(Beirut) – Mujeres refugiadas de Siria están siendo agredidas sexualmente por sus empleadores, los propietarios de las viviendas que alquilan e incluso, por miembros de organizaciones religiosas que distribuyen ayuda en el Líbano, señaló hoy Human Rights Watch. Esta organización entrevistó a una decena de mujeres que indicaron haber sido manoseadas, acosadas y presionadas para mantener relaciones sexuales.
Las mujeres entrevistadas por Human Rights Watch informaron que no denunciaron los incidentes a las autoridades locales debido a que no confiaban en que estas fueran a adoptar medidas y temían sufrir represalias de los agresores o ser detenidas por no contar con un permiso de residencia válido.
“Las mujeres que han escapado de la muerte y la destrucción en Siria deberían encontrar en el Líbano un destino seguro, en vez de abusos sexuales”, observó Liesl Gerntholtz, directora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El gobierno y los organismos de asistencia deben abrir los ojos a la realidad del acoso y la explotación sexual de estas refugiadas vulnerables y hacer todo lo que esté a su alcance para impedir estos hechos”.
Doce refugiadas de Siria que fueron entrevistadas por separado entre agosto y septiembre de 2013 dijeron a Human Rights Watch que habían sufrido agresiones sexuales, acoso o intentos de explotación sexual, en algunos casos los incidentes sucedieron en repetidas ocasiones, por parte de empleadores, propietarios de las viviendas donde eran inquilinas, representantes de organizaciones religiosas locales que distribuyen asistencia y miembros de comunidades de Beirut, el valle de la Becá y el Norte y Sur del Líbano. Ocho de las mujeres son viudas, no están casadas o no están acompañadas por sus esposos en el Líbano. Las 12 mujeres están registradas como refugiadas ante ACNUR, el organismo de las Naciones Unidas para los refugiados.
Hala, una mujer de 53 años de Damasco que indicó que su esposo se encuentra detenido por el gobierno Sirio, dijo que limpiaba casas en un suburbio de Beirut para sobrevivir y mantener a sus cuatro hijos. Contó a Human Rights Watch que en 9 de los 10 hogares donde había trabajado había sufrido acoso o intento de explotación sexual. Los empleadores intentaron tocarle sus senos, presionarla para que mantuviera relaciones sexuales u obligarla a entregar en matrimonio a su hija de 16 años. Según contó: “Decían ‘Te daremos más dinero si nos haces un favor sexual o nos das a tu hija’”.
Hala manifestó que ahora rechaza ofertas de trabajo y depende de la ayuda que le brinda una iglesia. Dijo que no denunció los incidentes a las autoridades del Líbano ni ante la ONU porque no creía que fueran a ayudarla.
Zahra, una joven de 25 años de Homs que vive con sus padres y hermanos en el Norte del Líbano, dijo a Human Rights Watch que su empleador en la tienda de ropa donde trabajaba la había tomado por detrás, le tocó los senos y la presionó para mantener relaciones sexuales. Si bien abandonó el trabajo, contó que fue acosada sexualmente por otros dos propietarios de comercios para quienes trabajó. Luego del tercer incidente, sufrió una depresión y dejó de trabajar. La familia de Zahra dependía de su ingreso para pagar el alquiler mensual de su vivienda, de US$ 300.
Zahra dijo que informó uno de los incidentes a una trabajadora social de ACNUR, que la reconfortó pero le dijo que no había nada más que pudiera hacer. Zahra sintió que no podía denunciar lo sucedido a las autoridades locales debido a que ella y sus familiares no contaban con permisos de residencia válidos. “No puedo ir a la policía porque mi permiso caducó y no tengo dinero para renovarlo”, señaló.
El Líbano en general ha acogido favorablemente a los refugiados de Siria, ha eliminado la tasa de ingreso que se aplica normalmente a los extranjeros y no exige que permanezcan en campos de refugiados. Sin embargo, las opciones limitadas de acogida y subsistencia generan inseguridad financiera y exponen a los refugiados a explotación a manos de particulares como propietarios de viviendas, empleadores y distribuidores informales de ayuda. La falta de documentación adecuada profundiza su vulnerabilidad.
El Líbano otorga a los refugiados sirios que ingresan oficialmente al país un permiso de residencia gratuito de seis meses que contempla la posibilidad de extensión por un período equivalente. Luego de un año, los refugiados, al igual que otros extranjeros en el Líbano, deben pagar US$ 200 por año para mantener el permiso, lo que representa una suma imposible de solventar para muchas personas en esta situación. Los refugiados que no cuentan con permiso de residencia pueden ser detenidos.
Según datos del ACNUR, al 20 de noviembre eran más de 824.000 los refugiados de Siria que habían conseguido o aguardaban ser registrados en el Líbano. El ACNUR estima que en poco tiempo los refugiados provenientes de Siria representarán un cuarto de la población del Líbano. Los ciudadanos libaneses, que ya enfrentan un mercado laboral frágil, lidian ahora con mayores índices de desempleo y menor disponibilidad de recursos, como se señaló recientemente en una evaluación del Banco Mundial.
La mayoría de los refugiados viven en alojamientos alquilados, mientras que algunos residen en campamentos informales, o bien alquilan u ocupan edificios abandonados o sin terminar. Las mujeres, especialmente aquellas cuyas familias dependen de ellas para su subsistencia, a veces no tienen otra opción que tolerar situaciones de empleo o acogida que implican explotación o acoso sexual.
Al tiempo que el Líbano intenta hacer frente a la afluencia masiva de refugiados de Siria, los gobiernos donantes deberían incrementar considerablemente los fondos que destinan a vivienda, alimentos, atención de la salud y necesidades básicas de los refugiados, a fin de reducir al mínimo las oportunidades de explotación, señaló Human Rights Watch.
