde los detenidos se declararon en huelga de hambre para conseguir jabón.

Afganistán, Francia, Indonesia, Irán, Italia, Jordania, Kenia, Pakistán, Polonia, Sudán y algunas jurisdicciones estadounidenses han liberado a algunos reclusos para descongestionar sus cárceles. En el Reino Unido y EE.UU., varios recursos legales han resultado en que algunas personas hayan sido liberadas por orden judicial de la detención migratoria. Bélgica, los Países Bajos, Arabia Saudita y España también han liberado a un número limitado de internos en centros de detención de inmigrantes.

  • ¿Está su gobierno poniendo en libertad a personas que no deberían estar detenidas, incluidas la mayoría de los reclusos en prisión preventiva, presos por delitos menores, personas que no han sido acusadas y delincuentes juveniles no violentos?
  • ¿Están las autoridades considerando liberar a los presos con mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por el virus, incluidas las personas mayores, las personas con problemas de salud subyacentes, las personas con discapacidad y las embarazadas?

En Chile y EE. UU., los funcionarios han declarado que considerarán liberar a las personas mayores bajo custodia. En Argentina, las personas con riesgos de salud elevados han sido identificadas como candidatas para alternativas a la detención. En EE.UU., algunas embarazadas fueron puestas en libertad. Brasil está liberando a niños detenidos por delitos no violentos. Jordan liberó a algunas personas en prisión preventiva. En Rusia, los funcionarios encargados de aplicar la ley en Moscú dijeron que buscarían alternativas a la custodia preventiva. En EE.UU., las liberaciones del sistema federal se decidirán utilizando un algoritmo discriminatorio, que tiene un demostrado sesgo racial y de clase.

  • ¿Ha liberado su gobierno a presos políticos y otras personas que han sido injusta o arbitrariamente detenidas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas y activistas políticos?

Bahrein, Egipto e Irán liberaron a algunos presos políticos y miembros de la oposición detenidos, pero dejaron a otros reclusos prominentes en prisión. Se espera que Turquía apruebe una ley que libere a muchos presos, pero que excluirá a periodistas, activistas de derechos humanos y presos políticos detenidos por falsos cargos de terrorismo. Los presos políticos permanecen encarcelados en Kirguistán, Myanmar y muchos otros países. La liberación de personas detenidas arbitrariamente en Camboya, Camerún, Libia, Sudán del Sur, Siria y Yemen es aún más urgente ahora debido al riesgo de propagación del COVID-19. China también debería poner fin de inmediato al internamiento masivo de musulmanes turcos en Xinjiang.

  • ¿Le ha dicho su gobierno a sus fuerzas policiales que cesen los arrestos de trabajadoras sexuales, delincuentes no violentos por drogas, personas arrestadas por “delitos morales” y otras personas que no deberían enfrentar castigos penales, para evitar la sobrepoblación de las cárceles?

Uganda, que criminaliza la homosexualidad, arrestó a jóvenes LGBT en un refugio a fines de marzo. Algunas fuerzas policiales en ciudades de EE.UU., como Miami, Filadelfia, Phoenix y Tucson, han dicho que no realizarán arrestos por ofensas “menores”, como delitos de narcóticos y trabajo sexual. La fiscal del estado de Baltimore dijo que no presentará cargos por estos delitos. Sin embargo, otras ciudades del país, como Nueva Orleans, continúan arrestando a personas por delitos menores.


Mejorar el acceso al agua y el saneamiento

En los países donde refugiados, inmigrantes, solicitantes de asilo y desplazados internos viven en campamentos, como Bangladesh, Líbano, Myanmar, Nigeria, Sudán y Sudán del Sur, existe un alto riesgo de brotes devastadores del COVID-19 debido al hacinamiento, la falta de saneamiento y servicios de salud insuficientes. En Italia, decenas de miles de solicitantes de asilo viven en grandes centros de recepción, a menudo con habitaciones compartidas y cafeterías. En Líbano, la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR está trabajando con los refugiados para compartir información importante sobre higiene. Grecia ha impuesto un confinamiento de 14 días en un campamento cerca de Atenas con decenas de casos de COVID-19. Human Rights Watch ha instado al gobierno a trasladar a las personas de los campamentos superpoblados en las islas griegas, priorizando a los más expuestos. La ONU está tratando de recaudar US$2.000 millones para ayudar a los países pobres, incluidos muchos con poblaciones de refugiados, a lidiar con la pandemia.

