(Manila) - Una familia gobernante en la isla meridional filipina de Mindanao ha cometido durante los últimos 20 años una serie de asesinatos y otros abusos con el apoyo de las fuerzas de seguridad y funcionarios del Gobierno, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Un año después de la masacre de 58 personas en la provincia de Maguindanao, atribuida a la familia Ampatuan y a su "ejército privado", el 23 de noviembre de 2009, el Gobierno de Filipinas aún no ha puesto en marcha una investigación rigurosa sobre las atrocidades cometidas por estas poderosas familias gobernantes, no ha prohibido las fuerzas militares abusivas ni limitado el acceso de funcionarios a armas militares.
El informe de 96 páginas, "‘They Own the People': The Ampatuans, State-Backed Militias, and Killings in the Southern Philippines" ("‘Ellos poseen a las personas': Los Ampatuan, las milicias respaldadas por el Estado y las ejecuciones en el sur de Filipinas"), describe el ascenso al poder de los Ampatuan, incluyendo el uso de la violencia para expandir su control y eliminar las amenazas a su autoridad. La investigación está basada en más de 80 entrevistas con personas con conocimiento cercano de la estructura de seguridad de la familia Ampatuan, algunas víctimas de los abusos y miembros de su familia, además de varios testigos de los crímenes.
"La masacre de Maguindanao no fue una aberración, sino la consecuencia previsible de una ola de asesinatos sin control y otros serios abusos", dijo James Ross, director legal y de políticas de Human Rights Watch. "Durante dos décadas los Ampatuan han cometido atrocidades con 'un ejército privado' formado por policías y soldados equipados con armas provistas por el Gobierno".
Después de la masacre de noviembre de 2009, Human Rights Watch viajó a Mindanao e investigó numerosos abusos que implicaban a los Ampatuan, incluyendo más de 50 incidentes de ejecuciones, torturas, asaltos sexuales y secuestros. Estos casos muestran con frecuencia una violencia desmedida, como por ejemplo torturas y ejecuciones con motosierra de individuos sospechosos de haber participado en un atentado de bomba contra un miembro de la familia Ampatuan en 2002.
El informe detalla cómo los militares y la policía proveyeron a la familia Ampatuan de personal, modernas armas militares y protección contra cualquier clase de acusación. Muchos de los miembros de su guardia privada eran también integrantes de la policía, el ejército o las fuerzas paramilitares respaldadas por el Gobierno, incluidas las Organizaciones de Voluntarios Civiles y las Unidades Geográficas de Fuerzas Armadas Civiles (CAFGU, por sus siglas en inglés).
El ascenso y la expansión de la familia Ampatuan recibieron un impulso por parte de la presidenta en el poder en el momento de la masacre, Gloria Macapagal Arroyo, que dependía de la familia para conseguir votos cruciales y apoyo en el prolongado conflicto contra grupos armados del Frente Moro en Mindanao. Bajo el gobierno de Arroyo, los grupos armados, que tienen un largo historial de violaciones a los derechos humanos en Filipinas, se vieron significativamente fortalecidos por el aumento en las ventas de armas militares a autoridades locales y otros tipos de apoyo. El Gobierno tampoco ha hecho nada para remediar la impunidad en serios casos de abusos a los derechos humanos: en 2002, Arroyo fue directamente informada de la ejecución de 33 personas supuestamente a manos de los Ampatuan, pero no hizo nada aparente al respecto.
"Familias como los Ampatuan han utilizado grupos paramilitares respaldados por el Gobierno como ejércitos privados para sembrar el terror y perpetuarse en el poder", explicó Ross. "El Gobierno necesita dejar de ser parte del problema y, en su lugar, desmantelar las milicias y obligar a los culpables a rendir cuentas".
Human Rights Watch afirma que la policía, el Departamento de Justicia y otras agencias gubernamentales no han investigado los crímenes ligados a los Ampatuan. Como resultado, los miembros de esta familia han seguido actuando como si estuvieran por encima de la ley, sin miedo a ser llevados ante la justicia.
Después de la masacre y de la atención que recibió la misma tanto en Filipinas como en el extranjero, el Gobierno arrestó a varios miembros de la familia Ampatuan implicados en las ejecuciones, incluyendo al ex gobernador de Maguindanao, Andal Ampatuan, Sr., y al entonces alcalde local Andal Ampatuan, Jr., el principal sospechoso. Un funcionario gubernamental dijo a Human Rights Watch que cuando las autoridades lo arrestaron después de la masacre, Ampatuan, Jr. preguntó: "¿En qué hotel me van a hospedar?"
