Unasur: Carta sobre derechos humanos en Venezuela

Washington, D.C., 26 de junio de 2014

Excma. María Ángela Holguín Cuéllar

Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia

Excmo. Ricardo Patiño

Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador

Excmo. Gonzalo Gutiérrez Reinel

Ministro de Relaciones Exteriores de Perú

Excmo. Héctor Timerman

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina

Excmo. Heraldo Muñoz

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile

Excmo. Luis Almagro Lemes

Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay

Exmo. Luiz Alberto Figueiredo Machado

Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Uds. para compartir las conclusiones de nuestro informe más reciente sobre Venezuela, titulado: “Castigados por Protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema de justicia de Venezuela”^[1]. Como integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que procura promover el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, sus gobiernos se encuentran inmersos en un proceso político y diplomático con la administración del Presidente Nicolás Maduro. Por ello, quisiera aprovechar esta oportunidad para instarles respetuosamente a que exhorten a las autoridades venezolanas a abordar cuanto antes los alarmantes problemas de derechos humanos que enfrenta el país.

Esta carta se enmarca en los principios que guían la actuación de Unasur. El Tratado Constitutivo de Unasur de 2008 dispone que “tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de... democracia; participación ciudadana y pluralismo; [y] derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes”. El tratado estipula asimismo que “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros”^[2].

A fines de marzo, un equipo de Human Rights Watch se trasladó a Venezuela para investigar denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las recientes y masivas protestas públicas, que comenzaron el 12 de febrero de 2014. Nuestros expertos visitaron Caracas y los estados de Miranda, Lara y Carabobo, y mantuvieron más de 90 entrevistas con víctimas, médicos que las atendieron, testigos, periodistas y defensores de derechos humanos. También reunimos documentos judiciales, informes médicos, fotografías, grabaciones de video y otras evidencias relevantes^[3]. Durante nuestra investigación, documentamos 45 casos de abusos que afectaron a más de 150 víctimas^[4].

La magnitud de las violaciones de derechos humanos que identificamos, y la variedad de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales que participaron en ellas, demuestran que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos actores insubordinados. Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa el más grave que hemos observado en Venezuela en años^[5].

Nuestras investigaciones indican que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes que no estaban armados y también contra transeúntes. Estos excesos incluyeron severas golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades. Que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares durante el período de seis semanas analizado, nos permitió concluir que estas violaciones de derechos humanos formaron parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas.

En todos los lugares que visitamos, también constatamos que se cometieron abusos graves contra detenidos, quienes en muchos casos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o períodos mayores antes de ser llevados ante un juez. Tales abusos incluyeron golpizas, descargas eléctricas o quemaduras; ser obligados a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas; permanecer esposados durante horas a otros detenidos, a veces formando cadenas humanas de más de 30 personas; y extensos períodos de exposición a frío o calor extremo. En al menos 10 casos, las evidencias que recabamos indican que los abusos constituyeron claramente tortura, conforme a su definición en tratados internacionales.

Asimismo, observamos que algunos funcionarios judiciales incumplieron su rol de garantes frente a abusos de poder y, en vez de ello, participaron en graves violaciones del debido proceso. Prácticamente a todas las víctimas que entrevistamos se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, las cuales a menudo se realizaron en la mitad de la noche. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos físicos o que miembros de las fuerzas de seguridad les habían colocado pruebas para incriminarlos^[6].

Nuestras investigaciones también demuestran que miembros de las fuerzas de seguridad actuaron deliberadamente contra periodistas y otras personas que fotografiaron y filmaron la represión de manifestantes, y toleraron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran impunemente a manifestantes, o a veces incluso colaboraron de manera directa con estas^[7].

Tanto el Presidente Nicolás Maduro como la Fiscal General Luisa Ortega Díaz han reconocido que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido violaciones de derechos humanos, y se han comprometido públicamente a investigar estos casos.

Sin embargo, existen motivos justificados para dudar de la credibilidad de estas investigaciones. Según pudimos documentar, en algunos casos los propios funcionarios judiciales han estado directamente implicados en graves violaciones del debido proceso. Cualquier investigación seria exigirá que estas instituciones indaguen sobre su propia actuación, lo cual supone claros conflictos de interés. A su vez, el poder judicial venezolano en la práctica ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno, y esto dificulta incluso más la posibilidad de que estas investigaciones permitan que los responsables rindan cuentas ante la justicia^[8]. Por último, tanto el presidente como la fiscal general en reiteradas declaraciones públicas restaron gravedad a los abusos, y a la vez destacaron la actuación de fuerzas de seguridad, a pesar de que cometieron violaciones sistemáticas de derechos^[9].  