Una buena higiene, como el lavado de manos, es clave para proteger la salud pública y responder al virus. En Liberia, Kenia e Indonesia, se han instalado estaciones de lavado de manos en zonas urbanas. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha pedido una “ampliación del plazo para el pago de ... las facturas de agua”. España y Argentina han garantizado que el agua no se cortará. Japón y Kosovo han aplazado los pagos de servicios públicos. Diez expertos independientes de derechos humanos de la ONU aseguran que es esencial que los gobiernos “proporcionen agua de manera gratuita mientras dure la crisis a las personas que viven en la pobreza”. En Bolivia, el gobierno paga el 50 por ciento de las facturas de agua, mientras que Bahréin paga el total. En Sudáfrica, el gobierno nacional ha hecho un llamamiento a los municipios para que dejen de cerrar el suministro de agua por falta de pago y está distribuyendo agua con camiones cisterna a los asentamientos informales y otras comunidades necesitadas. En el noreste de Siria, las frecuentes restricciones de los suministros de agua por parte de las autoridades turcas han dejado a las personas en riesgo de no poder lavarse las manos con eficacia.

Ayuda internacional

  • ¿Está su gobierno contribuyendo a los esfuerzos internacionales para recaudar y desplegar fondos para ayudar a otros países en su respuesta al COVID-19?

EE.UU., Canadá, la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo han aprobado recientemente fondos de emergencia para asistencia humanitaria para apoyar la respuesta de los países en desarrollo al COVID-19. Rusia proporcionó algunos suministros médicos a EE.UU. a un costo inferior al del mercado. El gobierno chino ha estado distribuyendo kits de diagnóstico a nivel mundial, aunque algunos destinatarios se han visto obligados a retirar mascarillas y pruebas defectuosas. Varias compañías multinacionales han anunciado iniciativas de ayuda.

Gestión de la crisis basada en el respeto por los derechos humanos

Utilizar los poderes de emergencia y abordar los abusos por parte de las fuerzas de seguridad

  • ¿Se están utilizando los poderes de emergencia de manera legal, necesaria y proporcional?
  • ¿Están los poderes de emergencia sujetos a plazos y cubiertos por supervisión legislativa o judicial?
  • ¿Está informando su gobierno sobre cualquier excepción (suspensión temporal del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos) a los órganos de tratados pertinentes?

Al menos 82 países han impuesto políticas y medidas de emergencia debido a la crisis del COVID-19, pero según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solo 40 países han notificado a la ONU excepciones a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Bolivia, Francia y Marruecos han impuesto emergencias de “salud” sin notificar formalmente sus excepciones a los órganos de tratados pertinentes. Algunos países, como Argentina, Etiopía y Portugal, han fijado fechas claras para el fin de los poderes de emergencia, lo que permite el debate y la discusión sobre su renovación. Hungría ha adoptado y Camboya está a punto de adoptar una ley de estado de emergencia que otorga al gobierno poderes ilimitados por tiempo indefinido. En Israel, un intento de suspender la Knéset generó críticas por abuso de poder. En Tailandia y Bolivia, las nuevas leyes y decretos de emergencia parecen permitir una censura generalizada, lo que socava la libertad de expresión. La legislación de emergencia por el coronavirus en el Reino Unido debilita las protecciones contra la detención de personas con afecciones de salud mental y discapacidades y socava la atención social para las personas mayores.

·      Si las fuerzas de seguridad del Estado están imponiendo normas de “distanciamiento social” o entregando suministros médicos, ¿están tomando medidas para evitar el abuso y garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios?

En la República Democrática del Congo, Francia, Kenia, Filipinas, Sudáfrica y Uganda, los abusos cometidos por la policía contra personas que violan el toque de queda o las órdenes de cuarentena han suscitado críticas. En Panamá, una mujer transgénero fue detenida por salir en un día designado “para mujeres” bajo un plan que permite a los hombres y mujeres salir de sus hogares en días alternos. En Uganda, donde un grupo mujeres fueron obligadas a desnudarse durante un incidente de abuso policial, y Sudáfrica, donde unos niños resultaron heridos cuando un hombre fue disparado por la policía frente a su casa, las autoridades han prometido enjuiciar y penalizar a los agentes responsables.

