Resumen

Gardi Sugdub, o “Isla Cangrejo”, es una pequeña isla de un archipiélago situado frente a la costa norte del Caribe panameño y el hogar del pueblo indígena Guna durante más de 100 años. En un principio, la isla sirvió de refugio a los Gunas frente a las enfermedades transmitidas por los mosquitos y las restricciones coloniales, pero hoy en día Gardi Sugdub se enfrenta a nuevos retos. Con casi 1.300 habitantes en una isla de apenas unos cinco campos de fútbol, no hay espacio para ampliar las viviendas ni para que jueguen los niños. Las inundaciones y las tormentas han afectado las viviendas, el agua, la salud y la educación lo que ha hecho que la vida sea aún más difícil en la isla. Se prevé que, a medida que se acelere la crisis climática, estos fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más frecuentes. Aunque la acción urgente de los gobiernos aún puede mitigar los peores escenarios de cambio climático, los científicos también están prácticamente seguros de que se producirá una subida del nivel del mar en todo el mundo, lo que perjudicará la habitabilidad de la isla que estos residentes llaman hogar. Ante la inevitable situación de una subida del nivel del mar y el aumento de las tormentas en una isla hacinada, la comunidad de Gardi Sugdub enfrenta severas preguntas existenciales: ¿Qué le espera a nuestro pueblo? ¿Tendremos que reubicarnos? Si es así, ¿cuándo, dónde, y cómo?

Desde 2010, la comunidad ha aceptado a regañadientes lo que considera la única solución real y sostenible: trasladarse a un lugar más seguro en tierra firme. Tras años de incidencia por parte de la comunidad y las ONG, en 2017 el Ministerio de Vivienda panameño se comprometió a construir 300 nuevas viviendas en un nuevo emplazamiento en tierra firme que ya era propiedad de la comunidad. Después de retrasos en el cumplimiento de esta promesa, el presidente de Panamá había asegurado en repetidas ocasiones que el nuevo emplazamiento estaría listo para el 25 de septiembre de 2023. Semanas antes de publicar este informe, el plazo fue nuevamente postergado hasta el 29 de febrero de 2024.

De momento ni una sola persona ha sido trasladada. Los miembros de la comunidad dudan de que la construcción esté terminada ni siquiera en la nueva fecha prometida, dado el historial de compromisos incumplidos del gobierno de apoyar a esta comunidad durante la última década. Hasta la fecha, el lugar sigue careciendo de agua, alcantarillado y gestión de basuras, así como de un centro de salud.  Se construyó parcialmente un hospital cercano, pero quedó en el abandono y se está deteriorando. Una “escuela modelo”, cuyo uso estaba previsto inicialmente para 2014, sigue inutilizable porque carece de agua, alcantarillado y profesores suficientes. Aunque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha apoyado el proceso de planificación de la reubicación, la asistencia es técnica y no financiera, y está limitada en el tiempo, con una fecha de finalización próxima.

Este informe –basado en más de 40 entrevistas a miembros de la comunidad de Gardi Sugdub, autoridades locales y otras personas familiarizadas con los problemas— concluye que, aunque algunos aspectos de este caso de reubicación son ejemplares, los continuos retrasos del gobierno suponen una amenaza a los derechos de las personas tanto durante el proceso de reubicación como en el nuevo emplazamiento previsto.

Una página de Facebook recoge la frustración de la comunidad: “Vemos que la situación va en peor. El proyecto no está para el mes de septiembre [2023] como compromiso de la autoridad del gobierno... Presidente, cumpla su compromiso, esperamos que cumpla su palabra”. Las autoridades no han dado una explicación completa de los retrasos a los líderes comunitarios, que han pedido mayor transparencia sobre los plazos y los cambios presupuestarios. Además, muchas de las personas entrevistadas por Human Rights Watch no creen que se les haya escuchado plenamente en el proceso de reubicación. Aunque la comunidad se ha organizado bien para iniciar y preparar la reubicación, algunos miembros expresaron su preocupación por temas de inclusividad en las consultas de los ministerios gubernamentales.

Human Rights Watch descubrió que también existen riesgos para los derechos de las personas residentes en el lugar de reubicación. Por ejemplo, no existe un plan adecuado para el agua: los pozos previstos son insuficientes para satisfacer las necesidades de la comunidad, y no se han asignado fondos para el plan de acueducto propuesto por la comunidad. Tampoco existen planes para la gestión a largo plazo de las aguas residuales y la basura. A tres meses de la reubicación, el terreno propuesto para un centro de salud no ha sido allanado para que la construcción sea viable. Ante la inminencia de la fecha prometida de reubicación, ahora es el momento de que los ministerios pertinentes den un paso al frente y cumplan sus promesas.

El gobierno panameño tiene la obligación nacional e internacional de proteger a las personas de los riesgos razonablemente previsibles para sus derechos, incluidos los derivados de la subida del nivel del mar y otros impactos del cambio climático. Pero las reubicaciones planificadas conllevan sus propios riesgos, incluidas las amenazas a los derechos de las personas, y requieren políticas basadas en la dignidad y otros principios de derechos humanos: una reubicación planificada debe como mínimo restaurar, o idealmente mejorar, el nivel de vida de las personas reubicadas y de sus comunidades de acogida.

Es crucial que Panamá resuelva este caso para allanar el camino a otras comunidades en el futuro. Gardi Sugdub no es un caso único en Panamá, de hecho, es la primera de muchas que buscan reubicarse ante la subida del nivel del mar; también es una de las aproximadamente 400 que han completado o están llevando a cabo reubicaciones a causa de amenazas en todo el mundo. Las experiencias de Gardi Sugdub ofrecen importantes lecciones que documentar y aprovechar en la planificación nacional. Las naciones insulares del Pacífico, Fiyi y las Islas Salomón, ya han desarrollado políticas y fondos nacionales para apoyar la reubicación dirigida por la comunidad; Panamá podría ser el primer país de Norte, Centro y Sudamérica en tomar en serio un enfoque de derechos humanos en la planificación de la reubicación a nivel nacional, pero su gobierno aún no lo ha hecho.

Las autoridades deberían ayudar a Gardi Sugdub a reubicarse dignamente en la fecha prometida o proporcionar información transparente y oportuna sobre los retrasos. Deberían planificar una política nacional de reubicación a largo plazo relacionada con el clima que salvaguarde los derechos humanos, y vaya acompañada de procedimientos operativos normalizados, un punto focal designado y financiación adecuada. El Banco Interamericano de Desarrollo y otros donantes internacionales deberían ayudar a crear las condiciones para la autonomía de la comunidad y soluciones de adaptación dirigidas localmente, incluida la reubicación planificada, en los proyectos que apoyan. 

Incluso bajo los escenarios más optimistas de calentamiento global, la subida del nivel del mar es inevitable. Una preparación inadecuada para la reubicación de las comunidades de primera línea podría dar lugar a desplazamientos forzosos y abruptos. Planificar hoy mitigará algunos de los riesgos del mañana. Apoyar ahora unas condiciones en las que se protejan los derechos humanos más fundamentales garantizará que los impactos del cambio climático tengan menos efectos perjudiciales a futuro. Si se toman medidas urgentes, el ejemplo de Gardi Sugdub puede demostrar por qué un enfoque basado en los derechos humanos para la reubicación planificada dirigida por la comunidad es una inversión fundamental de tiempo y dinero para que otras comunidades sigan su ejemplo, en Guna Yala, en Panamá y en todo el mundo.

 

Recomendaciones

Al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT)

Para Gardi Sugdub

• Proporcionar apoyo inmediato a la comunidad de Gardi Sugdub para que pueda ser reubicada con dignidad, cumpliendo el compromiso existente de completar la construcción restante de viviendas sin más retrasos.
• Establecer mecanismos de transparencia, que incluyan la notificación de cualquier cambio en el calendario o en el desarrollo del emplazamiento a toda la comunidad, así como el acceso público a la información sobre la asignación de fondos.
• Garantizar el acceso continuado a los servicios básicos necesarios para un nivel de vida adecuado a las personas que permanezcan en Gardi Sugdub, incluidos el agua, el saneamiento, la electricidad, la atención sanitaria y la educación.
• Coordinarse con los ministerios pertinentes para garantizar la financiación y el apoyo a largo plazo de los servicios básicos esenciales para un nivel de vida adecuado en el nuevo emplazamiento. Entre estos ministerios cabe destacar los siguientes:
  • El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para que asigne fondos para un acueducto y un mantenimiento adecuado de las fosas sépticas.
  • El Ministerio de Educación (MEDUCA), para garantizar que la nueva escuela disponga de agua, alcantarillado, suficientes profesores y suministros.
  • El Ministerio de Salud (MINSA), para que asigne fondos para la preparación del terreno, la construcción y la dotación de personal del centro de salud propuesto. Desarrollar planes para concienciar y abordar los riesgos para la salud en el nuevo emplazamiento, como el aumento de la prevalencia de la malaria.
  • La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), para que planifique el transporte público entre las islas y el continente con el fin de garantizar el acceso continuo a los medios de subsistencia, la educación y los servicios sanitarios, y para apoyar el traslado físico de las personas residentes de Gardi Sugdub al nuevo emplazamiento.

