Embestida del Secretario General de la OEA contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Click to expand Image

(Washington D.C.) – Los Estados Miembros de la OEA deben condenar categóricamente el rechazo unilateral del secretario general Luis Almagro al candidato que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó como su secretario ejecutivo, señaló hoy Human Rights Watch.

En función de su desempeño, la comisión renovó de manera unánime el mandato de Paulo Abrao, quien ha ejercido como secretario ejecutivo de la CIDH desde agosto de 2016. Su nuevo mandato debía comenzar en agosto de 2020. Sin embargo, el 15 de agosto, fecha en que finalizaba el contrato de Abrao, el secretario general Almagro informó a la CIDH que se abstendría de “avanzar en el proceso de renovación del mandato de su Secretario Ejecutivo”.

“La decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de obstaculizar el nombramiento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de su secretario ejecutivo va contra una práctica de 20 años de la OEA y socava la autonomía de la comisión”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “También atenta contra la credibilidad de la comisión como órgano independiente, y pone en riesgo su función crucial de velar por los derechos fundamentales y las libertades públicas en las Américas sin injerencia política”.

El secretario ejecutivo de la comisión es funcionario de la OEA. Sin embargo, conforme al estatuto de la comisión, el Secretario General de la OEA debe consultar a la comisión al nombrar al secretario ejecutivo. El secretario general solo puede destituir al secretario ejecutivo luego de haber consultado a la comisión e informado a sus miembros los motivos de su decisión.

La comisión reveló que Almagro no la había consultado antes de tomar la decisión de no extender el contrato de Abrao. Almagro justificó su decisión citando un análisis de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA sobre las competencias del Secretario General en el marco del proceso de designación del secretario ejecutivo, así como un informe confidencial de la Oficina de la Ombudsperson sobre “denuncias de carácter funcional” planteadas en 2019 contra la comisión. La ombudsperson no tiene facultades para evaluar casos individuales. No hay claridad de que alguna de las denuncias implique directamente a Abrao.

Por más de 20 años, la CIDH ha seleccionado y nombrado de manera independiente a su secretario ejecutivo y a los relatores especiales. Son elegidos en función de su trayectoria y experiencia, y no son cargos políticos. El único precedente en el cual un secretario general de la OEA intentó interferir en la designación de un secretario ejecutivo, un relator especial y otro alto funcionario de la comisión, en el año 2004, dio marcha atrás ante la contundente reacción de los Estados miembros y de la comunidad de derechos humanos de la región.

El Secretario General de la OEA también está obligado a observar la Carta de la OEA, la cual establece que la comisión es un órgano permanente y autónomo de la OEA que funciona en igualdad de condiciones con la Secretaría General, y no supeditada a su control.

Almagro manifestó que su decisión se basaba en “decenas” de denuncias “de gravedad” de carácter funcional por parte de empleados de la OEA que, según afirmó, la comisión no había remitido a la Oficina del Inspector General de la OEA. Sin embargo, la comisión indicó haber dado seguimiento a estos señalamientos, todos los cuales fueron realizados en 2019, así como a las medidas que fueron adoptadas para abordarlos, incluyendo las recomendaciones de la Oficina de la Ombudsperson de la OEA.

El 27 de agosto, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet dijo que esta situación corre el riesgo de “minar la independencia y la probada eficacia de la CIDH” e instó a la OEA a adoptar medidas inmediatas para terminar con su disputa con la comisión sobre el nombramiento de Abrao.

Con independencia de cuál sea el fundamento de la decisión de Almagro, no haber respetado la elección de la comisión con respecto a su secretario ejecutivo —ni tampoco haberla consultado, como lo exigen las normas— constituye un ataque a la independencia de la CIDH, expresó Human Rights Watch.

“Todo señalamiento grave sobre presuntas conductas indebidas que pudieran afectar a la CIDH debe ser debidamente investigado de manera exhaustiva e imparcial”, destacó Vivanco. “Sin embargo, usar una investigación administrativa supuestamente en curso como pretexto para socavar la autonomía y la credibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una amenaza a una institución que ha hecho enormes aportes para velar por los derechos humanos en temas que van desde la protección de la libertad de expresión hasta la protección de minorías y la lucha contra la impunidad”.