Estados Unidos debería aspirar a ser un líder mundial en el ámbito de los derechos humanos. Por ello, Human Rights Watch presenta 12 prioridades para que el próximo gobierno estadounidense establezca una política exterior centrada en los derechos.
EE.UU. tiene el poder, la influencia y los recursos para provocar un cambio positivo en la esfera de los derechos humanos más allá de sus fronteras. La defensa global de los derechos humanos es más fuerte cuando EE.UU. se une a otros actores para promoverlos y protegerlos. Aunque los legisladores estadounidenses a menudo defienden los derechos humanos y los valores humanitarios, el país ha sido inconsistente en su defensa en el extranjero y ha sido cómplice o ha cometido graves abusos en sus políticas y compromisos exteriores. El gobierno de EE.UU. con frecuencia ha invocado los derechos humanos de forma selectiva o para lograr un objetivo diplomático a corto plazo. En cambio, el presidente debería comprometerse no solo con palabras sino también con hechos con una política exterior que priorice constantemente la promoción y la protección de los derechos humanos, no solo como medios para alcanzar un fin.
Mientras EE.UU. lidia con el racismo sistémico y otras violaciones de derechos humanos en el país, es particularmente importante que el presidente se asegure de que la política exterior estadounidense ayude a eliminar y no contribuya a la discriminación en todo el mundo, y fortalezca la igualdad en la ley y la práctica.
El presidente electo Joe Biden podría comenzar por declarar claramente en un discurso público su compromiso con una política exterior de derechos humanos. Cuando su gobierno asuma el cargo en enero de 2021, debería tomar medidas inmediatas para cumplir con los siguientes compromisos, que colocarían a Estados Unidos en el camino correcto para hacer de los derechos humanos una prioridad de política exterior.
Abordar los derechos humanos en el país para proyectarlos en el extranjero
Respaldar a gobiernos que respetan los derechos humanos, no a los que los violan
Demostrar liderazgo climático global
Tomar una posición fuerte en la mesa internacional para impulsar reformas
Respaldar a las personas defensoras de los derechos humanos
Promover y proteger los derechos sexuales y productivos
Proveer protección a solicitantes de asilo y refugiados
Asegurar que cualquier uso de la fuerza sea legal y minimice los daños a civiles
No vender ni transferir armas a gobiernos abusivos
Apoyar la justicia para las víctimas de graves delitos
Dar prioridad a una diplomacia de derechos humanos
Contribuir a la lucha global contra la pobreza y la desigualdad
Abordar los derechos humanos en el país para proyectarlos en el extranjero
Un principio clave de la política exterior de EE.UU. debería ser acoger los derechos humanos a nivel nacional. Muchas personas en el país han demostrado mediante protestas y acciones cívicas su deseo de libertad, equidad y justicia.
La credibilidad de EE.UU. en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo a menudo se ha visto socavada por el menosprecio de los derechos en Estados Unidos. El maltrato a los detenidos en la Bahía de Guantánamo, la ausencia de un sistema que brinde una atención médica asequible y las fuertes restricciones al derecho a pedir asilo a la vez que separa por la fuerza a niños de sus familias en la frontera han llevado a otros países a desestimar las críticas de EE.UU. como hipócritas o interesadas, y han inspirado a regímenes abusivos.
El hecho de que EE.UU. pase por alto su propio historial de discriminación sistémica, encarcelamiento masivo, abuso policial indisputado y falta de rendición de cuentas por la tortura, ha impedido que sus funcionarios denuncien abusos similares por parte de autoridades de otros países.
Las recomendaciones específicas de Human Rights Watch para el próximo gobierno estadounidense para el respeto e implementación de los derechos humanos en el interior del país se detallan aquí.
Respaldar a gobiernos que respetan los derechos humanos, no a los que los violan
El gobierno de EE.UU. tiene la capacidad de fomentar la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo. El presidente debería ser explícito en que el país apoyará a los gobiernos que promuevan los derechos humanos y no recompensará a los que los violen. A medida que la pandemia de Covid-19 continúa poniendo a prueba a los gobiernos y su capacidad de respuesta, el presidente debería oponerse públicamente a la acumulación de poder por parte de gobiernos que usan medidas de emergencia bajo el pretexto de combatir la crisis. Debería dejar claro que el respeto por los derechos humanos es totalmente compatible con la salud y la seguridad públicas.