Evitar sacrificar otros derechos

  • ¿Está el uso que hace su gobierno de las tecnologías de vigilancia digital para responder a la pandemia específicamente diseñado para proteger el derecho a la privacidad, la reunión y la expresión?
  • ¿Cumplen las tecnologías que se están implementando con las 8 condiciones para la vigilancia digital detalladas en abril por más de 100 grupos de la sociedad civil?

Se están desplegando sistemas de vigilancia digital para el rastreo de contactos, hacer cumplir las cuarentenas, evaluar las tendencias generales sobre cómo podría propagarse el virus y determinar la efectividad del “distanciamiento social”, entre otras razones. En su respuesta al COVID-19, China, Irán y Rusia están utilizando medidas de vigilancia digital que amenazan el derecho de las personas a la privacidad, la libre expresión y la asociación. Armenia e Israel aprobaron leyes radicales que amenazan la privacidad al exigir a las compañías de telecomunicaciones que compartan los registros de llamadas telefónicas y los datos de ubicación geográfica con las autoridades. En Corea del Sur, las nuevas regulaciones permiten a las autoridades enviar información anónima sobre los movimientos de las personas al público en general, pero las actualizaciones han incluido suficientes detalles como para hacer que las personas teman por la exposición de sus vidas privadas. Si bien las garantías de protección de datos varían en cada contexto, Francia, Alemania, India, Italia, Polonia, Singapur, el Reino Unido y EE.UU. también están explorando o ya están utilizando los datos de ubicación de teléfonos móviles o reconocimiento facial.


La ONU advirtió que es imprescindible contar con sólidos marcos de gobernanza de datos para evitar que los actores “utilicen la crisis como pretexto para violar los derechos humanos o implementar sistemas de vigilancia masiva”. Más de 100 grupos independientes identificaron 8 condiciones para usar tecnologías de vigilancia. La naturaleza voluntaria y participativa de los esfuerzos en Taiwán para utilizar la tecnología disipó algunos temores. Los esfuerzos para realizar el rastreo de proximidad utilizando tecnología Bluetooth anónima y encriptada de forma voluntaria y descentralizada están adoptando enfoques más moderados y centrados en la privacidad.

  • Si su gobierno está cerrando fronteras, ¿permite que las personas presenten solicitudes de asilo?

Brasil, Hungría y Uganda han cerrado sus fronteras a quienes buscan presentar solicitudes de asilo. EE.UU. está devolviendo sumariamente a las personas que cruzan sus fronteras terrestres de manera irregular sin permitirles presentar solicitudes de asilo. Canadá ha cerrado temporalmente su frontera sur, provocando la devolución de los solicitantes de asilo a EE.UU. El ACNUR ha dejado claro que la crisis del COVID-19 no justifica estas medidas. Si bien Grecia impuso temporalmente una suspensión de solicitudes de asilo durante un mes, levantó esa prohibición en abril. La Comisión Europea ha dicho que los cierres temporales de las fronteras exteriores de la UE no deberían aplicarse a las personas que necesitan protección internacional u otras necesidades humanitarias. No obstante, Italia emitió un decreto que cierra sus puertos para operaciones de búsqueda y rescate, citando el COVID-19 como justificación.

En EE.UU., algunos gobiernos estatales han declarado que los abortos son cirugías no esenciales y no deberían llevarse a cabo durante la pandemia, violando las protecciones legales internacionales para la salud sexual y reproductiva. Irlanda aprobó el uso de la telemedicina para el asesoramiento antes del aborto. En el Reino Unido, las autoridades sanitarias de Inglaterra y Escocia han permitido el uso en el hogar de una píldora abortiva en etapa temprana durante la cuarentena, pero las mujeres en Irlanda del Norte enfrentan una situación altamente restrictiva. En Francia, los senadores bloquearon una moción para ampliar el período de tiempo en el que se pueden realizar abortos, lo que podría haber asegurado el acceso a servicios de aborto seguro después de que se levanten las restricciones de desplazamiento. Los hospitales en Italia están considerando cada vez más los abortos como procedimientos “diferibles” y los están aplazando.

Debido a las interrupciones en la cadena de suministro, los proveedores de salud en Myanmar, Uganda, Zimbabue y muchos otros países se enfrentan al desabastecimiento de productos de salud reproductiva. Después de las protestas porque los hospitales privados prohibieron la presencia de las parejas de mujeres cuando dan a luz, el gobernador de Nueva York ordenó a los hospitales que permitieran la entrada de estos acompañantes.

