Resumen

Desde julio de 2015, las fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo más de 135 operaciones, incluidas redadas en comunidades populares, en el marco de la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP). Las fuerzas de seguridad que han participado en estas operaciones incluyen a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las policías estatales.

Distintos funcionarios gubernamentales han señalado en diversas ocasiones que el objetivo de las redadas llevadas a cabo en el marco de la OLP era combatir bandas criminales que contribuyen a los niveles extremadamente altos de violencia en Venezuela. (En 2015, la tasa de homicidios oficial en el país era de 58 cada 100.000 personas, una de las más altas del mundo). Otras veces, algunos funcionarios se han referido a la OLP en términos más bien políticos, señalando que forma parte de un esfuerzo por liberar al país de grupos armados que, según ha sostenido el gobierno, mantienen vínculos con “paramilitares” colombianos y políticos de derecha.

Independientemente de cuál sea la supuesta finalidad de las redadas en el marco de la OLP, hay evidencias significativas, que se describen en este documento, de que miembros de las fuerzas de seguridad que han intervenido en ellas han cometido graves abusos. En entrevistas mantenidas con el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y con Human Rights Watch, numerosas víctimas, testigos y otras fuentes describieron violaciones de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales y otros abusos violentos, detenciones arbitrarias, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, a menudo acusados, sin ninguna prueba, de tener nexos con “paramilitares”.

La magnitud de los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante redadas de la OLP se desconoce, en gran parte debido a que las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente los hechos denunciados. Asimismo, algunos testigos y víctimas se han mostrado renuentes a hablar sobre abusos gubernamentales por temor a sufrir represalias. No obstante, en investigaciones llevadas a cabo por PROVEA y Human Rights Watch entre julio de 2015 y febrero de 2016, decenas de víctimas y testigos aportaron relatos específicos y detallados de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en operativos de la OLP, lo cual otorga credibilidad a las demás acusaciones de abusos.

Un denominador común de estos casos, así como de otros abusos que hemos documentado en diferentes contextos durante la última década en Venezuela, ha sido el grado en el que las víctimas y sus familiares se han visto impedidos de cuestionar los abusos de poder y han sentido que no tienen dónde acudir para que se protejan sus derechos fundamentales.

A lo largo de la última década, la concentración del poder en el poder ejecutivo y la politización de la justicia han debilitado fuertemente las garantías de derechos humanos en Venezuela. Tal como ha sido documentado tanto por PROVEA como por Human Rights Watch en múltiples informes, el gobierno venezolano ha ejercido sobre sus críticos y opositores un poder prácticamente sin límites, por ejemplo al encarcelar a políticos de oposición, crear listas negras de sindicalistas, censurar y clausurar medios de comunicación, hostigar a defensores de derechos humanos y reprimir a manifestantes pacíficos. Este ejercicio irrestricto y hostil del poder ha dejado indefensas a personas de todos los signos políticos ante políticas y prácticas gubernamentales abusivas: así, por ejemplo, las redadas de la OLP documentadas en este informe se desplegaron en varias zonas donde vivían comunidades vulnerables de bajos ingresos e inmigrantes.

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales

Este informe presenta información sobre 20 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante redadas de la OLP en 2015. En 11 de estos casos, que ocurrieron en tres estados y en Caracas, PROVEA o Human Rights Watch entrevistaron a testigos en forma directa, examinaron declaraciones escritas de testigos o consultaron múltiples fuentes que informaban sobre los mismos hechos. Otros 9 casos fueron detallados en información difundida por los medios de comunicación.

PROVEA y Human Rights Watch no están en condiciones de determinar si las autoridades tenían motivos para buscar a personas concretas por supuestos delitos. El objetivo de nuestro análisis es evaluar señalamientos sobre si miembros de las fuerzas de seguridad actuaron observando la ley y respetaron los derechos humanos durante estos operativos.

En total, 245 personas murieron en el marco de ejecución de la OLP en 2015, en casos en los que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”, según el Ministerio Público. En reiteradas declaraciones, funcionarios públicos han afirmado que estas muertes durante las redadas se produjeron en el marco de “enfrentamientos” con delincuentes armados. Sin embargo, en los casos que se presentan en este informe, las evidencias que obtuvimos —que incluyen relatos de testigos y familiares— sugieren que las personas que murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad no representaban una amenaza. En varios de estos casos, los agentes habrían provocado la muerte de personas que estaban bajo su custodia, y en al menos un caso la víctima estaba acostada en su propia cama. Distintos informes de prensa también se refirieron a agentes de seguridad que mataron a personas que no habían opuesto resistencia.

El elevado número de personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad, por sí solo, genera dudas sobre si el uso de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad estaba justificado, y en qué medida lo estaba. Las autoridades públicas se han referido a muchas de estas muertes como el resultado de enfrentamientos entre delincuentes y policías, y de hecho, teniendo en cuenta los altos índices de delincuencia en el país, es probable que algunas de las muertes provocadas por miembros de las fuerzas de seguridad hayan sido producto del uso legítimo de la fuerza. No obstante, la marcada disparidad entre el número de personas cuya muerte fue provocada por miembros de las fuerzas de seguridad y la cantidad de personal de seguridad que resultó herido o que murió en redadas de la OLP sugiere que el uso ilegítimo de la fuerza letal podría ser muy superior a la cantidad de casos analizados por PROVEA y Human Rights Watch. Aunque el gobierno no ha divulgado cifras totales sobre la cantidad de integrantes de las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos, PROVEA y Human Rights Watch, tras consultar documentos oficiales y distintas fuentes en medios de comunicación, identificaron 3 casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad y 14 en los cuales estos habrían resultado heridos durante operativos de la OLP. (Decenas de policías fueron asesinados en Venezuela en 2015, aunque la mayoría se encontraban fuera de servicio cuando esto ocurrió, según fuentes oficiales[1].)

Detenciones arbitrarias

PROVEA y Human Rights Watch también recibieron información que sugiere que miembros de las fuerzas de seguridad han detenido arbitrariamente a cientos de personas durante las redadas de la OLP y han cometido abusos contra algunas personas detenidas. Agentes de seguridad habrían llevado adelante detenciones masivas e indiscriminadas sin exhibir órdenes judiciales, en ocasiones deteniendo a personas que estaban durmiendo en sus casas, según relataron residentes. Según fuentes oficiales, las fuerzas de seguridad detuvieron temporalmente a más de 14.000 personas entre julio de 2015 y enero de 2016 para “verificar” si eran buscadas por haber cometido algún delito, pero menos de 100 de ellas fueron finalmente imputadas por algún delito. La enorme disparidad entre la cantidad de personas aprehendidas y las que fueron llevadas ante fiscales para ser acusadas por delitos sugiere que muchas de las detenciones, y muy probablemente la mayoría, se realizaron de manera indiscriminada y arbitraria.

En algunos casos examinados por PROVEA y Human Rights Watch, los agentes sometieron a los detenidos a abusos físicos, incluidas golpizas, según señalaron testigos. Algunos agentes también habrían robado dinero, computadoras portátiles, teléfonos celulares y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales, de las viviendas, mientras realizaban los allanamientos o detenían a sus residentes.

Desalojos forzosos y destrucción de viviendas

PROVEA y Human Rights Watch obtuvieron evidencias que indican que agentes gubernamentales desalojaron arbitrariamente a miles de personas y destruyeron cientos de viviendas durante redadas en el marco de la OLP. Tanto el derecho internacional como el derecho venezolano prevén que las autoridades deben notificar a las personas antes de desalojarlas y brindarles la oportunidad de objetar la validez de las órdenes que disponen esta medida. Sin embargo, residentes de dos comunidades donde se produjeron desalojos masivos en los estados de Miranda y Carabobo, así como personas que habitaban en viviendas financiadas por el gobierno en otros lugares, informaron que no habían recibido ninguna notificación previa ni habían tenido oportunidad de oponerse a la decisión del gobierno de desalojarlos. En dos redadas de la OLP, cientos de viviendas habrían sido destruidas con topadoras por las fuerzas de seguridad. Varios residentes aseveraron que tenían derecho a ocupar las viviendas de las cuales fueron desalojados, pero que no se les ofreció la oportunidad de presentar esta información a las autoridades competentes antes de los desalojos, ni de acceder a recursos adecuados después de que ocurrieron.

Desde agosto, Venezuela ha enviado fuerzas de seguridad al estado de Táchira, en la frontera con Colombia, luego de que el Presidente Maduro autorizara la implementación de la OLP allí. Más de 1.700 ciudadanos colombianos han sido deportados desde entonces, y al menos 22.000 más se han ido de Venezuela por temor a posibles abusos o deportaciones, según indica la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Ninguno de los más de 700 colombianos entrevistados por la Defensoría del Pueblo de Colombia después de haber sido deportados de Venezuela manifestó que hubiera tenido una audiencia para poder cuestionar su expulsión. Muchos indicaron que tenían permiso legal para vivir en Venezuela. Más de 400 de los ciudadanos colombianos que regresaron a Colombia eran personas que habían pedido asilo o a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados, conforme indica el Grupo Temático Mundial sobre Protección (Global Protection Cluster) en Colombia.

Además de deportaciones arbitrarias, muchos colombianos expulsados de Venezuela denunciaron que sufrieron abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que numerosos ciudadanos colombianos que habían sido deportados de Venezuela manifestaron que integrantes de las fuerzas de seguridad venezolanas emplearon un uso excesivo de la fuerza para desalojarlos de sus viviendas en Venezuela, las cuales posteriormente fueron destruidas, y que los sometieron a abusos físicos y separación forzada de sus familias.