La influencia de EE.UU. en Estados extranjeros podría traducirse en algo tan simple como una invitación a la Casa Blanca y una foto con el presidente para toda la gama de asistencia de seguridad y respaldo diplomático de EE.UU. La próxima administración debería garantizar que todas las relaciones internacionales del país sean coherentes con la promoción y protección de los derechos humanos. Las reuniones con los líderes mundiales deberían abordar los problemas de derechos humanos tanto en público como en privado. A los responsables de violaciones de derechos humanos no se les debería dar un trato de “alfombra roja”. Y a la hora de decidir si un país debiera beneficiarse de la ayuda militar, la venta de armas y otro tipo de asistencia de seguridad, el historial de derechos humanos del gobierno debería ser un factor clave de la evaluación.
El próximo gobierno debería hacer uso de sanciones selectivas contra funcionarios extranjeros y otras personas involucradas en graves abusos contra los derechos humanos, incluso mediante el enérgico y amplio uso de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos. EE.UU. debería oponerse a permitir que los gobiernos abusivos organicen eventos multilaterales como el G20 que mejorarían su posición internacional, y debería responder a tales decisiones de una manera que publicite ampliamente las preocupaciones sobre cuestiones de derechos humanos.
Demostrar liderazgo climático global
El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo con innumerables repercusiones para los derechos sociales y económicos debido al aumento de los conflictos, la migración forzada y el flujo de refugiados. Las respuestas del gobierno afectarán los derechos a la vida, la salud y la alimentación. Como el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, EE.UU. debería desempeñar un papel de liderazgo en la promoción de los esfuerzos mundiales para mitigar el cambio climático y ayudar a las personas a adaptarse a los efectos del cambio climático. El próximo gobierno debería volver a ratificar el Acuerdo de París. También debería adoptar o tratar de promulgar medidas ambiciosas para avanzar en los objetivos del acuerdo reduciendo drástica y rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero a través de una transición hacia una energía más limpia.
Tomar una posición fuerte en la mesa internacional para impulsar reformas
El presidente debería volver a comprometerse con el multilateralismo y poner los derechos humanos en el primer plano de las relaciones internacionales de la administración. EE.UU. debería volver a participar plenamente en la labor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y restablecer la financiación del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Debería también detener su retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y unirse a los aliados para apoyar iniciativas de salud global que no incluyan políticas ni agendas perjudiciales contra los derechos reproductivos. Mientras el mundo se enfrenta a la pandemia de Covid-19, el presidente debería asegurarse de que la investigación financiada por EE.UU. se comparta con otras naciones y orientar a EE.UU. hacia planes globales de adquisición de vacunas que sean asequibles para todos.
El presidente debería alentar al Senado a ratificar los tratados internacionales fundamentales de derechos humanos, incluido el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño.
El presidente debería poner fin al uso estadounidense de minas terrestres antipersonales y municiones en racimo y unirse a los tratados internacionales de prohibición relevantes. Para abordar las preocupaciones fundamentales planteadas por la eliminación del control humano del uso de la fuerza, el presidente debería trabajar con otros países para prohibir las armas totalmente autónomas, también conocidas como “robots asesinos”.
Respaldar a las personas defensoras de los derechos humanos
El apoyo de EE.UU. a las personas defensoras de los derechos humanos y otras personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos ha sido fundamental para reducir los abusos y promover reformas positivas en todo el mundo. Las recientes alianzas estadounidenses con gobiernos abusivos y el silencio sobre cuestiones de derechos humanos han reducido la capacidad del país para ayudar a quienes defienden la libertad y la justicia en el extranjero.
El presidente debe declarar públicamente que EE.UU. apoyará a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo para permitirles realizar un trabajo de derechos humanos y hablar sin temor a represalias; formar organizaciones no gubernamentales; reunirse pacíficamente; y buscar, obtener y recibir información. EE.UU. debería procurar la liberación de los presos políticos y exigir la rendición de cuentas por cualquier maltrato.
