El recrudecimiento de violencia y la actividad del crimen organizado en todo Ecuador están teniendo un impacto nefasto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El cambio temporal al aprendizaje en línea, así como las amenazas de los grupos delictivos, han afectado especialmente su derecho a aprender en un entorno seguro.
Después de que el Presidente Daniel Noboa declarara el 9 de enero un "conflicto armado" contra las pandillas, el Ministerio de Educación de Ecuador suspendió temporalmente todas las clases presenciales y pasó a la enseñanza en línea en todo el país, lo que afectó a casi 4,3 millones de estudiantes, según UNICEF. En meses anteriores, el ministerio ya había realizado la transición a la enseñanza en línea en ciudades como ciudades como Guayaquil y Durán, que se encuentran entre las más afectadas por la violencia de las pandillas.
Pero como el mundo aprendió durante la pandemia de Covid-19, el aprendizaje en línea puede exponer a los niños, niñas y adolescentes a la violencia sexual tanto en línea como fuera de ella.
Las y los representantes de la sociedad civil a los que entrevisté el año pasado afirmaron que el aprendizaje en línea dificulta que el personal escolar identifique casos de violencia sexual entre los menores y que ellos denuncien estos incidentes. Los protocolos del Ministerio de Educación orientan al personal sobre cómo identificar síntomas de violencia en los y las sobrevivientes, lo que puede ser difícil de hacer si los niños no están regularmente en contacto con el personal escolar.
En algunas provincias de Ecuador, durante las clases en línea, individuos desconocidos y enmascarados, haciendo uso de correos y contraseñas personales, entraron en las clases en línea -en un caso aparecían incluso armados- para amenazar a estudiantes y profesores.
Desde la semana pasada, todas las escuelas volvieron a ser presenciales, pero el aumento de la actividad de la delincuencia organizada dificulta el combate a la violencia sexual.
Por mucho tiempo, Ecuador ha tenido altos niveles de impunidad para las personas que cometen actos de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. A menudo, los agresores amenazan a los y las sobrevivientes y a sus familias para que guarden silencio, lo que podría provocar que no denuncien o en su defecto, que retiren sus denuncias. En el caso del personal escolar, también es posible que no estén denunciando todos los incidentes de violencia sexual debido a las amenazas o extorsiones y a que pueden temer las repercusiones o la falta de apoyo de las autoridades si denuncia estos delitos.
Según una representante de la sociedad civil que trabajó en las escuelas de Guayaquil, cuando los agresores están vinculados al narcotráfico o a otros delitos -como cuando está implicada la delincuencia organizada- los y las víctimas no quieren denunciar los actos de violencia cometidos ni a los agresores.
Tanto si los menores de Ecuador están aprendiendo en línea o presencialmente durante este periodo de inestabilidad, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a aprender en un entorno seguro. El gobierno debe garantizar que los y las sobrevivientes puedan denunciar con seguridad la violencia sexual, que las amenazas y la violencia contra el personal que denuncie los casos se investiguen a fondo y que lleguen a juicio, y que los y las sobrevivientes puedan obtener justicia.
