“Quedé embarazada a los 13… de mi hermano mayor… Empezó a violarme cuando yo tenía 11 años”, nos contó una niña de Guatemala en 2015. Es una de los 2 millones de niñas menores de 15 años en el mundo que dan a luz cada año, a menudo como resultado de la violencia sexual.
La pandemia de Covid-19 está exponiendo a niñas como ella a un riesgo incluso mayor. Aunque las medidas de cuarentena limitan la propagación de la Covid-19, al mismo tiempo provocan un aumento global de las denuncias por violencia en el hogar, y dejan a algunas mujeres y niñas aisladas junto a sus agresores, con el consiguiente aumento de los embarazos no deseados.
La pandemia está ejerciendo una enorme presión sobre los sistemas de salud de todo el mundo, al tiempo que los gobiernos intentan contener el virus y atender a los enfermos. Sin embargo, los gobiernos también deben mantener otros servicios esenciales que, según la Organización Mundial de la Salud, incluyen a los de salud sexual y reproductiva.
Los hospitales desbordados, la prohibición de desplazamientos, el confinamiento y los cierres de fronteras hacen que el acceso a esos servicios sea cada vez más difícil. Las mujeres y niñas de sectores de bajos recursos y marginados, incluidas aquellas con discapacidad, están particularmente en riesgo de perder el acceso a los servicios necesarios. Y las respuestas que ofrecen algunos gobiernos agravan la situación, al discriminar a las mujeres y niñas que los necesitan.
Las desigualdades existentes quedan más expuestas y se exacerban con la pandemia. Más de 5 millones de familias en África, Asia, América Latina y el Caribe ya destinaban más del 40 % de sus gastos anuales no vinculados con alimentos a servicios de salud materna. Dado que las familias de menos recursos son las más afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia, es probable que les resulte incluso más difícil acceder a una atención de la salud materna de calidad.
Los gobiernos deben asegurarse de que las personas puedan obtener estos servicios con independencia de su posibilidad de pagarlos, y de que las mujeres embarazadas no solo accedan a servicios prenatales y de parto, sino que además puedan ejercer su derecho a decidir cómo será el trabajo de parto y el nacimiento.
Pero también deben asegurar que todas las personas puedan elegir si desean quedar embarazadas o seguir adelante con un embarazo. International Planned Parenthood Federation indica que la pandemia ha obligado a la organización a cerrar miles de establecimientos de planificación familiar, ya sea por instrucción de las autoridades o para cumplir con las medidas de distanciamiento social: Colombia, El Salvador, Pakistán, Alemania, Ghana, Malasia, Sri Lanka, Sudán, Uganda, Zambia y Zimbabue han cerrado, cada uno, al menos 100 centros de ese tipo.
Los directivos de la organización Marie Stopes, que brinda servicios de anticoncepción y aborto seguro en muchos países, señalaron que en Uganda y Zimbabue han esperado en vano que llegaran insumos. “Prevemos que habrá una marcada escasez de anticonceptivos en países de África”, afirmó uno de ellos. En Venezuela, miles de mujeres que antes cruzaban a Colombia para obtener anticonceptivos, ahora se ven impedidas de hacerlo por el cierre de fronteras. Los fabricantes advierten sobre una posible escasez mundial de preservativos debido a que los fabricantes han sido obligados a confinarse para frenar la propagación del virus. La escasez de métodos anticonceptivos acentúa el riesgo de embarazos no planificados y de enfermedades de transmisión sexual, al igual que la necesidad de abortos.
Los políticos y las organizaciones que se oponen al aborto están aprovechando el contexto de la pandemia para instar a los gobiernos a que prohíban los servicios de aborto durante la crisis. En Estados Unidos, 11 estados han tomado medidas tendientes a limitar el acceso al aborto. El Parlamento de Polonia está considerando una ley regresiva que eliminaría el acceso legal al aborto en algunos casos y criminalizaría la educación en sexualidad.
El aborto no puede postergarse, y negar el acceso a esta práctica constituye una violación de derechos humanos.
El derecho al acceso no discriminatorio a los servicios de salud de la mujer forma parte del derecho a la salud reconocido por el derecho internacional y la legislación interna de la mayoría de los países. Los gobiernos deben identificar formas de proteger este derecho, incluso durante la pandemia.
La negación de estos servicios debilitará la capacidad de las mujeres para recuperarse de la pandemia. Y el aumento del número de embarazos o abortos inseguros podría intensificar la presión sobre los ya sobrecargados sistemas de salud.
La pandemia está reconfigurando nuestro mundo, pero también ofrece una oportunidad de redefinir nuestros servicios de salud reproductiva. Como parte de esto, podría ampliarse el uso de la telemedicina y la disponibilidad de la información en Internet. Otra medida favorable sería expandir el acceso al aborto con medicamentos en el hogar, como lo han hecho Inglaterra, Escocia y Gales. En las comunidades que tienen acceso limitado a la tecnología, los gobiernos deberían cerciorarse de que los proveedores de salud cuenten con los equipos y recursos que necesitan para llegar de manera segura a las usuarias.
Los gobiernos deben hacer un seguimiento de las cadenas de suministro y buscar soluciones si se producen faltantes de anticonceptivos, como redistribuir los insumos disponibles entre las distintas localidades e, incluso, países. Deben garantizar el acceso a información y servicios de anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia y los servicios de aborto.
Los gobiernos deben reconocer la protección de los derechos sexuales y reproductivos como una prioridad en su respuesta a la Covid-19. Estos servicios son esenciales para que las mujeres y las niñas —como así también sus familias– puedan sobrevivir y mantenerse sanas, y son incluso más necesarios que nunca durante la pandemia de Covid-19.
Anand Grover es ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y Ximena Casas es investigadora de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch.
Este artículo también fue publicado por Europa Press