Para la preparación nacional de reubicaciones planificadas

• Llevar a cabo una revisión exhaustiva de la reubicación de Gardi Sugdub y aplicar las lecciones aprendidas para desarrollar un nuevo programa nacional para futuras reubicaciones planificadas de personas afectadas por el aumento del nivel del mar, que:
  • Incluya mayores oportunidades para la participación comunitaria.
  • Esté diseñado específicamente para las necesidades estructurales y culturales de vivienda y sustento de las comunidades indígenas y otras comunidades marginadas.
  • Tenga en cuenta la resiliencia a largo plazo ante futuros peligros relacionados con el clima.
  • Reconozca la reubicación planificada como un proceso integral más allá de la construcción de viviendas, que incluya dimensiones culturales, ambientales, de medios de vida, educativas y de salud. 

Al Ministerio de Medio Ambiente (MIAMBIENTE)

Para Gardi Sugdub

• Garantizar una adaptación eficaz a los efectos del cambio climático en el nuevo emplazamiento, por ejemplo, mediante la reforestación para evitar la erosión, proporcionar sombra y mitigar las olas de calor.
• Invertir en medios de vida sostenibles en el nuevo emplazamiento, por ejemplo, mediante programas educativos y de reciclaje para el ecoturismo y la agricultura resistente al clima.
• Mejorar la planificación de la adaptación al clima para las personas que permanezcan en las islas, mediante sistemas inclusivos de alerta temprana y procedimientos de evacuación.

Para la preparación nacional de reubicaciones planificadas

• Exigir evaluaciones exhaustivas e integradas de los peligros actuales y futuros y del riesgo climático en los lugares candidatos antes de seleccionar un nuevo emplazamiento para la construcción de viviendas, en consulta con la comunidad afectada.
• Tener en cuenta, como mínimo, la gestión del suministro de agua, la basura y los residuos sólidos en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) estándar.
• Garantizar que la reubicación planificada, y las perspectivas de los pueblos indígenas al respecto, se incluyan sistemáticamente en todos los esfuerzos de planificación nacional relacionados, entre ellos la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible.

Al Ministerio de Gobernación (MINGOB)

Para Gardi Sugdub

• En las comunicaciones nacionales e internacionales sobre el proceso de reubicación planificada se debe reconocer explícitamente que la comunidad de Gardi Sugdub ha asumido la propiedad y la iniciativa, en consonancia con su autonomía como pueblo indígena, en su reubicación prevista, y continúan haciéndolo.
• Garantizar que todos los materiales se traducen a la lengua Guna, hablada por la mayoría de los habitantes de la isla, y que son fácilmente accesibles, incluso para las personas con bajo nivel de alfabetización.

Para la preparación nacional de reubicaciones planificadas

• Desarrollar una política nacional de reubicación planificada que salvaguarde los derechos humanos, priorice la autonomía de los pueblos indígenas, defienda el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y esté en consonancia con los principios de consulta de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
• Establecer un punto focal de reubicación planificada con autoridad para coordinar a todos los ministerios y actores externos.
• Elaborar procedimientos operativos estándar (POE) para aplicar esta política, incluidas las responsabilidades institucionales y los procedimientos de coordinación pertinentes.
• Establecer mecanismos para identificar y garantizar la financiación de los proyectos de reubicación planificada a partir de fuentes nacionales e internacionales que garanticen los derechos humanos.
• Informar sobre el desarrollo de estas políticas y procedimientos, consolidar las lecciones aprendidas de los líderes de Gardi Sugdub y los miembros de la comunidad que son reubicados, los que permanecen en la isla y los residentes de las comunidades cercanas afectadas por la reubicación.
• Fomentar oportunidades para la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias entre comunidades, por ejemplo, ofreciendo a los dirigentes de Gardi Sugdub la oportunidad de compartir sus lecciones con otras comunidades que estén considerando la reubicación planificada.
• Crear un entorno legal para la protección de los derechos humanos en los traslados previstos ratificando el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos, estos instrumentos garantizan la protección de los derechos de los pueblos indígenas al CLPI, a una vivienda adecuada, al agua, a la salud, a la educación, a la cultura y a los medios de vida tradicionales.

Al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros donantes internacionales

Para Gardi Sugdub

• Ampliar los plazos del proyecto para proporcionar apoyo técnico continuo, incluida la formación sobre medios de subsistencia, patrimonio cultural y cohesión social en el nuevo emplazamiento.

Para la planificación a futuro

• Documentar las lecciones aprendidas de Gardi Sugdub para contribuir en el futuro al apoyo técnico en las reubicaciones planificadas en Panamá y en todo el mundo.
• Apoyar al gobierno panameño en el desarrollo de una política o directrices nacionales de reubicación planificada, con el apoyo de los POE y el apoyo financiero adecuado.
• Impartir formación, desarrollar directrices internas y mejorar la capacidad para garantizar un proceso de CLPI inclusivo y culturalmente apropiado en toda la planificación de reubicaciones relacionadas con el clima.
• Reconociendo que las reubicaciones planificadas son complejas y requieren un apoyo a largo plazo, ampliar los plazos para el apoyo de los donantes y realizar un seguimiento con una supervisión y evaluación permanentes dirigidas por la comunidad,
• Crear las condiciones para soluciones locales y dirigidas por la comunidad, proporcionando financiación y apoyo técnico directamente a las comunidades que lideran las reubicaciones, en concreto a aquellas con capacidad de liderazgo demostrada, en lugar de a intermediarios gubernamentales.
• Dar prioridad al apoyo institucional para la reubicación planificada dirigida por la comunidad como adaptación climática con salvaguardias de los derechos humanos, incorporando la cuestión en los documentos de planificación estratégica pertinentes, como el Marco Sectorial del Cambio Climático, el Marco de Acción para la Migración y la Estrategia para el Desarrollo Indígena del BID.

 

Metodología

A partir de la experiencia de Gardi Sugdub, este informe describe las amenazas a los derechos humanos antes y durante las reubicaciones planificadas motivadas por el hacinamiento y la subida del nivel del mar en Panamá.

En abril de 2023, Human Rights Watch entrevistó a 35 miembros de la comunidad de Gardi Sugdub y otras comunidades cercanas. De ellas, 31 se realizaron en español y cuatro en lengua Guna con la ayuda de un intérprete. La duración de las entrevistas osciló entre menos de 30 minutos y más de dos horas y media, y se llevaron a cabo en lugares seguros y privados.  Todas las personas participantes fueron informadas de la finalidad de la entrevista, de la forma en que se utilizarían sus respuestas y de que su participación era voluntaria. Las personas entrevistadas dieron su consentimiento para que se compartieran sus testimonios y puntos de vista. Los nombres de algunos miembros de la comunidad entrevistados para este informe se han ocultado con seudónimos e iniciales (que no reflejan los nombres reales), con el fin de proteger la seguridad de las personas en cuestión.

Human Rights Watch trabajó con miembros de la comunidad local para identificar a las personas a entrevistar y trató de hablar con personas de diferentes características, incluyendo edad, género, discapacidad y principal medio de vida. Las entrevistas estaban semiestructuradas y abarcaron temas relacionados con las circunstancias en la isla, en el emplazamiento en tierra firme y durante el proceso de reubicación.

Además, Human Rights Watch realizó seis entrevistas a expertos, entre ellos: funcionarios del Gobierno local, organismos de las Naciones Unidas, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) que habían trabajado anteriormente con esta comunidad. También se revisaron documentos y datos del Gobierno panameño, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ONG e investigadores académicos.

En junio de 2023, Human Rights Watch escribió al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), al Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), al Ministerio de Gobierno (MINGOB) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el momento de la publicación de este informe, habíamos recibido respuestas del MIVIOT, el MIAMBIENTE y el BID.

Aunque los problemas identificados en este informe son similares para muchas comunidades que están considerando la reubicación en Panamá, este informe se centra mayoritariamente en Gardi Sugdub debido a las implicaciones inmediatas y a largo plazo del proyecto de reubicación para la planificación nacional, incluidas las políticas y los fondos que salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas. El caso de Gardi Sugdub también es fundamental en el contexto de un debate más amplio, tanto en Panamá como a escala internacional, acerca de las dimensiones de derechos humanos de la reubicación planificada dirigida por la comunidad como adaptación climática en medio de otras dinámicas sociales y políticas.

 

Antecedentes

Repercusiones del cambio climático en las islas pequeñas y comunidades costeras

Ante la subida del nivel del mar y la intensificación de las tormentas, las comunidades costeras de todo el mundo se plantean cuestiones existenciales: ¿Nos adaptamos donde estamos o nos trasladamos? ¿Nos reubicamos ahora o más adelante? Si nos trasladamos, ¿a dónde y cómo lo haremos?

Es seguro que el nivel del mar subirá en el futuro. Hay pruebas claras de que el nivel medio global del mar ya ha subido y lo está haciendo a un ritmo cada vez más rápido. [1]  Aunque la acción urgente de los gobiernos aún puede mitigar los peores escenarios del calentamiento global, las comunidades y los gobiernos deberían empezar a tomar medidas para hacer frente a la subida del nivel del mar.

