(Washington D.C.) – Un decreto presidencial aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en febrero de 2021 permite la impunidad por delitos graves y abusos, señaló Human Rights Watch en el día de hoy.
El decreto otorga una amnistía genérica o indulto a personas que fueron procesadas penalmente durante el gobierno anterior, encabezado por la presidenta interina Jeanine Áñez, por delitos que tengan “relación directa” con la “crisis política” que se inició en octubre de 2019, según dice el texto. Parece haber sido diseñado para favorecer a partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de gobierno.
“Existen pruebas contundentes que indican que el gobierno de Áñez persiguió a partidarios del MAS en casos que obedecían a motivaciones políticas”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, otorgar una amnistía genérica a los partidarios del MAS sin criterios claros sobre a quién se aplica menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley”.
En vez de la amnistía, los fiscales y los jueces deberían revisar todos los casos y retirar o desestimar los cargos que no se sustenten en evidencias sólidas o que sean desproporcionados, señaló Human Rights Watch. Asimismo, en los casos en los cuales haya habido violaciones al debido proceso, deberían aplicarse las medidas de reparación previstas por la legislación boliviana.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, en la cual el MAS tiene mayoría, aprobó el decreto el 12 de febrero, un requisito constitucional cuando se trata de decretos de amnistía o indulto. El Presidente Luis Arce, perteneciente al MAS, lo promulgó el 18 de febrero.
Líderes del MAS han indicado que la amnistía e indulto se aplicará a sus partidarios. Además, el decreto coloca las decisiones sobre quién recibirá la amnistía o indulto en manos de instancias dentro del Poder Ejecutivo, controlado por el MAS. Por último, el proprio decreto afirma que se dirige a personas que sufrieron “evidente persecución política” por parte del gobierno de Áñez por defender la democracia y los derechos fundamentales, en aparente referencia a miembros del MAS.
Tras aprobar el decreto, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien es uno de los líderes del MAS, dijo que el decreto se aplicará a sus “hermanos” y “compañeros” que se opusieron al gobierno de la expresidenta interina Áñez, y “son perjudicados sin motivo alguno”. “[L]o que se quiere es que se [les] libere de todo cargo penal”, manifestó. Afirmó que el decreto se aplicaría a “más de 1.000 personas”, pero ni él ni el gobierno han publicado una lista ni dado precisiones sobre los casos específicos.
La ambigüedad del lenguaje del decreto permite una interpretación excesivamente amplia de los casos en que se puede aplicar la amnistía o el indulto. Esto resulta particularmente problemático porque la interpretación legal del decreto queda en manos de instituciones del Poder Ejecutivo que carecen de la independencia necesaria, sin que haya un control judicial significativo, señaló Human Rights Watch. Después de que una persona presente un pedido, esas instituciones oficiales contarán con tan solo tres días hábiles para revisar el caso y tomar una decisión, lo cual constituye un período extremadamente breve para realizar un análisis completo.
Como resultado de este decreto, podrían concederse amnistías en casos de quema intencional de edificios, secuestro, homicidio y otros delitos muy graves presuntamente cometidos por partidarios del MAS, tal como lo documentó Human Rights Watch en un informe de septiembre de 2020.
El decreto otorga amnistía a personas “que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro de la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
Otro artículo prevé el otorgamiento de indulto a personas condenadas por delitos “que tengan relación directa” con esos mismos conflictos sociales, aunque el decreto establece que determinados delitos graves quedan excluidos de la posibilidad de obtener un indulto.
El decreto no ofrece ninguna explicación sobre cuáles son los delitos durante el gobierno de Áñez que debería considerarse que tienen “una relación directa” con esos conflictos sociales.
Si bien el decreto hace referencia, de manera genérica, a la “franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales” como justificación para la amnistía o el indulto, no establece ningún mecanismo ni criterio que permita determinar si se violaron esos derechos en casos específicos. Por tanto, existe el riesgo de que la amnistía y el indulto se apliquen de una manera amplia a casos en los que no hubo violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
Otras partes del decreto sugieren que cualquier persona que haya sido procesada durante el gobierno de la expresidenta Áñez por actos que hayan tenido lugar durante protestas sociales fue víctima de una violación de derechos humanos.
