(Washington, DC) – El compromiso del gobierno del presidente Barack Obama para acabar con el uso de las minas terrestres antipersonales en cualquier parte del mundo excepto en la península de Corea es un paso positivo, pero no va lo suficientemente lejos para unirse a la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales, señaló hoy Human Rights Watch.
El anuncio de hoy coincidió con el 20 aniversario del discurso que pronunció el presidente Bill Clinton ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se convirtió en el primer líder mundial en instar por la “eliminación definitiva” de las minas antipersonales.
“Es bueno que el gobierno de Obama esté progresando en su avance hacia la adhesión al Tratado de Prohibición de Minas, pero los ciudadanos coreanos necesitan protección de este tipo de armas tanto como las personas de cualquier otro país”, dijo Steve Goose, director de la División de Armas de Human Rights Watch y el presidente de la Campaña de Estados Unidos para la Prohibición de las Minas Terrestres. “Una excepción geográfica a la prohibición no es más aceptable hoy que cuando se negoció el tratado”.
Bajo la nueva política, EE.UU. no utilizará minas antipersonales fuera de la península de Corea y se compromete a “continuar con diligencia nuestros esfuerzos para buscar soluciones materiales y operativas que cumplan con y, en última instancia, nos permitan acceder a” el Tratado de Prohibición de Minas, también conocido como la Convención de Ottawa.
EE.UU. trató de obtener una excepción para Corea durante las negociaciones del Tratado de Prohibición de Minas en 1997, por lo que fue fuertemente criticado por sus aliados. Numerosos oficiales del ejército de Estados Unidos retirados, incluidos algunos que encabezaron tropas en Corea, aseguran que el uso de minas antipersonales ahí tiene poco o ningún valor militar.
El 27 de junio de 2014, EE.UU. anunció la prohibición a la producción estadounidense de minas terrestres antipersonales y su compromiso a no adquirir o sustituir sus reservas de minas “conforme vayan expirando en los próximos años”. Sin embargo, ese anuncio de política no impide que EE.UU. recurra a su arsenal de 3 millones de minas antipersonales autodestructivas en cualquier parte del mundo.
Las autoridades estadounidenses han indicado que la nueva política de minas no representa el resultado final de la revisión de la política de minas terrestres iniciada por el gobierno de Obama en 2009. El Departamento de Defensa de Estados Unidos sigue estudiando el impacto potencial que tendría la firma de dicho tratado, incluso mediante la búsqueda de alternativas a las minas antipersonales autodestructivas, prohibidas por el tratado.
Un total de 162 naciones han firmado el Tratado de Prohibición de Minas de 1997, que prohíbe totalmente las minas antipersonales y requiere su eliminación además de asistencia a las víctimas. El gobierno de Clinton en 1997 estableció el objetivo de que EE.UU. se adhiriese al tratado en 2006, pero el gobierno de Bush dio marcha atrás en 2004.
Human Rights Watch es un miembro fundador de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL por sus siglas en inglés) y preside la Campaña de Estados Unidos para la Prohibición de las Minas Terrestres, una coalición de más de 400 organizaciones no gubernamentales. La ICBL recibió el Premio Nobel de la Paz en 1997, junto con su coordinadora, Jody Williams, por sus esfuerzos para lograr el Tratado de Prohibición de Minas y por sus contribuciones a una nueva diplomacia internacional basada en los imperativos humanitarios.
