El riesgo que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos en México acaba de aumentar exponencialmente.
El 21 de octubre, el Congreso de México eliminó el fondo independiente que financiaba el programa que protege a periodistas y defensores de derechos humanos que han sido amenazados.
El financiamiento del programa provenía de uno de los 109 fideicomisos públicos eliminados por el gobierno hace un par de semanas. Los fideicomisos son entidades independientes cuyo objetivo es asegurar que la distribución de recursos públicos para determinadas causas, como la asistencia en caso de desastres o la investigación científica, sea de carácter flexible y apolítico.
El fideicomiso había permitido al programa, llamado Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, decidir de manera ágil e independiente cómo y cuándo implementar medidas de protección como asignación de escoltas, dispositivos de pánico, autos blindados y asistencia para la reubicación. Estas medidas han ayudado a proteger a más de mil 300 personas que se encontraban bajo amenaza.
A inicios de este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido tiene mayoría en el Congreso, explicó que los fondos serían eliminados porque “eran fideicomisos totalmente autónomos, sin control”. Pero este debe ser, precisamente, el atributo central de estas instituciones.
Ahora el programa depende de la Secretaría de Gobernación para financiar las medidas de protección. No está claro si la secretaría recibirá fondos adicionales para afrontar estos costos.
Las autoridades del mecanismo advirtieron a inicios de este mes que eliminar su independencia financiera dificultaría la implementación de medidas de protección y pondría en riesgo a periodistas y defensores de derechos humanos.
Esta medida sería preocupante en cualquier contexto, pero es sumamente grave en el caso de México, uno de los países más peligrosos para periodistas y defensores de derechos humanos en todo el mundo. Diez periodistas han sido asesinados por su trabajo en lo que va del 2020, mientras que 20 defensores de derechos humanos fueron asesinados por su trabajo en 2019. Frente a esta violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura.
El mecanismo dista de ser perfecto. Desde su creación en 2012, seis periodistas han sido asesinados pese a contar con medidas de protección; cuatro de ellos durante la presidencia de López Obrador. Pero recortar su financiamiento podría poner la vida de muchos otros en peligro.
México tiene la obligación jurídica internacional de proteger la libertad de expresión, incluyendo al garantizar que periodistas y defensores de derechos humanos puedan trabajar sin temor a represalias. En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al gobierno mexicano a asegurar que el mecanismo tuviera recursos humanos y económicos suficientes.
En lugar de eso, el Presidente López Obrador ha llevado el mecanismo a una situación económica aún más precaria, agudizando los riesgos que enfrentan periodistas y defensores de derechos en México. A fin de prevenir muertes que podrían ser evitadas, el Presidente debe comprometerse a que, incluso bajo el control financiero de la Secretaría de Gobernación, el mecanismo reciba fondos suficientes y cuente con la independencia necesaria para mantener a salvo a periodistas y defensores.
