Carta a expresidentes sobre la detención domiciliaria del expresidente de Colombia Álvaro Uribe

El 21 de agosto de 2020, José Miguel Vivanco envió la siguiente carta a los veintiún expresidentes de América Latina y España que firmaron el comunicado del 10 de agosto de 2020 de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) criticando la detención preventiva del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Los expresidentes son: Óscar Arias, José María Aznar, Nicolás Ardito Barletta, Enrique Bolaños, Felipe Calderón, Rafael Ángel Calderón, Alfredo Cristiani, Vicente Fox, Lucio E. Gutiérrez, Osvaldo Hurtado, Luis Alberto Lacalle, Mauricio Macri, Jamil Mahuad W., Ricardo Martinelli, Mireya Moscoso, Gustavo Noboa Bejarano, Andrés Pastrana, Ernesto Pérez Balladares, Jorge Tuto Quiroga, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Carlos Wasmosy.

La carta no ha sido actualizada desde el 21 de agosto de 2020.

De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a S.E., con el mayor respeto, para manifestar mi sorpresa y preocupación con motivo del reciente comunicado de IDEA subscrito por S.E., criticando la detención preventiva del expresidente de Colombia, Dr. Álvaro Uribe Vélez[1]. Dicho comunicado contiene numerosos errores fácticos y jurídicos que incentivan una campaña en contra de la independencia del poder judicial en Colombia.

En primer lugar, el comunicado señala que el expresidente Uribe fue detenido “a propósito de una controversia política con otro Senador de Colombia, que ha sido judicializada”. Lo anterior es inexacto. El expresidente Uribe fue detenido con motivo de una investigación judicial por los delitos de “soborno a testigo” y “fraude procesal” en el marco de una presunta manipulación de testigos[2]. No se trata de una controversia política.

Es importante subrayar que el caso comenzó luego de que el propio expresidente Uribe denunciara al senador Iván Cepeda, acusándolo de haber recibido y difundido testimonios “fraudulentos” para implicarlo a él y a su hermano (Santiago Uribe) en atrocidades perpetradas por grupos paramilitares en la década de 1990[3]. Luego de seis años de investigación, en 2018, la Corte Suprema rechazó por infundadas las acusaciones del Dr. Uribe en contra del senador Cepeda; en cambio, inició una investigación para determinar si el Dr. Uribe había manipulado a testigos para que dijeran que el senador Cepeda les había ofrecido beneficios con el fin de implicar al expresidente[4].

En segundo lugar, el comunicado que S.E. subscribe señala que exmiembros de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la actualidad un partido político, “celebran como logro” la prisión domiciliaria del expresidente Uribe. Es cierto que exmiembros de las FARC celebraron la decisión judicial[5]. Del mismo modo, también ha expresado su apoyo a la decisión judicial gran parte de la sociedad colombiana, proveniente de diversos sectores políticos[6]. Toda decisión judicial cuenta con partidarios y detractores. Sin embargo, los méritos de una resolución judicial no se determinan en base a quiénes la apoyan o critican, sino por los aciertos fácticos y jurídicos de la decisión misma. El rol de las cortes es decidir sobre la base de las pruebas y el derecho. El comunicado que S.E. subscribe se centra de manera vaga e infundada en una supuesta ideologización de la justicia, al parecer sin siquiera haber revisado el análisis jurídico que la corte hizo del caso. Por su parte, el expresidente Uribe cuenta con valiosos recursos judiciales frente a esta decisión, pero hasta ahora ha decidido no interponerlos, dando la impresión de que cree tener más posibilidades de lograr sus objetivos a través de la presión política y la intimidación que defendiéndose por las vías procesales que corresponden[7].

En tercer lugar, el comunicado compara la resolución judicial que afecta al expresidente Uribe con la decisión de la Corte Suprema de ordenar la libertad de “Jesús Santrich” —ex comandante de las FARC solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico, quien ha conformado un nuevo grupo armado. Comparto plenamente la preocupación de S.E. por el rol de Jesús Santrich en graves crímenes y espero que las autoridades colombianas prontamente lo capturen y lo sometan a la justicia. 

Sin embargo, la comparación del caso Santrich con el caso del Dr. Uribe no tiene mayores fundamentos. Santrich fue liberado porque había sido investigado y arrestado por una entidad sin competencia jurídica[8]. En cambio, el expresidente Uribe está siendo investigado por la entidad competente de acuerdo a sus fueros como senador (es decir, la Corte Suprema de Justicia), y la decisión de enviarlo a prisión domiciliaria se fundamenta en evidencias de que podría interferir en el proceso judicial actualmente en curso —una valoración que el expresidente no ha cuestionado a través de las vías jurídicas disponibles en la legislación vigente[9]. Por cierto, otra de las deficiencias en el comunicado que S.E. suscribe es que da la falsa impresión de que ambas decisiones fueron tomadas por la misma entidad, cuando en realidad son dos salas independientes con conformaciones totalmente distintas.[10]

En cuarto lugar, el comunicado que S.E. subscribe cita al presidente Iván Duque, quien sostuvo que: “Una persona que ha tenido el honor de presidir este país debe poder defenderse en libertad”. No obstante, de acuerdo con la normativa colombiana actualmente en vigencia, los expresidentes no gozan de tal prerrogativa o inmunidad. De conformidad con la ley, cualquier expresidente, así como cualquier ciudadano, puede ser detenido preventivamente cuando ello sea necesario para asegurar su comparecencia en un proceso penal o para preservar la prueba[11]. Como S.E. sabe, el principio de igualdad ante la ley constituye una piedra angular del estado de derecho en una sociedad democrática.

Finalmente, el comunicado que S.E. subscribe no ayuda a fortalecer el estado de derecho en Colombia. Por el contrario, fomenta los actuales ataques del expresidente Uribe y su partido político a la independencia judicial en el país. Desde que se dio a conocer la decisión de la Corte Suprema, el expresidente y congresistas afines han revivido una propuesta de reforma constitucional para modificar el funcionamiento de las Altas Cortes[12]. Específicamente, los congresistas afines al gobierno proponen unificar todas las altas cortes en un único tribunal, una medida que podría generar enormes riesgos para la independencia judicial. Se trata de un intento descarado por intimidar a la Corte Suprema mediante una maniobra que desafortunadamente ha sido empleada en el pasado por algunos gobiernos de la región.

Con arreglo a estándares internacionales de derechos humanos, Colombia debe proteger la independencia e imparcialidad del sistema judicial. Asimismo, los jueces deben estar libres de cualquier presión, amenaza o interferencia, directas o indirectas, y deben tener garantías de estabilidad en su cargo de manera que no teman ser removidos por el contenido de sus decisiones.

En años recientes, la polarización política ha generado un ambiente en el cual la manipulación de información y las campañas de desinformación han sido utilizadas para dañar el estado de derecho y sus instituciones. Espero que S.E. pueda tomar en cuenta las consideraciones de esta carta a fin reevaluar su adhesión al comunicado de IDEA.

Aprovecho la ocasión para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

[1] Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), “Declaración de solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe”, 10 de agosto de 2020.