Las acusaciones gubernamentales de que ciudadanos colombianos mantienen vínculos con paramilitares y son responsables de los altos índices de delitos en Venezuela podrían haber contribuido a los excesos en los cuales incurrieron agentes de las fuerzas de seguridad, así como a la huida de ciudadanos colombianos que temían ser víctimas de violencia.

Ausencia de garantías de derechos humanos

Tanto PROVEA como Human Rights Watch han documentado separadamente en múltiples informes que las víctimas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad tienen mínimas posibilidades de obtener algún tipo de reparación o de oponerse con alguna probabilidad de éxito a las acciones del gobierno, dado que, luego de más de una década de ataques a su independencia, el poder judicial venezolano ha dejado de funcionar como un poder independiente del gobierno y ha ratificado una y otra vez políticas y prácticas gubernamentales abusivas.

En el caso del desalojo forzoso de una comunidad entera en el estado de Miranda, los residentes informaron que mientras agentes de seguridad los expulsaban de sus viviendas, se apropiaban de sus pertenencias y derrumbaban 100 viviendas con topadoras, estuvieron presentes representantes del Ministerio Público, que actuaron como “espectadores pasivos”. En un presunto caso de ejecución extrajudicial que tuvo lugar en el estado de Nueva Esparta, la madre de la víctima afirmó que comenzó a ser hostigada por miembros de las fuerzas de seguridad luego de presentar una denuncia en una fiscalía. Ella dijo a Human Rights Watch: “Yo busco hacer justicia porque no la hay en ningún lado”. Muchos ciudadanos colombianos deportados indicaron que no se les permitió objetar sus deportaciones.

Mientras que la represión de protestas que el gobierno impulsó en 2014, y otras prácticas abusivas documentadas previamente por PROVEA y Human Rights Watch, estuvieron dirigidas principalmente a críticos del gobierno, muchas de las presuntas víctimas de abusos durante la OLP fueron personas que se consideran a sí mismas partidarias de la “Revolución Bolivariana” del gobierno. Uno de los residentes desalojados en el estado de Miranda manifestó a PROVEA y a Human Rights Watch que la comunidad siempre había apoyado al “verdadero socialismo”, pero que los agentes de seguridad que efectuaron el desalojo “no nos dieron explicación alguna” ni mostraron “documento alguno emanado de ninguna institución, ni del Estado, ni un tribunal, para proceder brutalmente como lo hicieron”^[2]. Otro residente señaló: “El problema es la impunidad. Mientras exista impunidad seguirá existiendo el maltrato de las autoridades.”[3]

Desde julio, integrantes de PROVEA se han reunido en tres oportunidades con la Fiscal General o con sus representantes para aportarles información sobre denuncias de abusos cometidos en el contexto de redadas de la OLP^[4]. Sin embargo, en su informe anual de 2015, la Fiscal General se refiere solamente una vez a la OLP, al enumerar la muerte de ciudadanos durante las redadas y señalar que estos casos están siendo investigados.

Según informaron representantes del Ministerio Público a PROVEA, 25 agentes de seguridad estarían siendo investigados, pero no aportaron mayor información, como por ejemplo quiénes son esos agentes, o en relación con qué casos o por qué delitos se los investiga^[5]. PROVEA tiene conocimiento de dos investigaciones abiertas por el Ministerio Público: una por una presunta ejecución extrajudicial ocurrida en el estado de Zulia y otra para investigar las denuncias de desalojos forzosos ocurridos en una comunidad del estado de Miranda.[6] A mediados de marzo de 2016, cuando se redactó este documento, el Ministerio Público aún no había respondido a una carta enviada en febrero por Human Rights Watch en la cual se solicitaba información detallada sobre el estado de las investigaciones de presuntos abusos cometidos durante la OLP^[7].

Principales recomendaciones

El gobierno de Venezuela debería asegurar que todos los operativos de seguridad ciudadana se realicen cumpliendo con sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, así como con el derecho venezolano. El gobierno debería garantizar que se realice una investigación exhaustiva e independiente de todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y maltrato de personas detenidas, y que los responsables rindan cuentas por su actuación. Las autoridades deberían asegurar, además, que las detenciones que se realicen en el transcurso de operativos de seguridad ciudadana no sean arbitrarias, como, según se ha afirmado, habrían sido varias de las detenciones durante las redadas investigadas por PROVEA y Human Rights Watch. En casos en los cuales exista un fundamento legal para realizar desalojos, el gobierno debería garantizar que las personas afectadas sean notificadas previamente, tengan la posibilidad de oponerse a los desalojos a través de los procedimientos legales previstos y, cuando corresponda, reciban una indemnización. Por último, el gobierno debería garantizar que las deportaciones no sean arbitrarias y que ningún solicitante de asilo o refugiado sea enviado de regreso a situaciones en las cuales se enfrente a persecución y abusos. El Ministerio Público debería mostrar transparencia absoluta con respecto al estado y los avances de las investigaciones en curso sobre presuntos abusos vinculados con la OLP.

En última instancia, un sistema judicial fuerte e independiente es esencial para asegurar que se rindan cuentas por la clase de abusos denunciados en este informe, que estos sean reparados y que se prevengan en el futuro. Por consiguiente, PROVEA y Human Rights Watch instan al Presidente Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia a adoptar medidas urgentes con el propósito de volver a contar con un poder judicial que actúe como un garante independiente de los derechos fundamentales.

La comunidad internacional debería, a su vez, presionar al gobierno venezolano para que cese de socavar la imparcialidad e integridad del poder judicial. En particular, los sistemas de derechos humanos interamericano y de Naciones Unidas, así como los gobiernos latinoamericanos que comparten compromisos regionales de proteger y promover los derechos humanos y principios democráticos básicos, deberían instar al gobierno venezolano a actuar inmediatamente para garantizar la independencia del poder judicial en el país.

 

Hallazgos

Antecedentes

En julio de 2015, el gobierno del Presidente Maduro anunció la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP). Desde entonces, el gobierno ha movilizado a las fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el SEBIN, el CICPC y fuerzas policiales de los estados, en más de 135 operativos de la OLP^[8].

Uno de los objetivos enunciados de la OLP ha sido abordar el problema de la criminalidad. En 2015, la tasa de homicidios oficial del país era de 58 cada 100.000 personas^[9], una de las más altas del mundo. Sin embargo, según cálculos extraoficiales la cifra sería incluso mayor^[10]. En entrevistas mantenidas con PROVEA y Human Rights Watch, algunos residentes de comunidades populares expresaron que sus vecindarios eran controlados por bandas criminales.

Otro de los objetivos de la OLP, según distintas autoridades, sería erradicar del país las bandas armadas a las cuales el gobierno atribuye vínculos con “paramilitares” colombianos^[11]. Diversos funcionarios han culpado reiteradamente a “paramilitares” por los altos índices de criminalidad, acusándolos de comprar gasolina a bajo costo e insumos básicos que están disponibles a un valor subsidiado en mercados controlados por el Estado venezolano, para luego llevarlos mediante contrabando a Colombia, donde estos bienes no están subsidiados y, por ende, son más costosos. Al referirse a las redadas llevadas a cabo en el marco de la OLP, algunos funcionarios han acusado a “sectores políticos de derecha” de “apoya[r] la inserción del paramilitarismo” en Venezuela^[12]. Anteriormente, autoridades del gobierno criticaron en términos similares a políticos de oposición o a la “derecha” por pretender desestabilizar la democracia venezolana, cuando participaron en actividades como convocar a protestas contra el gobierno^[13].

Ejecuciones extrajudiciales

PROVEA y Human Rights Watch analizaron señalamientos que indicaban que las muertes por armas de fuego de 20 personas durante redadas de la OLP en 2015 habrían sido ejecuciones extrajudiciales. En 11 de estos casos, que ocurrieron en Caracas y tres estados —Nueva Esparta, Zulia y Mérida— PROVEA y Human Rights Watch entrevistaron en forma directa a testigos, consultaron testimonios escritos de testigos o pudieron acceder a múltiples fuentes que informaban sobre los mismos hechos. En otros nueve casos, los señalamientos procedían de información difundida en los medios de comunicación.

La Fiscal General de Venezuela ha informado que las fuerzas de seguridad mataron a un total de 245 civiles durante redadas de la OLP en 2015^[14]. Decenas de personas fueron “abatidas” durante operativos de la OLP durante el 2016, según informes de prensa[15]. El elevado número de personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad, por sí solo, suscita dudas sobre si el uso de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad se encontraba justificado, y en qué medida. Las autoridades públicas se han referido a muchas de estas muertes como el resultado de enfrentamientos entre delincuentes y policías. De hecho, teniendo en cuenta los altos índices de delincuencia, es probable que algunas de las muertes provocadas por miembros de las fuerzas de seguridad hayan implicado el uso legítimo de la fuerza. No obstante, la disparidad entre la cantidad de personas cuya muerte fue provocada por miembros de las fuerzas de seguridad y la cantidad de personal de seguridad que ha resultado herido o muerto en redadas en el marco de la OLP sugiere que el uso ilegítimo de la fuerza letal podría ser muy superior a la cantidad de casos analizados por PROVEA y Human Rights Watch. Aunque el gobierno no ha divulgado cifras totales sobre la cantidad de miembros de las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos, PROVEA y Human Rights Watch, tras consultar documentos oficiales y distintas fuentes en medios de comunicación, identificaron 3 casos en los cuales se informó que agentes de seguridad habían muerto y 14 en los cuales agentes de seguridad habrían resultado heridos durante redadas de la OLP.