Promover y proteger los derechos sexuales y productivos
El presidente debería dejar en claro que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y una prioridad clave mediante la emisión inmediata de una orden ejecutiva para revocar la Política de Protección de la Vida en la Salud Global (también conocida como la “Regla mordaza global” o la “Política de la Ciudad de México”), incluida la revocación de expansiones de la política. La orden ejecutiva también debería aclarar la asistencia federal permitida a nivel nacional y mundial bajo la ley actual para garantizar el acceso a una atención integral de salud reproductiva, incluido el aborto, en la máxima medida permitida.
La protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos debe ser una prioridad no solo con respecto a la política estadounidense, sino que también debe ser fomentada por EE.UU. en todo el mundo y en foros multilaterales. El Departamento de Estado debería evaluar la realización de estos derechos a nivel mundial en sus informes anuales sobre derechos humanos por país. El presidente debería rechazar el informe de la Comisión de Derechos Inalienables, que buscaba crear una jerarquía de derechos incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones legales internacionales de EE.UU.
Proveer protección a solicitantes de asilo y refugiados
En los últimos años, el gobierno de EE.UU. ha adoptado un enfoque regresivo hacia los derechos humanos de las personas que huyen de la persecución y otros abusos en el extranjero. Prácticamente ha cerrado sus fronteras terrestres a los solicitantes de asilo, ha desmantelado los procedimientos de asilo y ha reducido drásticamente el número de refugiados que reasienta. Ha presionado a gobiernos extranjeros para que participen en programas abusivos que han devuelto a personas a situaciones donde sufren daños.
El próximo gobierno debería afirmar su compromiso con los refugiados asegurándose de que sus políticas de inmigración y fronteras protejan los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo. EE.UU. debería reconocer que su enfoque para proteger a los refugiados afecta las políticas de otros países y debería asumir el liderazgo en el generoso reasentamiento de refugiados. El reasentamiento de refugiados es un instrumento para compartir la responsabilidad y la solidaridad internacional para apoyar a los países en primera línea de conflicto que acogen a la abrumadora mayoría de los refugiados del mundo.
Los esfuerzos de EE.UU. para proteger a los solicitantes de asilo deben abordar los problemas sistémicos subyacentes que hacen que las personas huyan de sus países, incluso a través de iniciativas de asistencia exterior diseñadas para mejorar el debido proceso, la rendición de cuentas y el desarrollo económico equitativo; abordar la corrupción, la violencia, la discriminación y la degradación ambiental; y fortalecer el Estado de derecho. El gobierno de EE.UU. debería poner fin a la presión política y la financiación estadounidense de medidas abusivas de aplicación de la ley de inmigración más allá de sus fronteras, con el propósito o el efecto de infringir el derecho a salir del propio país de uno, el derecho a buscar asilo por persecución en otros países o que viola los derechos humanos de cualquiera otra manera.
Asegurar que cualquier uso de la fuerza sea legal y minimice los daños a civiles
EE.UU. está involucrado en conflictos armados en todo el mundo, tanto de manera abierta como encubierta. En estos conflictos, todas las fuerzas y el personal de EE.UU. tienen la obligación legal de cumplir con el derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra).
El presidente debería revisar las políticas estadounidenses sobre el uso de la fuerza y las agencias involucradas para asegurar el cumplimiento de la ley internacional. Las acciones encubiertas y clandestinas son intrínsecamente opacas, por lo que no rinden cuentas al público ni a las víctimas. La próxima administración debería garantizar que todo uso de la fuerza por parte del país cumpla con todas las normas aplicables de derechos humanos y derecho humanitario.
Cuando las leyes de la guerra no se aplican, como fuera de un conflicto armado reconocido, el personal estadounidense debería adherirse estrictamente al derecho internacional de los derechos humanos, que prioriza el derecho a la vida y permite el uso de la fuerza letal solo ante una amenaza inminente a la vida. El personal estadounidense no debería asociarse con fuerzas extranjeras que incumplen reiteradamente el derecho internacional.
El próximo gobierno debería garantizar que la próxima política del Departamento de Defensa para proteger a los civiles sea integral, priorice la transparencia y tome en cuenta los riesgos de protección en los nuevos tipos de guerra. Las acusaciones de daños a civiles como resultado de las acciones de EE.UU. en el exterior deben ser investigadas sin demora y de manera imparcial, con aportes de la sociedad civil, que conduzcan a una rendición de cuentas adecuada y lecciones aprendidas, así como reparaciones para las víctimas y sus familias.
