- Las políticas y acciones gubernamentales en el año transcurrido desde que se declaró la pandemia de Covid-19 precipitaron crisis de derechos humanos en todo el mundo.
- La pandemia en sí y los enfoques abusivos adoptados por algunos gobiernos perjudicaron, especialmente, a las personas más marginadas del mundo.
- Los gobiernos deberían tener la valentía moral y la voluntad política de disponer que la protección de los derechos humanos de todas las personas sea el eje central de la recuperación posterior a la pandemia, poner fin a las políticas abusivas y cooperar para asegurar el acceso a vacunas para todos.
(Ginebra) – El primer año de la pandemia de Covid-19 precipitó crisis de derechos humanos en todo el mundo, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. A poco de cumplirse un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró que la propagación del Covid-19 constituía una pandemia, muchos países deberían implementar un cambio de rumbo urgente para que esta crisis de salud pública pueda superarse de un modo que implique el respeto por los derechos. Los gobiernos deberían trabajar en forma conjunta para ampliar la fabricación y distribución de las vacunas a fin de lograr un acceso universal y equitativo.
El informe “Future Choices: Charting an Equitable Exit from the Covid-19 Pandemic” [Opciones futuras: Planificar una salida equitativa de la pandemia de Covid-19], de 54 páginas, documenta cómo la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias sistémicas en la protección de los derechos básicos y ha desencadenado un sinfín de violaciones de derechos humanos. Human Rights Watch recomienda cambiar el enfoque para abordar las violaciones de derechos humanos y evitar que se repitan, a partir de las investigaciones llevadas a cabo en todo el año 2020 y a principios de 2021. El informe está acompañado por una serie de ensayos sobre China y la diplomacia de las vacunas, el impacto de la pandemia sobre los derechos de las mujeres, la pobreza y la desigualdad, los derechos de los trabajadores de la salud, los derechos de los adultos mayores, el acceso equitativo a las vacunas y los problemas de derechos que surgieron del uso de la tecnología para combatir la pandemia.
“Los gobiernos y las empresas cuentan con las herramientas, incluidas las vacunas, para manejar la pandemia y ponerle fin. Entonces, la cuestión es si tienen la valentía moral y la voluntad política para hacer que esto ocurra”, señaló Tirana Hassan, subdirectora ejecutiva y responsable principal de programas en Human Rights Watch. “Para trazar una salida de la pandemia de Covid-19 que esté basada en la igualdad, los gobiernos deben asegurar el acceso universal a la vacuna. De lo contrario, corren el riesgo de seguir profundizando la desigualdad y menoscabando derechos humanos de cara al futuro”.
La pandemia de Covid-19 se ha cobrado la vida de más de 2,5 millones de personas y ha infectado, al menos, otros 110 millones, muchas de las cuales han sufrido cuadros graves. Tal como lo han documentado Human Rights Watch y numerosas organizaciones de la sociedad civil, observadores de derechos humanos, periodistas y otros asistentes, las consecuencias sociales y económicas de la pandemia han sido generalizadas y devastadoras.
Si bien la escala y la gravedad de la amenaza a la salud pública que planteó la pandemia justificó algunas restricciones a los derechos, muchos gobiernos hicieron caso omiso a las pautas de salud pública e incluso utilizaron la pandemia como pretexto para acumular poder y avasallar derechos, afirmó Human Rights Watch.
Algunos gobiernos impusieron restricciones a la circulación que resultaban desproporcionadas, o eran inadecuadas, para la amenaza de salud que estaban enfrentando. Los gobiernos instituyeron políticas discriminatorias, y las autoridades aplicaron las medidas de una manera discriminatoria y con un grado excesivo de violencia, que en algunos casos resultó fatal.
La pandemia puso en evidencia las falencias estructurales en los sistemas de salud públicos y contribuyó a que el acceso a atención de la salud para salvar vidas estuviera signado por la inequidad. Los gobiernos recortaron gastos, especialmente en las áreas de salud sexual y reproductiva. Los trabajadores sanitarios enfrentaron graves riesgos para su salud y su seguridad. El Covid-19 ha tenido un impacto devastador y desproporcionado sobre los adultos mayores y las personas con discapacidad, particularmente en casas de reposo o en otros espacios comunales en los cuales el virus puede propagarse rápidamente.
Las personas que se encuentran en unidades de detención a menudo viven en condiciones de hacinamiento, sin servicios adecuados de saneamiento e higiene y sin acceso a atención médica apropiada, lo cual hace que el riesgo de contraer Covid-19, para millones de internos, sea mucho más grave. Si bien muchos gobiernos liberaron a algunas personas para frenar la propagación del virus, estas liberaciones fueron muy pocas y, a menudo, no alcanzaron a activistas o críticos, incluidas personas que habían sido detenidas por criticar la respuesta gubernamental a la pandemia.