Las muertes provocadas por miembros de las fuerzas de seguridad ocurrieron en el contexto de redadas masivas anunciadas por el gobierno con objetivos que incluían desde combatir los crímenes violentos hasta “recuperar”artículos de primera necesidad presuntamente acopiados, contrabandeados, o vendidos en el mercado negro. Las muertes por disparos que investigamos, y los casos en los cuales las personas fueron vistas por última vez bajo custodia policial y luego fueron halladas muertas, en general ocurrieron durante la madrugada, cuando agentes de seguridad se llevaron a numerosas personas y saquearon viviendas, e incluso en algunas ocasiones todas las viviendas de vecindarios enteros. En algunos casos, los testigos relataron que agentes de seguridad dispararon a las víctimas a quemarropa. En otros, indicaron haber visto por última vez a las víctimas cuando estaban bajo custodia de agentes de seguridad. Se les ha negado sistemáticamente un recurso efectivo a las víctimas y sus familiares.

Margarita, estado de Nueva Esparta

El 17 de agosto, 456 agentes de seguridad participaron en una redada de la OLP en Villa Zoita, un vecindario de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. El objetivo oficial de la redada consistía en “liberar al pueblo”, aunque no se explicitó de qué^[16]. Las autoridades indicaron que se “recuperaron” varios “artículos de primera necesidad” de los cuales había desabastecimiento, como papel higiénico, pasta dental, manteca, salsa de tomate, café y mayonesa^[17]. Una residente entrevistada por Human Rights Watch y otros residentes que fueron entrevistados por defensores de derechos humanos locales refirieron incidentes en los cuales, durante los operativos, agentes de seguridad saquearon viviendas y golpearon a personas que estaban momentáneamente detenidas, al igual que un caso en el cual ejecutaron extrajudicialmente a un joven^[18].

El gobernador de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, indicó que el operativo se ejecutó “con severidad pero con absoluto respeto a los derechos humanos”^[19]. Las autoridades reconocieron que “resultó abatido un ciudadano”, pero indicaron que esto ocurrió “al enfrentarse con los funcionarios de seguridad”^[20].

Olga Meza, de 38 años, que reside en Villa Zoita, ofreció el siguiente relato de lo sucedido^[21].

Meza indicó que, a las 2:30 a.m. del 17 de agosto, su vivienda fue allanada por aproximadamente cinco hombres vestidos de negro, que llevaban el rostro cubierto y exhibían insignias del CICPC.

Meza, su esposo y dos de sus hijos estaban durmiendo, mientras que la hija de Meza, de 19 años, se encontraba dando el pecho a su bebé de 6 meses. Los agentes sacaron por la fuerza a Meza y a su esposo de la cama, obligaron al esposo a permanecer acostado en el piso de la sala, donde lo golpearon y amenazaron con matarlo, aseveró Meza. Un agente obligó a Meza a permanecer de pie contra la pared en un pasillo, mientras le aplicaba fuerza en el estómago con su rodilla y le ponía un arma en la boca. Desde esa posición, dijo Meza, pudo ver a otro agente entrar violentamente en la habitación donde su hija estaba amamantando, y llevarse al bebé. Los agentes luego propinaron golpes y puntapiés a la hija de Meza.

El agente que tenía sujetada a Meza la tomó por el rostro y la obligó a mirar hacia la habitación donde sus dos hijos, de 6 y 16 años, estaban en la cama y con las luces apagadas. Meza dijo que vio a un agente del CICPC entrar a la habitación y disparar a su hijo de 16 años, Ángel Joel Torrealba. Recuerda haber escuchado cuatro disparos antes de que el agente encendiera las luces. Luego el agente se acercó al cuerpo sin vida de Torrealba y miró el rostro de este, dirigió la mirada al agente que sujetaba a Meza, hizo un gesto con los ojos indicando decepción y sacudió la cabeza, según dijo Meza, dando a entender que Torrealba no era la persona que estaban buscando.

Esa noche, 172 viviendas en el vecindario fueron saqueadas por agentes de seguridad, indicó Meza. Sus vecinos le dijeron que robaron alimentos, televisores, equipos de aire acondicionado y ventiladores, y que preguntaban a los residentes si conocían a un joven de 22 años llamado Ángel Rodríguez (es decir, una persona con el mismo nombre de pila que el hijo de Meza, pero con otro apellido y de distinta edad).

Tras matar a Torrealba, los agentes obligaron a Meza y al resto de la familia a salir de la vivienda, según contó, mientras todavía estaban con ropa de dormir. Meza escuchó varios disparos más, y a un agente que gritaba “¡Un enfrentamiento! ¡Tenía un arma!”.

Meza dijo a Human Rights Watch que cree que el objetivo de los disparos posteriores y los gritos fue causar la impresión de que su hijo había muerto mientras atacaba a los agentes. Esta descripción coincidiría con la versión oficial, emitida posteriormente, que señalaba que la persona que murió durante la OLP en Villa Zoita había mantenido un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Aproximadamente una hora después, Meza vio a dos miembros de la Guardia Nacional que sacaban de la casa el cuerpo de su hijo, cubierto con la sábana de su cama, y lo cargaban en una camioneta blanca.

Cerca de las 3:30 a.m., Meza, su hijo de 6 años, y su hija y el bebé fueron obligados a subir a un vehículo, junto con una vecina. Meza dijo a Human Rights Watch que tres miembros de la Guardia Nacional los condujeron en el vehículo hasta un monte en las proximidades y obligaron a las tres mujeres a permanecer boca abajo en el piso. Durante alrededor de dos horas, miembros de la Guardia Nacional las insultaron, las golpearon, las pisaron y las amenazaron con un arma.

Cuando comenzó a amanecer, cerca de las 5:00 a.m., otros miembros de la Guardia Nacional llevaron alimentos para los que estaban vigilando a las tres mujeres. Los agentes dieron unos últimos puntapiés a las mujeres antes de apartarse unos metros para comer. Meza señaló a Human Rights Watch que, en susurros, las tres mujeres se pusieron de acuerdo en salir corriendo. Meza recogió a su hijo, la hija tomó al bebé, y todas corrieron aproximadamente un kilómetro hasta una carretera. Meza oyó disparos, pero no está segura de si les intentaron disparar a ellas o si lo hicieron al aire.

Un hombre detuvo su automóvil y las llevó hasta el hospital, donde Meza esperaba encontrar a su hijo. Sin embargo, no estaba allí. Cuando acudieron a la morgue, los funcionarios allí presentes le indicaron que el único cuerpo que había llegado esa noche era el de un hombre de 22 años, dando a entender que no podía tratarse de su hijo. No permitieron que Meza viera el cuerpo. Meza insistió en constatar si se trataba de su hijo, hasta que un funcionario de la morgue le mostro disimuladamente una fotografía del cuerpo. Efectivamente, se trataba de su hijo. Una partida de defunción a la cual Human Rights Watch tuvo acceso confirma que Torrealba murió a causa de disparos en la mañana del 17 de agosto.

Ese mismo día, Meza presentó una denuncia en la Fiscalía Novena del Estado de Nueva Esparta, pidiendo que se investigue la muerte de Torrealba, según dijo a Human Rights Watch un abogado de una organización que trabaja en el caso, el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC).

Meza aseveró que, desde que presentó la denuncia, tanto ella como algunos de sus vecinos que hablaron abiertamente sobre el asesinato han sido acosados por agentes de seguridad. Meza contó que han circulado vehículos con agentes a muy baja velocidad por la puerta de su vivienda, y que también ella y otros familiares han sido interceptados y revisados. Los agentes han señalado que estos cacheos eran parte de un “operativo” en el vecindario, pero no interceptaron ni revisaron a nadie más, y Meza afirmó que fue seguida en ocasiones en que visitó la tumba de su hijo. Meza sostuvo que ella y algunos vecinos que la han apoyado en su reclamo de justicia también fueron amenazados con la posibilidad de ser desalojados de sus viviendas. El complejo donde viven fue construido por el gobierno y pertenece a este.

Hasta febrero de 2016, Meza no tenía conocimiento de que se hubieran producido adelantos significativos en la investigación penal de la muerte de Torrealba, según indicó el abogado de COFAVIC que trabaja en el caso.

Santa Rosa de Agua, estado de Zulia

El 14 de septiembre, agentes de seguridad llevaron a cabo una redada durante una OLP en Santa Rosa de Agua, un vecindario de Maracaibo, en el estado de Zulia. El gobernador de Zulia, Francisco Arias Cárdenas, envió un tweet a las 5:19 a.m. indicando que el objetivo de la operación era “regresar la Paz y la tranquilidad al Pueblo”^[22]. Más tarde ese día, durante una conferencia de prensa, señaló que el operativo había conseguido “desarmar bandas delictuales” que se dedicaban a “la amenaza, a la vacuna, al sicariato, y al robo”^[23].

En testimonios recogidos por PROVEA y Human Rights Watch, se hace referencia a presuntos abusos cometidos por agentes de seguridad durante la redada, incluidas golpizas arbitrarias, hurtos, ingreso violento y no autorizado a viviendas, y ejecuciones extrajudiciales. Una organización de derechos humanos local informó sobre cinco muertes durante la redada^[24].