También se prevé que los fenómenos meteorológicos extremos, como las tormentas tropicales, se agraven a causa del cambio climático, lo que, combinado con cambios más lentos como la erosión costera, la intrusión salina y la acidificación de los océanos, hará que la vida sea considerablemente más difícil en las islas pequeñas.[2]  Estos cambios tendrán graves consecuencias para la seguridad, los medios de vida tradicionales y el futuro de la población. Según el último informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el consenso más autorizado de los científicos del clima, las personas que viven en islas pequeñas experimentarán en las próximas décadas impactos climáticos compuestos en cascada.[3]

En todo el mundo ya se están produciendo reubicaciones planificadas de comunidades enteras en lugares menos expuestos a los efectos climáticos actuales y previstos. Según un estudio reciente, ya se han producido o se están produciendo en todo el mundo más de 400 reubicaciones planificadas relacionadas con peligros naturales, incluidos los vinculados al cambio climático.[4] Algunos casos de reubicación planificada son iniciados por las propias comunidades, otros por los gobiernos, a través de procesos diversos y con resultados muy variados. Los científicos del IPCC confirman que “a medida que se intensifique el riesgo climático, aumentará la necesidad de reubicaciones planificadas”.[5]  

Los traslados planificados amenazan a menudo los derechos humanos de aquellas personas a quienes pretenden beneficiar. Históricamente, las reubicaciones planificadas son polémicas, con elevados costos financieros para los gobiernos e incluso mayores costos emocionales, culturales y de otro tipo para las personas que han de ser reubicadas.[6]   

La reubicación planificada suele considerarse “una medida de último recurso”, después de que se hayan intentado todas las estrategias de adaptación in situ (como elevar las viviendas o construir diques) y se hayan descartado como inadecuadas.[7] Aun así, para algunas comunidades, el traslado planificado puede ser inevitable. Como afirma el IPCC, “mejorar la viabilidad de la reubicación y el reasentamiento planificados es una alta prioridad para gestionar los riesgos climáticos”.[8]  Se necesitan urgentemente enfoques a las reubicaciones planificadas motivadas por el cambio climático que salvaguarden los derechos humanos, incluidos los derechos a un nivel de vida adecuado, la vivienda, el agua, los medios de subsistencia, la salud y la educación.

Sin embargo, como todas las formas de movilidad humana, la reubicación planificada de comunidades enteras se produce por muchas razones.[9] Aunque los daños causados por las inundaciones y la previsión de futuros efectos del cambio climático suelen ser los factores más visibles, otras causas demográficas, político-económicas y socioculturales, como la desigualdad económica y el legado colonialista, pueden hacer necesaria la reubicación.[10] La desigualdad de riqueza y la falta de acceso a servicios adecuados contribuyen a que algunas comunidades busquen apoyo para una reubicación planificada; los grupos marginados que viven en zonas remotas alejadas de la capital de un país suelen estar entre los más desatendidos. El “colonialismo de asentamientos”, un tipo de colonialismo en el que los territorios de los pueblos indígenas fueron colonizados y los indígenas desplazados por los colonos, es otro factor subyacente que puede contribuir a la necesidad de reubicación de las comunidades indígenas. La comprensión de los legados coloniales de explotación y desplazamiento forzoso fuera de los lugares continentales más deseables en diferentes países de todo el mundo proporciona antecedentes críticos de por qué las comunidades indígenas viven actualmente en lugares expuestos a los impactos del cambio climático, lo que hace que se encuentren entre los más gravemente afectados y antes que otros.[11] La subida del nivel del mar puede ser el catalizador inmediato, pero rara vez es la única razón de la reubicación, por lo que son esenciales un contexto matizado y un análisis histórico.

La reubicación planificada de Gardi Sugdub

Guna Yala, o la tierra del Pueblo Indígena Guna, es una región autónoma, conocida como “comarca” en Panamá, donde los Gunas practican el autogobierno tradicional.[12]  La comarca abarca un archipiélago de más de 350 islas frente a la costa caribeña de Panamá y una zona montañosa en tierra firme.

Los Gunas son conocidos por su alto grado de autonomía, sus sólidas instituciones y su liderazgo.[13]  La historia de los Gunas es una historia de resistencia, de negociación y de dignidad ante la adversidad.[14] Mantuvieron esta resistencia en 1511, frente a los primeros colonizadores europeos que llegaron a su territorio; en 1650, cuando los misioneros católicos les obligaron a asentarse, lo que provocó la migración de Darién a Guna Yala; y en el siglo XVIII, cuando los españoles amenazaron con exterminarlos.[15]  También les sirvió en el siglo XIX, cuando la mayoría de los Gunas optaron por vivir en las islas para escapar de las enfermedades propagadas por los mosquitos en el continente, y en 1925, cuando el recién formado gobierno panameño impuso las escuelas y prohibió la vestimenta tradicional, lo que culminó en el levantamiento armado de la “Revolución del Tule”.[16]  A medida que se acerca el centenario de la Revolución del Tule, el orgullo del pueblo Guna por su historia es palpable. Hoy, nuevas fuerzas de cambio amenazan su futuro, y los Gunas, una vez más, se movilizan para responder.[17]

Según un reciente informe del Ministerio de Medio Ambiente (MIAMBIENTE), se estima que el nivel del mar de la costa caribeña de la nación subirá 0,27 metros para 2050, incluso en el escenario optimista de emisiones del último Informe de Evaluación del IPCC.[18] Las islas del archipiélago panameño de Guna Yala se encuentran entre las zonas donde el informe prevé los impactos más graves.

Aunque muchas islas panameñas se enfrentan a retos similares, este informe se centra en la reubicación planificada de una comunidad Guna específica: Gardi Sugdub. Las primeras ideas para el traslado de Gardi Sugdub se remontan a la década de 1990, cuando los líderes de la comunidad vieron por primera vez los informes sobre la subida prevista del nivel del mar y reconocieron los crecientes problemas de falta de espacio en la isla. La planificación de la reubicación comenzó en 2010, cuando los líderes de Gardi Sugdub crearon el comité de vecinos para organizar el proceso, asegurar y despejar un nuevo terreno en tierra firme donado por miembros de la comunidad. Se eligió el terreno identificado porque estaba disponible, a una mayor elevación más segura y cerca de los servicios, la autopista y los puertos locales, aunque los miembros de la comunidad no debatieron exhaustivamente otros emplazamientos alternativos.[19] Durante años, el nuevo emplazamiento se llamó simplemente “La Barriada”, pero más recientemente se ha bautizado como “Isperyala”, en honor a la palabra Guna que designa el níspero que abunda en tierra firme.

Aunque los miembros de la comunidad lideraron el traslado previsto desde sus inicios, una ONG suiza, Displacement Solutions, fue un catalizador crucial del proceso, ya que implicó a la comunidad y al Congreso General Guna en los posibles retos y oportunidades del traslado.[20]     

Al mismo tiempo, se estaban construyendo otros dos proyectos paralelos cerca del nuevo emplazamiento. En primer lugar, el Ministerio de Educación (MEDUCA) prometió una “escuela modelo” para mejorar el acceso a la educación de las niñas y niños de todas las islas de la parte occidental de Guna Yala. Se financió con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de junio de 2012.[21] En segundo lugar, en enero de 2011, el Ministerio de Salud (MINSA) proyectó un hospital de referencia. Aunque el Gobierno prometió terminar ambos proyectos en 2014, casi una década después, el edificio del hospital está incompleto y abandonado y la escuela sigue en construcción. El nuevo emplazamiento para el traslado se seleccionó, en parte, por la proximidad a la nueva escuela y al hospital.

En 2017, siete años después de que la comunidad empezara a organizar su reubicación en serio, el Ministerio de Vivienda (MIVIOT) se comprometió a construir 300 viviendas y a proporcionar servicios de agua potable, saneamiento y acceso por carretera al lugar de reubicación.  La construcción comenzó en 2019, pero la pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento impuestas en respuesta a la misma provocaron nuevos retrasos en 2020 y 2021.

Además de financiar la escuela, en 2018 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comenzó a apoyar el proceso de reubicación con estudios técnicos, planificación participativa y seguimiento.[22] En concreto, el proyecto PN-T1188: “Reubicación sostenible de la Guna debido al cambio climático” es un proyecto de cooperación técnica (no un préstamo),[23] lo que significa que el banco solo aporta conocimientos técnicos, sin fondos adicionales. El banco colaboró estrechamente con abogados especializados en derechos humanos y antropólogos para reforzar la comunicación, la planificación y la coordinación de una forma culturalmente sensible y holística que pudiera servir de modelo para futuras intervenciones comunitarias.[24]  Sin embargo, la participación del BID en este proyecto concreto finalizó el 27 de julio de 2023, sin que se prevea un apoyo continuado al realojo.[25]

En el momento de redacción de este informe, más de una década después de que se iniciara el proceso de planificación, la construcción del lugar de reubicación sigue incompleta y todavía no se ha trasladado a nadie. El hospital de referencia está abandonado desde hace tiempo y no existe ningún centro de salud en el nuevo emplazamiento. El edificio de la escuela no dispone de infraestructuras básicas de agua y alcantarillado en funcionamiento y carece de suministros y servicios educativos suficientes, incluida la contratación de suficientes profesores para los nuevos programas.

I: Razones para la reubicación

Las amenazas medioambientales, como la subida del nivel del mar y otros riesgos costeros, interactúan con las presiones existentes sobre el bienestar de la comunidad. Los residentes describen una combinación de razones para querer reubicarse, incluyendo el hacinamiento, un historial de inundaciones y el aumento previsto del nivel del mar: factores que hacen la vida considerablemente más difícil en una isla pequeña y abarrotada. Comprender las formas complejas e interconectadas en que los riesgos costeros afectan a las personas advierte los elementos que implica un enfoque integral de los derechos humanos en una reubicación planificada.[26]  La planificación de una reubicación debe tener en cuenta la protección de las personas en muchas facetas de sus vidas.

