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CPI: Veredicto histórico en caso Lubanga es una advertencia para los violadores de derechos humanos

Líder rebelde fue encontrado culpable; su co-acusado Bosco Ntaganda debe ser detenido

 

(La Haya) - El veredicto de culpabilidad de la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del líder rebelde Thomas Lubanga Dyilo por reclutar y utilizar a niños soldado en enfrentamientos es un primer paso en la impartición de justicia para las decenas de miles de niños que han sido obligados a luchar en los conflictos de la República Democrática del Congo (RDC) y en otros lugares, Human Rights Watch señaló hoy. La sentencia enfatiza la necesidad de detener urgentemente a Bosco Ntaganda, quien fue acusado junto con Lubanga y es actualmente general del Ejército de la RDC en Goma, al este del país, y sigue evadiendo la justicia.

 

"El veredicto en contra de Lubanga es una victoria para los miles de niños obligados a combatir en las guerras brutales de la RDC", dijo Géraldine Mattioli-Zeltner, directora promoción de justicia internacional de Human Rights Watch. "Los comandantes militares de la RDC y otros países deberían tomar nota del mensaje de gran alcance de la CPI: la utilización de niños como arma de guerra es un crimen grave que puede llevarlos al banquillo de los acusados".

 

Los jueces de la CPI encontraron a Lubanga culpable "más allá de toda duda razonable" de los crímenes de guerra de reclutamiento, alistamiento y utilización activa de niños menores de 15 años de edad en las hostilidades del distrito de Ituri en 2002 y 2003. Lubanga fue el líder de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), un grupo rebelde implicado en muchos abusos graves de derechos humanos, entre los que se encuentran masacres étnicas, torturas, violaciones y reclutamiento masivo de niños, algunos de tan sólo siete años. Las autoridades congoleñas transfirieron a Lubanga a la CPI en marzo de 2006. Su juicio comenzó en enero de 2009.

 

En las próximas semanas se programarán audiencias para determinar la sentencia de Lubanga y la reparación de las víctimas. El tribunal debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las comunidades afectadas en la República Democrática del Congo se enteren de la sentencia y los pasos siguientes, dijo Human Rights Watch.

 

El juicio también incluyó fuertes críticas sobre la forma en que la fiscalía llevó a cabo su primer caso. Los jueces señalaron el hecho de que la fiscalía no verificara cuidadosamente sus pruebas, lo que llevó a la descalificación de varios testigos. Los jueces también analizaron el papel de los "intermediarios" – personas que ayudan a la fiscalía en contactar a víctimas y testigos–  lo que fue discutido durante el juicio en medio de acusaciones de la defensa de que algunos de ellos pudieron haber entrenado y sobornado a testigos para mentir.

 

"En cada fase del caso Lubanga se destaca la necesidad de mejorar las investigaciones de campo llevadas a cabo directamente por los miembros de la fiscalía", dijo Mattioli-Zeltner. "El fiscal y el tribunal en su conjunto deben aprender importantes lecciones de esta primera experiencia para mejorar la administración de justicia. Las víctimas no merecen menos".

 

El juicio contra Lubanga ha contribuido a crear conciencia sobre la difícil situación de los niños obligados a ir a guerra. La Unión de Patriotas Congoleños de Lubanga contaba con tantos niños en sus filas que la fuerza era conocida como "un ejército de niños". Todas las partes en la guerra de la RDC en Ituri utilizaron a niños como soldados. Los niños se encuentran todavía en las filas del Ejército congoleño y de grupos armados, y en algunas zonas niños congoleños están siendo activamente reclutados, incluso a la fuerza.

 

Muchos de estos niños están involucrados en la lucha armada, ya sea en la provincia de Kivu Oriental o Kivu Septentrional de la RDC, incluso en el Ejército de Resistencia del Señor (ERS), un grupo rebelde ugandés. Joseph Kony, el líder del ERS, y Okot Odhiambo, su lugarteniente, también son buscados por órdenes de arresto de la CPI por secuestrar a niños y obligarlos a participar en hostilidades en el norte de Uganda, entre otros delitos.  Dominic Ongwen, otro líder del ERS activo en el norte de la RDC también es buscado por la CPI por otros cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El ERS sigue cometiendo abusos en la remota región fronteriza de la RDC, la República Centroafricana y Sudán Meridional. Un video de 30 minutos en el que se pide la detención de Kony publicado la semana pasada por el grupo Invisible Children ha sido visto por más de 80 millones de personas hasta la fecha.

 

"El veredicto de culpabilidad de la CPI en contra de Lubanga debería de ser una advertencia para Joseph Kony, quien continúa enviando a niños a los combates", dijo Mattioli-Zeltner. "Se deben acelerar los esfuerzos africanos e internacionales para detener a Kony y a otros líderes del ERS buscados por la CPI".

 

A nivel mundial, los niños participan en conflictos armados en por lo menos 15 países. Además de Lubanga, otras seis personas han sido acusadas por la CPI por reclutar y utilizar a niños soldados.

 

Las Naciones Unidas, organizaciones locales y Human Rights Watch han documentado muchos otros delitos graves cometidos por las milicias de Lubanga, aunque estos no formaron parte de los argumentos del fiscal de la CPI. El limitado alcance de las acusaciones formuladas por el fiscal en contra de Lubanga no refleja la magnitud de los sufrimientos padecidos por las víctimas de sus fuerzas, dijo Human Rights Watch.

 

"A pesar de esta importante sentencia sobre el uso de niños soldado, las víctimas de otras atrocidades a manos de las tropas de la UPC de Lubanga todavía no han visto la justicia", dijo Mattioli-Zeltner. "Este veredicto no debe ser una excusa para ignorar otros delitos graves cometidos por la UPC y otros grupos armados en la RDC, y enfatiza la importancia de enjuiciar a los demás por una gama más amplia de delitos graves, incluso a Ntaganda".

 

El ex jefe de operaciones militares de la UPC, Bosco Ntaganda, también es buscado por la CPI por reclutar y utilizar a niños soldados en Ituri, los mismos cargos que se le imputaron a Lubanga. Ntaganda es ahora un general del Ejército congoleño y vive abiertamente en Goma, al este del Congo, donde se le ve regularmente en los mejores restaurantes y en canchas de tenis. Actualmente se desempeña como comandante adjunto de operaciones militares en el este la RDC y las tropas bajo su mando continúan cometiendo graves abusos, tal como Human Rights Watch ha documentado.

 

"Con Lubanga encontrado culpable, el hecho de que Ntaganda siga sin ser arrestado es una traición a las víctimas aún más vergonzosa", dijo Mattioli-Zeltner. "Las autoridades congoleñas deben detener de inmediato a Ntaganda y entregarlo a la CPI".

 

El expediente de la CPI en relación con la República Democrática del Congo – que en la actualidad solo incluye otro enjuiciamiento de dos líderes de un grupo armado que se opusieron a la UPC en Ituri–  no aborda las causas ni el alcance de los horrendos crímenes sufridos por los civiles en todo el este de la RDC. Si la Corte Penal Internacional va a contribuir de manera significativa en la lucha contra la impunidad en la RDC, la fiscalía debe presentar casos adicionales, en particular, en contra de los que suministraron armamento, financiaron y dirigieron grupos armados en el este de la RDC, dijo Human Rights Watch.

 

El juicio de Lubanga es el primer caso en llegar a la fase de veredicto en la CPI. El tribunal comenzó a operar en 2003. Otros dos juicios están en marcha en relación con la RDC y la República Centroafricana, y en dos casos más los cargos han sido confirmados.

 

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