Human Rights Watch consultó declaraciones oficiales de testigos que presenciaron dos presuntas ejecuciones extrajudiciales. Yamileth Karina Núñez Morillo ofreció el siguiente relato a la Fiscal Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia sobre la muerte de su esposo:

Aproximadamente a las 4 a.m., según declaró Núñez en su testimonio escrito, ella y su esposo, Jonathan Luis Olivares, escucharon disparos y ruidos procedentes de alguien que intentaba ingresar por la fuerza a su vivienda^[25]. Se levantaron raudamente de la cama y corrieron hacia el baño, llevando consigo a su hija de 4 años. Núñez llamó al hermano de su esposo, Jorge Olivares Calixto, que vivía en las proximidades, para avisarle que “malandros” estaban ingresando a su casa.

Sin embargo, tras oír una voz en el pasillo que les daba órdenes de abrir la puerta del baño, encontraron a cerca de 25 hombres uniformados que les apuntaban sus armas, dijo Núñez. Los agentes le ordenaron a Jonathan Olivares que caminara de pies y manos hasta la sala, contó Núñez, y luego intercambiaron palabras entre ellos para determinar si Jonathan era “él”.

Cuando Núñez preguntó qué estaba sucediendo, un oficial le jaló el cabello y la sacó de la casa a empujones junto con la niña, según dijo. Escuchó disparos en la vivienda, pero no se le permitió volver a entrar. Cerca de las 5:30 a.m., Núñez observó que una camioneta blanca del CICPC se detuvo frente a su vivienda y volvió a partir rápidamente. Horas más tarde, después de que los oficiales que participaron en la OLP se fueron del lugar, volvió a entrar en la casa, según dijo a la Fiscalía. Su esposo no estaba y en la sala había sangre. También faltaban muchas de sus pertenencias.

La familia encontró posteriormente el cuerpo de Olivares en la morgue. Creen que fue ejecutado por oficiales en la sala, que luego se llevaron el cuerpo en la camioneta blanca.

Elizabeth Coromoto Nava García prestó la siguiente declaración por escrito ante el Fiscal Cuadragésimo Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con respecto a la muerte de su esposo, Jorge Olivares, hermano de Jonathan Luis Olivares^[26]:

Tras recibir una llamada telefónica alarmante de Núñez, Jorge Olivares le indició a su esposa que se encerrara en la vivienda con sus hijas de 2 y 9 años, mientras él acudía a pedir ayuda. Coromoto se escondió en el baño. Dijo a la fiscalía que escuchó disparos y personas que entraban por la fuerza. Alguien le dio la orden de que saliera del baño, y ella lo hizo. Luego, varios policías la llevaron por la fuerza con su hija a una sala de la casa cuya puerta había sido violentada por los agentes. Vio que su billetera estaba abierta y que faltaba el dinero que tenía.

A través de un agujero en la puerta rota, Coromoto vio a oficiales que destruían sus pertenencias y consumían las bebidas que había en el refrigerador. Le ordenaron que fuera hasta la cocina y lavara vasos para que pudieran tomar agua, pero contó que se negó a cumplir esta orden.

Desde la habitación, Coromoto escuchó afuera un disparo y los quejidos de su esposo: “¡Ay! ¡Ay!”. Los oficiales se retiraron luego de retenerla en la vivienda aproximadamente cuatro horas. La familia encontró posteriormente el cuerpo de Jorge Olivares en la morgue.

Elvimar Olivares, hermana de Jonathan y Jorge Olivares, dijo a Human Rights Watch que durante la redada se le impidió entrar a la zona donde estaban ubicadas las viviendas de sus hermanos, pero que pudo ver camionetas blancas sin matrícula que entraban y salían de la zona^[27]. Indicó que un vecino le informó haber visto a oficiales que se llevaban a Jorge Olivares, todavía con vida.

Fue Elvimar Olivares quien visitó la morgue más tarde esa mañana y se enteró de que los dos hermanos Olivares estaban muertos. Según dijo, cuando se presentó ante la sede del CICPC para pedir que se investigaran las muertes, funcionarios de esta institución que estaban allí le advirtieron que “la familia de CICPC es muy larga y entre nosotros no nos pisamos la manguera”.

Además de los hermanos Olivares, otras tres personas murieron a manos de miembros de las fuerzas de seguridad durante la redada de la OLP en Santa Rosa de Agua, según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zulia (CODHEZ). Agentes de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana, el CICPC y la policía del estado irrumpieron violentamente en numerosas viviendas sin órdenes judiciales, y golpearon a residentes y les robaron sus pertenencias, dijo CODHEZ^[28].

El 21 de octubre, un abogado que trabaja para CODHEZ pidió al Ministerio Público que cumpliera una serie de pasos concretos en la investigación de las muertes de los hermanos Olivares, como obtener el testimonio de tres policías que participaron en los supuestos “enfrentamientos armados” y proporcionar una copia de las partidas de defunción. En febrero de 2016, la familia Olivares no había logrado obtener una copia del expediente judicial de la investigación sobre las muertes, según indicó a Human Rights Watch un abogado que colabora con CODHEZ^[29]. En marzo de 2016, CODHEZ informó que el Ministerio Público había abierto dos investigaciones sobre el caso (una a nivel nacional y otra en el estado), pero que ninguna había aportado una respuesta efectiva a los familiares^[30].

Otras presuntas ejecuciones extrajudiciales

• El 13 de julio, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Gustavo González López expresó que 14 “criminales” habían muerto en “enfrentamientos” con agentes de seguridad en una redada de una OLP llevada a cabo ese día en la Cota 905 de Caracas^[31]. Familiares de al menos cuatro personas que murieron durante la redada indicaron a medios de noticias que las fuerzas de seguridad se llevaron a las víctimas con vida y que las familias luego encontraron sus cuerpos en la morgue^[32]. Los familiares de Edison Alcalá, de 21 años, que estaba entre los muertos, dijeron a medios venezolanos que algunos vecinos vieron que estaba vivo cuando fue detenido por las fuerzas de seguridad. Los familiares de Alcalá acudieron a distintas dependencias policiales y militares para averiguar si Alcalá estaba retenido allí, pero encontraron su cuerpo en la morgue la mañana del 14 de julio^[33].
• Según declaraciones del gobernador del estado, Alexis Ramírez, cinco personas murieron por la acción de agentes de seguridad durante una OLP en el estado de Mérida el 11 de septiembre de 2015. Diversas fuerzas de seguridad habrían enviado a un total de 117 agentes a la redada. Ramírez y el titular del CICPC en Mérida señalaron que las víctimas eran “criminales” que pertenecían a una “banda altamente peligrosa” que había cometido varios delitos como robo y tráfico de drogas^[34]. Un defensor de derechos humanos que entrevistó a testigos y pidió que se preservara su anonimato dijo a Human Rights Watch que agentes del CICPC habrían entrado por la fuerza a la vivienda de una de las víctimas a las 4 a.m. Retuvieron a la familia de la víctima en otra habitación, desde donde los familiares escucharon varios disparos. La víctima fue llevada herida, pero con vida, según le indicaron al defensor varios testigos. Aunque en el lugar había bomberos que intentaron brindarle atención médica, agentes del CICPC supuestamente no permitieron que lo hicieran. Los agentes aparentemente habrían apuntado a los bomberos, mientras propinaban puntapiés y golpes a la víctima, que luego falleció en un hospital. En otro caso, el defensor de derechos humanos obtuvo el testimonio de testigos que indicaron que agentes del CICPC ingresaron por la fuerza en una vivienda a las 4 a.m. y esposaron a dos víctimas, antes de llevarlas a otro piso dentro de la casa. El defensor contó que los demás familiares, que permanecieron en otro piso, escucharon varios disparos, y que luego agentes del CICPC les dijeron que las víctimas pertenecían a una banda criminal y que habían muerto en un “enfrentamiento armado”.
• El 28 de octubre, agentes de seguridad de distintas fuerzas, incluidos el SEBIN, el CICPC y la Policía Nacional Bolivariana participaron en una OLP en El Cementerio, una zona contigua a la Cota 905, según relató un lugareño a Human Rights Watch. El lugareño indicó que agentes de seguridad ingresaron por la fuerza en una vivienda, se llevaron a un hombre que estaba en el interior, lo obligaron a arrodillarse y le dispararon. Los agentes también robaron artículos personales de las viviendas del vecindario, y detuvieron a otros dos residentes que no estaban cometiendo ningún delito, según contó^[35].

