Un estudio impulsado por ambos bloques legislativos, encontró pruebas “irrefutables” de torturas cometidas bajo responsabilidad de los más altos funcionarios de Estados Unidos, por lo que el gobierno de este país debería efectuar una investigación exhaustiva de abusos contra personas detenidas en casos ocurridos con posterioridad al 11 de septiembre de 2001 y ofrecer una reparación a las víctimas.
El documento de 560 páginas, “The Report of the Constitution Project’s Task Force on Detainee Treatment” [Informe del Grupo de Trabajo sobre Trato de Detenidos del Constitution Project], divulgado el 16 de abril de 2013, es el resultado de un estudio de dos años efectuado a partir de evidencias contenidas en registros públicos. El estudio estuvo a cargo de un grupo de trabajo de ambas bancadas convocado por la organización de interés público denominada The Constitution Project. El grupo de trabajo está conformado por un conjunto heterogéneo de representantes de distintos sectores profesionales y posturas ideológicas, e incluye a ex responsables de políticas y miembros del Congreso tanto republicanos como demócratas, generales militares retirados, jueces, abogados y académicos.
“Sin ningún tipo de potestad judicial, y con sólo examinar los registros públicos, este grupo diverso y bipartidista llegó a la conclusión de que se produjeron hechos de tortura, lo cual demuestra la necesidad de que Estados Unidos efectúe una investigación oficial sobre abusos contra detenidos”, indicó Laura Pitter, asesora sobre lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch. “La evidencia irrefutable sobre tortura plantea un interrogante ineludible: ¿qué tiene previsto hacer el gobierno estadounidense ante esta situación?”
La magnitud de las conclusiones del grupo de trabajo advierte sobre la necesidad de que el gobierno encargue a una comisión especial la tarea de llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita elaborar un registro definitivo de los abusos cometidos por autoridades estadounidenses contra personas detenidas con posterioridad a los sucesos del 11 de septiembre, indicó Human Rights Watch.
El grupo de trabajo examinó una gran cantidad de documentos y efectuó más de 100 entrevistas. Sin embargo, dado que se trata de una iniciativa privada, carece de la potestad judicial para citar a personas y tampoco tiene acceso a documentos confidenciales.
El informe concluye que “corresponde en última instancia a los más altos funcionarios del país... la responsabilidad por permitir y facilitar que personal estadounidense aplique técnicas ilícitas e indebidas durante los interrogatorios de personas detenidas en contextos de hostilidades”. También establece que muchos datos obtenidos mediante torturas y otros malos tratos no resultaron útiles ni confiables. Las conclusiones del informe coinciden en gran medida con las investigaciones que realizó en forma independiente Human Rights Watch.
Estados Unidos está obligado conforme al derecho internacional e interno a investigar denuncias de tortura, juzgar debidamente a los responsables y asegurar que las víctimas reciban una reparación adecuada, manifestó Human Rights Watch. Ningún funcionario estadounidense ha sido juzgado por su participación al autorizar y aplicar torturas u otros maltratos contra presuntos terroristas. El gobierno de Estados Unidos ha conseguido reiteradamente que se desestimaran acciones judiciales interpuestas por ex detenidos ante la justicia federal de ese país, argumentando que dar curso a tales demandas supondría un riesgo para la seguridad nacional.
En diciembre, la Comisión Especial de Inteligencia del Senado (Senate Select Committee on Intelligence) adoptó un informe confidencial de 6.000 páginas donde se describe el programa de detenciones e interrogatorios de la CIA. Este programa, según señala el informe del grupo de trabajo, estaría asociado con prácticas de tortura y otros maltratos. Sin embargo, tanto el informe del Senado como gran parte de la información relativa al trato que reciben presuntos terroristas bajo custodia estadounidense continúan teniendo carácter confidencial.
La Comisión Especial de Inteligencia debería procurar —con el apoyo del gobierno de Obama— que se disponga la desclasificación y difusión del informe del Senado como primera medida para ofrecer al público una versión oficial de las prácticas y políticas del gobierno estadounidense. Dar publicidad al informe también evitaría que se propague información engañosa sobre los supuestos beneficios de la aplicación de “técnicas intensivas en los interrogatorios”, indicó Human Rights Watch.
El gobierno estadounidense debería impulsar investigaciones penales creíbles contra los funcionarios estadounidenses que estén implicados en torturas. Si Estados Unidos no toma esta iniciativa, otros países deberían juzgar a los funcionarios estadounidenses involucrados en delitos contra detenidos conforme lo exige el derecho internacional, señaló Human Rights Watch.
“El pueblo estadounidense merece conocer toda la verdad sobre las torturas que se cometieron en su nombre”, observó Pitter. “La labor llevada a cabo por iniciativa privada de esta comisión bipartidista advierte en forma clara que la plena divulgación de este tema es un asunto de suma importancia para todos los estadounidenses, con independencia de sus preferencias políticas”.