El preámbulo establece que, aun cuando “los hechos ocurridos recientemente en la etapa de crisis política e institucional, formalmente pueden interpretarse cómo delitos …, resulta evidente que los mismos no respondían a la intención de cometer una infracción; más al contrario expresaban una protesta social en defensa de la democracia y la garantía de los derechos civiles y políticos”. El decreto señala que el juzgamiento de tales actos por parte del gobierno anterior ha configurado una “evidente persecución política”.
Otro artículo establece que el objetivo del decreto es “restablecer los derechos civiles y políticos” para aquellas personas que fueron procesadas “como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, caracterizados por vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
El decreto también concede amnistía e indulto a determinadas categorías de detenidos en respuesta a la pandemia de Covid-19 y para reducir la grave sobrepoblación en los centros penitenciarios, en casos que no están vinculados con lo que denomina “persecución política”. Esa medida es positiva, dado que el hacinamiento y las condiciones insalubres de los centros de detención de Bolivia pueden facilitar la propagación del Covid-19, lo cual constituye un riesgo para los reclusos, los funcionarios de esas instalaciones y la comunidad en general, dijo Human Rights Watch.
“El decreto puede transformarse en un sistema de justicia selectiva, que permita al gobierno conceder una amnistía a simpatizantes que han cometido delitos graves o abusos y, simultáneamente, juzgar a opositores por delitos similares”, señaló Vivanco. “En vez de ello, los fiscales y jueces deberían analizar todos los casos, aplicar medidas de reparación si existen violaciones al debido proceso, desestimar los cargos que carecen de pruebas o son desproporcionados, y permitir que el resto de los casos continúe su trámite”.
Ver más adelante las recomendaciones y otros datos.
Violencia y violaciones de derechos humanos relacionadas con las elecciones
El entonces presidente Evo Morales, miembro del MAS, generó controversia al postularse para un cuarto mandato el 20 de octubre de 2019. Denuncias de fraude electoral —que en la actualidad han sido cuestionadas— encendieron protestas en todo el país. Morales fue obligado a dimitir el 10 de noviembre de 2019, luego de que los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía le pidieran que dejara el cargo. Dos días después, la senadora opositora Jeanine Áñez asumió como presidenta interina. El 18 de octubre de 2020 volvieron a celebrarse elecciones presidenciales, y Luis Arce, el candidato del MAS, resultó vencedor por un amplio margen.
El decreto se aplica a causas penales por hechos acaecidos entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.
En los días previos y posteriores a la dimisión de Morales, 35 personas fueron asesinadas y más de 800 resultaron heridas en el contexto de protestas, según datos de la Defensoría del Pueblo, un órgano estatal independiente encargado de proteger los derechos humanos. Otra víctima falleció algunos meses después a causa de las heridas sufridas.
De las 36 personas que murieron, al menos 21 eran partidarios del MAS que recibieron disparos durante las protestas en Sacaba, Senkata y Betanzos en noviembre de 2019. Los testigos señalaron que fuerzas de seguridad habían abierto fuego contra los manifestantes en los tres casos.
Durante el gobierno de Áñez hubo escasos avances en la investigación de esos asesinatos. En cambio, el gobierno se centró en promover investigaciones penales contra partidarios de Morales por presuntos delitos como sedición y terrorismo. En un informe de septiembre de 2020, Human Rights Watch documentó casos de cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva en procesos que impulsaba el gobierno interino, los cuales parecían obedecer a una motivación política.
Uno de ellos fue la causa por terrorismo contra Morales, que, según concluyó Human Rights Watch, no incluía ninguna evidencia de que el expresidente hubiera cometido actos terroristas. Human Rights Watch señaló, al emitir su informe, que los fiscales debían retirar las acusaciones de terrorismo presentadas en su contra.
El decreto establece que “los hechos ocurridos recientemente en la etapa de crisis política e institucional, formalmente pueden interpretarse como delitos tipificados en el Código Penal”, pero esto no necesariamente es cierto. Human Rights Watch halló casos de procesamiento penal de personas por la sola razón de haber tenido contacto telefónico con Morales o por ejercer su legítimo derecho a la libre expresión. Esas personas no deberían recibir una amnistía, que implica el reconocimiento de la comisión de un delito, sino que los fiscales deberían retirar esos cargos y los jueces deberían desestimarlos.