Además de los casos de presuntas ejecuciones ilegales que se mencionaron precedentemente, en distintos periódicos locales se ha informado sobre, al menos, otros nueve casos en los cuales miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente habrían ejecutado a personas durante operativos de la OLP, incluidos los siguientes:

• El 21 de agosto, los hermanos Yoel Eduardo Páez, de 21 años, y Jonathan Ronaldo Páez, de 19, fueron abatidos por disparos de agentes de seguridad durante una redada de la OLP en Naguanagua, en el estado de Carabobo, mientras corrían intentando no ser alcanzados por los agentes, según relataron familiares. Los familiares indicaron a medios de comunicación locales que no se les permitió ver los cuerpos^[36].
• El 31 de agosto, miembros de la Guardia Nacional habrían presuntamente allanado una vivienda y detenido a Luis José Márquez Cedeño, de 14 años, durante una OLP en el estado de Bolívar. Esa fue la última vez que se lo vio con vida, según afirmó su madre. Indicó que un testigo vio cuando su hijo era llevado con vida. Su cuerpo fue encontrado posteriormente^[37].
• El 3 de septiembre, agentes de seguridad mataron a Héctor Luis Díaz Zerpa, de 23 años, durante una OLP en Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui. Si bien las autoridades señalaron que había abierto fuego contra agentes de seguridad, varios residentes dijeron a un periódico local que Díaz no se enfrentó con los agentes. La hermana de Díaz indicó que este se asustó cuando vio que comenzaba la redada, y que los agentes le dispararon mientras corría intentando buscar un lugar donde resguardarse^[38].
• El 8 de octubre, Kellber Giovanny Mogollón, de 27 años, y Wilmer Alexander Suárez, de 21, murieron a manos de miembros de las fuerzas de seguridad, en sucesos que luego las autoridades describieron como dos “enfrentamientos” armados distintos durante una redada en el marco de la OLP en Barquisimeto, estado de Lara. Familiares de los fallecidos señalaron en declaraciones a los medios de comunicación que los hombres fueron ultimados dentro de las viviendas, a pesar de que no opusieron resistencia^[39].
• El 14 de octubre, miembros de las fuerzas de seguridad mataron a los hermanos José Luis Maita Ramos, de 25 años, y Diómedes Morales Maita, de 23, durante una redada en la OLP llevada a cabo en dos municipios de los estados de Anzoátegui y Sucre, conforme señalaron fuentes oficiales^[40]. Diversas fuentes oficiales se refirieron a lo sucedido como un enfrentamiento. No obstante, familiares de los fallecidos dijeron que ambos hombres fueron asesinados sin que se resistieran en la vivienda que compartían^[41].
• El 11 de diciembre, agentes de las fuerzas de seguridad dieron muerte a Gustavo Mariozzi Simanca, de 17 años, a quien la Policía Nacional Bolivariana había señalado como responsable de la muerte de un policía en Caracas^[42]. Un miembro de la familia de Mariozzi señaló a un medio de noticias que él estaba comprando un refresco cuando agentes del CICPC, la Policía Nacional Bolivariana y el SEBIN ingresaron en la tienda. Luego de alejarse corriendo del lugar junto con otras cuatro personas, indicó el familiar, Mariozzi fue abatido por oficiales en un galpón^[43].

Detenciones arbitrarias, desalojos forzosos y destrucción de viviendas

Las autoridades venezolanas han señalado que, durante redadas realizadas en el marco de la OLP de 2015, las fuerzas de seguridad aprehendieron a cerca de 14.000 personas, supuestamente con el objetivo de “verificar” si alguna de ellas era buscada en relación con delitos. De esas personas, alrededor de 1.400 fueron detenidas y menos de 100 fueron llevadas ante fiscales para ser acusadas formalmente por la comisión de un delito, según surge de un examen de fuentes oficiales llevado a cabo por PROVEA y Human Rights Watch. El número reducido de personas que finalmente fueron llevadas ante fiscales para ser acusadas por algún delito, comparado con la cantidad de personas que fueron aprehendidas inicialmente —aproximadamente de 1 en 140—, sugiere que las detenciones temporales masivas fueron una medida indiscriminada.

Varios testigos de algunas de estas detenciones masivas aseveraron que los agentes de seguridad no presentaron órdenes de detención, saquearon las viviendas de las personas que caían en las redadas y propinaron golpizas y puntapiés a personas que estaban bajo su custodia.

Las personas detenidas en las redadas eran retenidas hasta 14 horas, en las cuales se llevaba a cabo un “proceso de verificación de ciudadanos” que consistía en que los agentes de seguridad controlaran si los detenidos eran objeto de alguna investigación penal, según surge de investigaciones realizadas por PROVEA^[44]. Los residentes dijeron que, en algunos casos, mientras estaban bajo custodia, los agentes de seguridad se apropiaron de teléfonos celulares, computadoras portátiles y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales, que hallaron en las viviendas^[45].

También se ha señalado que durante los operativos de las OLP se realizaron desalojos forzosos a gran escala. PROVEA y Human Rights Watch recibieron versiones de residentes de viviendas privadas en los estados de Miranda y Carabobo, así como de habitantes de complejos de viviendas que son propiedad del gobierno en otros sitios, que señalaron que fueron desalojados de sus viviendas durante redadas de la OLP, sin ningún tipo de notificación previa ni ofrecimiento de alternativas de reubicación o indemnización. Durante las redadas de 2015, agentes gubernamentales desalojaron a miles de personas y destruyeron más de 800 viviendas, según los residentes[46].

Todos los venezolanos tienen derecho, conforme al derecho internacional, a ser protegidos frente a desalojos forzosos. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que fue ratificado por Venezuela, garantiza el derecho a la vivienda^[47]. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que interpreta el PIDESC, ha señalado que “todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas”^[48]. Si los hechos informados son ciertos, los desalojos que se habrían producido durante operativos de la OLP —sin aviso previo y sin que los residentes tuvieran ninguna vía legal de recurso— constituyen desalojos forzosos conforme a la definición del derecho venezolano y el derecho internacional.

El derecho venezolano brinda garantías que coinciden en gran medida con lo estipulado en los estándares internacionales. Solamente se permite llevar a cabo un desalojo luego de un procedimiento legal en el cual la persona a ser desalojada pueda defender su posición. El derecho venezolano prevé que se puede prescindir de tales procedimientos cuando una vivienda vaya a ser demolida legalmente o en otras circunstancias específicas, pero que las autoridades deberán, en todos los casos, ofrecer a las personas desalojadas una alternativa de reubicación provisoria o permanente^[49].

Como se indica más adelante, PROVEA y Human Rights Watch tomaron conocimiento de graves señalamientos de desalojos forzosos, destrucción de viviendas sin respetar el debido proceso y acceso inadecuado a recursos legales tras los desalojos o la destrucción de viviendas. Como se expone en este informe, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y otras autoridades competentes no parecen haber respondido adecuadamente a las denuncias planteadas por las víctimas.

Cota 905, Caracas

En la madrugada del 13 de julio de 2015, agentes de seguridad de la Guardia Nacional, el SEBIN, el CICPC y la Policía Nacional Bolivariana llevaron a cabo una redada de la OLP en la Cota 905, una zona popular de Caracas^[50]. Más tarde ese mismo día, el Ministro de Interior, Justicia y Paz Gustavo González López informó en una conferencia de prensa que 134 personas, incluidos 32 extranjeros “con vinculación directa con el paramilitarismo colombiano”, habían sido detenidas durante el operativo y que 14 “criminales” habían muerto durante los “enfrentamientos” con las fuerzas de seguridad^[51]. El Presidente Nicolás Maduro dijo que 40 “paramilitares extranjeros” habían sido detenidos^[52]. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz declaró que el personal de seguridad había actuado “en estricto apego al respeto de los derechos humanos”^[53].

A pesar de esta última afirmación, más de 20 residentes entrevistados por PROVEA y Human Rights Watch aportaron descripciones de lo sucedido que sugieren claramente que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos durante la redada^[54]. Algunos residentes dijeron que agentes de seguridad —sin exhibir orden judicial alguna y afirmando que “actuaban bajo una orden presidencial”— ingresaron por la fuerza en decenas de viviendas en horas de la madrugada, mientras la mayoría de las personas estaban durmiendo. Los residentes dijeron que agentes que intervinieron en las redadas robaron teléfonos celulares, dinero y alimentos, entre otros bienes. Decenas de residentes cuestionaron la afirmación del gobierno de que fueron 134 las personas detenidas, y señalaron a PROVEA que, según sus estimaciones, las personas detenidas por agentes de seguridad fueron más de 200, incluidas algunas que quedaron retenidas durante un día entero y recibieron golpizas[55].

Los agentes llevaron cuesta arriba a varios detenidos hasta un sector denominado “La Cancha”, donde los obligaron a permanecer de rodillas bajo el sol durante varias horas, según indicaron residentes entrevistados por PROVEA y Human Rights Watch. Por ejemplo, uno de los residentes, Pedro Beltrán, contó a PROVEA que agentes de seguridad irrumpieron en su vivienda por la madrugada y lo obligaron a él y a su hijo a salir a la calle sin permitirles calzarse ni cubrirse el torso. Los agentes luego los habrían obligado a permanecer en el suelo durante cuatro horas, y los golpeaban cuando levantaban la cabeza. Beltrán contó que luego los oficiales los llevaron a La Cancha e hicieron que permanecieran de rodillas al sol, sin agua, hasta las 4 p.m. Los oficiales habrían pisado las cabezas de los hombres con sus botas y los habrían acusado de ser paramilitares^[56].

José Vega, otro residente, dijo a PROVEA en una entrevista grabada que agentes de seguridad irrumpieron en su vivienda cuando se estaba preparando para ir a trabajar, lo golpearon y amenazaron con matarlo. Vega afirmó que los agentes le apoyaron el cañón de una pistola en la sien y lo obligaron a agarrar otra arma, diciéndole que podían matarlo en un “enfrentamiento” si no les proporcionaba información sobre quiénes eran los “criminales”. Finalmente, lo dejaron ir sin darle ninguna explicación, contó Vega^[57].

Ana Correa indicó a Human Rights Watch que, mientras se dirigía a pie al trabajo, aproximadamente a las 7 a.m., vio cerca de 30 agentes uniformados del CICPC, con el rostro cubierto con pasamontañas, que preguntaban por personas a quienes identificaban por sus nombres^[58]. Correa dijo que vio a los oficiales ingresar a viviendas, golpear a personas y detener a “quien sea” que encontraban.

