(Nueva York) - El gobierno de Kazajistán debe aprovechar los siete meses restantes antes de asumir la presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para que su historial de derechos humanos esté alineado con las responsabilidades que implica este papel, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 16 páginas, " Human Rights in Kazakhstan: Seven Months before the OSCE Chairmanship," (“Los derechos humanos en Kazajistán: A siete meses de la Presidencia de la OSCE”), actualiza un informe de diciembre de 2008 de Human Rights Watch sobre la libertad de religión, de expresión y de asamblea en Kazajistán. Garantizando que los Estados participantes respeten de los derechos humanos es una función básica de la OSCE.
"Kazajistán ha hecho una serie de mejoras modestas en los últimos meses", dijo Holly Cartner, directora de la división de Europa y Asia central de Human Rights Watch. "Pero debería estar haciendo mucho más para mostrar que está preparado para liderar una organización que trabaja para garantizar que se respeten los derechos humanos".
En 2007, la OSCE acordó dar a Kazajstán la presidencia en 2010, lo que lo convertirá en el primer país de la Comunidad de Estados Independientes en dirigir la organización. Cuando la OSCE tomó la decisión, el gobierno de Kazajistán prometió, entre otras cosas, reformar una serie de leyes restrictivas relativas a las elecciones y a los medios de comunicación.
En una acción positiva en febrero de 2009, el Consejo Constitucional de Kazajistán dictaminó que una ley restrictiva de religión era inconstitucional. El Consejo encontró que la ley "no garantizaba la igualdad entre las comunidades religiosas" - específicamente "las religiones no conocidas anteriormente en la República de Kazajistán" - y que muchas de las disposiciones eran vagas. Sin embargo, existe la preocupación de que el nuevo gobierno podría tratar de adoptar una ley restrictiva de religión tan pronto como la Presidencia de la OSCE haya terminado.
Enmiendas a una actual ley de medios de comunicación hacen ajustes menores tales como la liberación de estaciones de televisión y radio, que deben obtener licencias de radiodifusión, a partir del requisito adicional de registrarse ante las autoridades. Human Rights Watch dijo que las enmiendas, firmadas por el presidente Nursultan Nazarbaev en febrero, no abordan los problemas más amplios con las libertades de los medios de comunicación en Kazajistán, tales como la dominación por partidarios del gobierno de los medios de radiodifusión, el hostigamiento a periodistas independientes y la existencia de sanciones penales por difamación.
Además, el 5 de enero la Agencia de Información y Redes, una agencia reguladora gubernamental, presentó varias nuevas propuestas de ley al Parlamento que limitarían la libertad de expresión en la Internet e introducirían otras restricciones a otros medios de comunicación. Human Rights Watch dijo que el efecto general de las enmiendas propuestas sería anular las mejoras tan modestas logradas por los cambios que Nazarbaev aprobó.
"Los periodistas en Kazajistán trabajan en un entorno de ansiedad y se enfrentan a la amenaza constante de demandas legales y, con frecuencia, a amenazas directas a su persona", dijo Cartner. "Estas son las cuestiones que el gobierno debe abordar".
El gobierno no ha hecho ningún esfuerzo para liberalizar la legislación sobre asambleas públicas, que siguen estando controladas estrictamente en Kazajistán. A cualquier reunión pública con motivos políticos que no sea organizada directamente o indirectamente por el gobierno, o que no apoye las políticas gubernamentales, es probable que se le niegue un permiso o sea interrumpida por la policía, o le sucedan ambos casos. La legislación de reuniones públicas de Kazajistán requiere que las demostraciones, incluso tan pequeñas como la protesta de una sola persona, se registren ante la oficina del alcalde del municipio con 10 días de antelación, y requiere información detallada acerca de la manifestación, sus objetivos, participantes, y demás.
En febrero, las autoridades prohibieron las protestas de varios grupos de ciudadanos y partidos políticos en todo Kazajistán, sosteniendo que esto se debió a que otros eventos estaban programados exactamente para el mismo día y hora. En otro ejemplo, el 21 de abril, 12 activistas de la organización juvenil de derechos humanos Ar.Rukh.Khak fueron detenidos por la policía por tres horas cuando trataban de reunirse con periodistas en la plaza principal en Almaty. Habían planeado reunirse para expresar su preocupación por el proyecto de las enmiendas a una ley que exigiría a los estudiantes el someterse a pruebas obligatorias de drogas. El grupo no había registrado la reunión ante las autoridades.
"A menudo, los problemas de derechos humanos de Kazajistán no son noticias de primera plana", dijo Cartner. "Por lo tanto, es aún más importante que los Estados participantes de la OSCE, presten atención al futuro presidente del grupo y se aseguren de que Kazajistán será capaz de promover los principios de la organización de manera convincente".
Human Rights Watch instó al gobierno de Kazajistán a dar seguimiento a las reformas iniciales mediante:
- La emisión de una invitación al Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias de las Naciones Unidas a visitar y revisar las condiciones de derechos humanos;
- El establecimiento de una moratoria sobre los casos penales de calumnia, tomando todas las medidas necesarias para derogar los artículos pertinentes del Código Penal relacionados con el delito de difamación, y el establecimiento de un límite a las compensaciones por difamación;
- La detención de cualquier intento de filtrar el contenido del Internet o bloquear el acceso a sitios web, y abstenerse de añadir más restricciones injustificadas a la ley de los medios de comunicación, y
- La supresión las restricciones innecesarias a los lugares en los que pueden llevarse a cabo las manifestaciones.
