(Washington, DC) – Un informe difundido el 10 de enero de 2014 por un ombudsman del Grupo del Banco Mundial confirma la necesidad de mantener un control adecuado de sus inversiones en todo el mundo, señaló hoy Human Rights Watch. La evaluación examinó una inversión en una empresa que se vio involucrada en una serie de sucesos violentos y asesinatos en Honduras.
La Oficina del Asesor en Observancia/Ombudsman (CAO) del Grupo del Banco Mundial, el mecanismo independiente de rendición de cuentas para préstamo al sector privado de la Corporación Financiera Internacional (IFC), concluyó que el personal no evaluó ni respondió adecuadamente a los riesgos de violencia y desalojo forzado relacionados con la inversión, en contravención a las propias normas de la organización. La empresa de producción de alimentos y aceite de palma involucrada, Corporación Dinant, ya ha recibido US$ 15 millones de un préstamo de US$ 30 millones concedido por la IFC. La CAO es el mecanismo de rendición de cuentas independiente del Grupo del Banco Mundial, que se ocupa de investigar transgresiones a la política de la IFC y examinar denuncias planteadas por comunidades afectadas, y depende directamente del presidente del grupo, Jim Kim.
“La IFC prestó millones de dólares a un proyecto, a pesar de que se sabía que sus operaciones ya estaban implicadas en asesinatos y otros hechos de violencia”, indicó Jessica Evans, investigadora sénior dedicada a instituciones financieras internacionales de Human Rights Watch. “Al mismo tiempo que el Presidente Kim insta al personal del Banco Mundial a asumir inversiones con mayor riesgo, el caso Dinant debería servir como advertencia acerca de los peligros que implica invertir sin un adecuado seguimiento”.
La CAO determinó que el personal de la IFC había subestimado los riesgos relativos a la seguridad y los conflictos por tierras, y que no actuó con la debida diligencia a pesar de que se había planteado públicamente la situación relativa al proyecto y los riesgos que suponía. El personal de proyectos de la IFC tampoco informó a otros especialistas de IFC sobre los riesgos ambientales y sociales de los problemas que sabían que estaban sucediendo.
La investigación se inició a partir de los señalamientos de que Dinant habría realizado, facilitado o apoyado desalojos forzados de campesinos en la región del Bajo Aguán en Honduras, y que los hechos de violencia contra estas personas en las plantaciones de Dinant en el Bajo Aguán o en zonas aledañas, incluidos múltiples asesinatos, se produjeron a causa del uso inapropiado de fuerzas de seguridad públicas y privadas bajo el control o la influencia de Dinant.
La CAO determinó que la IFC, contrariamente a lo que exige su política, no había supervisado adecuadamente la obligación de Dinant de investigar denuncias creíbles sobre actos abusivos cometidos por personal de seguridad de la empresa o de sancionar el uso de la fuerza cuando este exceda los “fines preventivos y defensivos proporcionales a la naturaleza y alcance de la amenaza”.
La CAO también advirtió falencias en la inspección del proyecto en momentos claves, incluido el período de seis meses entre febrero y agosto de 2010, luego de que Dinant informara a la IFC que cinco de sus guardias de seguridad habían muerto durante un enfrentamiento con campesinos locales que ocupaban las tierras en disputa. Tampoco el personal de IFC cumplió con su obligación de “interponer los recursos legales que corresponda” en situaciones en que un cliente no reanude el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales, o no pueda hacerlo.
La CAO concluyó que el incumplimiento por el personal de sus propias normas se debió, en gran parte, al modo en que interpretaron tales disposiciones y el amplio margen de discrecionalidad con que las aplicaron. Human Rights Watch ha manifestado desde hace tiempo su preocupación con respecto a la aplicación laxa de las normas de la IFC. Este caso suscita serios interrogantes sobre si la IFC corrobora que se apliquen sus normas en materia ambiental y social, especialmente en contextos de alto riesgo, observó Human Rights Watch.
“La IFC cuenta con importantes políticas de protección de los derechos humanos y el medioambiente”, comentó Evans, “pero el caso Dinant muestra que su personal considera estas normas como discrecionales. Es necesario que esto cambie para evitar nuevos resultados trágicos”.
En su respuesta y plan de acción de 5 páginas, la IFC señala que no está de acuerdo con algunas de las conclusiones contenidas en el informe de 72 páginas, pero no explica con cuáles coincide y cuáles rechaza. En vez de ello, describe las medidas a las que han comprometido la IFC y Dinant, que fueron en su totalidad consideradas por la CAO en su informe.
Si bien la IFC se comprometió a abordar varias de las conclusiones, en general evitó tratar los resultados relativos a las falencias sistémicas de la IFC. Y el plan de acción de la IFC está lejos de cumplir con sus propios estándares. Asimismo, no hay indicios de que el plan de acción se haya elaborado en consulta con las comunidades afectadas por la inversión o las organizaciones que la representan.
El plan de acción de la IFC reconoce que es necesario llevar a cabo una investigación de las denuncias contra la empresa y que “evaluará la viabilidad de ofrecer resarcimiento a las partes afectadas”. Sin embargo, delega a las autoridades hondureñas y a Dinant esta tarea, a pesar de que se presume que ambas partes han intervenido en los hechos de violencia.
La IFC también indicó que Dinant desarrollará un proceso de evaluación más exhaustivo de su personal de seguridad, implementará mejoras en su capacitación y establecerá mecanismos de denuncia para que las personas del Bajo Aguán puedan informar posibles problemas vinculados con Dinant.
“En vez de evaluar las denuncias de manera precisa, adecuada y objetiva, como lo exige su política, la IFC no ha hecho otra cosa que encargar esta tarea al mismo lobo que asaltó el gallinero”, comentó Evans. “La vida y los medios de subsistencia de las personas están en juego. La IFC debería exigir una investigación externa a cargo de especialistas, que genere las condiciones para que Dinant pueda resarcir cualquier transgresión a su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.
La CAO determinó que las falencias de la IFC se debían en parte a la cultura de esta organización y a los incentivos para medir los resultados en términos financieros, y fomentan así que el personal “no tome en cuenta, no explicite o incluso oculte posibles riesgos ambientales, sociales o de conflictos”, independientemente de lo que establecen las políticas de la IFC. La CAO exhortó a la IFC a formular enfoques más eficaces para la supervisión de proyectos en zonas de alto riesgo, tales como zonas de conflicto o regiones donde las compañías utilizan los servicios de empresas de seguridad privada. La respuesta de la IFC a esta observación fue imprecisa y evasiva, señaló Human Rights Watch.
La CAO también ha iniciado otra investigación relacionada con este caso, que evalúa los préstamos otorgados por la IFC al tercer banco más importante de Honduras, Ficohsa, y las posibles graves consecuencias que habrían tenido para los derechos humanos. El informe inicial de la CAO plantea serias dudas sobre si Ficohsa contaba con garantías ambientales y sociales adecuadas cuando prestó los fondos a Dinant. En mayo de 2011, la IFC realizó una inversión de US$ 70 millones en Ficohsa, a pesar de saber que Dinant era el tercer cliente principal de dicho banco y de conocer la deteriorada situación de Dinant en el Bajo Aguán.
“Esta investigación representó una oportunidad para que la IFC evaluara por qué sus sistemas fallaron claramente y determinara cómo se pueden evitar problemas de derechos humanos en el futuro”, expresó Evans. “En vez de ello, una vez más la IFC ha pedido al público que confíe ciegamente en la institución, aun cuando la base misma de dicha confianza se ha visto desestabilizada por las revelaciones contenidas en este informe”.