La gran mayoría de las 134 personas que las autoridades reconocen haber detenido durante la redada de la OLP del 13 de julio nunca fueron acusadas en relación con ningún delito. El 15 de julio, la Fiscal General confirmó que solamente 19 de los detenidos habían sido llevados ante un juez. Sostuvo que los 19 fueron acusados por delitos como homicidio, robo y tráfico de drogas^[59].

El Defensor del Pueblo de Venezuela manifestó a la prensa el 16 de julio que su institución trabajaría en colaboración con el Ministerio Público para investigar las denuncias de supuestos abusos cometidos por personal de seguridad durante el operativo. En la misma conferencia de prensa, señaló que los agentes de seguridad fueron “enfrentados” cuando ingresaron en la Cota 905 para llevar a cabo la redada en el marco de la OLP. No especificó quiénes los enfrentaron ni de qué manera^[60].

PROVEA envió una carta al Defensor del Pueblo el 1° de octubre de 2015, en la cual detallaba información con denuncias de abusos cometidos en la redada en la Cota 905. En marzo de 2016, la defensoría aún no había respondido.

Al menos dos redadas fueron llevadas a cabo posteriormente por las fuerzas de seguridad en la Cota 905 en 2015, según informaron residentes. El 20 de julio de 2015, miembros de la Guardia Nacional irrumpieron en la vivienda de Juan Pérez a las 5:30 a.m., mientras este dormía, según el testimonio que proporcionó a la organización de derechos humanos COFAVIC^[61]. Pérez refirió que, tras indicarle que tomara su documento de identidad, los oficiales lo obligaron a salir, y que pudo ver que agentes de seguridad robaban alimentos y bienes de otras viviendas. Los oficiales obligaron a varios hombres más y a algunos adolescentes —que, según Pérez, tendrían alrededor de 14 años— a salir de sus viviendas, y les dijeron que se sentaran en el pavimento, con las manos detrás de la espalda. Pérez indicó que más tarde los oficiales los rodearon y los subieron a varios metrobuses. No informaron a los detenidos adónde los llevaban.

Los autobuses los trasladaron hasta una dependencia de la Guardia Nacional donde había alrededor de 200 hombres detenidos, según contó Pérez, y no se permitió que ninguno de los detenidos se pusiera en contacto con familiares. Pérez dijo que, durante las casi 24 horas que permanecieron allí, vio a hombres que eran obligados a mantenerse arrodillados por largos períodos. También vio a hombres a quienes les propinaron golpizas y les negaron el acceso a agua y al uso de baños, según contó. Afirmó que, en un episodio particularmente grave, miembros de la Guardia Nacional subieron a tres hombres a un vehículo policial y los golpearon. Alrededor de las 3 a.m. del día siguiente, miembros de la Guardia Nacional permitieron que Pérez se retirara, según contó, pero amenazaron con volver a detenerlo e iniciar acciones penales, sin especificar bajo qué circunstancias o por qué delitos podrían acusarlo.

En entrevistas grabadas mantenidas con PROVEA, cuatro residentes contaron que, durante otra redada de la OLP que se realizó el 25 de septiembre de 2015, un grupo de oficiales del CICPC inició un incendio en la Cota 905 que afectó a 15 viviendas, 10 de las cuales quedaron completamente destruidas^[62].

Carretera Panamericana, estado de Miranda

El 27 de julio, el Ministro de Interior, Justicia y Paz Gustavo González López anunció que 1.447 agentes de seguridad habían participado en una redada de la OLP tres días antes, cerca de la carretera Panamericana, que conecta Caracas con el estado de Miranda. González López dijo que, durante el operativo, las fuerzas de seguridad demolieron 299 viviendas y detuvieron a 18 personas, incluidos 15 extranjeros^[63]. El Presidente Nicolás Maduro declaró que una “célula paramilitar” que operaba allí había sido desarticulada^[64].

Las comunidades en las cuales se llevó a cabo la redada —La Ensenada, Divino Niño y Bosque Verde— son pequeñas zonas residenciales al costado de la carretera Panamericana, donde se han asentado familias desde 1982. Estas urbanizaciones crecieron y, en el año 2006, algunos residentes fundaron un consejo comunal^[65].

Diversos residentes dijeron a PROVEA y a Human Rights Watch que, a las 5 a.m. del viernes 24 de julio, cerca de 300 miembros de la Guardia Nacional desalojaron a 106 familias de sus viviendas en las tres comunidades. Los residentes afirmaron que, sin aviso previo y sin presentar un documento oficial que justificara el desalojo, integrantes de la Guardia Nacional ingresaron en las viviendas, despertaron abruptamente a los residentes y les anunciaron que tenían una “orden presidencial” de desalojo. Los oficiales anunciaron a los residentes que estaban siendo desalojados porque habían “invadido” la tierra donde habían construido sus viviendas^[66].

Varios residentes expresaron que consideraban que tenían un derecho legítimo a vivir allí y proporcionaron a PROVEA y a Human Rights Watch copias de documentos en los cuales el gobierno de Venezuela, por ejemplo, había transferido fondos al Consejo Comunal.

Los miembros de la Guardia Nacional sólo permitieron que los residentes se llevaran consigo lo que pudieran cargar en aproximadamente una hora, según contaron varios residentes a PROVEA y Human Rights Watch. Según los relatos, los miembros de la Guardia Nacional los habrían obligado a salir de las viviendas y habrían golpeado a hombres, mujeres y niños. Los obligaron a permanecer de pie junto a la carretera, y varios residentes dijeron haber visto a agentes que tomaban artículos electrónicos y alimentos de sus viviendas y los cargaban en vehículos oficiales. Mientras trabajaban, los agentes cantaban el himno “Patria querida”, que el Presidente Hugo Chávez interpretó en su último discurso televisivo^[67].

Representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo fueron enviados a presenciar la redada de la OLP, según contaron residentes a PROVEA y a Human Rights Watch, pero actuaron únicamente como “espectadores pasivos”^[68].

Según indicaron diversos residentes, oficiales de la Guardia Nacional detuvieron a varias personas arbitrariamente. Trasladaron a personas que no habían sido detenidas a un galpón cercano y les permitieron dejar allí guardados los pocos objetos que habían podido llevarse de sus casas. Sin embargo, muchos de los objetos que los residentes dejaron en el galpón no estaban allí cuando volvieron más tarde a recogerlos, según contaron los residentes.

Varios residentes dijeron que, posteriormente, 100 viviendas —81 en La Ensenada, 7 en Divino Niño y 12 en Bosque Verde —donde vivían 106 familias fueron demolidas por miembros de la Guardia Nacional^[69]. Aunque PROVEA y Human Rights Watch no entrevistaron a residentes de la comunidad cercana de El Cují, residentes de las otras tres localidades dijeron que otras 220 viviendas fueron destruidas allí por agentes de seguridad durante el mismo operativo.

En noviembre de 2015, varios ex residentes mostraron a PROVEA y a Human Rights Watch los escombros que quedaban en los sitios donde anteriormente habían estado erigidas sus viviendas.

En febrero de 2016, el gobierno aún no había proporcionado a los residentes desalojados ninguna indemnización ni asistencia para la reubicación, según contaron algunos residentes a PROVEA.

Brisas del Hipódromo, estado de Carabobo

El 17 de agosto, a las 4 a.m., 800 miembros de la Guardia Nacional y del CICPC iniciaron una OLP durante la cual se realizaron detenciones masivas y se destruyeron viviendas en Brisas del Hipódromo, una zona popular en Valencia, estado de Carabobo. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz señaló que la redada en Valencia formaba parte del plan más amplio de la OLP, que tenía como objetivo “detectar hampa paramilitar”^[70].

Si bien las autoridades señalaron que los residentes fueron desalojados de “viviendas improvisadas en el sector”^[71], varios residentes manifestaron a PROVEA que entre las viviendas había algunas que eran de concreto, que algunas personas vivían allí desde hacía, al menos, cuatro años y que el gobierno había reconocido previamente a su comunidad al establecer comités patrocinados por el gobierno. Los residentes explicaron que el operativo había destruido las viviendas de 400 familias, incluidas las casas de personas que habían reclamado cuando el gobierno incumplió una promesa anterior de otorgarles viviendas en un complejo en las proximidades financiado por el gobierno, denominado “Ciudad Chávez”^[72].

Varios residentes relataron a PROVEA, en entrevistas grabadas, que agentes de la Guardia Nacional detuvieron a cerca de 200 personas, incluida la mayoría de los hombres y varones de más de 15 años. Según indicó a PROVEA William Alexander Serrano, uno de los detenidos, los agentes informaron a las personas que se las detenía para verificar si eran buscadas en relación con algún delito. Los agentes llevaron a los detenidos a una dependencia regional de la Guardia Nacional, los retuvieron allí hasta pasadas las 4 p.m., y luego los trasladaron en vehículos hasta una terminal de autobuses y los liberaron sin darles ninguna explicación^[73].

Mientras estos hombres se encontraban detenidos, varios agentes que participaban de la OLP ordenaron a las mujeres y a los niños que salieran de sus hogares y derribaron las viviendas con topadoras, junto con todo lo que hubiera quedado en el interior. Lorenys García, que entonces estaba embarazada, relató en una entrevista grabada con PROVEA que agentes de la Guardia Nacional comenzaron a destruir su vivienda mientras ella aún se encontraba adentro. PROVEA visitó la zona dos semanas más tarde, y Human Rights Watch tuvo acceso a fotografías de las viviendas destruidas.