Hacinamiento y riesgos costeros

Casi todas las personas que forman parte de la comunidad y fueron entrevistadas por Human Rights Watch mencionaron la falta de espacio como la razón más urgente para la reubicación. La isla tiene unos 1.300 habitantes. Cientos más llegan a la isla a diario desde las islas indígenas vecinas para asistir a la escuela o visitar su rudimentaria clínica. La secretaria del comité de vecinos, Magdalena Martínez, de 72 años, dijo a Human Rights Watch:

Nosotros somos ya muchos en este pueblo y no cabemos. Hay demasiada población y no hay ya lugares donde los niños puedan jugar, donde las familias nuevas que se casan puedan vivir solas… ya no hay espacio.[27]

Esta diminuta isla está ubicada apenas un metro sobre el nivel del mar. En la actualidad, mide unos 300 metros de largo y 125 metros de ancho, un tamaño comparable a algo más de cinco campos de fútbol.[28]  Sin embargo, cuando fue colonizada, tenía la mitad del tamaño actual y estaba cubierta de manglares. Con el tiempo, la superficie de la isla casi se ha duplicado, debido a la práctica del “relleno” mediante la cual los residentes aprovechan todo lo que encuentran –la mayoría de las veces coral, pero también rocas, basura de plástico o bloques de cemento— para ampliar la base de la isla con el objetivo de obtener más espacio. Aunque esta práctica tiene la ventaja añadida de elevar las viviendas y construir defensas para adaptarse a los efectos del cambio climático, también destruye los arrecifes de coral y agrava inadvertidamente la exposición de la isla a las tormentas y las fuertes corrientes. 

 

Los residentes describieron cómo, cada noviembre y diciembre, las fuertes lluvias y el intenso oleaje inundan la isla. Las inundaciones persisten hasta dos semanas seguidas. Los más afectados son los que viven en los bordes y en las partes bajas de Gardi Sugdub.

Todos los años se producen inundaciones, en ocasiones intensas. Eustacio Valdez, un hombre de unos 50 años apasionado por la conservación del coral, compartió su experiencia de una feroz tormenta en 2008:

Primero fue la llovizna, pero poco a poco empezó a cambiar la brisa. Entonces comenzó la brisa fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte… Entonces... estaba lloviendo duro... Cuando yo llegué a casa, el agua se había llevado el muelle y el inodoro. Los cayucos se habían ido. Había olas altas. Estuvo inundado durante una semana. La escuela fue suspendida.[29]

La subida del nivel del mar restringirá aún más el espacio en el futuro. Según el IPCC, el nivel promedio global del mar ya ha aumentado y “es prácticamente seguro que [el nivel promedio global del mar] seguirá subiendo durante el siglo XXI en respuesta al continuo calentamiento del sistema climático”.[30] El reciente informe de MIAMBIENTE confirma que las islas de Guna Yala se enfrentarán a una subida del nivel del mar en las próximas décadas.[31]

Algunos miembros de la comunidad dijeron que ya han experimentado estos cambios, mientras que muchos prevén que los habrá en el futuro. Carmen G., de 12 años, aprendió sobre el cambio climático en la escuela y viendo la televisión con su abuela. Expresó sus temores sobre el futuro: “Me preocupa el mar. Si el mar sube e inunda la isla, ¿nos ahogaremos? También me preocupan los perros y los gatos. ¿Dónde irán?”[32]

Los ancianos de la comunidad reconocieron que quizá no sean testigos de los efectos del cambio climático en su vida, pero que la preocupación por las generaciones futuras exige actuar ya mismo. Dallis Morris, de 68 años, profesora en la escuela de la isla y tesorera del comité de vecinos, dijo a Human Rights Watch: “Quizás no veamos la subida del nivel del mar en nuestra vida, y la gente no quiere aceptarlo. Pero me preocupo por mi gente y mis nietos”.[33]

La falta de espacio y los riesgos costeros amenazan el nivel de vida de los residentes actuales y futuros de Gardi Sugdub, con implicaciones para la vivienda, la salud y el saneamiento, el acceso al agua potable, la educación y los medios de subsistencia tradicionales como la pesca.

Vivienda adecuada

A medida que crece la población en una isla hacinada, las casas existentes se subdividen entre hermanos, a veces con sábanas, porque no hay otro sitio adónde ir. La comunidad describió los problemas derivados de estas circunstancias, como la falta de intimidad y las tensiones entre familiares y vecinos. Delfino Davies, un hombre de 50 años, habló de la vivienda en la isla en los siguientes términos: “Algunas familias tienen 15 o 20 personas viviendo en una casa pequeña. Hace mucho calor. A veces la gente duerme en hamacas colgadas una encima de la otra porque no hay espacio”.[34]

Los peligros costeros afectan aún más a las viviendas de la isla. Los miembros de la comunidad describieron cómo sus casas y pertenencias, incluidos los muebles, han sufrido daños en el pasado debido a fenómenos meteorológicos extremos y a la erosión y salinización más lentas. En palabras de Rosa M., una estudiante de 19 años: “El mar se está comiendo la tierra debajo de nuestras casas”.[35]

Agua, saneamiento y salud

En Gardi Sugdub, el abastecimiento doméstico de agua es irregular. La isla cuenta con un acueducto desde una fuente de agua continental que discurre bajo el océano hasta la isla, aunque la capacidad y la presión fluctúan estacionalmente. Cuando se agota el suministro de agua, se rompe la tubería submarina o hay intrusión salina, las familias van en barca al río Gardi a buscar agua, un viaje de ida y vuelta de unas dos horas que resulta difícil cuando hay tormentas o fuertes corrientes. El médico jefe de la isla afirma que “el agua de la isla no es potable” y que beberla o consumirla contribuye a la alta prevalencia de enfermedades gastrointestinales.[36] 

Dada la estrecha convivencia y el gran número de personas que viven en muchas casas, las enfermedades se propagan rápidamente en la isla. Esto incluye enfermedades respiratorias como la tuberculosis y el Covid-19 por vivir en proximidad, junto con enfermedades de la piel, como la piodermitis, que se propagan por compartir hamacas.[37]   

Otro problema fundamental en Gardi Sugdub es la falta de espacio para algunas formas deseadas de actividad física, especialmente para los jóvenes que quieren jugar al fútbol, correr o practicar danza tradicional.[38] Según el médico jefe de la isla, esto contribuye a las altas tasas de problemas cardiovasculares, obesidad y diabetes.[39] Los residentes deben tomar un barco y cruzar todo el camino hasta el continente solo para hacer ejercicio; la mayoría de la gente dijo que carecen de tiempo o dinero para viajes frecuentes.

Otros problemas de saneamiento son que la isla carece de sistema séptico o de alcantarillado debido al espacio limitado. En su lugar, la defecación en retretes en los muelles sobre el océano significa que los niños a menudo nadan cerca de heces flotantes. Durante las tormentas e inundaciones con olas altas, los residentes dijeron a Human Rights Watch que puede ser peligroso acceder a los retretes, lo que, como observó Edilbertina González, una madre de 40 años, es “especialmente difícil para las mujeres embarazadas”.[40]     

La percepción actual de hacinamiento por parte de los miembros de la comunidad proviene, en parte, del hecho de que se sienten abrumados por la basura: no los residuos orgánicos a los que están acostumbrados, sino el plástico, el vidrio y las latas de hojalata y aluminio que se acumulan en la isla. Según un miembro de la comunidad que trabajó en el censo nacional, la mayoría de los residentes de Gardi Sugdub dijeron que suelen deshacerse de la basura de plástico, papel y vidrio arrojándola al mar.[41] Esto es especialmente problemático cuando llegan las inundaciones, ya que la basura de las aguas abiertas fluye directamente a las casas de la gente. A pesar de los esfuerzos educativos locales y de un proyecto, conocido como “Basura Cero”, para instalar contenedores, en la isla no existe un sistema de recogida de basuras que se utilice o se haga cumplir adecuadamente.

Educación

El acceso a la educación está restringido en la isla, tanto por falta de espacio como por los peligros costeros. Con 653 estudiantes de primaria y secundaria matriculados, la escuela está al límite de su capacidad.[42]  Ya no puede aceptar nuevos alumnos de otras islas; los nuevos estudiantes que quieren matricularse han sido rechazados porque no hay espacio para que estudien o se alojen durante la semana.[43]   

La falta de espacio restringe las oportunidades educativas en Gardi Sugdub de otras maneras. Para acomodar a todos los alumnos en unas aulas limitadas, hay dos fases de clases al día: los cursos más jóvenes se reúnen por las mañanas y los cursos más mayores por las tardes, lo que significa que todos los alumnos tienen un número limitado de horas de clase. Los profesores dijeron a Human Rights Watch que puede ser incómodo enseñar en aulas abarrotadas sin suficientes sillas o mesas para escribir, lo que obliga a los estudiantes a ingeniárselas con alternativas improvisadas.[44]

Algunas clases ni siquiera tienen aulas, y en su lugar utilizan la biblioteca local o cualquier otro espacio disponible. Un grupo se reúne en un muelle utilizando una pizarra blanca como mesa improvisada para los alumnos; durante las inclemencias del tiempo, no hay clase.[45]

Uno de los edificios, el Pabellón II, se está derrumbando en el agua debido a la erosión de los materiales de construcción. Los profesores expresaron su preocupación por estas grietas, que, según ellos, empeorarán con el tiempo.[46] Cuando el Pabellón II se inunda, los profesores y alumnos deben ponerse botas de goma para entrar en el aula.[47]  Los alumnos nos contaron que el agua también daña el material escolar.  La profesora Dallis Morris dijo: “Cuando llueve, estamos ahí con los paraguas en el aula”.[48]     

El director de la escuela está preocupado por la seguridad de los alumnos y los envía a casa durante las tormentas.[49] Los riesgos costeros también hacen que Gardi Sugdub siga un calendario diferente al de otras escuelas de Panamá: el curso escolar es unas semanas más corto porque las clases se cancelan durante las semanas en que los fuertes vientos, las lluvias torrenciales y el fuerte oleaje hacen peligroso el paso en barco de los estudiantes que vienen de otras islas.[50]  

Cultura y medios de subsistencia tradicionales

El estilo de vida de subsistencia de los pescadores de Gardi Sugdub se ha vuelto más precario a causa del cambio climático y la superpoblación. A ello contribuye la destrucción de los arrecifes de coral, utilizados como relleno para ampliar la isla y protegerla de las olas. El Saila (líder o jefe religioso) y pescador Tito López describió cómo, en su juventud, podía encontrar sardinas para usar como cebo justo al lado del muelle, pero hoy ya no quedan.[51] La langosta y otras especies de peces también han desaparecido.[52] A medida que la pesca se vuelve más difícil, los miembros de la comunidad recurren cada vez más al turismo. Sin embargo, las inundaciones otoñales hacen que el turismo basado en la isla sea difícil de mantener durante todo el año, y los efectos previstos del aumento del nivel del mar amenazan la sostenibilidad a largo plazo de esta fuente de ingresos.

