La crisis en Haití ha llegado a un momento crítico. Los grupos criminales asesinan, violan y secuestran a su voluntad, están aterrorizando a los habitantes y prácticamente han paralizado el transporte, la atención médica, la educación y el suministro de ayuda humanitaria crucial en gran parte del país. Es necesario tomar medidas urgentes para restaurar una seguridad básica que permita el retorno de la gobernanza democrática para que las personas puedan ejercer libremente sus derechos humanos y libertades básicas. También será necesario restablecer el Estado de derecho y el acceso a bienes y servicios esenciales.

Entre enero y mediados de marzo de 2024, grupos criminales asesinaron a casi 1.500 personas que no estaban implicadas en la violencia e hirieron a otras 800, según Naciones Unidas. Aproximadamente 50.000 personas han sido desplazadas internamente debido a la intensificación de los ataques de estos grupos contra instalaciones gubernamentales clave y barrios residenciales que antes se consideraban seguros. Se siguen reportando actos despiadados de violencia sexual, incluyendo violaciones en grupo. Casi la mitad de los haitianos sufren inseguridad alimentaria aguda, y 1,4 millones de haitianos están a un paso de la hambruna, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Miles de niños están fuera de la escuela, y el uso y reclutamiento de menores por parte de grupos criminales está en aumento.

El Estado parece estar al borde del colapso. A pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional de Haití, los oficiales están desbordados y son incapaces de proteger a la población. Como consecuencia, muchos haitianos se enfrentan a graves amenazas a sus derechos humanos básicos, incluyendo los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y la educación, entre otros. La misión multinacional de apoyo a la seguridad, autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en octubre de 2023, aún no se ha desplegado y sigue enfrentándose a importantes déficits de financiación. 

Líderes gubernamentales de la región y de otras partes del mundo—junto con líderes de partidos políticos haitianos y representantes de la sociedad civil—han mantenido conversaciones urgentes fuera de Haití, lideradas por la Comunidad del Caribe (CARICOM), para debatir el futuro del país. El 11 de marzo, anunciaron su compromiso de establecer un Consejo Presidencial de Transición, que nombrará a un nuevo primer ministro, trabajará con los socios internacionales para acelerar el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad y, eventualmente, organizará elecciones libres y justas. El primer ministro Ariel Henry, que no ha podido regresar a Haití desde principios de marzo, anunció que renunciará una vez se haya instalado el nuevo Consejo Presidencial.

Otros actores, vinculados a algunos de los grupos criminales más violentos, han rechazado la iniciativa de la CARICOM y abogan por un papel de liderazgo para Guy Philippe, el excomandante de policía golpista que regresó a Haití a finales de noviembre de 2023 tras cumplir seis años de condena en una prisión estadounidense por cargos de lavado de dinero y narcotráfico. Philippe ha reconocido que cuenta con el apoyo de algunos líderes de grupos criminales e incluso les ha ofrecido una amnistía si toma el poder. Jimmy Chérizier (también conocido como Barbeque), principal líder de la coalición criminal G9, que ha reivindicado la autoría de los recientes atentados contra instituciones estatales, también ha anunciado que no reconocerá a ningún gobierno “resultante de estas reuniones”, en referencia a la iniciativa de la CARICOM.

Estas dinámicas ponen de relieve la posibilidad muy real de que los responsables de la violencia, la tiranía y los abusos contra los derechos humanos cometidos contra el pueblo haitiano en los últimos años puedan asumir el control del país en los próximos días o semanas, si no se implementa seriamente una vía alternativa.

Las decisiones que se tomen en los próximos días podrían determinar si la situación en Haití se descontrola aún más, preparando el terreno para más violencia, abusos, hambre, corrupción e impunidad; o si el pueblo haitiano verá por fin un camino hacia la gobernanza democrática, la seguridad básica, el Estado de derecho y el acceso a las necesidades básicas, condiciones esenciales para que los haitianos puedan ejercer y disfrutar libremente de sus derechos humanos.

Recomendaciones:

Para proporcionar un apoyo concreto al pueblo haitiano, Human Rights Watch insta a los líderes internacionales, regionales y haitianos a priorizar y aplicar plenamente las siguientes seis medidas esenciales:

1. Los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deberían cumplir su promesa al pueblo de Haití y establecer urgentemente una misión multinacional de apoyo a la seguridad, autorizada por la ONU y con todas las salvaguardas necesarias en materia de derechos humanos.

Las autoridades de Haití han solicitado repetidamente una acción internacional para abordar la crisis de seguridad del país y el primer ministro Henry pidió específicamente a Naciones Unidas que actúe. Muchos haitianos también han solicitado que la respuesta internacional incluya un componente de seguridad. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas atendió estos llamados en octubre de 2023, cuando autorizó una misión multinacional de apoyo a la seguridad y destacó muchas dimensiones de la crisis. Sin embargo, la misión aún no se ha desplegado y la situación de seguridad en Haití solo se ha deteriorado.

