(Washington, DC) - Perú debería llevar a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial para esclarecer la muerte de tres manifestantes y las lesiones sufridas por al menos otras 31 personas durante enfrentamientos con la policía en la provincia de Islay, señaló hoy Human Rights Watch.
Desde el 3 de abril de 2011, se han registrado enfrentamientos durante manifestaciones organizadas en protesta por los resultados de una prueba de impacto ambiental para un proyecto de minería que se desarrollaría en la provincia de Islay. Una organización local de derechos humanos denunció "el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, perdigones [y] balas de fusil" por parte de policías para dispersar a los manifestantes. Los medios de comunicación informaron que 11 policías también habrían resultado heridos.
"Los reportes que señalan que policías habrían disparado contra los manifestantes son sumamente preocupantes", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Quienes hayan hecho un uso excesivo de la fuerza en Islay deben ser llevados ante la justicia".
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una organización que agrupa a más de 80 organizaciones no gubernamentales de Perú, señaló que el uso de la fuerza letal por parte de la policía no se adecuó a los estándares internacionales. Según fuentes nacionales y locales, las tres personas asesinadas durante las manifestaciones son: Carlos Andrés Taype Choquepuma, de 22 años, quien presentaba heridas de bala en la espalda y falleció el 3 de abril; y Aurelio Huancapuma, de 50 años, y Néstor Cerezo Cataño, de 31, ambos asesinados el 7 de abril.
Se desconoce la cantidad exacta de manifestantes heridos. Según reportes de prensa, Rolando Luque, funcionario de la Defensoría del Pueblo, manifestó que habían documentado 31 casos de manifestantes heridos. Según artículos de prensa y una organización local de derechos humanos de Arequipa, más de 50 manifestantes habrían resultado heridos. Filmaciones de los hechos muestran a varios manifestantes, entre ellos una mujer, que parecen haber sufrido heridas de bala.
Los medios de comunicación también indicaron que algunos manifestantes habían incendiado un edificio municipal en Islay y habían quemado un camión.
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley disponen que estos funcionarios, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito. El cumplimiento del objetivo legítimo requiere reducir al mínimo los daños y las lesiones y proteger la vida humana.
"Human Rights Watch reconoce que la policía peruana tiene el deber de responder ante manifestantes que recurren a la violencia e investigar penalmente a quienes transgredan la ley", afirmó Vivanco. "Pero también tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales de los manifestantes".