A diferencia de las islas vecinas menos pobladas, en Gardi Sugdub ya no hay espacio para los huertos tradicionales. En su lugar, la comunidad tiene campos de cultivo en tierra firme, pero el acceso es difícil cuando el tiempo es extremo. Los peligros costeros también interfieren con las formas tradicionales de cocinar, en las que se enciende un fuego de leña directamente en el suelo, una práctica que no es posible durante las inundaciones. Los miembros de la comunidad dijeron a Human Rights Watch que cuando las inundaciones persisten durante días, a veces las mujeres viajan hasta el continente solo para cocinar, y luego regresan a la isla llevando comidas preparadas - un viaje que cuesta un día de ingresos de la pesca y demora horas.[53]

Opinión de la comunidad sobre la reubicación

La mayoría de los miembros de la comunidad entrevistados por Human Rights Watch expresaron su deseo de trasladarse, un objetivo por el que se han movilizado durante más de una década. Sin embargo, una pequeña minoría está indecisa o tiene intención de quedarse. Algunos prefieren quedarse debido a la reciente herencia de sus hogares, a los medios de subsistencia basados en la isla o al profundo apego a un lugar que les resulta familiar.[54]   

Entre los funcionarios del gobierno y los planificadores predomina la idea de que todo el mundo se trasladará y, por tanto, la escuela, el hospital, el generador eléctrico y todos los servicios de adaptación climática y de otro tipo de la isla dejarán de ser necesarios.[55] Sin embargo, para la mayoría de los habitantes de la isla, la reubicación no significa abandonar definitivamente la isla; muchas familias tienen la intención de dividirse en dos hogares, a menudo con los jóvenes trasladándose al continente y la generación de más edad permaneciendo en la isla. Algunos miembros de la comunidad compartieron visiones de lo que, en efecto, serán dos comunidades conectadas pero que funcionarán por separado, con dos cámaras del congreso y dos grupos de líderes (Sailas).[56] Otros dijeron que irán y vendrán de un lugar a otro a diario, semanalmente o por temporadas. Se trata de una continuación del statu quo, pues los residentes ya practican diversas estrategias de subsistencia que incluyen traslados al continente para la agricultura y el uso de la isla para la pesca. Las autoridades deben ayudarles a mantener estas estrategias, por ejemplo, mejorando el acceso al transporte terrestre y marítimo, que es irregular y no está subvencionado.

Independientemente de las intenciones de la gente de mudarse o de mantener múltiples vínculos con el lugar, muchos residentes reconocieron que el traslado implicaría cambios dolorosos. Aunque un menor riesgo de inundaciones y más espacio mejorarán su calidad de vida, muchos echarán de menos el acceso constante al mar, la experiencia de vivir en un lugar que les resulta familiar y las formas de vida tradicionales de la isla.

 

II: Una década de retrasos y promesas incumplidas

El proceso de reubicación se ha caracterizado por obstáculos y retrasos. El historial del Gobierno es poco convincente: en 2011, el MINSA prometió un hospital de referencia cerca del lugar; en 2012, el MEDUCA, con financiación del BID, prometió una escuela modelo; y en 2017, el MIVIOT prometió 300 viviendas. Todos los proyectos se han iniciado, pero ninguno se ha completado.

En el caso concreto de las viviendas financiadas por el MIVIOT, el plazo con que se comprometieron en 2017 no superaría “los 450 días naturales, desde la fecha de la orden hasta la finalización”, según el plan original.[57] Sin embargo, seis años después, el proyecto no se ha completado. Dillion Navarro, punto focal de la comunidad para la construcción y las interacciones con el MIVIOT, dijo: “El gobierno no está cumpliendo con lo acordado para este proyecto. Mira ese retraso. Eso no es justo”.[58]     

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, ha visitado la nueva obra en tres ocasiones distintas y ha prometido repetidamente que el proyecto estaría finalizado para septiembre de 2023. A su vez, el MIVIOT actualizó recientemente el compromiso, una vez más, anunciando una nueva fecha de traslado para el 29 de febrero de 2024.[59]  Sin embargo, los miembros de la comunidad ya se mostraban escépticos sobre el cumplimiento de este compromiso anterior. El presidente del Comité de Vecinos, Albertino, de 70 años, dijo:

El gobierno prometió el 25 de septiembre [2023] pero me río. Quizás diciembre. Todos los años le he estado diciendo a la gente que nos comeremos el pavo en la barriada; ahora no me creen, me dicen mentiroso.[60]

No es el único que se siente frustrado por estos retrasos. Saila Jose Davies, un jefe que ha vivido en la isla casi todos sus 82 años, dijo a Human Rights Watch: “Es posible que ni siquiera vea este traslado en mi vida. Todos los demás líderes que iniciaron el proyecto han muerto en este proceso”.[61]  

Son muchos los factores que han provocado retrasos, entre ellos los cambios de administración, las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 para el suministro de mano de obra y materiales, y la mala presupuestación, incluida la falta de una partida presupuestaria para pagar al contratista.[62]  El MIVIOT también habría reasignado fondos de este proyecto a otra región. [63]    Sin embargo, el gobierno no ha proporcionado una razón completa y clara de los retrasos a la comunidad, cuyos miembros solicitaron una mayor transparencia sobre los plazos y los cambios presupuestarios.

Los retrasos y los problemas de reasignación presupuestaria de los programas de vivienda del MIVIOT van más allá del proyecto de Gardi Sugdub. Al parecer, los compromisos del MIVIOT se han contraído sin dinero para hacer un seguimiento de los contratistas en los plazos acordados,[64] y antiguos funcionarios han sido condenados por malversación de fondos.[65]

Dada esta historia, los miembros de la comunidad expresaron su preocupación sobre si la ayuda internacional a Panamá –incluidos los fondos para el cambio climático— llegarán alguna vez a los miembros de la comunidad en primera línea.[66]  Un anciano de la comunidad declaró: “El dinero viene de países extranjeros, pero el gobierno está tomando una parte. Los gobiernos se están aprovechando de los indígenas, y este dinero no nos está llegando”. [67] 

Los líderes comunitarios también expresaron su frustración por la naturaleza temporal y el tipo de ayuda proporcionada por el BID y los donantes internacionales. La construcción de infraestructuras físicas es fundamental, pero es solo una parte de lo que se necesita para apoyar una reubicación planificada digna y respetuosa con los derechos. También es muy necesaria la asistencia técnica continua para la preservación cultural, la cohesión social y la búsqueda de nuevos medios de subsistencia en el nuevo emplazamiento. Un miembro de la comunidad subrayó este punto: [68]

Vienen y acaban y se van… nos sentimos abandonados. La infraestructura en sí está [dos tercios] completa. Pero es en la parte de asistencia técnica donde la comunidad necesita apoyo. [Cuando se van] estamos en cero, nadie nos está ayudando.

Autonomía, liderazgo y participación de la comunidad en el proceso de reubicación

A pesar de los obstáculos, los habitantes de Gardi Sugdub han liderado desde el principio el proceso de reubicación previsto. Las entrevistas con representantes de la sociedad civil sugieren que los avances logrados hasta la fecha se deben en gran medida a su gran amor por la comunidad y a su dedicación a la construcción de un futuro mejor para el pueblo Guna.[69]   

Gardi Sugdub es una comunidad de profesionales cualificados: sociólogos, biólogos, planificadores y personas que realizan la esencial y a menudo infravalorada labor traslativa de integrar los valores y cosmovisiones indígenas con la ciencia y la ingeniería modernas. El propio proyecto de reubicación ha influido en las trayectorias profesionales de los jóvenes; varios miembros de la comunidad han decidido cursar estudios superiores específicamente para adquirir las competencias necesarias para apoyar su reubicación.[70]

La comunidad ha demostrado su liderazgo autónomo de diversas maneras, desde la planificación a la coordinación, pasando por la movilización de recursos y la recaudación de fondos. Por ejemplo, el tesorero del comité de reubicación ha recaudado pagos de las familias que tienen intención de reubicarse a lo largo de muchos años para preparar las necesidades de la comunidad en el nuevo emplazamiento, como una valla.[71] La gestión responsable de los fondos es un indicador importante de la capacidad de liderazgo.

