(Washington, DC) – El acuerdo entre autoridades venezolanas y la oposición para que millones de dólares de asistencia humanitaria se distribuyan en Venezuela de manera apolítica a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un paso importante, señaló hoy Human Rights Watch.
El ministro de salud de Venezuela, Carlos Alvarado, y el asesor en temas de salud de la Asamblea Nacional, Julio Castro, firmaron un acuerdo el 1 de junio de 2020 con el propósito de coordinar esfuerzos para obtener financiamiento internacional que fortalezca la capacidad de respuesta de Venezuela ante la pandemia. También solicitan el “apoyo técnico y administrativo de la OPS”, una institución que forma parte de las Naciones Unidas. El acuerdo ha obtenido el apoyo del vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, y de Juan Guaidó, líder de la oposición.
“Este acuerdo representa una gran victoria para el pueblo venezolano, cuyo bienestar debe ser la máxima prioridad de los dirigentes”, opinó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En gran medida, esto es resultado de la presión internacional sostenida que se ha ejercido sobre el régimen de Maduro, que luego de haber descuidado descaradamente la vida y la salud de los venezolanos, finalmente – en un contexto de pandemia, emergencia humanitaria, economía en ruinas, cortes de energía eléctrica y escasez de combustible – no tuvo otra opción que pedir ayuda internacional. El próximo paso es transformar el acuerdo en acciones concretas que empiecen a salvar vidas”.
Varios dirigentes de la oposición venezolana han manifestado que el dinero correspondiente al Fondo para la Liberación de Venezuela se enviaría a Venezuela a través de la OPS. El fondo cuenta con 20 millones de dólares estadounidenses que eran administrados por el gobierno de Maduro y fueron inmovilizados por el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, algunos recursos de ese fondo se usarán para asistir a otras organizaciones humanitarias independientes que trabajan en Venezuela y para otorgarle USD 100 por mes directamente a profesionales de la salud venezolanos durante tres meses, indicó a Human Rights Watch una fuente confiable con información sobre los planes de la oposición. El gobierno español manifestó, además, que había transferido a la OPS fondos inmovilizados del gobierno venezolano en España.
El acuerdo establece las siguientes prioridades:
- Detectar casos de Covid-19;
- Brindar tratamiento adecuado y oportuno de casos confirmados;
- Llevar a cabo el aislamiento supervisado de casos sintomáticos y medidas de cuarentena para las personas con las cuales hayan tenido contacto;
- Proteger al personal de salud;
- Establecer medidas de prevención y de control de infecciones en los establecimientos de salud;
- Brindar vigilancia epidemiológica, análisis de información y reportes de situación; y
- Comunicar los riesgos al público para que adopte medidas.
“Cada día que pasa con un sistema de salud colapsado, escasez de agua para los médicos que necesitan lavarse las manos, falta de datos epidemiológicos confiables y sin protección adecuada para los trabajadores de la salud, se pone en riesgo la vida de muchos venezolanos”, expresó Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y de los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins. “Las medidas que contempla el acuerdo podrían ser determinantes para la respuesta de Venezuela a la pandemia; sin embargo, para que sean eficaces, es indispensable contar con fondos suficientes y que exista una implementación adecuada, con la debida supervisión de un tercero independiente”.
El acuerdo no indica detalles de cómo se implementará ni cómo se controlará la distribución de asistencia. Dado que la OPS y otros organismos de la ONU con presencia en Venezuela no tendrán posibilidad de realizar un seguimiento exhaustivo de la implementación del acuerdo en el extenso territorio de Venezuela, el gobierno debe permitir que los organismos de la ONU y las organizaciones no gubernamentales internacionales y locales pueden monitorear su implementación sin obstáculos.
En un informe divulgado el 26 de mayo, Human Rights Watch y expertos de los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins documentaron la absoluta falta de preparación del sistema de salud de Venezuela para la llegada de la pandemia de Covid-19, y que esto agudiza el riesgo para la salud de los venezolanos y podría contribuir a una propagación regional de la enfermedad. Si bien en los últimos meses ha llegado más ayuda que nunca a Venezuela, esta es a todas luces insuficiente para atender las necesidades en el país. El informe recomendó que se redoblara la presión internacional para lograr una respuesta humanitaria a gran escala en Venezuela, que cuente con fondos necesarios y sea liderada por la ONU.
Al 5 de junio, en Venezuela había 2.087 casos confirmados de Covid-19 y 20 muertes. La cifra real es seguramente mucho mayor, debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables, la falta de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial. Como consecuencia del hacinamiento en zonas populares y cárceles, así como los problemas para acceder al agua en hospitales y hogares, es probable que el nuevo coronavirus se extienda con rapidez por el país. El éxodo masivo de venezolanos, así como la actual migración de venezolanos que ingresan y salen del país producto de la pandemia, agrava el riesgo de que el virus se extienda más allá de Venezuela.
El 3 de junio, el Secretario General de la ONU António Guterres apoyó el acuerdo e instó a “los principales actores a implementar este acuerdo cumpliendo con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”.
Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins reiteran su llamado a Guterres y al coordinador del socorro de emergencia de la ONU, Mark Lowcock, para que asuman el liderazgo sobre este tema. Los miembros del Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea deben ejercer presión sobre las autoridades venezolanas que responden a Maduro para que permitan de inmediato la llegada de una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU, orientada a prevenir una propagación catastrófica de la Covid-19 en el país. Es crucial que los gobiernos preocupados por la situación venezolana despoliticen la asistencia humanitaria y que el gobierno de EE. UU. se asegure de que las sanciones vigentes no agraven la crisis ni obstaculicen los esfuerzos humanitarios.
El Programa Mundial de Alimentos y sus socios cuentan con la capacidad logística para entregar un volumen significativo de asistencia humanitaria en todo el territorio venezolanos. El gobierno de Maduro no ha autorizado su presencia en Venezuela.
“El próximo paso para que haya una respuesta adecuada a la Covid-19 y a la actual emergencia humanitaria en Venezuela es permitir que el Programa Mundial de Alimentos y sus socios tengan pleno acceso para que puedan alimentar a más personas con hambre en todo el país”, destacó Vivanco. “Es crucial que se mantenga la presión sobre las autoridades venezolanas que responden a Maduro, quienes tienen la llave para que llegue suficiente ayuda al pueblo venezolano”.
