(Bangkok) – En 2023, el gobierno norcoreano continuó utilizando la pandemia de COVID-19 como pretexto para mantener órdenes de “disparar en el acto” en su frontera norte con el fin de limitar la circulación, continuar las restricciones al comercio y fortalecer el control ideológico, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2024. Las políticas represivas del gobierno profundizaron el aislamiento de Corea del Norte y agravaron la crisis humanitaria del país.
“El gobierno de Corea del Norte todavía invoca el COVID-19 como excusa para infundir miedo y seguir oprimiendo al pueblo norcoreano al sellar las fronteras del país y restringir el comercio y el acceso a alimentos y otras necesidades”, explicó Lina Yoon, investigadora sénior sobre Corea de Human Rights Watch. “Corea del Norte debería reabrir sus fronteras, permitir que entren al país las organizaciones de ayuda y aceptar la asistencia internacional supervisada”.
La 34.a edición del Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch, de 740 páginas, analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En el ensayo introductorio, la directora ejecutiva Tirana Hassan señala que 2023 fue un año con fuertes implicancias no solo en términos de represión de los derechos humanos y atrocidades perpetradas en contextos de guerra, sino además por el ejercicio de la diplomacia transaccional y la indignación selectiva que manifestaron algunos gobiernos, lo cual conllevó costos profundos para los derechos de quienes se encontraban fuera de estos acuerdos. Pero señala que también hubo destellos de esperanza, que muestran que es posible un camino diferente, e insta a los gobiernos a respetar de manera congruente sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Las restricciones excesivas y desproporcionadas que se impusieron durante la pandemia de COVID-19 han potenciado los efectos de décadas de violaciones por parte del gobierno norcoreano a los derechos a la alimentación, la salud y a un nivel de vida adecuado, así como a la libertad de expresión y circulación. Las restricciones han perjudicado gravemente las actividades de mercado que las personas necesitan para su subsistencia y para acceder a alimentos y bienes esenciales.
A medida que empeoraba la situación económica y humanitaria de Corea del Norte, el gobierno continuó gastando recursos vitales para priorizar su programa de desarrollo de armas, y realizó más de 30 pruebas misilísticas entre enero y septiembre.
El gobierno siguió intensificando el control ideológico durante 2023, prohibiendo el uso de lenguaje que denote influencia surcoreana o extranjera. Los medios de comunicación extranjeros informaron sobre la celebración de juicios públicos en la región fronteriza contra jóvenes que vieron videos no autorizados y usaron el idioma surcoreano.
Las autoridades mantuvieron sus órdenes dispuestas en 2020 de disparar en el acto a toda persona o animal que intente cruzar la frontera norte sin autorización. Si bien el gobierno anunció la reapertura de sus fronteras en agosto, la mayoría de los diplomáticos y trabajadores humanitarios internacionales todavía no pueden regresar al país. Se registró un incremento en el comercio oficial, pero siguió siendo más bajo que antes del inicio de la pandemia de COVID-19.
Las autoridades también establecieron más controles a la distribución de productos en el país y la actividad de mercado no autorizada. Las fuertes sequías en los meses de marzo y abril, y las inundaciones de agosto, exacerbaron los efectos de estas acciones.
