Colombia debe asegurar la extradición de Salvatore Mancuso

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(Nueva York) – El gobierno colombiano debe agotar de forma urgente todas las vías legales para lograr la extradición del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso desde los Estados Unidos, señaló hoy Human Rights Watch.

Mancuso, uno de los máximos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se encuentra en los Estados Unidos luego de haber cumplido una pena en ese país por tráfico de cocaína. Hasta ahora, las autoridades colombianas han hecho mediocres esfuerzos por lograr su retorno. El líder paramilitar debería rendir cuentas por sus atrocidades, y su testimonio podría ser extremadamente valioso para lograr la verdad plena sobre crímenes cometidos por grupos paramilitares y sus cómplices.

“El testimonio de Salvatore Mancuso podría ayudar a develar la verdad sobre cientos de crímenes atroces y garantizar justicia para miles de víctimas”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero hasta ahora las autoridades colombianas han hecho muy poco para lograr su extradición, y los pasos que han tomado han sido notoriamente negligentes”.

En 2015, una corte federal de los Estados Unidos condenó a Mancuso a 15 años de prisión por su rol en tráfico internacional de drogas, luego de un preacuerdo. En marzo de 2020, Mancuso terminó de pagar su pena en los Estados Unidos. Allegados a Mancuso han informado a The Associated Press que el Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security) de Estados Unidos ha ordenado su deportación a Italia, donde Mancuso también es ciudadano, pero la deportación aún no ha ocurrido. Los tribunales colombianos han condenado a Mancuso por más de 1.500 homicidios y desapariciones. Mancuso ha reconocido estos hechos y frecuentemente ha implicado a otros comandantes y políticos. El ex alto mando paramilitar aún tiene cientos de investigaciones abiertas en el país. Italia y Colombia no cuentan con un tratado de extradición.

En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó a Mancuso y otros 13 comandantes paramilitares de forma abrupta a los Estados Unidos para que fueran procesados por causas de narcotráfico. Uribe es el mentor del actual presidente Iván Duque y el líder del partido de gobierno, el Centro Democrático. Los comandantes paramilitares fueron trasladados a Estados Unidos luego de que la Corte Constitucional de Colombia ordenara que los paramilitares debían contar toda la verdad sobre sus crímenes e identificar a sus cómplices si deseaban obtener sentencias reducidas con arreglo a la Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005. Al momento de la extradición, la Corte Suprema estaba logrando avances significativos en investigaciones en contra de aliados de Uribe en el Congreso, así como de otras autoridades departamentales y municipales posiblemente implicadas en vínculos con grupos paramilitares.

Desde los Estados Unidos, Mancuso continuó confesando crímenes con arreglo a la Ley de Justicia y Paz, la cual le otorga penas de hasta ocho años de prisión a los miembros de grupos paramilitares que se desmovilizan, confiesan sus crímenes y entregan los bienes que obtuvieron de forma ilegal. En noviembre de 2019, un juzgado de Bogotá concluyó que Mancuso ya había cumplido con su pena de Justicia y Paz en los Estados Unidos y le otorgó la libertad condicional. Pero el 11 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión de noviembre pasado y ordenó el arresto de Mancuso. El Tribunal solicitó al Ministerio de Justicia que procurara la extradición de Mancuso. La decisión del 11 de agosto se produjo después de una apelación interpuesta por parte de un abogado de las víctimas y de la Fiscalía.

Las autoridades judiciales colombianas aún están adelantando cientos de investigaciones por crímenes de guerra en contra de Mancuso, de acuerdo con entrevistas a fiscales y documentos judiciales a los que tuvo acceso Human Rights Watch. Si Mancuso confiesa su rol en estos delitos y coopera con el sistema judicial, es probable que muchos de estos casos sean consolidados con las condenas por Justicia y Paz. Pero con arreglo a las decisiones de la Corte Constitucional, Mancuso podría perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y obtener largas penas en prisión si comete nuevos delitos, miente sobre sus crímenes o no coopera debidamente con el sistema judicial.

Mancuso no tendría incentivos para seguir cooperando con la justicia colombiana si se le permite viajar a Italia, sostuvo Human Rights Watch.

Las autoridades colombianas han formulado tres pedidos de extradición en relación con Mancuso. Los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación y algunos jueces han estado involucrados en estas solicitudes.