Sin embargo, no todos los casos fueron infundados. Algunos partidarios de Morales presuntamente cometieron delitos graves en octubre y noviembre de 2019.
Por ejemplo, dos manifestantes contrarios a Morales perdieron la vida al ser alcanzados por disparos, presuntamente efectuados por partidarios del MAS, en la localidad de Montero, cerca de Santa Cruz. En Playa Verde, Vila Vila y Caracollo, en el recorrido de la carretera que une Oruro con La Paz, supuestos partidarios del MAS atacaron autobuses que transportaban a opositores a Morales a manifestaciones en la capital, según dijeron a Human Rights Watch 14 testigos y víctimas.
Un hombre señaló haber perdido la mano a causa de la explosión de un cartucho de dinamita, presuntamente arrojado por partidarios de Morales; cinco manifestantes contrarios a Morales señalaron que habían sufrido heridas por impacto de arma de fuego; y cuatro hombres aseveraron que partidarios de Morales los habían secuestrado junto con otros 11 hombres, les habían robado, los habían obligado a desnudarse y los habían golpeado durante horas. Presuntos partidarios de Morales también incendiaron las viviendas del defensor de derechos humanos Waldo Albarracín y de la periodista Casimira Lema.
Algunos manifestantes opositores a Morales también habrían cometido actos de violencia. Por ejemplo, una turba incendió la alcaldía de Vinto y secuestró y humilló públicamente a la alcaldesa, Patricia Arce, miembro del MAS.Asimismo, otra turba incendió la casa donde vivían las hermanas de Víctor Borda, quien en ese momento presidía la Cámara de Diputados por el MAS, así como la vivienda de su hermano, Marco Borda. Los atacantes tomaron como rehén a Marco Borda y lo obligaron a caminar desnudo por las calles de Potosí. Víctor Borda renunció a su cargo, tal como lo exigían los secuestradores.
Tales delitos no deberían recibir el beneficio de una amnistía o un indulto, señaló Human Rights Watch. Todos los delitos graves y las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante ese período deberían ser objeto de una investigación exhaustiva, y los responsables, sin importar sus posturas políticas, deberían ser castigados conforme a la ley y con pleno respeto a los derechos al debido proceso.
Mecanismo problemático para las decisiones sobre amnistía e indulto
El decreto establece que el Servicio Plurinacional de Defensoría Pública, que es parte del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, analizará las peticiones de amnistía. Los servicios de asistencia legal en los centros penitenciarios, que también forman parte del Ministerio de Justicia, o las direcciones departamentales de régimen penitenciario, que son parte del Ministerio de Gobierno, revisarán las peticiones de indulto.
Asimismo, esas entidades tendrán apenas tres días hábiles para revisar los casos y tomar una decisión, un período excesivamente breve para realizar un análisis completo.
Si después de esos tres días deciden conceder la amnistía o el indulto al solicitante, deberán comunicarlo al juez a cargo de la causa. El juez “homologará” esa resolución en un lapso de tres días y, si la persona está detenida, dispondrá su liberación, según indica el decreto. El decreto no considera la posibilidad de que un juez cuestione o rechace la decisión sobre amnistía o indulto.
El decreto establece que si las instituciones encargadas de implementar el decreto determinan que los fiscales o jueces están causando “una evidente retardación” al gestionar las peticiones de amnistía o indulto, deben informarlo a las instancias disciplinarias respectivas para que se apliquen medidas contra ellos.
Recomendaciones
El gobierno debe reformar de inmediato el decreto para cerciorarse de que los responsables de delitos graves, sean o no simpatizantes del MAS, respondan por esos hechos, afirmó Human Rights Watch.
A su vez, los legisladores, la Defensoría del Pueblo o las autoridades de las entidades territoriales autónomas, que se encuentran legitimadas procesalmente para actuar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, deberían interponer un recurso de inconstitucionalidad para que la corte revise la constitucionalidad del decreto.
En vez de una amnistía genérica para las personas “procesadas penalmente durante el Gobierno de facto”, el gobierno de Arce debería promover el control judicial caso por caso. El Fiscal General debería realizar un análisis independiente y exhaustivo de las pruebas en casos contra exmiembros del gobierno de Morales y sus partidarios, y pedir que los jueces desestimen los cargos en los casos en que las pruebas no respalden las acusaciones, o cuando los cargos sean desproporcionados en relación con la presunta conducta delictiva.