Quisiera agregar, asimismo, que resulta alarmante que el gobierno haya procurado insistentemente atribuir responsabilidad por los sucesos violentos a opositores políticos, o simplemente a la oposición en su conjunto, sin aportar pruebas creíbles de ello. Por ejemplo, el gobierno acusó al líder de oposición Leopoldo López de ser el “autor intelectual” de las muertes relacionadas con las protestas del 12 de febrero. El Ministerio Público actuó rápidamente para conseguir su arresto en relación con varios presuntos delitos, entre los cuales se incluía inicialmente el de homicidio, pero posteriormente retiró este cargo cuando trascendieron grabaciones de video donde se mostraba a miembros de las fuerzas de seguridad disparando contra manifestantes que no estaban armados. López permanece en prisión preventiva en una prisión militar desde hace más de tres meses, a pesar de que no se han dado a conocer pruebas creíbles que corroboren que haya cometido algún delito. A principios de junio, una juez provisoria (es decir, sin garantía de estabilidad en el cargo) dispuso que López y dos estudiantes acusados de ser los autores materiales de los delitos presuntamente cometidos por este permanecerían detenidos durante el juicio. (Los dos estudiantes sufrieron abusos severos durante el período inicial de su detención, y fueron expuestos a graves violaciones de debido proceso^[10]). De manera similar, el Ministerio Público también ha conseguido que se ordene la prohibición de salida del país de líder opositora María Corina Machado y que se libre orden de arresto contra otras figuras de oposición, mientras que el Tribunal Supremo ha juzgado en forma sumaria y condenado a prisión a dos alcaldes opositores, en procesos judiciales que no respetaron garantías básicas de debido proceso.

El rol que cumplió inicialmente Unasur en la promoción del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición constituyó una buena iniciativa. No obstante, al momento de la redacción de esta carta, ese diálogo se encuentra estancado, y la intervención de Unasur no ha redundado en resultados concretos que podrían mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

A la luz de los principios rectores de Unasur y las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos, que derivan de tratados actualmente en vigencia de los cuales los Estados Miembros de Unasur son parte, Unasur debería exigirle al gobierno venezolano que  modifique su conducta y adopte medidas específicas para respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para ese fin, les instamos respetuosamente a que exhorten al Presidente Maduro y/u otras autoridades relevantes a:

• Ordenar a todas las fuerzas de seguridad que sus miembros inmediatamente desistan de maltratar y emplear violencia contra manifestantes que ya estén bajo custodia de las autoridades, así como de cualquier otro uso ilegítimo de la fuerza durante operativos de seguridad pública en el contexto de manifestaciones, y cumplan con las normas internacionales sobre uso de la fuerza;
• Prohibir a todas las fuerzas de seguridad que colaboren con actos de violencia u otros actos ilícitos por parte de pandillas armadas partidarias del gobierno, o que toleren estos actos, y ordenarles que adopten medidas para asegurar el desarme de grupos que posean ilegalmente armas o participen en actividades armadas ilícitas, y detenerlos cuando cometan delitos;
• Efectuar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y actos de violencia perpetrados por ciudadanos en el contexto de protestas, con independencia de las simpatías políticas de los presuntos responsables o las víctimas;
• Disponer la liberación inmediata e incondicional de las personas que fueron detenidas de manera ilegítima por ejercer sus derechos fundamentales, y de quienes fueron arrestadas en forma improcedente en casos en que las autoridades no presentaron evidencias creíbles de su supuesta responsabilidad penal;
• Abstenerse de toda retórica por la cual se fomente la violencia contra manifestantes y periodistas;
• Adoptar medidas para restablecer la independencia del poder judicial, empezando por el Tribunal Supremo; y
• Acceder inmediatamente a los pedidos de visita pendientes presentados por los relatores especiales de las Naciones Unidas, reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una visita in loco a Venezuela.

Aprovecho la ocasión para expresarles los sentimientos de nuestra más alta consideración y estima.  

Atentamente,

José Miguel Vivanco                                                                        

Director Ejecutivo, División de las Américas