El gobierno del Líbano y las Naciones Unidas deberían mejorar los mecanismos para presentar denuncias de abuso sexual y asegurar que los refugiados no sean castigados cuando interpongan estas denuncias, observó Human Rights Watch. Las refugiadas no son las únicas mujeres del Líbano afectadas por sistemas inadecuados de denuncia de hechos de acoso y abuso sexual, pero sí se encuentran entre las más vulnerables y en general se muestran particularmente reticentes a denunciar los abusos debido a los escasos recursos con que cuentan y a su precaria situación jurídica.
Hasta ahora, la unidad de protección de ACNUR ha recurrido a mediación y medidas ad hoc, como asistencia de emergencia a través de fondos para alquiler, con el fin de evitar situaciones de acoso o explotación sexual. Un funcionario de protección de ACNUR señaló a Human Rights Watch que el organismo tiene previsto asociarse con una organización no gubernamental local para brindar asistencia legal a las refugiadas que han experimentado violencia de género en el Líbano, pero no pudo indicar en qué fecha comenzaría a funcionar el servicio.
El coordinador de protección indicó que en agosto ACNUR brindó asistencia al Ministerio de Asuntos Sociales —que se ocupa de casos de acoso, agresión y explotación sexual denunciados en centros de desarrollo social gestionados por el estado— en la selección de personas de contacto para estos casos en la región norte del país, Beirut, el Monte Líbano, el valle de la Becá y en la región sur. Las responsabilidades de las personas de contacto incluyen el monitoreo y la denuncia de casos de abuso sexual o por razones de género.
Un funcionario ministerial indicó que desde la designación de personas de contacto, el ministerio ha intervenido en un caso de explotación y acoso sexual de varias mujeres refugiadas por parte de un empleado de una organización religiosa local dedicada a la asistencia. El ministerio remitió el caso al muftí de la región, la autoridad religiosa suní. El trabajador de asistencia fue despedido, pero el caso no se transfirió a la policía ni a proveedores de asistencia legal, ni tampoco se llevó a cabo una investigación.
Si bien la designación de personas de contacto es una medida útil, el ministerio debería asegurarse de que este personal reciba capacitación adecuada sobre cómo remitir casos, incluso a servicios de asistencia legal, y cómo ayudar a los refugiados a plantear denuncias formales ante las autoridades. ACNUR y el Ministerio de Asuntos Sociales deberían asegurar que las personas de contacto designadas por el gobierno y los trabajadores sociales de la ONU ofrezcan una respuesta coordinada en casos vinculados con refugiados.
El Ministerio de Asuntos Sociales debería establecer y poner en funcionamiento procedimientos para dar respuesta a casos que involucren a refugiados, comentó Human Rights Watch. Esto debería incluir la derivación, con el consentimiento de la víctima, a servicios de salud, psicosociales y legales acordes con las directrices del Comité Permanente entre Organismos sobre violencia de género en contextos de crisis humanitarias, que son aceptadas como un estándar internacional por organismos de la ONU, gubernamentales y de asistencia.
Si bien el Líbano no ha suscripto la Convención sobre Refugiados de 1951, el gobierno debería reconocer la condición de refugiado en la legislación nacional y eliminar la tasa de renovación de permisos de residencia para todos los refugiados, señaló Human Rights Watch. Las autoridades del Líbano deberían ejercer adecuadamente su discrecionalidad procesal optando por no detener ni arrestar a refugiados que no estén debidamente documentados cuando se presentan a denunciar delitos.
El gobierno libanés, a través de estos ministerios, y el ACNUR deberían informar claramente a los refugiados que hayan sufrido acoso o explotación sexual sobre su derecho a interponer denuncias, cómo presentarlas y cómo funciona el posterior proceso judicial. Estos organismos deberían asegurarse de que las denuncias se investiguen y que quienes cometen abusos rindan cuentas por sus actos. El Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior deberían establecer rutas de remisión entre proveedores de servicios sociales gubernamentales y la policía. Las autoridades deberían evaluar la posibilidad de brindar inmunidad frente a procesos por violación de las normas inmigratorias a aquellas mujeres que cooperen en el juzgamiento de presuntos responsables de hechos de violencia sexual y de género.
En colaboración con ACNUR y organismos internacionales de asistencia, el Líbano debería mejorar los mecanismos de protección estableciendo y exigiendo el cumplimiento de reglamentaciones aplicables a proveedores privados de acogida, empleo, asistencia humanitaria y otros servicios para refugiados. A fin de reducir las prácticas de explotación, debería formular y aplicar normas de funcionamiento para centros informales de acogida de refugiados.
También se necesita con urgencia que se aporte la totalidad de los fondos prometidos y que los gobiernos donantes aumenten sus contribuciones de asistencia, aseveró Human Rights Watch. Según ACNUR, hasta el 31 de octubre el pedido de US$ 1.200 millones para refugiados en el Líbano solamente se había cubierto en un 51 por ciento. El 1 de noviembre, ACNUR comenzó a cancelar la asistencia básica al 30 por ciento de los refugiados provenientes de Siria que se encuentran en el Líbano, debido al déficit de financiamiento.
Gobiernos de países como Brasil, China, Rusia, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, cuyo aporte a los pedidos de la ONU sobre asistencia a refugiados han sido mínimos, deberían incrementar el financiamiento destinado a atender necesidades básicas de los refugiados.
“La comunidad internacional debería poner a disposición los recursos necesarios para impedir que las mujeres refugiadas tengan que optar entre el abuso sexual o poder mantener a sus familias”, observó Gerntholtz. “El gobierno libanés y los organismos humanitarios deben establecer sistemas que brinden protección y asistencia a las mujeres refugiadas que denuncian abusos”.