Los fiscales y los jueces también deberían analizar si se respetó el debido proceso en todos los casos y, si hubo violaciones, aplicar las medidas de reparación previstas en el derecho boliviano, lo que incluye desestimar los procesos penales cuando las violaciones del debido proceso hayan sido particularmente graves.
Asimismo, la Asamblea Plurinacional debe reformar las leyes imprecisas que se utilizaron para perseguir a partidarios del MAS durante el gobierno de Áñez; en particular, acotando la definición excesivamente amplia de terrorismo para cumplir con lo establecido en los estándares internacionales, señaló Human Rights Watch.
Por último, el gobierno, la policía, los fiscales y otras instituciones bolivianas deben apoyar la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado conforme a un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Bolivia, que investiga actos de violencia y violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Para que haya justicia, es crucial que se lleven a cabo investigaciones completas e independientes en todos esos casos, sin importar cuáles sean las opiniones políticas de los acusados o las víctimas.
Estándares internacionales
Bolivia ha asumido obligaciones internacionales de garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos humanos y de proteger a las personas frente a violaciones de sus derechos por parte de actores privados. Por consiguiente, también está obligada a investigar graves actos delictivos que violan derechos fundamentales, como el derecho a la vida, con independencia de quién sea la persona acusada. En referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Bolivia ha ratificado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en el caso Velásquez-Rodríguez vs. Honduras que:
“El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención”.
La Corte Interamericana también ha señalado en ese mismo caso que si los delitos cometidos por particulares “no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.
De la forma en que está redactado, el decreto parece tener la intencionalidad de favorecer a simpatizantes de MAS y de esta forma abre la posibilidad de que se otorguen amnistías o indultos que discriminen en base a la opinión política, lo cual viola los principios de no discriminación e igualdad ante la ley. El decreto ofrece criterios muy imprecisos para tomar la decisión de quiénes merecen ese beneficio, y esto puede dar lugar a arbitrariedad y consideraciones políticas.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que Bolivia ratificó, indica que “la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole (énfasis agregado), origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. También estipula que “[t]odas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el órgano que es el intérprete autorizado del PIDCP, ha señalado que la “no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección ante la ley sin ninguna discriminación, constituye un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos”.
El Comité ha expresado que, conforme al pacto, “todas las personas no solamente son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley, sino que también se prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley”. Ha explicado que el término “discriminación” denota:
“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas ”.
La Constitución de Bolivia establece que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional prevalecen sobre el derecho interno, y que la Constitución debe interpretarse de conformidad con tales tratados.
Disposiciones del decreto para reducir la sobrepoblación carcelaria
El decreto también concede amnistías e indultos a determinadas categorías de reclusos en respuesta a la pandemia de Covid-19 y para reducir el grave hacinamiento en los centros penitenciarios, en casos que no están vinculados con lo que denomina “persecución política”.
Por ejemplo, concede la amnistía a las personas cuyo proceso penal haya durado más de 15 años sin que se dictara una decisión judicial definitiva del caso, a quienes hayan cumplido la pena pero sigan detenidos debido a apelaciones en trámite y a ciertas categorías de detenidos cuando se hayan excedido períodos máximos de etapas judiciales. También otorga el indulto a personas no reincidentes condenadas a hasta ocho años de cárcel y a cualquier persona condenada a hasta 10 años de cárcel que haya cumplido al menos una cuarta parte de la pena.
Cabe destacar que el decreto prohíbe el indulto de personas condenadas por delitos graves, como secuestro y homicidio, y también prohíbe la amnistía por delitos graves en casi todos los casos. Sin embargo, la exclusión no se aplica a la amnistía de las personas procesadas durante el gobierno de Áñez por delitos vinculados con “conflictos sociales”.
El año pasado, el gobierno de Áñez dictó una amnistía en respuesta a la pandemia de Covid-19, pero el número de personas que fueron liberadas al parecer fue muy reducido. En febrero de 2021, en las cárceles bolivianas todavía había 17.800 personas, casi tres veces el número de reclusos para las cuales fueron construidas, según datos oficiales. El gobierno de Arce estima que 3.180 detenidos —el 18 % de la población penitenciaria— podrían recibir una amnistía o indulto como resultado del nuevo decreto.
