(Ciudad de México) – Los gobiernos del presidente estadounidense Joe Biden y del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador obligan a miles de personas que buscan obtener asilo en Estados Unidos a esperar en México durante meses y, de este modo, las exponen a peligros, señaló Human Rights Watch en un informe presentado hoy.
En el informe de 68 páginas, “No podíamos esperar: Sistema de dosificación digital en la frontera entre EE. UU. y México”, se describe en detalle que los gobiernos de Biden y López Obrador han logrado que la aplicación móvil del gobierno estadounidense CBP One, cuyo uso resulta dificultoso, sea prácticamente obligatoria para quienes intentan solicitar asilo en Estados Unidos. El resultado es un sistema de “dosificación” de facto, una práctica establecida formalmente al principio de la administración Trump que limita la cantidad de solicitantes de asilo procesados en los puertos de ingreso cada día y hace que otros sean devueltos a México.
“Los gobiernos de Biden y López Obrador están exponiendo de manera deliberada a los migrantes a sufrir persecución a manos de cárteles que, de forma sistemática, secuestran, extorsionan y agreden sexualmente a estas personas”, señaló Ari Sawyer, quien investiga sobre temas de la frontera estadounidense para Human Rights Watch. “Los gobiernos de Estados Unidos y México deberían desistir de obligar a los migrantes a esperar en México y dejar de colaborar en la implementación de políticas inmigratorias que cercenan derechos”.
El informe se elaboró a partir de entrevistas con 128 solicitantes de asilo que pudieron compartir información sobre las experiencias de un total de 263 personas, incluidos familiares y amigos con quienes viajaban, así como entrevistas con 13 trabajadores de albergues, 8 proveedores de servicios para migrantes, funcionarios del gobierno mexicano y trabajadores de derechos humanos. La investigación se llevó a cabo en agosto y septiembre de 2023 en Ciudad de México; en Saltillo y Piedras Negras, Coahuila; en Monterrey, Nuevo León; en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Eagle Pass, Texas. Desde que la administración Biden estableció una nueva regla sobre asilo en mayo de 2023, y dado que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) no proporciona citas suficientes a través de la aplicación para cubrir la demanda diaria por parte de solicitantes de asilo, decenas de miles de personas que buscan obtener asilo se han visto obligadas a esperar en México, a menudo durante varios meses.
El uso casi exclusivo de la aplicación CBP One para procesar a solicitantes de asilo implica obstáculos adicionales al acceso para quienes buscan obtener asilo, en particular para determinados grupos. Muchos solicitantes de asilo no tienen teléfonos celulares, porque no pueden costearlos o porque actores delictivos o agentes gubernamentales en México les han robado sus teléfonos. Cuando los solicitantes de asilo sí tienen teléfonos, con frecuencia sus dispositivos no tienen espacio de memoria para mantener la aplicación, no pueden pagar los datos que necesitan para usarla o no tienen acceso a wifi.
Asimismo, casi todos los solicitantes de asilo con quienes dialogó Human Rights Watch refirieron tener inconvenientes para usar CBP One o acceder a la aplicación. Para algunos, la aplicación resultaba particularmente difícil de usar debido a factores de identidad como su raza, grado alfabetización digital, capacidad de lectoescritura, idioma, edad, condición de persona LGBT o discapacidad.
La regla sobre asilo de Biden se basa en políticas casi idénticas a dos políticas de la época de Trump —las prohibiciones de entrar y trasitar— que la justicia federal determinó que eran ilegales. La regla establece que quienes solicitan asilo deben usar CBP One en la mayoría de los casos para poder acceder al sistema de asilo estadounidense. Los solicitantes de asilo que se presenten en la frontera sin haber concertado una cita, y que no puedan demostrar que solicitaron y se les negó asilo en otro país en su ruta hacia EE. UU. ni determinadas circunstancias especiales difíciles de probar, se enfrentan a una “expulsión acelerada reforzada” a México o a su país de origen sin que les asistan las garantías de debido proceso.
Funcionarios estadounidenses y mexicanos y agentes de seguridad privada contratados por el gobierno mexicano hacen guardia en los puentes internacionales y controlan si los solicitantes de asilo tienen citas de CBP One, y rechazan a quienes no las tienen. Los solicitantes de asilo que corren peligro si esperan en México a menudo cruzan a través de áreas más remotas y peligrosas de la frontera, donde sus vidas están en riesgo o donde encuentran su paso bloqueado por corrientes fluviales, alambres de púas u otros obstáculos.
Tan solo a modo de ejemplo, en el mes de septiembre, Human Rights Watch presenció cómo una familia haitiana intentó durante tres horas entregarse a funcionarios de inmigración estadounidenses cerca de Eagle Pass, Texas, pero las embarcaciones del Departamento de Seguridad Pública de Texas, las corrientes fluviales, los alambres de púas y otros obstáculos no les permitieron hacerlo.
Quienes se ven obligados a esperar en México también se enfrentan a que los funcionarios mexicanos los reubiquen de manera forzada en el sur de México; a la falta de acceso a servicios básicos, como atención de la salud, agua potable y albergue; a ser blanco de violencia por parte de grupos delictivos, así como de autoridades de inmigración mexicanas, soldados de la Guardia Nacional y policías; y a la posibilidad de devoluciones colectivas.
Tanto cárteles como funcionarios gubernamentales corruptos se benefician de las políticas que mantienen a los migrantes no mexicanos en México durante largos períodos. Como resultado de estas políticas, los cárteles han ampliado su modelo de negocios, que ahora incluye la extorsión de familiares o amigos de migrantes secuestrados que viven en Estados Unidos, concluyó Human Rights Watch. Los cárteles tienen la práctica de buscar en los teléfonos de las personas migrantes secuestradas números estadounidenses a los cuales llaman para exigir el pago de rescate en dólares estadounidenses. Los cárteles de Nuevo Laredo extorsionan a solicitantes de asilo que tienen citas obtenidas a través de CBP One y amenazan a estas personas con impedirles llegar a sus citas si no pagan.
“Un sistema de citas instrumentado a través de una aplicación genera una ilusión de orden e imparcialidad, pero en verdad CBP One pone a las personas en peligro y supone más ganancias y poder para los cárteles delictivos”, explicó Sawyer. “Estados Unidos y México pueden y deben hacer mucho más”.
