(Nueva York) – Numerosas marcas de indumentaria, mayormente de Estados Unidos, no se han sumado al Acuerdo sobre Salud y Seguridad en Bangladés y Pakistán a una década de ocurrido el colapso del edificio Rana Plaza en Bangladés, en el cual murieron más de 1.100 trabajadores de la confección y más de 2.000 resultaron heridos, señaló hoy Human Rights Watch. Sumarse al Acuerdo es un modo por el cual las marcas hacen saber que respaldan en los términos más enérgicos posibles las salvaguardas que están disponibles hasta el momento para proteger de incendios y riesgos edilicios a quienes trabajan en fábricas.
El Acuerdo Internacional sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección, que contempla a Bangladés, se firmó por primera vez en mayo de 2013. Es un acuerdo jurídicamente vinculante entre marcas de indumentaria y sindicatos globales por el cual se creó un programa de inspección y subsanación destinado a mitigar los riesgos constructivos, eléctricos, de incendio y en materia de seguridad de calderas para los trabajadores fabriles. El programa incluye además un mecanismo de denuncia para que los trabajadores presenten quejas sobre consideraciones de salud y seguridad y violaciones de su derecho a organizarse. En diciembre de 2022, el Acuerdo anunció que se expandiría para alcanzar a las fábricas textiles y de confección en Pakistán.
“El Acuerdo sobre Salud y Seguridad es el indicador más sólido para los consumidores de que una marca está decidida a proteger a los trabajadores de incendios y desastres en la construcción en Bangladés y Pakistán”, explicó Aruna Kashyap, directora asociada de rendición de cuentas corporativa de Human Rights Watch. “Casi 200 marcas globales forman parte del Acuerdo y hay otras que deberían sumarse”.
Hasta el 11 de abril, 195 marcas formaban parte del Acuerdo en Bangladés y 45 marcas eran parte del Acuerdo en Pakistán. Muchas otras marcas, en su mayoría de EE. UU., todavía no se han sumado.
El Acuerdo es único porque es un instrumento jurídicamente exigible que han suscripto las marcas con los sindicatos de trabajadores para implementar medidas de seguridad de los trabajadores, señaló Human Rights Watch. Las empresas de indumentaria están obligadas a atenerse a los protocolos que se desarrollen conforme al Acuerdo.
Las empresas alcanzadas por el Acuerdo no pueden interrumpir de manera prematura los lazos comerciales con fábricas después de que en las inspecciones se detecten falencias en los sistemas de incendios, eléctricos o de seguridad edilicia. En vez, las marcas están obligadas a apoyar medidas de subsanación y conceder a las fábricas suficientes oportunidades de remediar los riesgos para la seguridad. Recién después de que la secretaría del Acuerdo determina que se han postergado reiteradamente medidas correctivas sin avances por parte de una fábrica, las marcas estarán obligadas a rescindir de manera responsable los lazos comerciales con ella.
Conforme al Acuerdo, todos los informes de inspección y los esfuerzos de subsanación deben publicarse para que todos los consulten. Los trabajadores pueden impulsar un arbitraje si las marcas incumplen su acuerdo contractual con los sindicatos de trabajadores.
Existen varias otras iniciativas paralelamente al Acuerdo, como las de auditoría social y las certificaciones. Las marcas de indumentaria pueden recurrir a estas sin explicar rigurosamente en qué se diferencian estas otras iniciativas privadas de las protecciones que contempla el Acuerdo. Esto podría confundir o desorientar a consumidores, inversionistas y autoridades regulatorias y hacer que crean que las salvaguardas que imponen estas otras iniciativas privadas son equivalentes o similares a las del Acuerdo.
Algunas iniciativas privadas que se usan habitualmente incluyen programas de auditorías estándar por terceros como la auditoría SMETA de Sedex y la auditoría BSCI de amfori; programas de certificación de fábricas individuales como la certificación SA8000 de Social Accountability International y la certificación de Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), así como otros programas de salud y seguridad como Nirapon y Life and Building Safety Initiative (LABS) de IDH.
Cuando las compañías realizan auditorías sociales, emiten certificaciones o brindan otros servicios destinados a mitigar los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, deberían dar a conocer las limitaciones que tienen sus servicios y ofrecer una comparación precisa con las características del Acuerdo, si todavía no lo hacen. Poner a disposición pública este tipo de divulgaciones y comparaciones precisas contribuiría a evitar que se confunda involuntariamente a consumidores, inversionistas o autoridades regulatorias, subrayó Human Rights Watch.
La organización amfori, con sede en Bruselas, opera el programa de auditoría social denominado Iniciativa de Cumplimiento Social Empresarial (Business Social Compliance Initiative, BSCI). En 2013, cuando colapsó el edificio Rana Plaza en Bangladés, se determinó que dos fábricas dentro del predio habían sido auditadas usando el estándar BSCI de amfori. Las firmas que habían realizado estas auditorías en una de las fábricas reconocieron que no evalúan aspectos de seguridad en las construcciones y que los auditores de la BSCI no cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para hacerlo. amfori reconoció que el “Acuerdo y su plan de implementación son un conjunto integral de medidas que resultan complementarias de las actividades dentro del marco de la BSCI y que se enfocan en las condiciones laborales en las fábricas [énfasis agregado]”. Actualmente, amfori se describe como una organización que ayuda a sus “miembros a realizar un monitoreo con herramientas de primer nivel [énfasis agregado]” y que “al participar en la BSCI de amfori los miembros pueden tener un enfoque claro y congruente que destaca las mejores prácticas [énfasis agregado]”.
