(Washington, DC) - El Gobierno de Angola no ha hecho lo suficiente para combatir la corrupción generalizada y la mala gestión, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. A pesar de que el producto interno bruto de este país rico en petróleo ha aumentado en más del 400 por ciento en los últimos seis años, los angoleños no están viendo sus vidas mejorar en consecuencia, señaló Human Rights Watch.
El informe de 31 páginas, "Transparency and Accountability in Angola: An Update," (Transparencia y rendición de cuentas en Angola: Una Actualización), documenta la manera en que el Gobierno implementó limitadas reformas para mejorar la transparencia después de que Human Rights Watch publicara en un informe de 2004 de que miles de millones de dólares en ingresos petroleros evaden ilegalmente el banco central y desaparecen sin explicación alguna. El informe detalla nuevas pruebas de corrupción y mala administración e incluye recomendaciones para revertir el patrón.
"El Gobierno debe tomar medidas enérgicas para combatir la corrupción y el secretismo que socavan los derechos de los angoleños", dijo Arvind Ganesan, director del Programa de Negocios y Derechos Humanos de Human Rights Watch. "Aquí está una nación con una gran cantidad de recursos, sin embargo, su población vive en la pobreza".
Human Rights Watch dijo que un acuerdo reciente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), promulgado a raíz de la crisis financiera mundial y la caída en los precios del petróleo, ofrece alguna esperanza de mejora si sus disposiciones se llevan a cabo.
El Gobierno ha mejorado la publicación de las cifras de ingresos petroleros, indica el informe de Human Rights Watch, pero los indicadores humanos en Angola siguen siendo abismales y no han estado en consonancia con el rápido crecimiento de la riqueza nacional de Angola. Angola es el mayor productor de petróleo en el África subsahariana, sin embargo, millones de angoleños tienen acceso limitado a servicios sociales básicos. Angola clasificó en el lugar 143 entre 182 países en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La posición que ocupa Angola en el Índice de Percepción de la Corrupción 2009 de Transparencia Internacional está empeorando, desde el lugar 158 en 2008, dentro de un total de 180 países, hasta el lugar 162 en 2009.
El informe también detalla las nuevas pruebas de corrupción y mala administración, e incluye al Dr. Aguinaldo Jaime, quien se desempeñó como gobernador del Banco Central de Angola desde 1999 hasta 2002. Como se documenta en un informe de febrero 2010 del Senado de EE. UU., Jaime inició una serie de transacciones sospechosas de 50 millones dólares con bancos de EE. UU.. En cada intento, los bancos, preocupados por el riesgo de fraude, rechazaron en última instancia la transferencia o regresaron el dinero poco después de su recepción. Durante el mandato de tres años de Jaime como gobernador del banco central, el Gobierno no pudo dar cuentas de aproximadamente 2.4 mil millones de dólares.
Las recientes declaraciones del presidente José Eduardo dos Santos parecen indicar una voluntad para combatir la corrupción gubernamental. El Presidente ha pedido una política de "tolerancia cero" contra la corrupción. Y, mientras que el Senado de EE.UU. llevaba a cabo su reciente investigación sobre la corrupción en Angola y en otras partes, dos Santos anunció una nueva Ley de Probidad Administrativa, para reducir la corrupción de funcionarios gubernamentales.
Sin embargo, dado que el Presidente y el partido en el poder han estado en el gobierno durante más de tres décadas, incluyendo durante la totalidad del período en el que la corrupción alimentada por el petróleo ha sido rampante, los escépticos esperarán para ver si una acción significativa acompañará a estas declaraciones, dijo Human Rights Watch . Además, una nueva constitución fue promulgada recientemente que permitirá que dos Santos, quien ha estado en el poder durante 30 años, permanezca en el poder durante 13 años más.
"Las actividades del Dr. Jaime subrayan la necesidad de rendir cuentas", dijo Ganesan. "Si el Gobierno de Angola es serio acerca de transparencia y reforma, debe investigar con rigor a los funcionarios del Gobierno, publicar las auditorías de sus gastos, y actuar con base a la promesa del Presidente dos Santos sobre ‘tolerancia cero’ para la corrupción”.
Si bien las reformas recientemente anunciadas no han ido lo suficientemente lejos, un nuevo acuerdo de derecho de giro con el FMI ofrece el marco internacional y el impulso necesario para lograr mejoras sustantivas y combatir la corrupción en Angola.
Esta puede ser una oportunidad para que el Gobierno chino haga frente a problemas con transparencia y rendición de cuentas, dijo Human Rights Watch. Las empresas y el Gobierno chinos son algunos de los mayores inversores, socios comerciales y consumidores de petróleo de Angola. Las empresas y el Gobierno chinos han invertido miles de millones en acuerdos de petróleo a cambio de infraestructura, mientras que mantienen un relativo silencio sobre la gobernanza en Angola y en otros lugares.
El Fondo de Inversión de China, una importante compañía privada china que tiene amplios vínculos con Sonangol, la compañía nacional de petróleo de Angola, es de especial preocupación. Ha sido motivo de controversia en Angola y otros países, como Guinea.
Human Rights Watch dijo que los miembros de la junta del FMI, como Estados Unidos y China, deben asegurarse de que Angola se ajuste a lo dispuesto en el acuerdo de derecho de giro, en particular, publicando las auditorías de la compañía petrolera estatal Sonangol y proporcionando actualizaciones regulares que detallen los gastos de Angola .
Además del papel de Estados Unidos como un miembro de la junta del FMI, el gobierno de Obama se ha manifestado abiertamente respecto a la corrupción, pero algunas de las proscripciones su política probablemente no tendrán un impacto significativo. En cambio, Human Rights Watch instó al Gobierno a aplicar plenamente las recomendaciones del Senado de EE. UU. para combatir el uso de instituciones financieras del país por cleptócratas extranjeros para gastar su dinero en los Estados Unidos.
