La Copa Mundial Femenina de Fútbol que se está celebrando en Australia y Nueva Zelanda va camino de convertirse en el acontecimiento deportivo femenino independiente con mayor asistencia de público de la historia, ya que 32 de las mejores selecciones femeninas compiten por el codiciado título de campeona del mundo. Lo que los aficionados a este deporte no ven es el acoso sexual, la remuneración injusta y el entorno laboral inseguro que muchas jugadoras se ven obligadas a soportar para alcanzar ese momento de gloria en el terreno de juego.
La violencia sexual en el deporte suele producirse debido a una mala gobernanza y a un desequilibrio de poder que da carta blanca a los agresores y castiga a las personas supervivientes. Human Rights Watch ha documentado depresiones, suicidios, discapacidades físicas y traumas de por vida derivados de abusos sexuales y de otro tipo. En demasiadas federaciones de fútbol, denunciar un abuso sexual supone el fin de tu carrera profesional.
Cuando Human Rights Watch denunció casos de abusos sexuales ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el organismo rector del fútbol internacional, se hizo evidente de inmediato que no existían sistemas orientados en los supervivientes para investigar los abusos sexuales o proteger a los que denuncian estos atropellos.
En diciembre de 2021, la FIFA lo reconoció y se comprometió a crear una “red global” para combatir los abusos. Tuvieron que pasar 18 meses, hasta este mes de junio, para que la FIFA publicara un informe en el que esbozaba la necesidad de crear una “Entidad Mundial Independiente para el Deporte Seguro”. Tras un periodo de consulta de tres años, la FIFA ha reconocido por fin lo que los deportistas de élite saben desde hace tiempo: que es incapaz de investigarse a sí misma ni a sus dirigentes.
La FIFA anunció en abril que seguiría adelante con la creación de una entidad dedicada a abordar los casos de abusos en el fútbol. Sin embargo, desde entonces los altos cargos de la FIFA han causado preocupación al hacer peticiones ambiguas en favor de la unidad mundial, al tiempo que eluden tomar medidas concretas para crear el organismo, incluida la solicitud de la financiación existente.
Human Rights Watch y Sport & Rights Alliance han escrito a la FIFA para solicitar información detallada sobre los planes para la creación de una Entidad de Deporte Seguro que aborde los abusos sexuales, emocionales y físicos sistémicos y proporcionar reparación y apoyo a las víctimas y supervivientes en el fútbol. La FIFA todavía no ha respondido.
La política de derechos humanos de la FIFA establece que la federación se compromete a “defender la dignidad inherente y la igualdad de derechos de todas las personas afectadas por sus actividades”. Pero como han demostrado las investigaciones de Human Rights Watch en Japón, Afganistán y Haití, la FIFA no está aplicando sus propias normas de protección infantil y de verificación de antecedentes para poner fin a los abusos arraigados en las federaciones de fútbol y en las academias nacionales, donde muchas de las jóvenes jugadoras soportartan abusos sexuales durante su entrenamiento.
Los hechos son estremecedores: desde 2018, dos presidentes masculinos de federaciones nacionales de fútbol han sido expulsados de este deporte por agredir sexualmente a mujeres y niñas de las selecciones nacionales. Las jugadoras describen una “cultura de miedo y abuso” en la federación nacional de Colombia. Más de una decena de ex jugadoras de alto nivel criticaron a Canada Soccer por no proteger a los miembros de los equipos juveniles de los abusos de los entrenadores.
Desde Afganistán hasta Zambia –en casi 20 de las 211 federaciones nacionales de fútbol—existe un patrón bien documentado de abuso sistémico en los organismos nacionales, donde altos funcionarios o entrenadores son acusados de abuso sexual y de explotar a jugadores jóvenes, incluidos niños y niñas.
La FIFA aporta al menos US$ 1,5 millones al año a cada federación nacional, y estos controles financieros podrían utilizarse para forzar reformas. En muchos países, en cambio, estos fondos alimentan la corrupción y las peores formas de abuso sexual.
En 2020, el sindicato de jugadores FIFPro y la FIFA determinaron que el presidente de la federación nacional de fútbol de Haití, Yves Jean-Bart, había cometido actos de acoso y abusos sexuales contra jugadoras, incluidas niñas. Human Rights Watch entrevistó a jugadoras cuyos pasaportes habían sido confiscados. La confiscación de pasaportes, confirmada por la FIFA, puede ser un indicador de trata de personas, y las deportistas y árbitros nos dijeron que se utilizaba como forma de control y coacción, y para impedir la huida.
“Crecí en Haití con el sueño de jugar al fútbol para mi país en la Copa Mundial Femenina”, escribió la ex jugadora en una petición en línea a la FIFA para que proteja a los niños. “Pero lo que debería haber sido un sueño hecho realidad se convirtió en una pesadilla: me di cuenta de que yo y otras niñas de tan solo 12 años corríamos el riesgo constante de sufrir acoso y abusos sexuales”.
Jean-Bart fue sancionado de por vida, pero tras amenazar a testigos y supervivientes para que guardaran silencio, este castigo fue anulado en febrero en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza. A pesar de las nefastas condiciones de trabajo de la selección femenina haitiana, esta se clasificó por primera vez para la Copa Mundial Femenina de 2023. En marzo, el líder del fútbol haitiano, caído en desgracia, exigió volver a este deporte. La FIFA rechazó su petición. A principios de julio, el Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe emitió un fallo preliminar ordenando su comparecencia ante el tribunal para responder a las acusaciones de abuso sexual en una nueva investigación judicial en Haití.
La complejidad de la justicia en estos casos demuestra que la FIFA debe avanzar urgentemente en la creación de la entidad que aborde los abusos sexuales.
No es cuestión de dinero, sino de voluntad política. La financiación procede de un fondo contra la corrupción del Departamento de Justicia de Estados Unidos. A partir de 2015, el Departamento de Justicia presentó cargos contra decenas de altos cargos del fútbol por corrupción y chantaje, y por aceptar pagos para conceder partidos a países sobornadores. Los fondos confiscados en el Fondo de Remisión del Fútbol Mundial de la Fundación de la FIFA destinados a la Entidad de Deporte Seguro de la FIFA ascienden a US$ 60 millones. Si se utilizaran adecuadamente, serían un buen comienzo para poner fin a los abusos sexuales en el seno de la FIFA y de las federaciones mundiales de fútbol.
Pero la FIFA sigue arrastrando los pies y no ha hecho nada para proteger a los testigos ni compensar económicamente a las víctimas de abusos sexuales en sus sistemas.
Antes de que se marque el último gol en la Copa Mundial Femenina de 2023, la FIFA debería crear por fin un organismo independiente para denunciar los abusos, proporcionar apoyo de emergencia y protección a los supervivientes y denunciantes, incluido un equipo de investigación experto para expulsar a los abusadores del deporte.
De este modo, al menos se empezaría a honrar la valentía de las personas supervivientes y denunciantes que han llevado casos de abusos a la FIFA, con un alto costo para sus carreras y su seguridad personal.