La organización Sedex, con sede en el Reino Unido, indica contar con 74.000 miembros, haber realizado 300.000 auditorías (incluidas SMETA) en 170 países y que los “miembros de Sedex han tenido impacto” en 28 millones de trabajadores. Es uno de los programas de auditoría social por terceros más grandes a nivel mundial. Sedex afirma que su personal “interactúa con empresas y nuestra comunidad para mejorar de manera continua sus resultados en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG) [énfasis agregado]” y que los miembros pueden “identificar, gestionar y evaluar los riesgos sociales y ambientales en las cadenas de suministro con el conjunto confiable de herramientas, datos y servicios de Sedex. [énfasis agregado]”. En su Informe de junio de 2021 titulado Informe de perspectivas de Sedex sobre Fabricación de Indumentaria (Apparel Manufacturing Sedex Insights Report), Sedex recomendó que las empresas “apoyen y suscriban un nuevo Acuerdo sobre incendios y construcciones seguras”.
En marzo, Human Rights Watch escribió a amfori y a Sedex, y les transmitió preguntas sobre cuántas de las respectivas marcas y minoristas que tienen como miembros se abastecen en Bangladés y Pakistán; la cantidad de fábricas de las que se proveen en estos países; la cantidad de miembros que todavía no se han comprometido con el Acuerdo y las medidas que adoptan Sedex y amfori para dar seguimiento al uso del Acuerdo por sus miembros.
Human Rights Watch también preguntó a amfori y a Sedex si sus miembros pueden enfrentar consecuencias por no unirse al Acuerdo y si las organizaciones publicarán en forma periódica novedades acerca de cuáles de sus miembros firman el Acuerdo para ir más allá de las auditorías sociales y cuáles no lo hacen.
Sedex respondió a Human Rights Watch el 13 de abril indicando que no lleva un seguimiento de si sus compradores miembros (marcas o cadenas minoristas) participan en el Acuerdo. Estimó que al menos 19 de sus compradores miembros son signatarios del Acuerdo de Bangladés, que alcanza a más de 600 fábricas, y que en Pakistán al menos 5 compradores que son miembros de Sedex son signatarios del Acuerdo, con un alcance de más de 150 fábricas. En Bangladés, más de 1.400 fábricas del sector de confección, calzado y textil tuvieron auditorías SMETA y más de 690 fábricas en Pakistán también se sometieron a auditorías SMETA entre el 1 de abril de 2021 y el 12 de abril de 2023. Sedex no ha brindado datos desglosados correspondientes a las fábricas textiles, de indumentaria y de calzado. Tampoco ha aportado datos sobre la cantidad de sus miembros compradores que no se han sumado al Acuerdo en Bangladés ni en Pakistán.
Sedex señaló que “no establece requisitos a sus miembros compradores ni les impone sanciones por sus programas de diligencia debida, incluida la participación en iniciativas del sector”. También expresó que “no evalúa ni publica información sobre los programas de los miembros compradores, incluida la participación en los Acuerdos”.
amfori pidió que se le concediera más tiempo para responder.
Todas las empresas tienen responsabilidades de derechos humanos conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y otras pautas relacionadas, incluidas las Dimensiones de Género de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Esto incluye a organizaciones privadas que desarrollan y comercializan productos y servicios para apoyar a marcas y minoristas a prevenir y mitigar los riesgos de derechos humanos y sus cadenas de valor globales. Estas organizaciones privadas deberían realizar controles de diligencia debida en derechos humanos con respecto a sus productos y servicios.
Como proveedores privados de servicios que revisten un interés público claro – proteger los derechos de los trabajadores–, su responsabilidad de realizar una diligencia debida en derechos humanos debería extenderse a analizar a qué marcas les están ofreciendo sus servicios y en qué regiones, si deberían continuar haciéndolo y las condiciones en las cuales ofrecen estos servicios. Por ejemplo, quienes brindan servicios de mitigación de riesgos para la salud y la seguridad en Bangladés y Pakistán deberían evaluar los peligros para los trabajadores que implica el uso exclusivo de sus servicios por las marcas y adoptar medidas adecuadas para contrarrestar ese uso exclusivo. Según el alcance y las limitaciones de sus servicios respectivos, tales medidas podrían incluir incorporar términos que restrinjan el uso exclusivo de sus servicios sin otras medidas complementarias como la participación en el Acuerdo. Estos proveedores privados deberían ser claros con respecto a las metodologías que usan, las limitaciones que tienen sus productos y servicios y cerciorarse de que el uso de estos no se presente de manera distorsionada, voluntaria o involuntariamente, a consumidores, inversionistas y autoridades regulatorias, apuntó Human Rights Watch.
“Las entidades que todavía no dan pasos para publicitar las limitaciones de sus servicios de mitigación de riesgos para la salud y la seguridad deberían ser honestas sobre estas y ofrecer una comparación precisa con las características del Acuerdo”, indicó Kashyap. “Deberían expresar claramente que no brindan acceso a recursos jurídicamente exigibles para los trabajadores, como sí lo hace el Acuerdo”.
Los países deberían adoptar leyes que regulen de qué modo las empresas respetan los derechos humanos en sus cadenas de valor globales. Tales leyes deberían empoderar a las autoridades regulatorias para examinar, y sancionar cuando corresponda, la conducta de una marca o cadena minorista así como la conducta de todos los demás actores privados que asisten a las marcas en la realización de controles de diligencia debida en derechos humanos. También deberían exigir que las marcas demuestren de qué modo llevan a cabo la diligencia debida de sus prácticas empresariales para cerciorarse de que los precios injustos u otras prácticas de adquisición no propicien abusos laborales en las cadenas de valor globales.
