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(Washington, DC) - Un proyecto de ley, que se encuentra en el Congreso y permitiría al gobierno interferir en las actividades de las ONGs, socavaría la protección de los derechos humanos en el Perú, dijo Human Rights Watch el martes en una carta al Presidente Alan García.

El proyecto de ley, cuya primera versión fue aprobada la semana pasada, está siendo intensamente debatido en el Congreso luego que organizaciones de la sociedad civil, la prensa e instituciones religiosas expresaron fuerte oposición a su contenido.

Si el proyecto es aprobado con su redacción actual, un órgano gubernamental, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), tendría el poder de "supervisar" a las ONGs, incluyendo las de derechos humanos, "en función de la política nacional de desarrollo y el interés público".

"Las restricciones creadas por la legislación aprobada contradicen flagrantemente las obligaciones internacionales de Perú de proteger los derechos de libertad de asociación, asamblea y expresión", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. "Hemos solicitado que dé un paso atrás y considere seriamente las graves consecuencias que la aprobación de este proyecto de ley puede acarrear para la democracia en el Perú".

Conforme al proyecto, los donantes internacionales que apoyan el trabajo de las ONGs de derechos humanos deberían registrarse en la APCI. Todos los proyectos y actividades deberán registrarse por separado tanto por el donante como el beneficiario como condición para la transferencia de fondos por parte del donante, ya sea que éste último sea gubernamental o privado.

El proyecto de ley también incluye una lista de infracciones (sujetas a multas y a otras penalidades) para las organizaciones que no logran cumplir con los requisitos de registro y operación. Entre ellas, hay una prohibición al "uso indebido" por parte de las ONGs de los recursos provistos por donantes internacionales.

En el caso de infracciones serias, la APCI puede cancelar permanentemente el registro de la ONG y prohibirles a sus directores y representantes legales que participen en otra ONG por un período de cinco años. El proyecto de ley no establece expresamente el derecho al debido proceso o a una revisión de estas decisiones.

Human Rights Watch dijo que el proyecto de ley es similar a otra legislación reciente que restringe seriamente el trabajo de la sociedad civil. En enero del 2006, el Presidente Vladimir Putin firmó una nueva ley sobre organizaciones no gubernamentales que ha sido ampliamente criticada por la comunidad internacional. Uno de los efectos de la adopción de la ley rusa fue permitirles a funcionarios públicos intentar desacreditar a algunas ONGs por considerarlas fachadas de gobiernos extranjeros, y amenazar con cerrar varias de ellas. Las actividades de algunas ONGs extranjeras, incluyendo Human Rights Watch, fueron suspendidas hasta que cumplieron totalmente con un complicado procedimiento de registro.

El congreso peruano aprobó cómodamente el proyecto de ley por mayoría el 2 de noviembre, con los votos del partido gobernante APRA y de quienes apoyan el ex Presidente Fujimori, quien ahora espera su posible extradición de Chile para enfrentar juicios por corrupción y abusos de derechos humanos.

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