En lugar de presuponer que los expertos externos tienen las respuestas, los miembros de la comunidad esperan que los donantes creen las condiciones para soluciones de adaptación al clima dirigidas localmente. El biólogo y líder de la reubicación Elliot Brown, de 34 años, dijo:

En primer lugar, las comunidades necesitan ser escuchadas más que nada, eso es lo principal. Lo otro es fortalecer al Congreso [Indígena Guna]… y a todos sus colaboradores… en todos estos temas de cambio climático… al fortalecer las comunidades, entonces aparecen los profesionales. [72]

Sin embargo, a pesar de la demostrada capacidad de liderazgo de los miembros de la comunidad, los funcionarios del gobierno no siempre han integrado de forma significativa las opiniones de la comunidad en el proceso de toma de decisiones sobre la reubicación planificada. Cuando la comunidad tomaba decisiones a nivel local, se organizaban consultas y había una participación significativa, pero cuando funcionarios externos del gobierno se reunían con los residentes de Gardi Sugdub, los miembros de la comunidad dijeron que las consultas eran más un “intercambio de información” que una consulta genuina e inclusiva. En concreto, las voces de los miembros habituales de la comunidad que no formaban parte del comité de reubicación no siempre estaban representadas. Por ejemplo, “Carolina”, de 43 años, que trabaja en la tienda de la isla, dijo que “MIVIOT viene y habla para informarnos y luego desaparecen”.

Otros miembros de la comunidad reiteraron la importancia de integrar las perspectivas locales e indígenas en la planificación de la reubicación en todas las fases, entre ellos la secretaria del comité de reubicación, Magdalena Martínez:

Si el gobierno tiene ese espíritu de apoyo, debería de hablar primero con el mismo pueblo, preguntarle qué es lo que quieren... cómo quisieran que fueran las cosas... porque si nos hubieran escuchado desde el principio, las cosas hubieran sido diferentes.

 

III: Posibles lagunas de protección en el nuevo emplazamiento

En general, los miembros de la comunidad afirmaron que, aunque el traslado por el que llevan años luchando mejorará algunos aspectos de la vida, probablemente creará nuevos desafíos. Una pareja de casi 60 años explicó: “No sabemos cómo va a ser, pero nuestra mentalidad es que va a ser difícil. Una vez que estemos allí, vamos a averiguar cómo”.[73]  Los preparativos del emplazamiento aún no han concluido, lo que significa que el gobierno panameño aún puede tomar medidas para mitigar los problemas previsibles y planificar la supervisión y el apoyo continuos a la comunidad, incluso después de que se haya completado el traslado físico al nuevo emplazamiento.

 

Vivienda adecuada

Aunque los dirigentes de Gardi Sugdub pudieron hacer aportaciones y aceptaron de forma pragmática las viviendas del “Proyecto de Inversión MIVIOT” porque algo era mejor que nada, los miembros de la comunidad expresaron su preocupación sobre si las viviendas proporcionadas satisfarían sus necesidades a largo plazo. Las casas están diseñadas en un estilo prefabricado estándar adaptado de un programa de vivienda gubernamental, “Techos de Esperanza”,[74] y que no está adaptado al modo de vida Guna. Por ejemplo, la mayoría de los Gunas duermen en hamacas ensartadas entre vigas de apoyo, pero las nuevas casas carecen de lugares de sujeción.

Estas viviendas son pequeñas, diseñadas para una familia nuclear de cuatro o cinco personas, no para las familias Gunas grandes y multigeneracionales. La mayoría de los miembros de la comunidad dijeron que prevén construir sus propias casas tradicionales más grandes detrás de la estructura principal. Los miembros de la comunidad también informaron a Human Rights Watch sobre otra comunidad indígena del pueblo Embera en la región de Bayano, donde el mismo estilo de casas “Techos de Esperanza” no satisfacía las necesidades de la gente y han sido abandonadas en gran medida; en la actualidad, solo se utilizan para almacenar semillas.

En palabras de una líder comunitaria:

Nosotros no queríamos esas casas. Primeramente, nosotros queríamos vivir conforme a nuestras costumbres, nuestras casas de pajitas, como la que tenemos aquí, pero el gobierno nos hizo otra clase de casas que se hacen para las personas de bajos recursos, “Techos de Esperanza”. Nosotros no queríamos “techos de esperanza”. Pero como nosotros no teníamos el dinero, tuvimos que, bueno, hacer lo que ellos dijeran”.[75]

Otra preocupación sobre el nuevo emplazamiento es el calor, sobre todo porque Panamá es uno de los países con mayor riesgo de olas de calor de alto impacto.[76] Mientras que en algunas casas en lo alto de las colinas del lugar de reubicación corre una brisa, en las situadas a menor altitud hace mucho más calor. En el nuevo emplazamiento no hay árboles que den sombra, ya que la zona se taló para facilitar la construcción. La elección de los materiales de construcción agrava los riesgos derivados del elevado calor en el nuevo emplazamiento y preocupa a algunos miembros de la comunidad, como es el caso de Carmen G., una residente de la isla de 12 años: “Me gustan más las casas de palitos porque entra el aire. No sé si eso será lo mismo en las casas nuevas”.[77]  

El MIVIOT solicitó una evaluación de impacto ambiental del lugar de reubicación en 2017. Sin embargo, no incluía una evaluación exhaustiva del riesgo de peligrosidad en el nuevo emplazamiento y no se basaba en el trabajo de campo original.[78] Cuando Human Rights Watch visitó el nuevo emplazamiento, había pruebas visibles de inundaciones, erosión y pequeños deslizamientos de tierra. Los miembros de la comunidad expresaron su preocupación por los riesgos para los niños durante las inundaciones. Aunque se están construyendo muros de contención para mitigar estos riesgos, queda por ver si aguantarán cuando se produzcan nuevas lluvias torrenciales. Esto preocupa al biólogo Elliot Brown: “En el lado norte del barrio hay mucha erosión. Cuando llovió fuerte, se llevó todo el suelo. Las casas en el extremo más bajo fueron enterradas. Bueno, esto va a ser muy problemático para nosotros”.[79]

Los miembros de la comunidad expresaron su frustración por el hecho de que el riesgo de peligro fuera una idea tardía, en lugar de una parte integral del proceso de planificación de la reubicación. Especialmente en el caso de las reubicaciones planificadas para proteger a las personas y fomentar la adaptación al clima, es fundamental realizar una evaluación exhaustiva del riesgo de amenazas antes de seleccionar el emplazamiento.

Las personas entrevistadas también subrayaron la importancia de integrar los conocimientos tradicionales y locales en la planificación de la reubicación y el desarrollo del emplazamiento, como la reforestación de plantas con raíces profundas para evitar la erosión y los corrimientos de tierras. Si los puntos de vista de los miembros de la comunidad se hubieran integrado mejor en la planificación de los emplazamientos y el diseño de las viviendas, muchas de estas amenazas previstas para una vivienda adecuada podrían haberse atenuado.

Agua, saneamiento y salud

Los miembros de la comunidad de Gardi Sugdub han manifestado constantemente su preocupación por el hecho de que el nuevo emplazamiento carece de un suministro adecuado de agua para beber, saneamiento y agricultura de subsistencia. Existe un pequeño pozo y está prevista la construcción de otros dos. Sin embargo, los plazos para la construcción de los dos pozos son inciertos e, incluso si se construyen, los pozos propuestos solo satisfarían parcialmente las necesidades de la comunidad.  Según un estudio reciente, el suministro de agua subterránea se limita a uno o dos años, lo que indica claramente que el nuevo emplazamiento no es sostenible a largo plazo.[80] Los miembros de la comunidad ya se están movilizando para conseguir un nuevo acueducto desde otra fuente del continente, similar al que abastece actualmente a la isla, pero afirmaron que se necesita urgentemente financiación gubernamental o de otro tipo para poner en práctica este plan. 

La comunidad también expresó su gran preocupación por la ausencia de un plan a largo plazo tanto para la gestión de las aguas residuales como para la eliminación de la basura. Aunque se han propuesto soluciones temporales –como el tratamiento de aguas residuales por un periodo limitado de dos años—, la comunidad necesita formación y apoyo adecuado para que sean soluciones sostenibles. Magdalena Martínez, secretaria del Comité, explicó:

Nos estamos preparando como pueblo para ir allá y ver las mejoras que vamos a hacer. Pero eso no va a ser si no tenemos un lugar donde depositar los desechos, donde nosotros podamos beber agua y usar el baño… Esos son derechos humanos básicos.[81]

Los miembros de la comunidad y los funcionarios médicos hicieron hincapié en que es esencial contar con un centro de salud antes de que pueda producirse el traslado y expresaron su frustración por el hecho de que no se considerara una prioridad máxima en la planificación inicial, especialmente teniendo en cuenta que el proyecto del hospital MINSI-CAPSI ha sido abandonado. Una madre y miembro del comité de vecinos dijo a Human Rights Watch: “Necesitamos un centro de salud. Esto es fundamental. Si alguien está embarazada, ¿de qué otra forma tendrá un bebé?”.[82]  Se necesita una financiación adecuada para garantizar que se planifica la clínica, se dote de personal y se allane y urbanice el solar.

