¿A quién creer?
Por un lado, a los sobrevivientes de la mayor tragedia ocurrida en las costas griegas en los últimos años.
Por otro, a los guardacostas griegos.
Ambas partes ofrecen versiones muy distintas de lo ocurrido el 14 de junio, cuando el barco pesquero Adriana se hundió cerca de Pylos, ahogando a la mayoría de las 750 personas que iban a bordo.
Uno de los puntos críticos es la existencia de una cuerda -o "cabo", como dirían los marineros- entre el barco atestado y el buque guardacostas enviado al lugar del naufragio.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch entrevistaron a supervivientes, que describieron sistemáticamente cómo el buque guardacostas ató un cabo al Adriana y comenzó a remolcarlo. Según los supervivientes, esto provocó que el Adriana se balanceara de forma inusual y luego zozobrara.
Las autoridades griegas lo han negado rotundamente. Altos cargos de la Guardia Costera griega nos dijeron que su buque se acercó al Adriana y utilizó un cabo sólo para acercarse a la embarcación. Afirman que lo hicieron para evaluar si los pasajeros migrantes querían ayuda, pero que los pasajeros les lanzaron el cabo de regreso y la embarcación continuó su viaje.
Los supervivientes afirman que la gente del Adriana suplicaba ser rescatada del desvencijado pesquero -incluso habían pedido ayuda por teléfono vía satélite horas antes-, pero los guardacostas griegos no les escucharon.
Cuando los testimonios son tan contradictorios, está claro que es necesaria una investigación independiente e imparcial de lo sucedido. Las autoridades griegas han abierto dos investigaciones penales, una sobre los presuntos contrabandistas y otra sobre la actuación de los guardacostas.
Es igualmente evidente que habrá dudas sobre la credibilidad de las investigaciones griegas.
Especialmente tras el naufragio del "Farmakonisi" en 2014, en el que los supervivientes también alegaron que su embarcación zozobró cuando los guardacostas griegos intentaron remolcarlos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en ese caso las operaciones de rescate y la investigación posterior, incluida la forma en que se trataron los testimonios de las víctimas.
Hay cosas que las autoridades pueden hacer para que las investigaciones actuales sean más creíbles.
Una sería poner las investigaciones bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Otra sería garantizar que la Oficina del Defensor del Pueblo griego pueda desempeñar adecuadamente su función de supervisión, con acceso a todas las pruebas necesarias.
Y, por supuesto, las investigaciones deberían incluir la toma de testimonios a todos los supervivientes, realizados bajo condiciones en las que se sientan seguros para hablar abiertamente.
Las investigaciones también parecen estar proliferando ahora. El Defensor del Pueblo Europeo ha anunciado que abrirá una investigación sobre la actuación de Frontex en el Mediterráneo, incluido el naufragio del Adriana.
Si hay espacio para otra investigación, me gustaría que se investigara la ilegal y moralmente quebrantada política de asilo y migración de la UE en general.
Pero por ahora, una última pregunta sobre Pylos: ¿dónde están los teléfonos móviles? Los supervivientes afirman que los guardacostas griegos les arrebataron sus teléfonos (y quizá también los de los cadáveres) tras sacarlos del agua. Los supervivientes nos dijeron que contenían pruebas de vídeo vitales sobre el naufragio y lo que condujo a él.
Los relatos de lo que ocurrió aquel terrible día varían mucho, pero si los guardacostas griegos están tan seguros de su versión, ¿por qué no devuelven esos teléfonos o los entregan como pruebas?
Las noticias de esta semana sugieren que es precisamente ahí donde los investigadores centran su atención.