No vender ni transferir armas a gobiernos abusivos
El gobierno de EE.UU. actualmente autoriza a las empresas estadounidenses a vender armas, tecnología y material bélico a países que abusan de los derechos en todo el mundo. A veces, esas armas se utilizan para cometer crímenes de guerra previsibles sin ningún tipo de rendición de cuentas; en otras ocasiones, entran en el arsenal de un Estado para su uso posterior contra los propios ciudadanos del país. Con las ventas de armas en EE.UU. viene el sello de credibilidad y respaldo de EE.UU.
El presidente debería comprometerse a establecer nuevos estándares de derechos humanos para la venta y transferencia de armas, tecnología y material bélico estadounidense. El gobierno debería emprender de inmediato una revisión interinstitucional sobre la venta y transferencia de armas, incluso a fuerzas del orden extranjeras, con el objetivo de adoptar y mejorar políticas que hagan hincapié en el respeto por los derechos humanos.
Una nueva Política de Transferencia de Armas Convencionales debería elevar los derechos humanos, estableciendo altos estándares para la transferencia. Un proceso de investigación sólido debería garantizar que solo los gobiernos comprometidos con el cumplimiento del derecho internacional humanitario y de derechos humanos puedan recibir apoyo militar de EE.UU. El Departamento de Estado debería liderar consultando con organizaciones independientes que trabajan directamente en los países afectados para proporcionar una perspectiva básica sobre los conflictos y las operaciones asociadas. EE.UU. debería declarar una moratoria sobre las ventas y transferencias de armas, incluso a las fuerzas del orden extranjeras, hasta que estos procesos estén en marcha.
El presidente debería trabajar con el Congreso para fortalecer y expandir la aplicación de las Leyes Leahy, que prohíben el apoyo militar de EE.UU. a unidades militares extranjeras que cometen violaciones graves de derechos humanos, y reformar la Ley de Control de Exportación de Armas para reforzar las consideraciones de derechos humanos y garantizar notificaciones sobre las transferencias de armas al Congreso para que el poder legislativo pueda desempeñar su mandato de supervisión.
Apoyar la justicia para las víctimas de graves delitos
Garantizar la rendición de cuentas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y otros crímenes graves en violación del derecho internacional es un elemento esencial para fomentar el respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho en todo el mundo. El presidente debería señalar que EE.UU. se compromete con la justicia por los crímenes internacionales graves, sin importar dónde ni quién los cometa. Como primer paso para defender la justicia, el próximo gobierno debería buscar la rendición de cuentas por los abusos de derechos humanos cometidos en el pasado por parte de EE.UU. a nivel mundial y comprometerse a prevenir abusos futuros.
El presidente debería garantizar el apoyo de EE.UU. al mandato esencial de la Corte Penal Internacional (CPI) como tribunal de última instancia, dedicado, mediante juicios justos, a buscar justicia para las víctimas que carecen de otra vía. Debería rescindir inmediatamente la orden ejecutiva que autoriza sanciones destinadas a socavar el trabajo de la CPI. EE.UU. debería unirse al Estatuto de Roma de la CPI, junto con sus 123 países miembros en su compromiso de buscar justicia para los crímenes internacionales más graves.
Incluso sin ser miembro, EE.UU. podría brindar asistencia en los casos de la CPI, incluida la cooperación en el arresto de fugitivos y la presentación de pruebas. El próximo gobierno también debería brindar su apoyo a otras iniciativas de justicia nacionales e internacionales, a mecanismos de investigación internacionales, y a casos de crímenes atroces en los tribunales de EE.UU. bajo sus leyes de jurisdicción universal.
El presidente estará en el cargo durante el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Nadie ha sido responsabilizado penalmente por esos ataques debido a años de errores cometidos por sucesivas administraciones estadounidenses, que han detenido a sospechosos sin el debido proceso en la Bahía de Guantánamo, han torturado a presuntos infractores y han tratado de procesarlos en comisiones militares fundamentalmente defectuosas. El presidente debería asegurarse de que los responsables de los ataques del 11 de septiembre sean procesados adecuadamente en los tribunales federales ordinarios y cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, donde permanecen todavía 40 hombres.
