(Nueva York) - La perspectiva de una década pone de relieve hasta qué grado los ataques del 11 de septiembre de 2001 perjudicaron la causa de los derechos humanos. Hubo, en primer lugar, el daño irreparable de las vidas que se perdieron aquel día: unas 3,000 víctimas de una amplia variedad de países. El terrorismo –los ataques deliberados contra civiles con fines políticos— es una afrenta contra el movimiento de derechos humanos. En el núcleo de los valores de los derechos humanos se sitúa el respeto por el individuo. El terrorismo trata a los individuos como peones, como blancos a ser eliminados para fines políticos.
Los ataques suicidas han sido una herramienta muy recurrida de los terroristas, pero la magnitud de los ataques del 11 de septiembre dio lugar a sucesivas imitaciones. Si bien la mayoría de la gente consideró que estos atentados fueron repugnantes, algunos se inspiraron en ellos hasta el punto en que, en la década siguiente, se desató una epidemia de ataques suicidas contra civiles. Las víctimas se multiplicaron en muchos países. La creciente disposición de algunos a sacrificar sus vidas por una causa ha complicado aún más la lucha contra el terrorismo. Y la constatación de que no hay límites a lo que los terroristas están dispuestos a hacer hace que el intento de detenerlos sea cada vez más urgente.
Sin embargo, el terrible legado del 11 de septiembre también se puede encontrar en la reacciones a esta tragedia. Algunos reconocieron que el mejor antídoto contra el terrorismo era reafirmar los valores de la humanidad que éste desprecia, que la manera más efectiva de contrarrestar el atractivo de los asesinatos en masa consistía en respetar escrupulosamente los derechos humanos y el Estado de derecho. Sin embargo, con demasiada frecuencia, aquellos encargados de combatir el terrorismo adoptaron la misma lógica de los terroristas del fin justifica los medios. El resultado fue una letanía de prácticas cuyos nombres ahora equivalen a un flagrante desprecio por los derechos humanos: Guantánamo, las comisiones militares, los “sitios negros” de la CIA, el “submarino” (simulacro de ahogamiento) y otras "técnicas de interrogatorio mejoradas", así como las entregas extraordinarias a lugares donde se practica la tortura encubiertas por insignificantes “garantías diplomáticas”, entre otras.
Estos abusos, llevados a cabo en nombre de la eficiencia, pueden haber provocado más ataques terroristas. Aquellos que los practicaron perdieron su autoridad moral, socavaron la confianza en los agentes del orden y descartaron técnicas legales para la descubrir información sobre actividades criminales que cuentan con un largo historial de eficacia.
También engendraron muchas reacciones de imitación por parte de gobiernos cuyo interés no era tanto combatir el terrorismo sino recurrir a un discurso conveniente para silenciar a la oposición política. Empezaron a proliferar las leyes contra el terrorismo excesivamente amplias e imprecisas. Disidentes pacíficos fueron tachados de terroristas y encarcelados sin el juicio procedente. La tortura y las detenciones arbitrarias se hicieron más difíciles de combatir porque “eso es lo que hacía Bush”. Muchos gobiernos en mejores condiciones para revertir estas tendencias perjudiciales fueron silenciados por su propia complicidad y su tendencia a aceptar prácticamente cualquier cosa que se hiciera en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Hoy en día, se han logrado avances en la reducción global de los abusos de la lucha contra el terrorismo, pero la disposición a llevar a los oficiales abusivos ante la ley es todavía escasa. Por ejemplo, cuando declaró que iba a "mirar hacia adelante y no hacia atrás", el presidente Barack Obama también decretó el fin del uso de la tortura por parte de los agentes de EE.UU., pero se negó a enjuiciar a quienes la ordenaron. La mayoría de gobiernos tampoco ha investigado, y mucho menos procesado, a sus propios funcionarios abusivos. Con esta falta de cumplimiento del Estado de derecho se corre el riesgo de transformar la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos de delitos flagrantes a herramientas políticas permitidas.
El décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre es por ende una ocasión para recordar a sus víctimas y reafirmar la importancia de los derechos humanos, así como para oponerse al terrorista que mata a civiles en nombre de una causa y al funcionario que “hace desaparecer” o tortura a sospechosos en el nombre de la lucha contra el terrorismo.