Los casos de violencia de género denunciados, particularmente de violencia doméstica contra mujeres y niñas, aumentaron en todo el mundo en el contexto de la pandemia. En un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus, los gobiernos de todo el mundo cerraron las escuelas en abril, con lo cual se estima que dejaron de asistir a clases 1.400 millones de alumnos de escuelas de nivel inicial, primario y secundario en 192 países. Existe una fuerte preocupación por la posibilidad de que los niños y las niñas que perdieron el acceso a la educación durante la pandemia queden rezagados en los aprendizajes respecto de sus pares, o de que sean obligados a contraer matrimonio a muy corta edad o a ingresar tempranamente en el mercado laboral, lo cual haría que tengan menos probabilidades de reanudar sus estudios.
Muchos gobiernos establecieron la obligación de cumplir con medidas de distanciamiento social, e impusieron cuarentenas y cierre de negocios, y esto tuvo un impacto económico enorme. Los trabajadores de bajos ingresos, muchos de ellos pertenecientes a sectores como el comercio minorista, los restaurantes y el sector informal, que no tienen posibilidades de trabajar en forma remota, se vieron afectados en una medida desproporcionada.
La pandemia puso de relieve, aún en mayor grado, la importancia de proteger los derechos de los trabajadores, particularmente la necesidad de garantizar licencias pagas por enfermedad y por motivos familiares. La asistencia económica durante la pandemia ha avanzado notablemente en frenar el aumento de la pobreza, pero ha dejado fuera a muchos que necesitan apoyo de manera acuciante. Para distribuir los beneficios, los gobiernos en mucho casos se basaron en algoritmos y tecnologías con un diseño deficiente, lo cual también ha demorado y negado el acceso a asistencia crítica y, al mismo tiempo, ha causado problemas de privacidad.
En los próximos meses, está previsto que finalicen medidas de alivio en numerosos países, de modo que los grupos de menores ingresos quedarán expuestos a un riesgo mayor. Si no se toman medidas más contundentes para proteger los derechos sociales y económicos, y no se brinda más asistencia económica y medios de distribución equitativos, la pobreza y la desigualdad se profundizarán aún más.
Muchos gobiernos también implementaron y expandieron la vigilancia digital para contener el virus; por ejemplo, aplicaciones de rastreo de contactos, cámaras de reconocimiento facial para hacer cumplir las medidas de cuarentena y evaluaciones de riesgo mediante algoritmos. Prácticamente todas estas tecnologías plantean riesgos graves para la privacidad y los derechos humanos.
Los gobiernos también han utilizado la pandemia para coartar los derechos de libre expresión y reunión pacífica. Miembros de fuerzas militares o policiales agredieron físicamente a periodistas, blogueros y manifestantes, incluidos algunos que criticaban las respuestas gubernamentales ante el Covid-19. En algunos países, aún existen restricciones a la libertad de expresión y de asociación.
A principios del año 2021, varias vacunas había demostrado ser seguras y eficaces, y gobiernos de todo el mundo comenzaron a vacunar a determinados grupos. No obstante, el desarrollo de las vacunas ha replicado, en gran medida, las desigualdades que caracterizaron el resto de la pandemia: los gobiernos ricos realizaron acuerdos poco transparentes y se reservaron anticipadamente la mayor parte de los suministros de vacunas, en lugar de cooperar para asegurar que los países con menos recursos tengan acceso a vacunas asequibles. Estas falencias hacen casi inevitable que la pandemia —como así también la desigualdad y las violaciones de derechos que se han producido en este tiempo— continúe en muchos países en los próximos años.
Las normas internacionales de derechos humanos garantizan a todas las personas los derechos a la vida, a la salud y a un estándar de vida digno, y obligan a los gobiernos a adoptar medidas para prevenir amenazas a la salud pública y para hacer que la atención médica sea asequible y accesible. En el contexto de graves amenazas a la salud pública y emergencias públicas, las restricciones de algunos derechos pueden justificarse, pero deben tener un fundamento legal, ser estrictamente necesarias y proporcionadas para el objetivo que buscan lograr, y no ser arbitrarias ni discriminatorias.
“Durante la pandemia, los gobiernos usaron la emergencia de salud pública para tomar poder, violar derechos y relegar sistemáticamente a algunas poblaciones minoritarias”, señaló Hassan. “Los gobiernos deben dar marcha atrás con sus políticas abusivas y brindar acceso equitativo a las vacunas, para poner fin a la pandemia y mejorar la posibilidad de todas las personas de gozar de sus derechos humanos”.
