(Washington D.C.) – La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representaría un grave retroceso para los derechos humanos en México, denunció hoy Human Rights Watch.
El 7 de enero de 2021, el Presidente López Obrador anunció una propuesta para eliminar varios organismos gubernamentales autónomos incluyendo el INAI, el órgano independiente encargado de garantizar la protección de los datos personales y el acceso a la información pública en México. El INAI les ha permitido a los mexicanos proteger su derecho a la privacidad y a los periodistas y defensores de derechos humanos obtener la información necesaria para documentar y exponer violaciones de derechos humanos y escándalos de corrupción.
“El INAI ha sido fundamental para la protección de la privacidad y para que el público tenga acceso a información sobre corrupción gubernamental y violaciones de derechos humanos”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Eliminar este organismo independiente y transferir sus funciones a entidades que responden al poder ejecutivo o al Congreso es una fórmula perfecta para el secretismo y el abuso”.
El INAI tiene la facultad de exigir que los organismos públicos, incluyendo el gobierno, los partidos políticos y los sindicatos del sector público, respondan a solicitudes de información. También puede requerir que cualquier entidad pública o privada que maneje datos personales permita que las personas consulten, cambien o eliminen datos sobre sí mismas. Para implementar sus resoluciones, el INAI aplica multas a quienes las incumplen.
Previo a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, que posteriormente se convirtió en el INAI) en 2002 y su reforma en 2013 —que otorgó autonomía al instituto e hizo sus resoluciones vinculantes—, el secretismo oficial era la norma en México. Representaba un gran obstáculo para la defensa de los derechos humanos e impedía que los ciudadanos supieran qué información tenía el gobierno acerca de ellos o que tuvieran alguna posibilidad de opinar al respecto. Periodistas, activistas y ciudadanos no contaban con recurso alguno cuando el gobierno les negaba acceso a la información pública necesaria para develar prácticas abusivas o a información personal acerca de sí mismos en los registros gubernamentales.
Una resolución del INAI de 2015 obligó, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República a publicar los expedientes de su investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014. Esa publicaciónreveló importantes irregularidades en la investigación de la Procuraduría, entre ellas que los principales sospechosos habían sido torturados. Cientos de solicitudes de información formuladas a través del INAI permitieron que activistas determinaran la ubicación de más de 2 mil fosas clandestinas en todo México. También fueron clave para que periodistas pusieran al descubierto tramas de corrupción que permitieron el desvío de cientos de millones de dólares destinados a servicios públicos como acceso a la salud y educación. Y han permitido que cientos de miles de personas visualicen y transfieran sus expedientes médicos, así como que consulten y rectifiquen registros públicos sobre sí mismas que pueden afectar su elegibilidad para servicios públicos. Antes de una resolución emitida por el IFAI en 2003, los expedientes médicos en hospitales públicos eran considerados propiedad gubernamental.
Bajo el sistema de transparencia que prevalece en México, quienes formulan solicitudes de información pueden apelar ante el INAI cuando el gobierno se niega a responder a una solicitud o brinda información incompleta. En 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, más de 500 pedidos de información presentados ante la Oficina de la Presidenciaterminaron en este tipo de apelaciones, llamados recursos de revisión; la cifra más alta desde 2003. En su informe anual de 2019, el INAI informó que el gobierno de López Obrador estaba interponiendo recursos de amparo contra el organismo, disputando órdenes que lo obligaban a dar a conocer información pública.
El Presidente López Obrador ha sugerido que la función del INAI podría ser suplida por organismos de auditoría gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública, que depende directamente del presidente, o la Auditoría Superior de la Federación, que responde al Congreso.
Estas instituciones dependen de las mismas autoridades a las que deberían hacer rendir cuentas, lo que significa que no funcionarían como un contralor independiente del secretismo gubernamental, señaló Human Rights Watch.
El gobierno mexicano tiene la obligación jurídica internacional de garantizar que toda persona pueda acceder a información oficial de manera oportuna y con pocas restricciones, así como de asegurar que toda persona pueda establecer qué datos personales sobre sí misma están siendo procesados y almacenados y por qué, y que pueda solicitar la consulta, rectificación o eliminación de dicha información, ya esté en manos del gobierno o de empresas privadas. El gobierno también está obligado a asegurar que exista un organismo independiente con la facultad de promover acciones legales contra el gobierno o cualquier autoridad que viole las leyes sobre protección de datos personales. Y debe garantizar que toda persona a la que el gobierno niegue el acceso a información pública tenga la oportunidad de apelar esa decisión ante un órgano independiente con la facultad de investigar y resolver quejas, como lo es el INAI.
“Es fundamental que los mexicanos puedan recurrir a un organismo de vigilancia independiente cuando el gobierno, los partidos políticos, los sindicatos o las empresas privadas les nieguen el acceso a sus datos personales o el derecho a decidir sobre su uso”, expresó Vivanco. “Eliminar el INAI representaría un enorme retroceso para el derecho a la privacidad en México”.
