Washington D.C., 2 de septiembre de 2020
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León
Monterrey, N.L. – MÉXICO
Distinguido Señor Gobernador Rodríguez
De nuestra mayor consideración,
Tenemos el honor de dirigirnos a usted en representación de Human Rights Watch y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) para transmitirle nuestra profunda preocupación por la información que hemos recibido acerca de condiciones abusivas en las cárceles estatales de Nuevo León. En los últimosdos meses, tres personas han muerto en circunstancias sospechosas en las cárceles estatales Apodaca 1 y 2. También recibimos denuncias preocupantes de que bandas delictivas que controlarían las cárceles golpean a internos y los obligan a pagar sobornos, así como de personas con síntomas de Covid-19 que son aisladas en condiciones antihigiénicas y degradantes, y a quienes no se les ha brindado tratamiento médico.
Conforme al derecho mexicano y al derecho internacional, las autoridades estatales tienen la obligación de proteger la vida y la integridad personal de todas las personas privadas de la libertad. Las autoridades penitenciarias están legalmente obligadas a proporcionar alimentos, agua, ropa de cama y atención médica adecuados y suficientes de forma gratuita. Las autoridades no pueden negar ninguno de estos servicios ni participar en ningún tipo de trato o pena cruel, inhumano o degradante.
A fin de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Nuevo León, lo instamos a que ordene que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre estas denuncias y las tres muertes que ocurrieron en las últimas semanas, para poder determinar el alcance de estos abusos e identificar y sancionar a los responsables. Para alcanzar tal objetivo, es necesario que su gobierno comparta con la Fiscalía toda la información pertinente. Asimismo, instamos a la Fiscalía General de Justicia del estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León a iniciar investigaciones sobre las condiciones carcelarias y estas graves denuncias.
A su vez, debido a la actual pandemia de Covid-19, es crucial que su gobierno adopte medidas inmediatas para reducir la sobrepoblación y asegurar que los detenidos y el personal de las cárceles de Nuevo León puedan observar las recomendaciones de salud y distanciamiento social. También lo instamos a cerciorarse de que se identifiquen y traten todos los casos potenciales de Covid-19 en las cárceles y se les garantice condiciones de salubridad adecuadas a todas las personas aisladas por posible exposición al virus, incluyendo acceso adecuado a agua, alimentos y atención médica.
Muertes de internos
La muerte de tres personas en circunstancias sospechosas ocurridas con pocas semanas de diferencia en las cárceles 1 y 2 de Apodaca es un dato muy alarmante, que pone en duda que las autoridades penitenciarias de ese estado estén cumpliendo con su obligación de proteger la vida de los detenidos.
El 13 de julio, Estanislao Aguilera Escamilla fue detenido y enviado a la cárcel estatal Apodaca 1. A las 24 horas de su ingreso en el penal, el 14 de julio, las autoridades penitenciarias informaron que Aguilera Escamilla había muerto electrocutado. La versión oficial es que Aguilera Escamilla se electrocutó accidentalmente mientras intentaba cambiar una bombilla de luz con el cuerpo húmedo después de bañarse.
El 24 de julio, se informó la muerte de Modesto Martínez de la Cruz en la cárcel estatal Apodaca 2, tan solo tres días después de haber ingresado en el establecimiento. A partir de una autopsia, las autoridades informaron más tarde que había muerto por neumonía.
El 8 de agosto, Óscar Hugo de León Martínez fue hallado ahorcado en una ducha de la cárcel estatal Apodaca 1.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia del Estado estarían investigando la muerte de Aguilera Escamilla.
Extorsión y abusos
El 23 de mayo, se instalaron nueve “mantas” —carteles en espacios públicos para dar mensajes anónimos—en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey con mensajes presuntamente transmitidos por familias de internos de las cárceles estatales de Nuevo León. Las mantas indicaban que las bandas delictivas que actuaban en cárceles estatales estaban obligando a los detenidos y a sus familiares a pagar sobornos y dinero a cambio de protección, y que cometían abusos y maltratos contra los internos que no podían pagar. Las autoridades penitenciarias respondieron indicando que habían iniciado una investigación a raíz de las denuncias.
En agosto de 2020, Human Rights Watch entrevistó a varios familiares de personas privadas de la libertad y a un exrecluso de las cárceles estatales Apodaca 1 y 2, quienes manifestaron que las bandas delictivas que operan dentro de estas cárceles los obligaron a pagar por protección, además de solicitar sobornos y otros pagos ilegales. También manifestaron que estas bandas castigan a quienes no pagan aislándolos, obligándolos a limpiar las celdas de otros detenidos, negándoles alimentos y a veces golpeándolos. Los entrevistados afirmaron que muchos internos no denuncian estas condiciones a organizaciones de derechos humanos, autoridades públicas o sus familiares por temor a ser castigados.
Brotes de Covid-19
Un representante de varias organizaciones que trabajan con internos en Nuevo León indicó a Human Rights Watch y a CADHAC que, desde mayo de 2020, las organizaciones han recibido llamadas de varias personas privadas de la libertad en las cárceles estatales Apodaca 1 y 2 y de familiares, quienes manifestaron que los internos estaban siendo aislados por síntomas de Covid-19 en condiciones antihigiénicas, sin acceso al agua corriente, artículos de higiene o atención médica.
A su vez, el 7 y el 15 de julio, CADHAC recibió dos denuncias de familiares de personas detenidas en la cárcel estatal de Cadereyta, quienes manifestaron que familiares suyos estaban siendo aislados por síntomas de Covid-19 en condiciones antihigiénicas y sin acceso suficiente a atención médica.
El 8 de julio, el señor Eduardo Guerrero, asesor penitenciario al gobierno estatal, anunció 44 casos confirmados de Covid-19 entre el personal de las cárceles estatales de Nuevo León e indicó que 90 internos habían sido puestos en aislamiento en la cárcel estatal de Cadereyta tras haber estado posiblemente expuestos al virus. Guerrero dijo que las autoridades carcelarias habían hecho pruebas de detección de Covid-19 a 206 trabajadores de los establecimientos y a siete internos.
Al 11 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó sobre 13 casos confirmados y una nueva muerte por Covid-19 en las cárceles de Nuevo León. La CNDH ha denunciado la falta de pruebas de detección de Covid-19 en cárceles de todo el país.
Estamos profundamente preocupados por los crecientes brotes de Covid-19 en las cárceles de Nuevo León, especialmente por las condiciones antihigiénicas y de hacinamiento en las que se ven obligados a vivir los internos en estos centros penitenciarios.
Las denuncias sobre las condiciones en las cárceles estatales de Nuevo León y las muertes ocurridas recientemente son sumamente alarmantes. En su calidad de gobernador del estado, le corresponde la obligación jurídica de proteger la seguridad y el bienestar de todas las personas de Nuevo León, incluyendo el personal penitenciario en las cárceles del estado y los reclusos allí detenidos. Lo instamos respetuosamente a adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para evitar que la situación se agudice irreparablemente.
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
Hermana Consuelo Morales
CADHAC