El lugar de reubicación solucionará muchos de los problemas sanitarios a los que se enfrenta ahora la población de la isla, como la falta de espacio para la actividad física y la rápida transmisión de enfermedades en condiciones de hacinamiento. Pero, al mismo tiempo, la reubicación también planteará nuevos problemas de salud pública, como un mayor riesgo de malaria, ya que los mosquitos portadores son endémicos de la selva continental,[83]  pero no son tan frecuentes en las islas con brisa constante, incluida Gardi Sugdub.[84]

Educación

En general, los miembros de la comunidad ven la nueva escuela como una mejora. Se mitigarán las preocupaciones por las inundaciones, todos los alumnos tendrán acceso a una mejor educación gracias a una jornada escolar completa y habrá más espacio para moverse y jugar.[85]   

Sin embargo, en el momento de redactar este informe, la escuela carece de suministro de agua y de un sistema de eliminación de residuos, prioridades absolutas antes de que pueda producirse el traslado. La escuela también carece de un plan para proporcionar alimentos a los alumnos y no tiene suficientes profesores para atender los nuevos programas de secundaria previstos. El director de la escuela también expresó su preocupación por la necesidad de asegurar transporte adicional para los niños y las niñas que ahora tendrán que desplazarse desde las islas exteriores al continente, y luego desde el puerto a la escuela. Tras el traslado, incluso las y los estudiantes locales tendrán que caminar hasta un kilómetro desde sus casas hasta la escuela, lo que puede ser un reto importante cuando hace calor o llueve. [86]

Cultura y medios de subsistencia tradicionales

El traslado a tierra firme presenta oportunidades y desafíos para el acceso de la población a los medios de subsistencia tradicionales. Los rendimientos agrícolas pueden mejorar al conseguir un acceso más cercano a sus parcelas en tierra firme.[87]  También puede haber más espacio para el turismo cultural con la propuesta de un museo del patrimonio y una cooperativa de mujeres que vendería tejidos bordados tradicionales conocidos como “molas”.[88]  Sin embargo, el traslado a tierra firme también traerá consigo cambios fundamentales en los modos de vida de subsistencia: los pescadores tendrán que desplazarse más lejos y gastar más dinero en combustible para acceder a los caladeros tradicionales. Mantener el pescado fresco en el trayecto desde el océano hasta el nuevo emplazamiento también planteará nuevos retos sin refrigeración.[89]  Los miembros de la comunidad que viven de las relaciones con las islas vecinas también se enfrentan a problemas. Una mujer mayor compartía sus temores: “Una vez que me mude, será difícil tener clientes. Muchas de estas mujeres no irán hasta tierra firme a comprar telas para molas”.[90]

Las percepciones de la comunidad sobre cómo afectará el traslado a los derechos colectivos a la cultura son variadas. Los ancianos esperan que la cultura Guna sobreviva al traslado al nuevo emplazamiento. Saila Tito López dijo a Human Rights Watch: “La vida va a cambiar cuando estemos más cerca del río y las montañas. Pero nunca vamos a perder la conexión con nuestra cultura”.[91]  Las canciones y el folclore ancestrales Guna describen la vida en las montañas; la cultura Guna soportó el traslado histórico a las islas, y muchos creen que soportará esta nueva reubicación. Sin embargo, los miembros más jóvenes de la comunidad, como el guía turístico Harold Fernández, de 31 años, expresaron mayor preocupación por estos cambios:

Los niños pueden empezar a hablar cada vez más español y olvidar Guna. En tierra firme hay bancos, hay discotecas. No es la vida tradicional. La gente no se reúne para hablar de su cultura. Las comunidades en tierra firme son como pequeñas ciudades, es un ambiente diferente. No hay una cultura de ayudarse unos a otros. Pero esto depende de cada uno de nosotros… No perder nuestra identidad. Para mantener nuestras costumbres. Cuando nos reunimos para compartir ideas, debemos recordar nuestra identidad Guna.[92]

Se están realizando esfuerzos para garantizar la continuidad cultural en el nuevo emplazamiento. Los planes para construir una casa del congreso y una casa de chicha (ceremonia) existen desde los primeros planos del emplazamiento y se construirán con una combinación de materiales tradicionales y modernos, a diferencia de las casas construidas solo con un diseño moderno.[93] Además, la nueva escuela contará con un aula dedicada explícitamente a los conocimientos tradicionales, donde las personas ancianas podrán enseñar la cultura y la lengua Guna.[94] Aunque algunos cambios culturales pueden ser inevitables, una planificación proactiva del traslado que integre las dimensiones culturales en el desarrollo del emplazamiento puede mitigar las pérdidas.[95] De hecho, el liderazgo de la comunidad de Gardi Sugdub ha hecho que la preservación cultural ocupe un lugar destacado en los planes de reubicación. Después de todo, como reza una pancarta colgada en la casa del congreso de la isla: “El pueblo que pierde sus costumbres y tradiciones pierde su alma”.

IV: ¿La primera de muchas?

Aunque la comunidad de Gardi Sugdub está bien organizada y conectada, no es la única que se enfrenta a los efectos de la subida del nivel del mar, que invade un espacio limitado. Se calcula que al menos otras 38 islas de Guna Yala, con una población total de unas 28.000 personas, tendrán que trasladarse a tierra firme, dadas las previsiones de aumento del nivel del mar y de fenómenos meteorológicos extremos en las próximas décadas.[96] Además, se espera que unas 12.000 personas de la etnia Guna que se han trasladado a Ciudad de Panamá regresen a la región, con lo que el número total de personas que podrían necesitar apoyo ascendería a unas 40.000 personas.[97]   

Estas comunidades abarcan diversas etapas:

1. Comunidades que han conseguido apoyo para reubicarse, hasta ahora solo Gardi Sugdub.
2. Comunidades que tienen intención de reubicarse, pero carecen de un enfoque y un plan claros para ello, como Playón Chico, Gardi Muladup, Narganá, Carti Tupile, Aligandi, Achutupu, Ustupu Mulatup y Ukubseni.[98]   
3. Comunidades que han considerado la reubicación, pero han decidido que, aunque se les diera la oportunidad, optarían por quedarse, como Norduup y Digir.
4. Comunidades que aún no han planteado la reubicación, pero que podrían tener que hacerlo en el futuro.

El análisis de tendencias más amplias en Panamá sugiere que, en todo el país, la población de las pequeñas islas está creciendo y el riesgo de riesgos costeros aumenta a medida que se acelera la crisis climática. Confirmando estas tendencias, los líderes de Gardi Sugdub mencionaron otras comunidades costeras fuera de Guna Yala que ya están considerando reubicarse en los próximos años.

Puede que estas comunidades no hayan recibido tanta atención como Gardi Sugdub, pero siguen necesitando apoyo. Un líder comunitario instó a la comunidad internacional a ampliar su atención a otras: “Todo el tiempo tenemos visitas de [actores internacionales], pero hay otras pequeñas comunidades que nadie visita nunca, por lo que nadie las escucha”.[99]

Para garantizar el apoyo a otras comunidades además de Gardi Sugdub, Panamá y el BID deben dar prioridad a la cuestión de la reubicación planificada y asignar recursos en consecuencia. Las leyes panameñas de reducción del riesgo de desastres y adaptación climática no abordan adecuadamente la reubicación planificada, y mucho menos incorporan las perspectivas indígenas y locales sobre cómo llevar a cabo estas iniciativas de una manera culturalmente apropiada. La mayoría de las leyes sobre cambio climático en Panamá no mencionan la reubicación.[100]  Si bien la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2050[101] y la Tercera Comunicación Nacional de Panamá ante la CMNUCC mencionan reubicaciones planificadas de Gardi Sugdub y otras comunidades que están considerando la reubicación, estos instrumentos no proporcionan orientación sobre cómo apoyar o financiar dichos traslados.[102]  Del mismo modo, una ley de reducción del riesgo de desastres de 2005 y una Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PNGIRD) de 2010 clarifican las responsabilidades de los ministerios competentes, y los esfuerzos recientes han garantizado la financiación de contingencias, productos de seguros y un fondo nacional de emergencia.[103]

De manera similar, todos los documentos estratégicos del BID, como el marco sectorial sobre cambio climático, el marco de acción migratoria y la política sobre pueblos indígenas, no hacen referencia a la reubicación planificada liderada por la comunidad como adaptación climática, y mucho menos incluyen salvaguardias de derechos humanos sobre cómo el Banco puede involucrarse para apoyar a las comunidades.[104]

La planificación de una reubicación que esté significativamente dirigida por la comunidad y respete los derechos humanos requiere horizontes temporales a largo plazo. A diferencia de las medidas existentes para adaptarse a los riesgos costeros, como la elevación de viviendas, la reubicación planificada implica plazos más largos para la planificación, implementación y coordinación a escala nacional.[105]

Si bien algunos gobiernos, como Fiji y las Islas Salomón, naciones insulares del Pacífico, han desarrollado directrices nacionales para la reubicación planificada, ningún país de América ha adoptado todavía un enfoque de derechos humanos para esta planificación.[106] Dadas las importantes experiencias con Gardi Sugdub y otras islas vecinas en la región de Guna Yala, Panamá podría ser el primer país de América en crear una política de este tipo. Si bien se están realizando esfuerzos iniciales para consolidar las lecciones aprendidas,[107] hasta la fecha Panamá no cuenta con una política nacional u otras directrices oficiales para prepararse para futuras reubicaciones planificadas y salvaguardar los derechos de las personas en el contexto de la subida del nivel del mar.[108]   

Los marcos de derechos humanos proporcionan barreras de seguridad para que los actores que apoyan proyectos de reubicación planificados –ya sean ministerios gubernamentales, bancos u ONG– creen condiciones para soluciones de adaptación autónomas y lideradas por la comunidad. Estos enfoques pueden empoderar a las comunidades para que tomen sus propias decisiones, con el apoyo de financiación y asistencia técnica adecuadas para alcanzar sus objetivos colectivos, en sus propios términos y plazos. Centrar los derechos individuales y colectivos también genera conciencia sobre la posible pérdida de cultura y patrimonio, y coloca los valores definidos por la comunidad en el centro de la planificación de la reubicación. Panamá necesita una hoja de ruta para crear estas condiciones de apoyo. Al crear una política de reubicación planificada, Panamá puede ser un líder en adaptación climática, basándose en sus obligaciones internacionales y nacionales de proteger los derechos humanos.