Miembros de la Guardia Nacional agredieron físicamente a al menos cuatro periodistas que estaban cubriendo los desalojos y las demoliciones, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela^[74]. Una periodista de Venevisión indicó que un funcionario de alto rango de la Guardia Nacional le ordenó a su camarógrafo que dejara de filmarlo y dio instrucciones a otros miembros de la Guardia Nacional para que le quitaran la cámara. Después de un altercado, los agentes consiguieron quitarle al camarógrafo su cámara^[75].

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó que 258 personas fueron desalojadas y solamente 6 quedaron detenidas^[76]. Estas cifras de desalojos y detenciones son muy inferiores a las informadas por residentes a PROVEA. Las autoridades no cursaron notificaciones previas ni ofrecieron alternativas para reubicar inmediatamente a esas personas en ningún caso, según aseveraron varios residentes en entrevistas llevadas a cabo por PROVEA^[77].

Si bien a algunas de las personas desalojadas finalmente se les ofreció la posibilidad de ser reubicadas, diversos residentes dijeron a PROVEA que, en febrero, la gran mayoría no habían sido reubicadas ni se les había proporcionado ningún tipo de indemnización^[78].

En septiembre de 2015, PROVEA envió a la Defensoría del Pueblo una nota en la cual solicitaba que investigara los casos y ayudara a las víctimas a obtener resarcimiento, y detallaba los abusos presuntamente ocurridos en Brisas del Hipódromo. A fines de marzo de 2016, PROVEA no había recibido una respuesta y no estaba al tanto de que la oficina hubiera tomado alguna medida significativa con relación al caso.

Desalojos de complejos de viviendas financiados por el gobierno

En 2011, el Presidente Chávez lanzó un programa de vivienda financiado por el gobierno, denominado “Gran Misión Vivienda Venezuela” o “GMVV”, para ayudar a familias que habían perdido sus casas a causa de lluvias intensas. El programa luego se extendió a las demás personas en la población que no pudieran comprar una vivienda^[79]. Al mes de abril de 2015, 700.000 familias ocupaban viviendas del programa GMVV^[80].

El derecho venezolano estipula que los beneficiarios de la GMVV tienen derecho a ocupar las viviendas que se les otorgan a través del programa, pero que estas no son de su propiedad. La ley establece una serie de obligaciones que deberán cumplir los beneficiarios, entre las cuales se incluye una disposición imprecisa que exige “abstenerse de realizar actos o desarrollar cualquier actividad u obra que comporte riesgo de perturbación o lesiones de los bienes públicos o de terceros”^[81]. El gobierno tiene la potestad de desalojar a los beneficiarios que no cumplan con los compromisos asumidos, aplicando los mismos requisitos legales que para los demás desalojos.

A través de investigaciones, PROVEA ha determinado que, en la práctica, numerosos residentes del programa GMVV han tenido dificultades para obtener la documentación que los reconoce como legítimos beneficiarios de la GMVV. Esto los expone a la posibilidad de ser desalojados sin garantías de debido proceso^[82]. En marzo de 2016, la Asamblea Nacional estaba tratando un proyecto legislativo para otorgar derechos de propiedad a los beneficiarios del programa GMVV^[83].

El 12 de agosto de 2015, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Gustavo González López informó que, durante el primer mes de la OLP, agentes de seguridad y funcionarios del área de vivienda habían inspeccionado 8.244 viviendas del programa GMVV, en el marco de acciones para combatir bandas delictivas integradas por residentes^[84]. Un mes después, González López señaló que durante la OLP se habían inspeccionado 12.000 viviendas, de las cuales se habían “recuperado” 1.421^[85]. Según una revisión de fuentes oficiales realizada por PROVEA, miles de allanamientos más fueron realizados posteriormente.

Según declaraciones de distintos funcionarios públicos, los desalojos de viviendas del programa GMVV se habrían llevado a cabo en casos en que los ocupantes no eran los beneficiarios legítimos^[86], o cuando las autoridades consideraban que uno de los residentes había cometido un delito^[87]. No obstante, subsisten serias dudas respecto de si se reconocieron a los residentes garantías de debido proceso. Conforme señalaron varios residentes entrevistados por PROVEA, los agentes de seguridad desalojaron a familias sin notificación previa. Los residentes no habrían tenido oportunidad de oponerse a los desalojos ante autoridades competentes. Según testimonios de residentes recabados por PROVEA, algunos funcionarios que participaron en las redadas se apropiaron de bienes que estaban en las viviendas, incluidas computadoras portátiles, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

PROVEA y Human Rights Watch recabaron información sobre una serie de casos de ese tipo, como los que se describen a continuación.

• Dos hermanos de nacionalidad colombiana, José Miguel Herrera Teherán y Adalberto Herrera Teherán, fueron detenidos durante una redada en el marco de una OLP en el complejo de viviendas “La Paz”, perteneciente al programa GMVV, en Caracas, el 31 de julio de 2015^[88]. A José Miguel Herrera Teherán no se le permitió llamar a su familia ni a ningún abogado durante su detención en una dependencia del SEBIN, que se prolongó por 41 días, según sus familiares. Adalberto Herrera Teherán manifestó que estuvo detenido durante 28 días en una base de la Guardia Nacional. Según relató a PROVEA, ninguno de ellos fue llevado ante un juez durante su detención, a pesar del requisito legal de que los detenidos deben ser puestos en presencia de un juez dentro de las 48 horas de su detención^[89]. José Miguel Herrera Teherán regresó posteriormente a Colombia.

Cuando finalizó la redada de la OLP ese día, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Gustavo González López manifestó que una de las personas que había sido detenida por agentes de seguridad “posiblemente tenía una vinculación con nexos paramilitares”^[90], una conclusión que parece haberse formado luego de que José Miguel Herrera dijera a los oficiales que había sido conscripto en el ejército colombiano, explicó Adalberto Herrera Teherán. Además de los hermanos Herrera, otros siete extranjeros fueron detenidos durante la redada, según informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz^[91].

• El 24 de agosto de 2015, policías estatales y funcionarios de la oficina de vivienda pública del estado de Vargas desalojaron a Omaira del Carmen Ramírez y sus tres hijos que vivían con ella de su vivienda en el complejo “Caribe”, del programa GMVV, durante un operativo de la OLP en Tanaguarena, estado de Vargas^[92]. Ramírez afirmó que no recibió notificación previa ni tuvo ninguna oportunidad de objetar el desalojo, y que se le advirtió que tenía 20 minutos para salir del departamento y llevarse sus pertenencias. Ramírez relató a PROVEA que funcionarios de vivienda le explicaron que el motivo del desalojo era que su departamento se veía demasiado limpio, lo cual les hacía suponer que nadie vivía allí. Ramírez agregó que decenas de otras familias también fueron desalojadas del complejo. Ramírez dijo a PROVEA y a Human Rights Watch que había presentado denuncias ante varias dependencias, incluidas la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Hasta el mes de febrero, no había recibido ninguna respuesta^[93]. El 19 de febrero de 2016, Ramírez presentó un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia, que no había sido admitido a la fecha de elaboración de este informe.

Según fuentes oficiales, 470 agentes de la Guardia Nacional, el Ejército, el CICPC, el SEBIN y fuerzas de policías estatales y municipales participaron en el operativo de la OLP en Tanaguarena y “recuperaron” 96 viviendas^[94].

• El 22 de junio, María Rojas, una ciudadana colombiana que había iniciado los trámites para obtener la ciudadanía venezolana, fue detenida durante una redada llevada a cabo en el marco de una OLP en un complejo de viviendas del programa GMVV en Ocumare del Tuy, estado de Miranda^[95]. Rojas refirió que un “militar” amenazó con deportarla y desechó su documento de identidad, emitido por las autoridades venezolanas. Relató que, luego, fue llevada al Fuerte Guaicaipuro, un establecimiento militar, y finalmente a una oficina de inmigración. Se le informó que estaba siendo investigada y que debía presentarse periódicamente ante las autoridades de migración, según contó. Rojas regresó a Colombia.

Deportaciones arbitrarias

Al referirse a la OLP, el Presidente Maduro y otros altos funcionarios acusaron en reiteradas oportunidades a ciudadanos colombianos y a “paramilitares” de cometer delitos en Venezuela. Estas declaraciones —que, en ocasiones, tuvieron carácter discriminatorio—, sumadas a un decreto presidencial que autorizó la movilización de fuerzas de seguridad para implementar la OLP en el estado de Táchira, que limita con Colombia, pueden haber contribuido a que ocurrieran cientos de casos de presuntos abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, incluidas amenazas, abusos físicos, detenciones y deportaciones arbitrarias.

Frontera con Colombia, estado de Táchira

En agosto, después de un incidente en el cual el gobierno informó que presuntos “paramilitares” habían atacado a tres miembros de la Guardia Nacional, el Presidente Maduro tomó la decisión de cerrar la frontera con Colombia. Refiriéndose a la frontera, dijo que “se nos pudrió”, y agregó que Venezuela era “víctim[a] del modelo capitalista paramilitar de la derecha colombiana”^[96].

Al mismo tiempo, Maduro declaró un estado de emergencia en seis municipios del estado de Táchira, una medida que implicó la suspensión de derechos, incluido el requisito de que las autoridades obtengan una orden judicial antes de allanar viviendas^[97]. El gobierno movilizó luego a fuerzas de seguridad para llevar a cabo redadas de la OLP en la zona^[98].

Entre agosto y septiembre de 2015, las fuerzas de seguridad venezolanas deportaron a más de 1.700 ciudadanos colombianos, y al menos otros 22.000 abandonaron el país, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU^[99]. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que los ciudadanos colombianos habían retornado “como consecuencia del temor y la grave situación que estaban viviendo en Venezuela”^[100].