Abordar la crisis económica

  • ¿Están los planes de su gobierno para mitigar los daños económicos causados por la crisis del COVID-19 basados en garantizar los derechos económicos fundamentales para todos, incluidos los trabajadores de bajos ingresos, indocumentados e informales?

En India, Líbano, Pakistán y Sudáfrica, las cuarentenas han perjudicado especialmente a los trabajadores informales de bajos ingresos. En Oriente Medio, las trabajadoras domésticas corren el riesgo de verse obligadas a trabajar sin descanso. Sin el apoyo del gobierno a las familias pobres, en una situación de crisis económica se espera que aumenten las tasas de trabajo infantil y matrimonio infantil. En EE.UU., el paquete de estímulo económico excluye a más de 8 millones de trabajadores que pagan impuestos pero son indocumentados, y solo garantiza la licencia por enfermedad a algunos. EE.UU. excluye específicamente a quienes obtienen ingresos de “exhibiciones de naturaleza sexual lasciva” del acceso a préstamos preferenciales que se ofrecen a pequeñas empresas. Esto impide que las trabajadoras sexuales legales y las que se dedican a producciones de danza y teatro reciban este tipo de ayudas. En India, un paquete de estímulo de 1,7 billones de rupias (US$22.500 millones) proporcionará alimentos y transferencias en efectivo a las personas pobres y vulnerables, y seguro de salud a los trabajadores sanitarios. Uganda ha prometido la distribución de alimentos a las personas vulnerables, incluidas las madres lactantes y los jornaleros, y Ruanda ha prometido a 20.000 familias en la capital la entrega de alimentos “a domicilio”, pero en ambos países muchas otras personas que viven en la pobreza no estarán cubiertas por estos programas.

  • ¿Está su gobierno tomando medidas para evitar que las personas pierdan una vivienda adecuada?
  • ¿Está su gobierno movilizando servicios para apoyar a los trabajadores inmigrantes que viven lejos de sus lugares de trabajo, a las personas sin hogar y a las que viven en campamentos informales?

En reconocimiento de la importancia de la vivienda en su respuesta a la crisis, Argentina, Australia, Irlanda y muchos otros gobiernos han anunciado medidas para detener los desalojos. El Reino Unido y Sudáfrica han prometido que todas las personas sin hogar recibirán alojamiento. En Berlín, Alemania, el gobierno regional ha abierto un antiguo albergue juvenil a cientos de personas sin hogar, proporcionando acceso a instalaciones para lavarse. En Italia, aumentan los llamados a los gobiernos locales para proporcionar vivienda y saneamiento a los trabajadores agrícolas inmigrantes en campamentos improvisados. India se comprometió a apoyar a cientos de trabajadores inmigrantes nepalíes en la frontera que intentan regresar a sus hogares.

  • ¿Está su gobierno tomando medidas adicionales para apoyar a los niños de familias de bajos recursos que dependían de la escuela para alimentarse?

En EE.UU., algunas escuelas públicas están proporcionando comidas para llevar y en algunas áreas rurales se han implementado programas de reparto de alimentos a domicilio. El Reino Unido está reemplazando las comidas escolares gratuitas con vales de supermercado en algunas zonas, comida para llevar y transferencias en efectivo en otras. Cabo Verde anunció un mes de asistencia alimentaria para las familias y niños de bajos ingresos que dependían del programa de comidas escolares. Sudáfrica no ha lanzado ningún programa de alimentación escolar para los niños durante su cuarentena nacional.

  • ¿Está su gobierno apoyando a las mujeres que probablemente asuman una carga desproporcionada del cuidado de los niños debido al cierre de las escuelas y las restricciones a la circulación?

Con más de mil millones de estudiantes sin poder asistir a la escuela, el trabajo de cuidado adicional probablemente recaerá en las mujeres que ya estaban realizando tres veces más trabajo de cuidado no remunerado que los hombres. Un nuevo documento de un grupo de economistas de EE.UU. y Alemania predice que el COVID-19 tendrá un “efecto desproporcionadamente negativo en las mujeres y sus oportunidades de empleo”. En Australia, el gobierno ha hecho que el cuidado infantil sea gratuito para los padres que trabajan, mientras que Japón ha otorgado subsidios a las empresas para proporcionar permisos pagados a aquellos que no pueden trabajar debido a sus responsabilidades de cuidado infantil.

