No es necesario ser un activista anti-globalización para preocuparse por las negociaciones comerciales entre el Perú y los Estados Unidos. Basta con ser mujer. Todos los tratados comerciales negociados por la administración Bush han ignorado el derecho internacionalmente reconocido a la no discriminación en el trabajo, y no han incorporado protecciones adecuadas para los derechos laborales. ¿El resultado? El Estado peruano podría acceder a los beneficios de un tratado comercial con los EE.UU. sin que los términos del tratado condenen las potenciales violaciones a los derechos laborales. Las mujeres, por su parte, quizás accederán al mercado de trabajo en mayor número, pero pagando un costo alto: situaciones laborales discriminatorias que podrían quedar impunes. Esto es inaceptable.
El derecho a la no discriminación por sexo en el trabajo es uno de los cinco derechos laborales considerados esenciales por la OIT. Tanto el Perú como EE.UU. tienen obligaciones internacionales a este respecto. No obstante, la discriminación sexual es todavía una forma común de violación a los derechos laborales en las Américas, en particular en las zonas francas que producen, en su mayoría, para la exportación. Por supuesto que el comercio internacional y la exportación no crean, de por sí, la discriminación sexual. Sin embargo, la voluntad interna y la presión externa de proveer un 'clima beneficioso para las inversiones' pesa tanto que algunos países deciden ignorar las violaciones de los derechos laborales cometidos por compañías exportadoras. Es precisamente por eso que los acuerdos de comercio internacional deben proteger los derechos laborales con el mismo vigor con el que protegen las provisiones comerciales.
Human Rights Watch ha documentado violaciones al derecho a la no discriminación por sexo en varios países, incluyendo Guatemala y México. Recientemente, en enero de 2004, recogió el testimonio de trabajadoras en la República Dominicana que habían sido forzadas a pasar por una prueba de embarazo para conseguir empleo. Las trabajadoras peruanas deben saber que este hecho fue ignorado por los negociadores comerciales dominicanos y estadounidenses que-sin ninguna referencia a esta situación de discriminación sistemática-finalizaron un acuerdo (CAFTA). Si el CAFTA se ratifica, las compañías que trabajan en República Dominicana y en otros países en Centroamérica podrán beneficiarse del amplio acceso al mercado estadounidense, mientras continúan violando los derechos más esenciales de las mujeres trabajadoras.
Para evitar que esta situación se presente en el Perú, las negociaciones deben garantizar equidad y derechos para los trabajadores y trabajadoras. Incluir la prohibición de la discriminación sexual en el trabajo como una prioridad es un elemento indispensable para lograr tratados comerciales justos.
