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Decenas de muertos en amotinamientos carcelarios en Ecuador

Las autoridades deben investigar los ataques y sancionar a los responsables

Gases lacrimógenos se elevan desde la cárcel del Turi, en Cuenca, Ecuador, donde estalló un motín de reclusos el 23 de febrero de 2021.  © 2021 AP Photo/Marcelo Suquilanda

Los motines que tuvieron lugar el 23 de febrero en cuatro grandes cárceles de Ecuador, han dejado un saldo de, al menos, 79 detenidos muertos. Los centros penitenciarios, ubicados en Guayaquil, Cuenca y Latacunga, albergan al 70 % de la población carcelaria de Ecuador. Estos hechos violentos constituyen una señal alarmante de la incapacidad de las autoridades de controlar las cárceles y proteger la vida y la seguridad de la población penitenciaria.

El gobierno describió los motines como la “acción concertada de organizaciones criminales”. Las autoridades penitenciarias afirmaron que los motines parecen ser consecuencia de una violenta disputa de poder que se desató entre grupos delictivos después del asesinato del líder de uno de estos grupos en diciembre.

Se enviaron militares y fuerzas especiales de la policía nacional para controlar los motines. No se informó que ningún agente de seguridad haya perdido la vida o sufrido lesiones. Los internos tenían cuchillos, armas de fuego y motosierras, según medios de comunicación y autoridades carcelarias. En videos del motín pueden verse imágenes de cadáveres mutilados.

El hacinamiento, la deficiente seguridad, la violencia, la atención médica inadecuada, entre otros, son problemas que aquejan desde hace mucho tiempo a las cárceles en Ecuador. El brote del Covid-19 exacerbó los riesgos para la salud y el virus se propagó entre internos detenidos en pabellones hacinados.

Ante la escasa cantidad de guardias carcelarios y el entrenamiento deficiente que reciben, a las organizaciones delictivas les resulta sencillo controlar las cárceles. Según las autoridades penitenciarias, la cantidad de agentes es baja en relación con la población carcelaria del país.

En el último año, en Ecuador se han producido otros motines y ejecuciones. En respuesta a esta situación, el presidente Lenín Moreno declaró dos estados de excepción, en mayo de 2019 y en agosto de 2020, en todos los centros carcelarios del país.

Las autoridades ecuatorianas tienen un deber de cuidado hacia quienes están en las cárceles, que se encuentran bajo su responsabilidad. Asimismo, tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de estas personas. Según los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, las autoridades deben asegurar que los detenidos reciban un trato digno y crear condiciones favorables para reinsertar en la sociedad a quienes hayan estado en prisión.

Antes de finalizar su mandato el 24 de mayo, el presidente debería asegurarse de que las autoridades investiguen, diligentemente, los ataques violentos que tuvieron lugar esta semana, para que los responsables puedan ser llevados ante la justicia. Su sucesor debería ocuparse de que estas investigaciones avancen y priorizar adoptar medidas que aborden los problemas de fondo que siguen causando muertes evitables en los centros penitenciarios ecuatorianos.

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