Los miembros del Consejo de Seguridad deberían cumplir su compromiso con Haití. Deberían garantizar que la misión que autorizaron reciba rápidamente la financiación, el personal y las capacidades técnicas necesarios para apoyar efectivamente a la Policía Nacional de Haití, a fin de ayudar a restablecer unas condiciones mínimas de seguridad y el funcionamiento de la infraestructura crítica del país, incluyendo la seguridad para el nuevo gobierno de transición. La misión debe asegurar el respeto de los derechos humanos y ser parte de una respuesta más amplia que aborde todas las dimensiones de la crisis.

El Consejo de Seguridad debería garantizar que la misión incluya una política robusta de diligencia debida y una supervisión rigurosa en materia de derechos humanos, condiciones esenciales para evitar que se repitan los fracasos y abusos de intervenciones anteriores en Haití.

2. Establecer urgentemente un gobierno de transición formado por haitianos destacados que no estén implicados en denuncias creíbles de corrupción, apoyo a grupos criminales, violaciones de derechos humanos u otros delitos graves.

Los gobiernos preocupados por la situación en Haití y los grupos haitianos que participan en las discusiones lideradas por la CARICOM deberían apoyar la investigación de antecedentes de los candidatos al nuevo Consejo Presidencial, incluyendo a través de una revisión de la información disponible en el marco de los regímenes de sanciones. Durante el proceso de toma de decisiones, deberían tomar en cuenta los aportes de los representantes de la sociedad civil haitiana y de las organizaciones de derechos humanos.

Los miembros del nuevo gobierno de transición deberían establecer un mecanismo coercitivo para garantizar que ninguno de ellos participará en las próximas elecciones, tal y como se acordó en las conversaciones. Deberían trabajar con sus socios para restablecer la seguridad básica y crear un entorno que permita la celebración de elecciones libres, justas y creíbles dentro de un calendario claramente definido.

3. Proporcionar urgentemente los recursos necesarios para permitir la entrega inmediata y segura de ayuda humanitaria a los haitianos necesitados.

A pesar del difícil entorno, las organizaciones humanitarias siguen siendo capaces de entregar ayuda vital a muchos haitianos en riesgo de hambruna o que necesitan atención médica urgente u otras necesidades básicas. Sin embargo, estas entidades, incluyendo las organizaciones de base haitianas, se están quedando rápidamente sin recursos. Necesitan financiación ahora para ayudar a mantener a la gente con vida y no pueden esperar a un nuevo gobierno de transición o a una misión multinacional de apoyo a la seguridad.

4. Asistir a Haití en la reconstrucción de su sistema de justicia de una manera respetuosa de los derechos, priorizando la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos.

Entre otras medidas, las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales deberían proporcionar formación y apoyo técnico a un grupo especializado de investigadores judiciales, fiscales y jueces haitianos que se enfoquen en garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves cometidos por miembros de grupos criminales y quienes los apoyan.

El gobierno de transición debe colaborar con la misión autorizada por Naciones Unidas para establecer condiciones de seguridad adecuadas que permitan la reanudación de los procedimientos judiciales.

El gobierno de transición también debería asegurar que los centros de detención sean seguros y humanos y que los procedimientos penales respeten los derechos humanos. En particular, los menores que han sido utilizados o reclutados por grupos criminales deberían recibir asistencia para su rehabilitación, no deberían ser detenidos junto con adultos y deberían recibir garantías de la justicia juvenil. Deberían establecerse programas de asistencia a las víctimas de la violencia para que tengan acceso a justicia, reparación, rehabilitación y apoyo psicológico.

   5. Intensificar los esfuerzos para detener el flujo de armas y municiones hacia Haití.

Los gobiernos relevantes, en particular el de Estados Unidos, deberían hacer cumplir sin demora el embargo de armas de Naciones Unidas a Haití, aumentando las inspecciones en puertos y aeropuertos. Los informes sobre violaciones del embargo de armas, con especial atención a las transferencias de armas pequeñas, deberían comunicarse al Comité de Sanciones contra Haití del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al panel de expertos y a otros organismos pertinentes.

El Consejo de Seguridad debería pedir al Comité de Sanciones que realice periódicamente un mapa del flujo ilícito de armas y municiones hacia los grupos criminales en Haití e informe a los miembros del Consejo con la frecuencia necesaria.

    6. No deportar, devolver o forzar de otro modo a la gente a ir a Haití.

Ningún haitiano debería ser devuelto por la fuerza a Haití mientras las condiciones en el país presenten un riesgo real de daños graves y abusos contra los derechos humanos. Tales retornos por parte de los vecinos de Haití equivalen a una devolución violatoria del derecho internacional.

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Los recientes acontecimientos ponen de relieve la urgente necesidad de que la comunidad internacional responda a las múltiples dimensiones de la crisis de Haití de una manera integral, que proteja y defienda los derechos humanos. Si se implementan plenamente, estas seis medidas podrían contribuir en gran parte a superar la crisis actual y a romper los ciclos de violencia, abusos e intervenciones extranjeras abusivas que han asolado al país durante décadas. Los líderes haitianos y los gobiernos preocupados por la situación en Haití tienen la oportunidad de hacer lo correcto. Lo que los haitianos necesitan ahora son acciones que estén basadas en responder a sus necesidades y los recursos necesarios para llevar a cabo una respuesta integral de derechos humanos.