Ninguno de los más de 700 colombianos entrevistados por la Defensoría del Pueblo de Colombia después de haber sido deportados de Venezuela manifestó que hubiera tenido una audiencia para poder cuestionar su expulsión^[101]. De los ciudadanos colombianos que fueron deportados de Venezuela o que se fueron del país ante acciones represivas por parte del gobierno, 400 habían solicitado asilo o se les había reconocido la condición de refugiados en Venezuela, según el Grupo Temático Mundial de Protección en Colombia, una organización dedicada a brindar apoyo y defender los derechos de personas afectadas por emergencias humanitarias. Ese mismo grupo informó que más de 2.000 de los ciudadanos colombianos que regresaron habían sido reconocidos por el Registro Único de Víctimas de Colombia como víctimas del conflicto armado^[102].

Cientos de colombianos relataron a representantes de la CIDH o a la Defensoría del Pueblo de Colombia que, en 2015, habían sido desalojados forzosamente de sus viviendas en Venezuela, las cuales posteriormente fueron destruidas. Muchos afirmaron haber sufrido abusos físicos y haber sido separados de sus familias por integrantes de las fuerzas de seguridad venezolanas^[103].

Una persona que trabaja para una organización no gubernamental que asiste a refugiados en Colombia entrevistó a varias presuntas víctimas de deportaciones abusivas. Algunos de los relatos recopilados por esa organización son los siguientes: El 20 de octubre de 2015, miembros de la Guardia Nacional ingresaron por la fuerza en la vivienda de María Gómez (seudónimo) mientras ella mantenía una discusión con su esposo. Cuando los agentes advirtieron que Gómez era colombiana, le dijeron que sería deportada sin sus hijos, dado que los niños habían nacido en Venezuela y, por ese motivo, eran “hijos de la Patria”. Gómez comenzó a llorar y a gritar a los agentes que se quedaría junto con sus hijos y, entonces, otros miembros de la Guardia Nacional ingresaron en la vivienda y la golpearon en el rostro, las piernas y el vientre. Más tarde, una agente de la Guardia Nacional permitió que se fuera y le dijo que no debía regresar. Gómez estaba reconocida en un registro oficial en Colombia como una persona que había sido amenazada por grupos armados y desplazada por el conflicto armado en Colombia, según indicó la fuente. A pesar de esto, después del ataque perpetrado por miembros de la Guardia Nacional, Gómez escapó a Colombia con sus hijos, por temor a sufrir nuevos abusos si permanecía en Venezuela. En agosto de 2015, dos miembros de la Guardia Nacional ingresaron abruptamente en una peluquería donde Marta López (seudónimo) estaba trabajando y le advirtieron que debía entregarles 50.000 bolívares (aproximadamente USD 7.000 al cambio oficial de ese momento) para “que no tuviera problemas”, con el argumento de que sabían que ella no tenía documentación válida como residente en Venezuela. Los miembros de la Guardia Nacional se retiraron, pero regresaron esa misma tarde, irrumpieron en un apartamento contiguo donde se estaba alojando López, la amenazaron con un arma de fuego, la obligaron a practicarle sexo oral a uno de ellos, la golpearon y le robaron 27.000 bolívares (aproximadamente USD 3.800 al tipo de cambio oficial en ese momento). Una vez que los agentes abandonaron el lugar, varios vecinos dijeron a López que la Guardia Nacional estaba desalojando a ciudadanos colombianos por la fuerza y destruyendo sus viviendas. López huyó a Colombia.

En septiembre, la CIDH visitó la zona fronteriza y entrevistó a ciudadanos colombianos que habían sido deportados en forma sumaria o habían abandonado Venezuela por temor a sufrir represalias, así como también a representantes de organizaciones no gubernamentales[104]. La CIDH informó que “[u]na proporción significativa” de los ciudadanos colombianos deportados relató que miembros de la Guardia Nacional habían tocado las puertas de sus casas, requerido sus documentos de identidad, allanado sus viviendas y los habían llevado a un predio donde “los mantuvieron de pie, bajo el sol, sin acceso a agua, alimento, ni servicios higiénicos” por hasta 12 horas.

Las autoridades venezolanas detuvieron a otros ciudadanos colombianos, entre los cuales había niños y personas con discapacidad, por períodos de hasta 14 horas, según consta en el informe de la CIDH que se publicó en septiembre. Fueron retenidos, sin una orden judicial y sin ninguna oportunidad de objetar sus detenciones, en lugares sin acceso a agua potable ni alimentos. Posteriormente, las autoridades venezolanas expulsaron a los detenidos en forma sumaria y en grupos, señaló la CIDH. Las personas entrevistadas por la CIDH señalaron “[d]e manera consistente” que agentes de seguridad les habían robado dinero y artículos personales durante los operativos, y algunas manifestaron que estos habían golpeado a adultos, maltratado a niños, y llamado “paramilitares” a los hombres y “putas” a las mujeres.

Recomendaciones

Para detener los abusos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad, es indispensable que los responsables de violaciones de derechos humanos ocurridas durante redadas en el marco de la OLP —y en todo tipo de operativos de seguridad pública— sean llevados ante la justicia. A fin de que las fuerzas de seguridad respondan por su actuación, es fundamental que fiscales y jueces estén en condiciones de investigar y abordar señalamientos de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad sin influencia política indebida.

Las causas penales sobre presuntos abusos por miembros de las fuerzas de seguridad han sido sistemáticamente desestimadas por los tribunales venezolanos. Durante la represión política de 2014, por ejemplo, hubo fiscales que impulsaron acciones penales contra políticos opositores y manifestantes que participaron en protestas contra el gobierno, a menudo valiéndose de acusaciones falsas y sin respetar garantías de debido proceso, mientras que no investigaron adecuadamente pruebas convincentes de abusos generalizados cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos y personas detenidas, incluidas golpizas, torturas y detenciones arbitrarias^[105]. La ausencia manifiesta de acciones del gobierno para investigar seriamente a las fuerzas de seguridad por abusos presuntamente cometidos por sus integrantes durante redadas de la OLP, y mucho menos para juzgar a los responsables, muestra que la impunidad sigue siendo la norma.

Con el propósito de que cesen los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas durante redadas en el contexto de la OLP y en otros casos, Human Rights Watch y PROVEA formulan las siguientes recomendaciones:

Al Presidente Maduro:

• Disponer públicamente que todas las fuerzas de seguridad se abstengan de llevar a cabo redadas indiscriminadas como las que se produjeron durante la OLP, así como de usar fuerza ilegítima durante operativos de seguridad pública.
• Promover la más amplia participación de diversos sectores de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas para abordar los altos niveles de violencia, criminalidad y abusos policiales en Venezuela y garantizar que las recomendaciones formuladas en 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) sirvan de base para avanzar en la construcción de un nuevo modelo policial respetuoso de los derechos humanos.
• Implementar la recomendación emitida por el Comité contra la Tortura de la ONU sobre la necesidad de asegurar que “los órganos que se ocupan del mantenimiento de la seguridad ciudadana sean de carácter civil, tal y como prevé el artículo 332 de la Constitución”[106].
• Cooperar con monitores internacionales de derechos humanos. En particular, el gobierno de Maduro debería:
  • Acceder inmediatamente a los pedidos de visita pendientes presentados por todos los relatores especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas que han solicitado visitar el país,
  • Permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo investigaciones in loco en Venezuela, y
  • Trabajar con la Asamblea Nacional para revertir la decisión de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de asegurar que Venezuela reconozca la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Publicar estadísticas sobre la cantidad de denuncias recibidas por diferentes autoridades públicas (tales como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, entre otras) sobre presuntos abusos cometidos en el marco de la OLP. El balance debería incluir información sobre el tipo de casos denunciados, así como cualquier acción que el gobierno haya llevado a cabo en respuesta a las denuncias, incluyendo datos sobre el estado y los resultados de las investigaciones iniciadas en estos casos.

A la Fiscal General:

• Asegurar que las violaciones de derechos humanos descriptas en este informe, así como aquellas dadas a conocer por víctimas y sus familiares o difundidas en medios de comunicación, sean objeto de investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales, y que los agentes estatales que se determine que son responsables sean llevados ante la justicia.

A la Asamblea Nacional:

• Adoptar medidas para remediar el deterioro de la independencia del poder judicial que se produjo desde el copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia en 2004^[107]. Concretamente, la Asamblea Nacional debería:
  • Derogar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que atentan contra la independencia del Tribunal, al permitir que los magistrados puedan ser destituidos por mayoría simple de votos, y
  • Adoptar normas para asegurar que los jueces de tribunales inferiores sean designados para ocupar cargos permanentes, de los cuales no puedan ser apartados sin garantías de debido proceso.
• Trabajar con el poder ejecutivo para revertir la decisión de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de asegurar que Venezuela reconozca la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A la comunidad internacional:

• Ejercer presión sobre el gobierno de Venezuela para conseguir que los miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas responsables de abusos sean llevados ante la justicia. En particular, los monitores internacionales de derechos humanos de los sistemas interamericano y de Naciones Unidas y los gobiernos extranjeros que pertenecen a organismos regionales de los cuales Venezuela es parte —como el Mercosur, la Unasur y la Organización de los Estados Americanos— deberían exigir a Venezuela, públicamente y también en privado, cumplir con sus compromisos internacionales de proteger y promover derechos fundamentales, lo cual incluye asegurar la independencia del poder judicial en el país.