 

Obligaciones de derechos humanos

Las obligaciones de Panamá

Como todos los gobiernos, Panamá tiene obligaciones internacionales de derechos humanos para abordar el cambio climático, incluso mediante la adopción e implementación de políticas de mitigación y adaptación climática sólidas y respetuosas de los derechos que sean consistentes con la mejor ciencia disponible. Panamá ha adoptado el Acuerdo de París, que en su preámbulo reconoce que “las partes deberían, al tomar medidas para abordar el cambio climático, respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los de derechos humanos... los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales... y las personas en situaciones vulnerables”.[109] 

Como Estado que ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Gobierno de Panamá ha aceptado la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos a un nivel de vida adecuado, vivienda, alimentación, agua, salud y educación de manera no discriminatoria.[110] Esto incluye la obligación de no tomar medidas regresivas que menoscaben la protección de derechos, como la terminación del acceso a hospitales, escuelas, electricidad y otros servicios públicos en la isla.[111] Muchos de estos derechos también están protegidos en la Constitución de Panamá.[112]

En el contexto del cambio climático, Panamá tiene obligaciones específicas con respecto a estos derechos. En 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC), el organismo de expertos independientes que supervisa el cumplimiento del PIDESC, advirtió que “la falta de prevención de daños previsibles a los derechos humanos causados por el cambio climático, o la falta de movilizar el máximo de recursos disponibles en un esfuerzo por lograrlo, podría constituir una violación” [113] de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El Comité recordó a los gobiernos que sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del PIDESC deberían guiarlos en el diseño e implementación de medidas para abordar el cambio climático.[114]

Un elemento de estas obligaciones es la acción para proteger a los ciudadanos de los daños ambientales, como los peligros costeros y la subida del nivel del mar, que plantean un riesgo real en un futuro razonablemente previsible. Cuanto mayor sea el conocimiento sobre la probabilidad y la gravedad de un daño, más fuerte será la obligación. Este marco de análisis basado en la “previsibilidad razonable” de un daño en lugar de su “inminencia” refleja tendencias en la jurisprudencia sobre el derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos[115] y se refleja en las decisiones del Comité de Derechos Humanos (CDH).[116]

El gobierno panameño tiene la responsabilidad de proteger a las personas de los riesgos, que sean razonablemente previsibles, para el disfrute de una vida con dignidad[117] incluidos esfuerzos para abordar los daños ya experimentados relacionados con las inundaciones y minimizar la exposición a futuros riesgos de aumento del nivel del mar. Estas obligaciones legales requieren la consideración de la infraestructura y otras formas de adaptación existentes.

Sin embargo, en circunstancias en las que otras opciones no sean viables, Panamá podría necesitar considerar otra opción política: la reubicación planificada para proteger a grupos de personas sacándolas de peligro. Como se señala en la Guía internacional sobre la protección de las personas contra los desastres y el cambio ambiental mediante la reubicación planificada (Guía de 2015): “Los Estados tienen responsabilidades de prevenir y reducir el riesgo de desastres y la exposición a ellos, y abordar los impactos negativos del cambio ambiental, incluido el cambio climático... estas responsabilidades pueden requerir una Reubicación Planificada para proteger a personas o grupos de personas”.^[118]

El gobierno de Panamá debería promulgar programas de reubicación planificada que respeten los derechos cuando así se solicite, pero igualmente no debería reubicar por la fuerza a las comunidades en contextos donde esto no se alinee con las necesidades y preferencias de la comunidad.[119] La reubicación planificada conlleva sus propios riesgos y requiere políticas basadas en principios de dignidad y derechos humanos. De acuerdo con las obligaciones legales constitucionales e internacionales de Panamá, una reubicación planificada debe, como mínimo, restaurar, o idealmente mejorar, el nivel de vida de las personas reubicadas y sus comunidades de acogida.

La reubicación planificada también requiere mucho tiempo y recursos, así como financiación adecuada y apoyo institucional para garantizar que se protejan los derechos pertinentes. Existen diversas directrices y herramientas internacionales para ayudar a los gobiernos nacionales a interpretar cómo se pueden proteger los derechos relevantes en la reubicación planificada. Por ejemplo, la Guía de 2015[120] describe las obligaciones de derechos humanos relevantes a considerar en tales circunstancias, mientras que una Caja de herramientas sobre planificación de reubicaciones para proteger a las personas de los desastres y el cambio ambiental de 2017 proporciona listas de verificación de otras preguntas específicas a considerar al hacer operativos estos principios basados en derechos.[121] Los Principios de Península sobre el Desplazamiento Climático dentro de los Estados son muy relevantes en estos contextos, [122] como ya lo ha defendido Displacement Solutions ante el gobierno panameño.[123] Además, aunque no se centran directamente en la reubicación de comunidades, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas de 1998[124] y los Principios y Directrices Básicos sobre los Desalojos y los Desplazamientos Basados en el Desarrollo[125] incluyen consideraciones útiles que pueden contribuir a los esfuerzos de reubicación planificados.

Las obligaciones de Panamá en las comarcas indígenas

Panamá tiene obligaciones legales adicionales específicas para la reubicación planificada dentro de las regiones indígenas autónomas de Panamá. Estas incluyen obligaciones de proteger los derechos individuales, así como los derechos colectivos a la tierra, la cultura y la autodeterminación, lo que subraya la importancia de la coherencia comunitaria en el proceso de reubicación planificado.

La Constitución consagra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y, de acuerdo con los estándares de derechos humanos, incluidos los establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), es esencial que las políticas de adaptación al cambio climático no perjudiquen más a los pueblos indígenas, que ya se encuentran entre los más afectados por el cambio climático.

Panamá reconoce los derechos colectivos a la tierra del pueblo Guna: la comarca Guna Yala fue creada en 1938[126] y su Constitución de 1972 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva.[127]  Sin embargo, Panamá no ha ratificado el Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), que contiene disposiciones importantes para garantizar la protección de los derechos a la tierra, los medios de vida y los servicios de salud relevantes para las reubicaciones planificadas.[128]

En las últimas décadas, los pueblos indígenas de Panamá han hecho valer sus derechos colectivos dando lugar a la Ley 37 aprobada en 2016, que establece el derecho a un proceso de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para todas las medidas que puedan afectar a los pueblos indígenas y sus territorios.[129]  El derecho de las comunidades indígenas al CLPI debe aplicarse en todas las etapas del proceso, incluidas las decisiones sobre la reubicación, la selección del sitio y el desarrollo del sitio.

Los Gunas también han desarrollado su propio marco legal paralelo, con una ley y un estatuto fundamentales que contienen medidas relativas a la gestión de sus derechos sobre la tierra y la propiedad.[130]

Las obligaciones de la comunidad internacional

De acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR, por sus siglas en inglés),[131] el Acuerdo de París requiere “apoyo internacional continuo y reforzado” a los países en desarrollo para la implementación de sus obligaciones de mitigación y adaptación, incluso a través del apoyo financiero de los países desarrollados.[132] Si bien el Acuerdo de París carece de especificidad sobre lo que esto implica, los instrumentos de derechos humanos, incluido el PIDESC, brindan más orientación. Por ejemplo, los Estados se comprometen a la realización progresiva del derecho a un nivel de vida adecuado, reconociendo “la importancia esencial de la cooperación internacional” para hacer realidad este derecho.[133]

Conforme con los compromisos con el Acuerdo de París y el PIDESC, los países desarrollados deben proporcionar a los países en desarrollo asistencia de adaptación para garantizar el cumplimiento de los derechos a un nivel de vida adecuado, alimentación, agua, vivienda, salud y medios de vida. Esto puede incluir proporcionar apoyo financiero y técnico para hacer posible una reubicación planificada autónoma, liderada por la comunidad y que respete los derechos humanos.

 

Agradecimientos

Erica Bower, investigadora de desplazamiento climático en la División de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch, llevó a cabo la investigación y redacción del informe. Arianne Orillac, consultora, y Blas López, enlace comunitario, brindaron colaboración y apoyo esenciales durante las entrevistas y la participación comunitaria. Carlos Arenas y Michaela Korodimou generosamente compartieron sus interesantes comentarios y opiniones sobre borradores anteriores.

Este informe fue editado por Richard Pearshouse, director de la División de Medio Ambiente y Derechos Humanos. Babatunde Olugboji, subdirector del programa, realizó una revisión del programa. Michael García Bochenek, asesor jurídico principal, llevó a cabo la revisión legal. La revisión especializada estuvo a cargo de Bill Frelick, director de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes; Juliana Nnoko-Mewanu, investigadora principal, División de Derechos de la Mujer; Margaret Wurth, investigadora principal, División de Derechos del Niño; y Juan Pappier, director adjunto en funciones de la División de las Américas. Léo Martine, Carolina Álvarez y Sam Dubberley ayudaron con imágenes satelitales. El informe fue preparado para su publicación por Travis Carr, coordinador sénior de publicaciones. Hellen Huang, asociada de la división de Medio Ambiente y Derechos Humanos, brindó un apoyo inestimable durante todo el proceso.

Y, sobre todo, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los líderes y miembros de la comunidad de Gardi Sugdub por compartir sus historias para este informe, así como a aquellas personas que continúan enfrentando los impactos de la subida del nivel del mar en las comunidades costeras de todo Panamá. Su disposición a compartir las realidades vividas al planificar una reubicación no solo contribuye a una mayor comprensión de este complejo tema, sino que también sirve como un poderoso recordatorio de lo que es el liderazgo con visión de futuro y centrado en la comunidad frente a la crisis climática.