En junio de este año, fiscales de Estados Unidos hicieron una solicitud a un tribunal federal de Georgia a pedido de autoridades colombianas, instando a la extradición de Mancuso en relación con una sentencia a 27 años de prisión por dos casos de secuestros y homicidios cometidos en 1997, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Human Rights Watch. Pero días después, Colombia repentinamente retiró su solicitud. Si bien las autoridades colombianas no dieron una explicación al respecto, Human Rights Watch pudo confirmar que la solicitud fue retirada porque los tribunales ya habían consolidado esa sentencia con las decisiones de Justicia y Paz y consideraban que la pena ya había sido cumplida.

“Una lectura rápida y superficial de la condena relevante de Justicia y Paz y una búsqueda online hubieran sido suficiente para que las autoridades colombianas descubrieran el inexcusable error que cometieron con la solicitud de extradición de Mancuso”, sostuvo Vivanco.

Entre marzo y mayo, las autoridades colombianas redactaron otras dos solicitudes de extradición en relación con casos de homicidios, secuestros y desplazamientos forzados, según dijeron fuentes judiciales a Human Rights Watch. Pero las autoridades de Estados Unidos no aceptaron las solicitudes, aparentemente porque los fundamentos legales no coinciden con la legislación de Estados Unidos –un requerimiento estándar para casos de extradición desde ese país. Teniendo en cuenta que hay cientos de casos pendientes contra Mancuso y que las autoridades colombianas tienen una abundante experiencia con procesos de extradición, estas tres mediocres solicitudes de extradición son difíciles de compatibilizar con la importancia que merece este caso, sostuvo Human Rights Watch.

Colombia también podría solicitar la extradición de Mancuso por un caso de lavado de dinero por el cual fue imputado en 2014, y por el cual también podría perder sus beneficios bajo la Ley de Justicia y Paz si llegara a ser condenado. Fuentes judiciales señalaron a Human Rights Watch que hasta ahora no han pedido la extradición de Mancuso en este caso porque supuestamente se encuentra ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional creado con arreglo al acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La JEP no tiene facultades legales para solicitar una extradición. Según la Fiscalía, en octubre de 2018, un juez de la justicia ordinaria colombiana “suspendió cualquier actividad judicial” en el proceso sobre lavado de dinero porque algunos de los indiciados (aunque no Mancuso) habían solicitado la remisión del caso a la JEP. Sin embargo, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, sostuvo en un comunicado del 12 de agosto que “no hay ningún impedimento para que Colombia tramite la extradición de Salvatore Mancuso.” Human Rights Watch no ha podido determinar que exista algún esfuerzo serio por anular la suspensión del proceso de lavado de dinero para así solicitar la extradición de Mancuso por este caso.

Mancuso ha pedido que algunos de sus casos sean sometidos a la JEP. Sin embargo, su solicitud –a la que tuvo acceso Human Rights Watch– está vinculada con hechos de los 80s y 90s y no incluye el presunto caso de lavado de dinero, que habría ocurrido después de su desmovilización, a mediados de los años 2000. En junio de 2020, una sala de la JEP rechazó el sometimiento de Mancuso. Mancuso apeló, pero la apelación no es un obstáculo para su extradición, según el comunicado del 12 de agosto de la presidenta de la JEP.

El presidente Iván Duque ha dicho que quiere que Mancuso vuelva al país o que sea juzgado en el exterior por sus crímenes. “Más se demora él en pisar suelo italiano, que en yo presentarle a la Corte Penal Internacional directamente una solicitud para que sea procesado por esos crímenes”, sostuvo el presidente Duque en una entrevista con la revista Semana.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia que solo ejerce su jurisdicción cuando las autoridades nacionales no llevan a cabo procesos penales genuinos. La Fiscal de la CPI adelanta actualmente un examen preliminar de larga data sobre Colombia, incluso sobre los procedimientos nacionales por crímenes de lesa humanidad cometidos por grupos paramilitares.

“En lugar de hacer anuncios espectaculares sobre su intención de llevar a Mancuso a la CPI, sería mucho más útil que el presidente Duque priorice este caso y se asegure que su gobierno haga esfuerzos urgentes, oportunos y eficaces para lograr la extradición de Mancuso a Colombia”, sostuvo Vivanco.