El Gobierno ha acusado a 195 personas de las ejecuciones, incluyendo a 19 que se encuentran actualmente en juicio, pero 115 siguen en libertad.
Human Rights Watch expresó su preocupación por el hecho de que las causas implícitas de la masacre y la impunidad de la que gozan los milicianos, en general, no han sido abordadas por el Gobierno filipino. La milicia de los Ampatuan es sólo uno más de los más de aproximadamente 100 ejércitos privados que se estima operan en todo Filipinas. En la práctica, su tamaño y sus armas sólo están limitados por la capacidad de los políticos locales de financiar los costos operativos. Sucesivos gobiernos no desmantelado ni desarmado estas milicias, tal como estipula la Constitución de Filipinas de 1987, y tampoco han investigado ni enjuiciado las actividades ilegales por parte de quienes las controlan, las arman y las usan para fines personales.
Human Rights Watch instó hace poco al presidente recién electo, Benigno Aquino III a que cumpla sus promesas de campaña de justicia para las víctimas de la masacre de Maguindanao y otros abusos a los derechos humanos, y obligue al Centro Nacional de Investigación a darle prioridad a la investigación de los supuestos crímenes de la familia Ampatuan y su milicia. Además, debería cumplir su compromiso de abolir los ejércitos privados mediante una prohibición general de todas las fuerzas paramilitares y milicias en Filipinas. Por último, debería tomar medidas para eliminar el reparto de armamento militar a grupos armados que no son parte de las fuerzas profesionales de la seguridad nacional.
"El Gobierno filipino podría haber convertido la tragedia nacional de la masacre de Maguindanao en una campaña para disolver los ejércitos privados y llevar a todos los responsables ante la justicia por sus abusos", dijo Ross. "El pueblo filipino y la reputación del país seguirán sufriendo mientras sean las familias poderosas las que lleven la batuta".
Testimonios de "‘They Own the People': The Ampatuans, State-Backed Militias, and Killings in the Southern Philippines" ("‘Ellos poseen a las personas': Los Ampatuan, las milicias respaldadas por el Estado y las ejecuciones en el sur de Filipinas"):
"[Un vecino] vino a mi casa y me contó que habían sido masacrados. Sólo sobrevivieron la madre y uno de los hijos. Los autores de los crímenes eran hombres armados de Datu Kanor, el hombre de confianza de Datu Unsay [Ampatuan, Jr.]. Hubo testigos que los vieron y reconocieron".
- Una mujer cuyo marido y siete miembros de su familia, incluyendo un niño de 12 años, fueron ejecutados por los Ampatuan en 2008, mientras trabajaban en sus arrozales.
"[Un día, Ampatuan, Sr. le había] pedido a todos sus amigos y familiares que se alojaran en su casa [para una reunión]. Fui a su casa... Después de un rato escuché gente gritando. Tuve miedo de salir a ver qué estaba pasando. Entonces escuché el ruido de una motosierra junto a las voces de gente gritando... Escuché cómo alguien decía: ‘Hasta que no nos digas quiénes eran tus compañeros, seguiremos haciéndote esto'. También oí: ‘Auxilio, ayúdenos'... Asumí que fueron asesinados con la motosierra esa noche ya que seguí escuchando gritos y el ruido de la sierra hasta un momento en que dejé de oírla.
- Un residente de Shariff Aguak, Maguindanao, describe un incidente ocurrido en 2002.
"Teníamos miedo de presentar [denuncias criminales] porque en aquellos tiempos todos los departamentos gubernamentales estaban bajo el control de los Ampatuan. Nadie osaba poner una denuncia porque todos consideraban a Datu Andal Ampatuan Sr. [como] el pequeño presidente".
- Un hombre que presenció la ejecución de dos de sus familiares, Mamasapano, Maguindanao.
"Uno no puede ser nombrado director regional [de la policía] si no concuerda con las políticas del gobierno [de los Ampatuan]. [Un agente de la policía] debe entregar al menos 50 armas [a los Ampatuan] con tal de ser ascendido a director regional, incluyendo fusiles M14 y M16. Una [vez]... pidieron alrededor de 700 armas de fuego... La camioneta [que las trasportaba] entró en el campo, después de unas horas fue escoltada por los agentes de la policía de Maguindanao y llevada a la residencia [de los Ampatuan].
- Un agente de la policía que sirvió en Maguindanao durante varios años.