En las últimas dos décadas, EE.UU. no ha reconocido adecuadamente su involucramiento en la tortura, las entregas ilegales ni otros delitos graves cometidos por funcionarios estadounidenses, incluso al más alto nivel, en el marco de la “guerra global contra el terrorismo”. El presidente debería comprometerse con un verdadero reconocimiento de la tortura estadounidense, asegurar la rendición de cuentas de todos los responsables y comprometerse a no recompensar ni promover a nadie responsable de diseñar apoyar o implementar estas políticas. El informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre el programa de tortura de la CIA debería ser desclasificado de inmediato.
Dar prioridad a una diplomacia de derechos humanos
Todas las iniciativas de ayuda exterior de EE.UU. deberían tener en cuenta los imperativos y las implicaciones de derechos humanos. Las estrategias para las relaciones económicas, tecnológicas y comerciales también deberían reflejar consideraciones de derechos humanos.
Las relaciones de EE.UU. con gobiernos extranjeros tienen el potencial de disuadir los abusos de derechos humanos. Y un fuerte mensaje diplomático público y privado cuando ocurren abusos puede presionar a los Estados a pararlos, asegurar la rendición de cuentas de los responsables, garantizar la justicia para las víctimas y adoptar las reformas necesarias para erradicar los abusos sistémicos.
El próximo gobierno debería enviar un mensaje claro a su cuerpo diplomático de que los derechos humanos serán fundamentales en su trabajo diario. Los jefes de misión deberían recibir formación en derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Deberían recibir informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos en sus países de acogida, incluso proveniente de distintos grupos de la sociedad civil local, en particular aquellos que representen a las poblaciones marginadas.
Las negociaciones de paz, las misiones de mantenimiento de la paz y las conversaciones sobre tratados deberían incluir los derechos humanos como un componente permanente. También deberían promover los compromisos de EE.UU. en virtud de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y las resoluciones posteriores sobre mujeres, paz y seguridad, así como la Ley de Mujeres, Paz y Seguridad de EE.UU. de 2017.
Contribuir a la lucha global contra la pobreza y la desigualdad
La pobreza, las precarias circunstancias financieras y la desigualdad han aumentado a nivel mundial debido a la pandemia de Covid-19. La pandemia ha tenido impactos económicos desproporcionados en muchos grupos que ya están social y económicamente marginados, incluidas mujeres, niños, personas con discapacidades, migrantes, trabajadores del sector informal y personas que viven en asentamientos informales. La crisis representa una amenaza a sus derechos humanos a la alimentación, la atención médica, la vivienda, educación y un nivel de vida adecuado. El Banco Mundial estima que el Covid-19 arrastrará a 150 millones de personas más a la pobreza extrema en 2021, lo que contribuirá a “una mayor desigualdad de ingresos, menos movilidad social entre los grupos vulnerables y menos resiliencia frente a futuras conmociones”.
Encontrar una solución al coronavirus es tanto un problema de lucha contra la pobreza como de salvar vidas y cuidar la salud. Supone un desafío transnacional en el que los países dependen unos de otros para su recuperación. El presidente debería asegurarse de que EE.UU. coopere y colabore con la OMS y otros países para que cualquier vacuna contra el Covid-19 desarrollada en EE.UU. esté disponible y sea asequible para todos en todo el mundo. Asimismo, debería tomar las medidas necesarias para garantizar que las empresas que produzcan y vendan vacunas lo hagan de forma transparente y asequible.
EE.UU. debería realizar esfuerzos concertados para contrarrestar los riesgos de alienar de la economía a una generación de mujeres y niñas, y debería abordar los factores que inhiben la participación plena de mujeres y niñas en la economía. Estos factores incluyen un aumento de la violencia de género, el desempeño de cuidados no remunerados y mayores riesgos de que las adolescentes no regresen a la escuela secundaria.
Para poner fin a la creciente vulnerabilidad económica y promover el crecimiento inclusivo durante y después de la pandemia de Covid-19, EE.UU. debería extender su apoyo a los países con escasos recursos, a los programas de protección social y a prevenir las medidas de austeridad. Las iniciativas y proyectos de desarrollo deberían estar imbuidos de respeto por los derechos humanos en consulta con aquellos directamente afectados por el financiamiento.