Respuesta a los daños causados por el “distanciamiento social”

Apoyo psicosocial

  • ¿Está su gobierno asegurando la disponibilidad de servicios de salud mental, considerando las consecuencias psicológicas del “distanciamiento social”, el impacto económico y la pérdida de seres queridos por el coronavirus?

La ciudad de Nueva York, el epicentro del brote en EE.UU., se ha comprometido a proporcionar asesoramiento psicosocial gratuito por teléfono a todos los residentes. En Italia, el epicentro del brote en Europa, el gobierno lanzó un programa nacional de apoyo psicológico. En Australia, se ha anunciado una “línea de apoyo para el bienestar durante la crisis del coronavirus”.

Mantener el aprendizaje de los niños

  • Si su gobierno ha cerrado las escuelas, ¿está tomando medidas para asegurar que todos los niños puedan seguir estudiando desde casa?

Más de 1.500 millones de estudiantes, más del 90 por ciento de los matriculados en todo el mundo, no están asistiendo a la escuela debido a que se han cerrado en al menos 188 países. En Canadá, algunas provincias están enviando por correo postal copias materiales del trabajo a los estudiantes para garantizar la accesibilidad a quienes no tienen computadoras, en lugar de depender completamente de un plan de estudios en línea. Italia asignó 85 millones de euros a mediados de marzo para apoyar la educación a distancia, incluida la capacitación de maestros y computadoras para estudiantes.

·      ¿Está asegurando su gobierno que los sistemas de aprendizaje a distancia sean accesibles para las comunidades históricamente marginadas, entre ellos los niños con discapacidades?

Las escuelas libanesas no han puesto a disposición de los niños con discapacidades recursos que les permitan beneficiarse del aprendizaje a distancia, mientras que en Argentina, los servicios para estos estudiantes se han suspendido temporalmente hasta que se levante la cuarentena.


Abordar la violencia doméstica y contra las minorías

  • ¿Están las autoridades estatales tomando medidas para abordar el discurso xenófobo y del odio contra inmigrantes?

Se están registrando casos de discriminación y crímenes de odio relacionados con el COVID-19 contra asiáticos en Oriente Medio, Europa y EE. UU., y también contra extranjeros y visitantes de la diáspora en Camerún, indios del noreste del país, musulmanes en Camboya y miembros de un secta religiosa surcoreana. En EE.UU., la retórica centrada en etiquetar el virus como “chino” o “Wuhan” ha coincidido con un aumento en los incidentes con un sesgo antiasiático. El líder de Hungría, Viktor Orban, utiliza el coronavirus para atacar a los inmigrantes y alimentar la xenofobia.

ONU Mujeres ha advertido que las cuarentenas pueden conducir a tasas más altas de violencia doméstica, como ponen en evidencia los picos registrados en Brasil, China, Francia, Kenia, Kirguistán y Sudáfrica. Las personas LGBT también enfrentan mayores riesgos de sufrir este tipo violencia. Francia ofrece 20.000 noches de alojamiento gratuito a víctimas de violencia y alienta a las personas a buscar ayuda discretamente con una palabra clave en las farmacias. En Italia, las autoridades locales han sido autorizadas a requisar hoteles para alojar a personas que huyen de la violencia doméstica. En India, un gobierno estatal ha establecido una línea directa especial para atender los casos de violencia doméstica. La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer ha sugerido proporcionar chats en línea y servicios de mensajes de texto para las víctimas.

Dado que los docentes a menudo están mejor posicionados para identificar el abuso y procurar la intervención adecuada, el abuso infantil puede pasar desapercibido debido al cierre de las escuelas. En Alemania, los niños “en riesgo” no serán controlados con la misma frecuencia por los servicios de protección infantil ya que esas agencias operan a capacidad reducida. Para abordar la propagación del COVID-19, algunas residencias de ancianos en EE.UU. y Australia han impuesto políticas que prohíben a los visitantes, pero estas medidas también reducen la importante supervisión que los visitantes externos pueden proporcionar para identificar situaciones de abuso.

Correction

At least 84 countries have imposed emergency policies and measures due to the COVID-19 crisis, but according to publicly available notifications deposited with the UN, only 11 countries have formally informed the UN of derogations from their human rights obligations as of April 15.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

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